Monclova, Coah.- Pensativo, inquieto y casi sarcástico, así compareció ayer el dirigente minero Carlos Pavón Campos ante la jueza penal Deyanira Fuentes Ramos, enfrentando cargos de presunto fraude por 9 millones 475 mil pesos contra Altos Hornos.

Ahí tras las rejillas, ante una veintena de periodistas y con su rostro constantemente ilu-minado por luces provenientes de cámaras fotográficas, pare-cía tratar de exorcizar estos episodios difíciles de su vida donde la tarde del jueves fue aprehendido en cumplimiento a una orden judicial girada por la jueza Deyanira Fuentes.

¿Cuáles son sus generales?, le preguntó el secretario del juz-gado Israel Reyna.

“Mi único general es el li-cenciado Napoleón Gómez Urrutia”, respondió con acento bromista Carlos Pavón Campos, originario de Fresnillo, Zaca-tecas, de 53 años de edad, y con ingresos mensuales de 20 mil pesos.

Un alud de ideas parecían llegar a la mente del sindicalista zacatecano, quien entre jueves y viernes se catapultó de la gloria al infierno en dos escenarios diametralmente opuestos.

El jueves a temprana hora en un desayuno, trazó estrategias sindicales en el Distrito Fede-ral con el líder nacional de los telefonistas Francisco Her-nández Juárez y dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, pero por la tarde fue aprehendido y trasladado vía aérea a Monclova para ser internado bajo el manto frío de la noche en el reclusorio.

Poco antes del mediodía inició la comparecencia de Carlos Pavón Campos ante el rostro serio de autoridades del juzgado y el fiscal Roberto Hernández Quintero.

El zacatecano espera que el búho de la sabiduría con una venda en los ojos sea imparcial en su resolutivo.

De arranque lucía inquieto y pidió la presencia en la sala de audiencia solamente de algunos representantes de medios, y no la totalidad de los informadores.

Intentando sacar tarjeta roja a algunos medios, pero sin mencionarlos, esgrimió a la jueza Deyanira Ramos; “Es que hay reporteros que están del la-do de Altos Hornos de México y eso me afecta”.

La funcionaria estableció que se trataba de una audiencia pública donde podía asistir el pueblo para ver y escuchar el desarrollo de la diligencia.

A su vez, el abogado defensor Luis Ricardo Chávez protestó porque los reporteros de los medios estaban grabando el au-dio de la audiencia.
Sin embargo, el secretario del juzgado, Israel Reyna, con la herramienta del Código Penal en la mano atajó las quejas al afirmar que la ley cier-tamente prohíbe fotografías, y videograbaciones, pero que no dice nada del audio.

A algunos fotógrafos Pavón Campos les recriminaba; ¿Para qué me tomas fotos?, ¿Se las vas a llevar a Ancira?
Al tiempo que el dirigente nacional comparecía ante el juzgado penal, se registraban paros laborales en la Sección 62 de Minera Fresnillo, ubicada en la capital zacatecana y en la Sección 64 de Metalúrgica Mexicana en Torreón, ambas propiedad de Grupo Peñoles, como acción de protesta contra su aprehensión.

El secretario del juzgado, Israel Reyna, leía los cargos con un voz que era poco audible que hasta un reportero no pudo evitar dormitar en su silla, y de su garganta escaparon agudos ronquidos rasgando el silencio que imperaba en la sala.

Los cargos consisten en que Pavón Campos y otros dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, en varias ocasiones ejercieron presiones contra directivos de Altos Hornos de México para que les entregaran diversas sumas en varias exhibiciones hasta contabilizar 9 millones 450 mil pesos, recursos que distribuirían entre los agre-miados a quienes nunca les llegó el papel moneda.

Cuando llegó el momento de rendir su declaración, el zacatecano solamente ratificó lo que había declarado ante el Ministerio Público donde dijo que no hay fraude, y que el dinero que recibieron de AHMSA fue para el Sindicato Minero y no a efecto de ser repartido entre los agremiados al sindicato.

Insistió en que se trata de persecución meramente política y acciones de la siderúrgica Altos Hornos de México para debilitar el sindicalismo en una campaña de agresiones que abrió desde febrero del 2006 el entonces Presidente Vicente Fox Quesada.

Pidió que la jueza Deyanira Fuentes Ramos se declare incompetente y que turne el caso ante autoridades del Distrito Federal, porque allá se produjeron los supuestos hechos, y también rechazó la opción de acogerse al beneficio de la libertad bajo fianza.

Pavón y su abogado defensor diseñaron la estrategia de aguardar hasta el veredicto de la jueza Deyanira Fuentes, quien a más tardar a las 8 de la noche con 25 minutos del domingo le resolverá su situación jurídica con un Auto de Formal Prisión o Auto de Libertad, sin descartar la posibilidad de que se declare incompetente como lo solicitó la defensoría del inculpado.

Al terminar la diligencia accedió a entrevista, y dijo a la nube de reporteros que está solitario en su celda, sub-rayando que es víctima de una persecución política.

“Los compañeros del Co-mité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero están al pendiente de mi situación, y estoy aquí por represalias de AHMSA y del Gobierno Federal porque solamente nosotros he-mos arrancado incrementos salariales muy por arriba del tope”, añadía.

Sin embargo, abundó, “Los trabajadores ya están pagando las consecuencias porque no hay pago de tiempo extra, ni por trabajar en altura, pero en fin… el tiempo lo dirá”.

De la situación compleja que vive AHMSA y el resto del mundo siderúrgico, declaró que las crisis financieras no las provocan los trabajadores, pero que las empresas y el gobierno siempre obligan a los obreros a apretarse el cinturón”.

Apoyando sus manos en las rejillas y con cámaras y micrófonos muy cerca de su rostro, dijo que el Sindicato Minero jamás ha intentado paralizar la producción en Al-tos Hornos de México, y sus subsidiarias de carbón y fierro.

“Eso es una gran mentira”, decía mientras trataba de aco-modarse los lentes a un lado de su abogado defensor Luis Ricardo Chávez, jurídico del Comité Ejecutivo Nacional.

Fustigó que las secciones locales se hayan desligado del Comité Ejecutivo Nacional y que traten directamente de negociar por su propia cuenta las revisiones contractuales con Altos Hornos de México.

“No tienen las secciones locales poder jurídico y nosotros en el CEN estamos trabajando normalmente revisando contratos con empresas del sector”, externó.

Del congelamiento de cuen-tas bancarias contra el CEN y secciones locales, dijo que esa decisión fue una babosada porque el gobierno y Grupo México no quieren que financien el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos, y a huelguistas de las unidades mineras en Ca-nanea, Sombrerete y Taxco que ya llevan casi año y medio en conflicto laboral.

El secretario de Asuntos Políticos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, anticipó que en su momento destapará la cloaca que hay en la Secretaría de Trabajo y Pre-visión Social, y el titular de esa dependencia federal Javier Lo-zano Alarcón.

Al terminar de conversar con los periodistas, se le acercó Manuel Prince Durón, quien se considera napista de pura cepa, y ambos conversaron por un buen rato.

Prince Durón, el pasado 2 de septiembre fue desconocido como delegado especial de la dirigencia nacional del Sindicato Minero durante una asamblea extraordinaria ce-lebrada en la Sección 147, pero 72 horas después igual decisión adoptaron sindicalistas de la Sección 288 en una sesión donde surgió también el acuerdo del desligamiento de los inquilinos de calle Doctor Vértiz 668 en la colonia Narvarte del Distrito Federal, sede nacional del Sindi-cato Minero.

Carlos Pavón firmó los pa-peles de la diligencia judicial celebrada en el Juzgado Prime-ro de Primera Instancia de lo Penal, y luego escoltado por un centinela del Centro de Readaptación fue devuelto a su celda, mientras espera el re-solutivo de la jueza Deyanira Fuentes Ramos, quien reveló que el inculpado ciertamente tiene derecho a obtener la libertad bajo caución, pero re-chazó calcular el monto que tendría que pagar.

“Eso sería tanto como prejuzgar, y por eso no puedo anticipar”, esgrimió la funcionaria del Poder Judicial del Estado.

Las grabadoras se apagaron, los reporteros de los medios abandonaron el lugar, y el sin-dicalista zacatecano Carlos Pavón Campos fue finalmente escoltado a su celda.