Ciudad de México.- El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinó que la sentencia de amparo que emitió el pasado 4 de junio en la que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el Caso Iguala, es lo suficientemente precisa y no requiere ser aclarada.

Luego de que el magistrado Mauricio Fernández de la Mora sometió a consideración del Pleno la solicitud de aclaración de la Presidencia de la República y de la Cámara de Diputados, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado decidieron no emitir ningún acuerdo o resolución de aclaración de sentencia porque consideraron que sus alcances están bien definidos en las sentencias que resolvieron los amparos 203 al 206/2017.

Los Diputados y el Presidente solicitaron al Colegiado aclarar el sustente jurídico de la Comisión de la Verdad y la asignación presupuestal de la misma por parte del Congreso de la Unión.

Pero los magistrados no lo consideraron necesario pues indicaron en la sesión de este jueves que sus sentencias establecen claramente los alcances cuestionados por el Ejecutivo federal y los legisladores.

Las sentencias de los amparos concedidos a Miguel Ángel Landa Bahena “El Chequel”, presunto integrante de Guerreros Unidos; Gildardo López Astudillo “El cabo Gil”, lugarteniente de dicha organización; Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo” y Salvador Reza Jacobo “El Wereke”; ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala.

De acuerdo con las resoluciones, la Comisión deberá quedar integrada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, personal de la CNDH y ministerios públicos federales distintos a los que ya han intervenido en la investigación.

Este miércoles el Segundo Tribunal Unitario de Matamoros, Tamaulipas ordenó al juez de la causa notificar a los padres de los estudiantes para que integren la Comisión y este jueves, la CNDH compareció a juicio en los expedientes de amparo para dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias.

En consecuencia, falta que la Procuraduría General de la República designe a los ministerios públicos federales que integrarán la comisión y que el Congreso de la Unión asigne presupuesto para su funcionamiento.

Sin embargo, la semana pasada la PGR promovió un incidente de Imposibilidad Real, Jurídica y Material para cumplir la sentencia de amparo por lo que es posible que la designación de los fiscales que integrarán la comisión se postergue hasta que el Tercer Tribunal Unitario, encargado de ordenar el cumplimiento de la sentencia de amparo, resuelva si verdaderamente la dependencia está imposibilitada o no para cumplir.