La Razón | Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró que tras aplicar las pruebas correspondientes no hay indicios de que autoridades hayan incurrido en actos de tortura durante la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

En un documento que la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno subraya que tras aplicar el Protocolo de Estambul no se hallaron pruebas de las presunciones vertidas en el informe “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, publicado por la ONU-DH el 15 de marzo pasado.

“Después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”, se lee en un comunicado conjunto de la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

En su respuesta al informe, el Gobierno mexicano reclamó a la ONU la publicación del estudio, pues incumplió el acuerdo establecido con las autoridades nacionales.

“En dicho documento se señala que la referida publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del Acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto”, aseguró.

En este sentido, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que el caso de la desaparición de los 43 normalistas aún se encuentra bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas.

Autoridades mexicanas reiteraron su voluntad para trabajar en el caso y atender el mecanismo de seguimiento de la CIDH.