Saltillo.-  Consejeros se dijeron preocupados por la campaña adelantada de aspirantes al Poder Judicial, pero, argumentaron, el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede hacer nada hasta conocer quiénes serán los candidatos.

Esto sucederá hasta el 12 de febrero que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entreguen al organismo las listas definitivas de aspirantes a jueces y ministros.

De acuerdo con la reforma judicial, no habrá precampañas, y las campañas serán de 60 días, es decir, arrancarán alrededor del 30 de marzo.

Mientras tanto, la comisión que organiza la elección aprobó este viernes emitir acuerdos específicos para regular el proceso, principalmente sobre campañas, fiscalización, recepción de votos, cómputos distritales, declaración de validez, campañas y difusión, ante los vacíos legales que dejó el Congreso para organizar la elección de juzgadores.

El jueves, REFORMA ejemplificó cómo las ministras cercanas al Poder Ejecutivo, Loretta Ortiz y Lenia Batres andan en plena campaña para mantenerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como demás aspirantes que quieren ser magistrados, jueces o ser reelectos.

“La prensa señalaba que algunas conductas constituían actos de promoción anticipada, exhibían fotografías de algunas personas que se encuentran en funciones dentro del Poder Judicial ya realizando actividades, buscando simpatías o se estaban ya promocionando. Cosas que anteriormente a su pretensión o a su aspiración no venían realizando”, dijo el consejero Jorge Montaño al referirse a la nota, durante la sesión de la comisión organizadora.

Ante los cuestionamientos sobre qué hará el INE argumentó: “Nosotros hemos sido muy claros: esa parte todavía se encuentra en cada uno de los comités (de evaluación), esos tendrán que ir atendiendo este tipo de situaciones”.

“Todavía no está en nuestra cancha hasta que ya nosotros tengamos los nombres de quiénes son los que van a estar en la boleta y bueno ya lo podamos atender”, indicó.

En tanto, la consejera Norma de la Cruz afirmó que sí están preocupados, pero sólo pueden hacer lo que les faculta la reforma judicial que aprobó el Congreso.

“Pues sí (están preocupados), pero también estamos obligados a hacer lo que la ley nos marca y estamos trabajando en los lineamientos para regular lo que pasa en esos 60 días de campaña”, indicó.

Sin embargo, dijo, las quejas sobre ese proselitismo llegarán al Tribunal Electoral o la Suprema Corte, y fijarán una posición.