Washington, D.C. — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una medida que podría alterar drásticamente la vida de millones de migrantes, especialmente de origen mexicano. Según un nuevo memorando oficial, quienes busquen ajustar su estatus migratorio hacia la residencia permanente (green card) deberán, como regla general, abandonar el país y realizar el procesamiento consular desde sus lugares de origen.

El fin del ajuste de estatus “en casa”

La nueva disposición establece que el trámite ante el Departamento de Estado fuera de territorio estadounidense es ahora el camino estándar. La agencia instruyó a sus funcionarios a evaluar cada caso de manera individual, dejando la posibilidad de realizar el ajuste dentro de Estados Unidos únicamente para “circunstancias extraordinarias”.

Esta política afecta directamente a los titulares de visas temporales de no inmigrante, entre ellas:

– B-1/B-2: Viajeros de negocios y turistas.

– F-1/M-1: Estudiantes académicos y vocacionales.

– H-1B: Trabajadores en ocupaciones especializadas.

– H-2A/H-2B: Trabajadores agrícolas y no agrícolas.

Para estos trabajadores, estudiantes y visitantes, el sueño de obtener la residencia permanente ahora implica el riesgo de una larga separación de sus hogares y empleos en Estados Unidos.

El riesgo de los “castigos por presencia irregular”

El impacto para la comunidad mexicana es crítico. Se estima que en Estados Unidos residen entre 4.8 y 5.1 millones de inmigrantes indocumentados de origen mexicano, lo que constituye cerca del 45% de la población total en situación irregular.

Aunque muchos de ellos cuentan con patrocinio de familiares que son ciudadanos estadounidenses, la ley federal actual impone barreras severas para quienes ingresaron sin inspección. Al salir del país para completar el trámite consular, los solicitantes activan automáticamente los llamados “castigos por presencia irregular”.

Estos mecanismos impiden el reingreso a Estados Unidos por periodos de tres a diez años, a menos que el solicitante logre obtener una exención o perdón consular, un proceso largo y de resultado incierto.

Una medida con consecuencias familiares

La rigidez de esta política pone en una encrucijada a miles de familias mixtas —compuestas por ciudadanos estadounidenses y cónyuges o padres migrantes—, quienes ahora enfrentan la posibilidad de una separación forzada al intentar regularizar su situación.

La decisión del USCIS ha generado incertidumbre entre organizaciones pro-inmigrantes, que ven en esta directriz una estrategia para reducir drásticamente el número de ajustes de estatus aceptados, priorizando el regreso al país de origen como filtro de selección migratoria.