Washington.- Las empresas que compartan información electrónica de sus clientes con agencias del gobierno estadounidense quedarán protegidas contra demandas en algunas instancias, según una propuesta de ley presentada hoy por el Poder Ejecutivo.

La propuesta presentada por el presidente Barack Obama al Congreso busca además aplicar penas más severas a quienes incurran en delitos cibernéticos como robo de identidad o de información, mediante una ley que es utilizada contra las mafias y el crimen organizado.

“Este es un tema de seguridad pública”, dijo Obama al anunciar la ley con que su gobierno busca fortalecer la protección de las redes cibernéticas frente a ataques como los ocurridos contra los estudios Sony y el Comando Central Militar de Estados Unidos (Centcom).

El mandatario aludió a la intrusión en las cuentas del Centcom en las redes sociales Twitter y YouTube, realizada por presuntos militantes del grupo armado Estado Islámico (EI), aunque aclaró que “ninguna operación militar fue afectada”.

“Hasta ahora no parece que haya sido difundida información clasificada, pero la investigación continúa, y esto es un recuerdo de que las amenazas cibernéticas constituyen una amenaza urgente y creciente”, aseveró el gobernante.

Acompañado por el secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson, Obama destacó la importancia de trabajar con el sector privado en esta tarea, al recordar que las empresas privadas operan mucha de la infraestructura cibernética.

“Ni el gobierno ni el sector privado pueden defender por su cuenta al país (de estos ataques). Tendrá que ser una misión compartida, gobierno e industria trabajando mano a mano”, dijo Obama ante reporteros en la sede del Centro de Seguridad Cibernética del DHS.

El mandatario manifestó que esta es una amenaza de amplio alcance, y afirmó que “gobiernos extranjeros, criminales y piratas cibernéticos buscan penetrar cada día las redes de cómputo de Estados Unidos”.

Por separado, la Casa Blanca explicó que la iniciativa promoverá una mejor cooperación entre gobierno y empresas privadas, “otorgando protección (legal) en algunas instancias” a las compañías que compartan información con agencias gubernamentales.

La propuesta incluye salvaguardas para proteger a los consumidores, al imponer algunas restricciones a las empresas privadas y obligarlas a que eliminen de sus bancos de datos información innecesaria de sus clientes y a mejorar sus medidas para proteger la información personal.

Asimismo, propone actualizar la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Extorsión, conocida como RICO por sus iniciales en inglés, utilizada hasta ahora para perseguir mafiosos y miembros del crimen organizado.

El fin es procesar a quien venda información electrónica financiera y personal robada, ampliar la autoridad del gobierno para disuadir la venta de programas de cómputo para incurrir en esos delitos, y permitir a las cortes dejar fuera de operación redes de cómputo que incurran en actividades criminales.

La actualización de la ley permitirá además que los crímenes cibernéticos sean perseguidos de la misma manera que se actúa contra el crimen organizado, clarificando penas, y asegurarse que éstas “estén en línea con otros crímenes similares” no cibernéticos.

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