Nueva York.- El estado de Nueva York demandó este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para defender una serie de leyes que establecen medidas en materia de inmigración y operaciones policiales.
La querella fue interpuesta por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general Letitia James, quienes denunciaron que el Gobierno amenazó con impugnar normativas que protegen la seguridad pública, la transparencia y los recursos estatales y locales.
Una de las leyes en cuestión prohíbe a las fuerzas del orden locales, estatales y federales ocultar su rostro con mascarillas mientras interactúan con el público y les exige además que se identifiquen de manera clara.
“ Al ocultar sus rostros y negarse a llevar identificación, los agentes federales de inmigración ponen en peligro a los neoyorquinos y eluden intencionadamente su responsabilidad”, aseguró James en un comunicado.
La confianza en la institución estaría en juego
Por su parte, Hochul afirmó que una placa conlleva la responsabilidad de mantener la confianza del público, y destacó que los ciudadanos merecen saber quién hace cumplir la ley y asegurarse de que los recursos locales se utilizan para proteger la seguridad pública.
“ Además, destacaron que, en todo el país, agentes federales de inmigración enmascarados a menudo no se han identificado claramente mientras llevaban a cabo operaciones de control, lo que ha sembrado el miedo y minado la confianza de la ciudadanía.
En este sentido, ponen como ejemplo una redada migratoria en el barrio neoyorquino de Chinatown el año pasado, en la que agentes enmascarados detuvieron a varias personas en medio de reclamos que hicieron varios transeúntes.
Hochul y James apelarían a la Décima Enmienda
Otro de los proyectos de ley a los que hacen referencia Hochul y James prohíbe la detención de personas «únicamente» por infracciones civiles de inmigración de ámbito federal, así como el uso de subvenciones públicas para centros de detención de migrantes por este tipo de delitos.
Según las demandantes, tras la promulgación de este paquete de medidas, la administración de Trump se comprometió a impugnar la legislación, y la semana pasada notificó al estado su intención de presentar una demanda contra la misma.
Hochul y James solicitan al tribunal que declare los esfuerzos del Gobierno de impedir la aplicación de estas medidas como una violación de la Décima Enmienda, por la que Nueva York «tiene el derecho soberano de promulgar leyes que protejan la seguridad pública y regulen la conducta dentro de sus fronteras».
