Ciudad de México.– La violencia contra mujeres y niñas en México alcanza “niveles epidémicos y alarmantes”, advirtió Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas. Funcionarios públicos, integrantes del crimen organizado y familiares figuran entre los principales perpetradores de esta crisis que, según la experta, se sostiene sobre un cimiento de impunidad.

Durante el encuentro internacional para la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, organizado por la Cámara de Diputados, Alsalem fue directa: las desapariciones persisten, las investigaciones fallan y las familias que buscan a sus hijas o hermanas enfrentan el camino solas.

“No hay apoyo suficiente a las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas”, señaló.

La impunidad como barrera

Para la relatora de la ONU, el problema tiene un nombre preciso: impunidad. “Una de las razones por las cuales tenemos este fenómeno es la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia”, afirmó. “La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, y esto es la realidad en todo el mundo”.

Las sobrevivientes, dijo Alsalem, se topan con obstáculos en cada paso: sesgos de género, revictimización, retrasos en los procesos judiciales, instituciones sin presupuesto y estereotipos discriminatorios arraigados en el sistema.

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya había identificado para México “obstáculos estructurales”, incluida la limitada autonomía de los órganos de supervisión y la ausencia de resultados medibles.

La situación se agrava para mujeres indígenas, rurales, migrantes y aquellas que viven en pobreza o enfrentan múltiples formas de discriminación.

Austeridad con rostro de mujer

Alsalem también apuntó hacia las políticas de austeridad adoptadas por varios gobiernos, las cuales —vinculadas a presiones financieras globales o al aumento del gasto militar— han derivado en recortes severos a refugios para víctimas de violencia, asistencia jurídica y servicios de protección.

“Estas medidas de austeridad debilitan también a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay menos recursos para ellas”, explicó.

Para la relatora, no se trata de decisiones económicas neutrales: son decisiones políticas con consecuencias de género graves. “Es un tema también de decisión política de no priorizar las intervenciones por las víctimas de violencia y de elegir y seleccionar otras prioridades”.

Recordó que los gobiernos deben cumplir sus obligaciones de debida diligencia: prevenir, investigar, procesar, sancionar y proporcionar recursos centrados en las sobrevivientes. “También deben invertir de manera sostenida en justicia y servicios de apoyo”.

Llamado a la acción

En la inauguración del encuentro, Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, subrayó la urgencia de actuar. “Mientras siga habiendo violencias tan visibles, tan perniciosas, de tanto impacto, tenemos que seguir denunciando, generando conciencia e impulsando los cambios legales necesarios para cerrar las brechas que hoy siguen abiertas”.

López insistió en que erradicar esta crisis requiere leyes eficaces, presupuestos suficientes y políticas públicas sostenidas. Pero sobre todo, dijo, hacen falta datos confiables y transparentes que permitan dimensionar el problema con precisión y orientar decisiones responsables.