En la campaña de acoso y desprestigio contra el Poder Judicial de la Federación emprendida por el régimen se han propagado falacias para desacreditar su actuación y conformación, con miras a cooptarlo y eventualmente desaparecer su independencia del Poder Ejecutivo. Así de sencillo. Ahora bien, según el plan esbozado (que se trata en realidad de un capricho y ocurrencia tan voluble como variable), esa medida centralista trascenderá luego hacia los poderes judiciales de los estados, con la expectativa de neutralizarlos igualmente. ¿A base de mentiras también?, es la pregunta.

Sin necesidad de estas, en cambio, en Coahuila existe un caso vigente que gracias a la estrategia de la defensa legal de un acusado, encabezada por el despacho Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados, ha puesto al sistema de justicia estatal en la picota vía medios de comunicación convencionales con sede en la Ciudad de México (muy distinto a llamarles “nacionales”, por cierto), un blog llamado “Arturo contra la corrupción”, y una petición en la plataforma Change.org.

Se trata de la detención de Arturo Emmanuel Gómez Lara, de 39 años de edad, originario del Estado de México, quien acumula ocho meses detenido en prisión preventiva en Torreón por un tema que se puede resumir así: como coyote de una transacción millonaria, se involucró y tocó los intereses de una familia lagunera que, aprovechando su poder económico y relaciones, usó al poder político de La Laguna para castigarlo en su territorio de influencia mediante un proceso penal por fraude pese a que la jurisdicción del tema correspondía a la CDMX, lugar donde se celebró el negocio que da origen a la disputa, se debió clasificar como delito federal, no del fuero común, y además se trataba del ámbito civil.

En este asunto, parafraseando a Sartre, sus protagonistas son “mitad víctimas, mitad cómplices; como todo el mundo”.
En un plazo de tres años, entre octubre de 2020 y junio de 2023, Gómez Lara creó cinco sociedades mercantiles con el objeto de prestar “servicios profesionales especializados, de cualquier índole, a todo tipo de empresas en el sector energético”.

“Intermediario” sería el término neutro para definir su labor; “Broker”, el que usan quienes fingen talento, y “Coyote” uno más cercano a la realidad. Pasó entonces de vivir en un sector multifamiliar de Naucalpan a un penthouse de Polanco.

Así constituyó EON Energy Suministrador Calificado, EON Energy Comercializador, EPG Efficient Power Generation, Generadora de Energía Sustentable, y este mismo nombre repetido, sólo que usando comillas.

En la brega, no obstante, topó con los hermanos Issa Tafich, Nesim y Salomón, de Grupo SIMSA. Ellos sí, capitanes de la industria, dedicados entre otras cosas a la distribución y transporte de gas natural, gas LP, y diesel y gasolina, establecidos en Torreón desde 1967 como empresa.

El trasfondo del caso son 45 millones de pesos presuntamente por 15 megawatts que comercializó de ellos Arturo Emmanuel Gómez Lara en 2023 a participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, pero no pagó, fungiendo como puente con la razón social IPCO Generación, S.A. de C.V., creada en agosto de 2019, la cual pertenece mayoritariamente a Noé Navarrete González, ex Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

Él, en cambio, acusa irregularidades en su proceso, y en particular a tres funcionarios: Natalia Calderón Tirado, administradora del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur de la CDMX, desde donde fue trasladado a principios de año; y a un par de laguneros: Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Eduardo Nakasima Martínez, encargado de Procesos en la Delegación Laguna de la Fiscalía General del Estado (a cargo de otro lagunero, Gerardo Márquez Guevara).

Un par de frases de Arturo Emmanuel representan el tema judicial en su totalidad: “No existe ningún documento, ni transacción y mucho menos un contrato que se haya firmado en el estado de Coahuila”.
Y acaso la más interesante: “Lo único que conozco de Torreón es la prisión”.

Cortita y al pie

Sí, en la imagen mental de un hipotético abogado con aspiraciones al máximo tribunal de justicia en el estado existe la deseada fotografía con toga en un atril de madera fina resolviendo cosas, o junto a sus pares, vestidos de pingüinos por igual, como si fuese la Selección antes de un partido mundialista, sólo que con mármol imitación Carrara de fondo.

Sin embargo al Poder Judicial de Coahuila se llega para pensionarse. O por lo menos pensando en la pensión. Un dato para dimensionar: en la actualidad existen más magistrados que disfrutan su “haber de retiro”, que en funciones.

Su gestión actual, por lo demás, se enfocado en la infraestructura (necesaria, redituable, visible y recordable, sí) pero estableció un bloqueo sistemático a su información pública de oficio que se sintetiza de la siguiente manera: “informo que estoy cumpliendo, pero no tengo nada que informar”. Con ello cumple mes a mes con la obligación, aunque no transparenta nada. Un insulto a la inteligencia que da por válido el ICAI. De tal forma no se puede saber qué respondió a solicitudes de transparencia, ni las adjudicaciones y licitaciones realizadas en el ejercicio fiscal, sentencias relevantes, nada. El tercero de los poderes en el Estado, el que menos reflectores recibe, es el que resultados más pobres entrega.

Y es irresponsable. Para demostrarlo basta recordar lo que sucedió en el caso Ficrea, donde Gregorio Pérez Mata, entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, provocó la pérdida de más de 100 millones de pesos (descontando lo recuperado) al depositarlos en la fraudulenta caja de ahorro, y hoy goza de la tranquilidad que le provee su jubilación.

Y es corrupto. Para ejemplificarlo no hay que olvidar el megafraude con el Infonavit, en el cual hubo jueces coludidos entre otros funcionarios (la mayoría de Torreón, coincidentemente) para quitar viviendas a trabajadores con artimañas legales.

Y es opaco, por las razones antes mencionadas.

La última y nos vamos

Expuestos los pormenores del caso que nos ocupa, ¿cambiaría en algo para bien el poder judicial local con la ‘reforma’ propuesta por el régimen de la cuarta transformación?
Por supuesto que no. Al contrario: empeoraría; es el paso definitivo a la politización de la justicia.

Y si los laguneros (del poder económico, de la Fiscalía General y del Tribunal Superior) están viendo la tempestad, ¿por qué no se hincan?