El martes de la semana pasada cuando iba al banco en Frisco, un próspero suburbio de Dallas, Carlos Treviño, director de Pemex en el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido por agentes migratorios. La víspera, México había expatriado a otros 26 narcotraficantes a Estados Unidos. Estos eventos fueron interpretados como un intercambio, aberrante por definición, al canjear a un presunto delincuente de cuello blanco por narcotraficantes, que fue visto en ambos países como algo normal.

El timing de la captura empatado con la expatriación definió con claridad los intereses de ambos países. Como lo explicó un abogado, para EU el objetivo final es acabar con el fentanilo y los narcoGobiernos que se están construyendo en México; y para este país, en la percepción de Washington, es el show de la mañanera, regalándole a la presidenta ingredientes para la narrativa del régimen contra el pasado. Sin embargo, la felicidad no fue recíproca. Treviño no era una prioridad para Sheinbaum. De hecho, es más preocupación que satisfacción.

La detención tomó por sorpresa al Gobierno mexicano. Si bien ni Palacio Nacional ni la Fiscalía esperaban a Treviño, para Sheinbaum no fue algo del todo inesperado. Desde que llegó a México el nuevo embajador de EU, Ronald Johnson, en mayo, sabía -porque se lo informaron- que en algún momento detendrían y deportarían a Treviño para regalarle a su Gobierno lo que no concluyó el anterior: cerrar el caso de corrupción de Odebrecht, donde otro exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es el protagonista principal.

En este contexto, hacerlo coincidir con el envío de narcotraficantes a EU, no parece haber sido una coincidencia, sino un manejo perverso de los tiempos políticos de Washington.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Treviño por un asunto migratorio, lo que legalmente les impedía informarle al Gobierno mexicano al no tratarse de una extradición. Violentaron el debido proceso en el caso migratorio -Treviño tiene permiso de residencia y de trabajo-, y también la vieja política de asilo, porque el exdirector de Pemex está en espera que se resuelva su solicitud de asilo donde argumenta persecución política, la misma razón por la que Interpol canceló una notificación roja -la antes llamada ficha roja-, que había solicitado México para detenerlo y extraditarlo.

Las transgresiones a la ley no estuvieron sólo de un lado. El gabinete de seguridad mexicano violó el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, porque si bien los 26 narcotraficantes encajan en responsabilidad en dos de los 13 incisos (el I y el IX), no existe en esa ley ni en ninguna otra, la autoridad para que puedan expatriar, expulsar o enviar a ningún mexicano al extranjero sin una orden judicial, que para efectos de estado de Derecho, sólo existe en los casos de extradición. Para lo que hicieron ni siquiera existe una palabra que describe correctamente su acción, pero jugaron la melodía tocada por la Casa Blanca.

El Gobierno de Donald Trump está jugando en el campo de la política, no de la ley, y a cambio de la última concesión le puso a Sheinbaum en la puerta de salida a Treviño, probablemente esperando que fuera una gran noticia. No lo fue. La presidenta, según ha trascendido, esperaría que Treviño no sea deportado y que busque un arreglo con las autoridades estadounidenses. La Fiscalía no ha renovado su solicitud de extradición, ni ha movido nada en ese sentido. El tema, incluso, se ha apagado en los medios: el caso Treviño, porque los mete en problemas legales y políticos.

El proceso contra el exdirector de Pemex, jurídicamente hablando, no se sostiene. La acusación contra Treviño fue hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en agosto de 2020, pero la acusación de la Fiscalía contra él, en enero de 2022, tiene una versión de los hechos contradictoria. Las tensiones y rupturas que tuvieron Lozoya y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, porque el exfuncionario nunca entregó pruebas que respaldaran sus dichos, llevaron a que la investigación concluyera sosteniendo la Fiscalía, esencialmente, que los únicos beneficiarios de los sobornos del gigante de la construcción Odebrecht eran Lozoya y su familia.

En otra aberración judicial, el agente del ministerio público que firmó la declaración sobre quiénes fueron los únicos destinatarios de los sobornos, fue el mismo que ha conducido la carpeta de investigación contra Treviño: Kristian Jiménez Hernández. Lo que hizo, para hacerlo más claro, es perseguir a Treviño por un delito que en otra carpeta él mismo desestimó. Si llegara a seguir su juicio en México, la jueza de control designada para llevarlo sería Nancy Selene Hidalgo Pérez, que estuvo en las listas del Ejecutivo y el Legislativo en las elecciones del Poder Judicial.

En otra aberración judicial, el agente del ministerio público Kristian Jiménez Hernández, quien firmó la declaración sobre los únicos beneficiarios de los sobornos, también condujo la carpeta de investigación contra Treviño, persiguiéndolo por un delito que previamente había desestimado; de continuar el juicio en México, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez sería la encargada, mientras que la defensa de Treviño podría solicitar careos con Lozoya y declaraciones de Octavio Romero Oropeza, lo que pondría en evidencia posibles arreglos oscuros.

El timing de la captura de Treviño, empatado con la expatriación de narcotraficantes, no dependió de México, pero subrayó uno de los intereses prioritarios de EU: abrir el clóset de los negocios y tratos oscuros en Pemex. Actuar contra Treviño no estaba en el radar de Sheinbaum, ni reabrir su caso, que puede saberse dónde empezará, pero no dónde terminará.