Con una inexistente transición administrativa entre la antigua Corte, que formalmente ya fue disuelta, y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que entra en funciones el próximo lunes, porque a los legisladores de Morena se les olvidó fijar normas, tiempos y procedimientos para que las dos Cortes se coordinaran en la etapa de transición entre una y otra, el nuevo Poder Judicial que nacerá el 1 de septiembre arranca con faltantes operativos, nóminas de trabajadores que no están aún consolidadas administrativa y presupuestalmente, y sin que los nuevos órganos judiciales tengan toda la información y el control del sistema de justicia del país.

Durante los tres meses que transcurrieron entre la controvertida elección judicial del 1 de junio y el próximo 1 de septiembre, no hubo coordinación entre los ministros salientes y los entrantes, porque el Congreso no se tomó la molestia de incluir en la Reforma Judicial constitucional, ningún calendario, procedimiento o reglas para hacer la transición entre los dos Poderes Judiciales federales, de tal modo que lo poco que se logró avanzar, por ejemplo que a los nuevos ministros les entregaran algunos expedientes que quedaron pendientes en las ponencias de la Corte extinta, se hizo más por el acercamiento y diálogo personal que buscó el ministro Hugo Aguilar Ortiz con la presidenta Norma Piña.

De modo que el 1 de septiembre, después de todas las ceremonias y eventos que se han organizado para la toma de protesta de los nuevos ministros, entre ellos ceremonias “de purificación y limpia del Palacio de Justicia”, “rituales prehispánicos en las ruinas de Cuicuilco”, “entrega de bastones de mando a los nuevos miembros de la Corte” y por supuesto el único acto constitucional que es la toma de protesta de los nueve ministros ante el pleno del Senado de la República, lo que vendrá a partir del día 2 será mucha incertidumbre en el nuevo Poder Judicial, junto con algunos problemas administrativos, por ejemplo el caso de 2,400 plazas de trabajadores de base cuyas nóminas no han sido consolidadas por el nuevo Órgano de Administración Judicial, que será el encargado de manejar los presupuestos, nóminas y en general toda la administración de la Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de los Juzgados y Tribunales federales.

Porque esa es otra de las novedades del nuevo sistema de justicia que arranca la próxima semana: a la presidencia de la Corte, que solía ser la cabeza de todo el Poder Judicial Federal y tenía todas las facultades de mando y manejo del presupuesto y la administración del sistema judicial, la descafeinaron totalmente y le quitaron la mayor parte de sus atribuciones, el manejo presupuestal, el de vigilancia y fiscalización de los jueces y hasta las normas de disciplina y sanciones que se aplicaban desde el Consejo de la Judicatura, que también presidía el ministro o ministra que presidía la Corte, y que ahora todas esas funciones que hacían fuerte a la Presidencia de la Suprema Corte, han sido repartidas en dos nuevos órganos: el de Administración y el de Disciplina.

Es decir que, en los hechos, la Reforma Judicial sí vino a restarle facultades y capacidad de mando a quien presida la Suprema Corte. Ya no será ni cabeza de todo el Poder Judicial, ni tendrá capacidad de proponer el presupuesto, mucho menos manejar y decidir sobre los recursos financieros de la Corte, que ahora decidirá el Órgano de Administración que ni siquiera depende por completo del ministro o ministra presidente. Y es que la reforma dice que dicho órgano, que decidirá el manejo del presupuesto y los gastos de todo el Poder Judicial, además del manejo de todo el personal y la carrera judicial, será integrado por 5 miembros, de los cuales uno es propuesto por la Presidencia de la República, otro por el Senado y tres por el pleno de la Corte, es decir por todos los ministros.

Se baten los dados. Escalera y se cierra la semana. Buen descanso a los amables lectores.