Perú.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró que no renunciará al cargo, en respuesta a las demandas de miles de manifestantes que reclaman su dimisión en Perú, como parte de las protestas en su contra que han dejado 42 muertos en cinco semanas.

“ Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, azuzando a la población al caos, desorden y destrozos, a ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú”, dijo Boluarte en un mensaje al país transmitido por la televisora estatal la noche del viernes.

Boluarte, abogada de 60 años y madre de dos hijos, lamentó el alto costo en vidas humanas causado por los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, y pidió perdón al país.

“ No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación”, agregó.

Sin embargo rechazó la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, una de las demandas de los manifestantes junto con el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones para este año.

“ Fíjense (en) la experiencia del vecino país del sur, Chile, donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la noche a la mañana”, destacó la presidenta peruana.

Las protestas en Perú estallaron luego que el izquierdista Pedro Castillo fue destituido de la presidencia por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto.

Lo reemplazó Dina Boluarte, su vicepresidenta, investigada por la fiscalía por “genocidio”, en medio de las protestas que dejan 42 muertos y cientos de heridos.

Gobernadores regionales y varios colegios profesionales se han sumado a las voces que piden su renuncia, cuando el país vive su décimo día consecutivo de protestas después de la tregua de fin de año.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.