Albuquerque, Nuevo México.- Una coalición de abogados presentó el viernes una demanda para frenar las deportaciones expeditas de mujeres y niños centroamericanos, y afirman que las inmigrantes que están en un centro de detención en Nuevo México carecen de acceso adecuado a defensores y se les obliga a limpiar retretes así como a contar de nuevo relatos de violencia y violación frente a los menores.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros tres grupos presentaron la demanda ante una corte federal en el Distrito de Columbia en nombre de los inmigrantes retenidos en un centro de detención en la localidad de Artesia.

Las cuatro organizaciones afirman que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) deberían ser más flexibles con los abogados voluntarios que han viajado hasta ese sitio remoto para ayudar a los inmigrantes.

Barreras ilegales

En cambio, afirman los grupos, las autoridades levantan barreras ilegales entre los detenidos y sus abogados al limitar el tiempo de consulta y no permitirles conversar por teléfono durante más de nueve minutos, según cita The Associated Press.

Los abogados procedentes de todo el país están obligados a trabajar en una biblioteca que no tiene libros y no se les permite pleno acceso con los clientes, según los grupos.

“Aunque las deportaciones expeditas no son nuevas, sí lo es la manera como se están ejecutando en Artesia”, dijo Melissa Crow, directora jurídica del Consejo de Inmigración de Estados Unidos, uno de los grupos participantes en la demanda. “Básicamente, nuestro gobierno ha creado una planta de deportaciones”, agregó.

Los inmigrantes son devueltos a su país sin que tengan una oportunidad seria de que soliciten asilo, declaró Crow.

Una portavoz del ICE dijo en un correo electrónico dirigido a The Associated Press que “la respuesta a esta oleada sin precedente (de inmigrantes) ha sido humanitaria y apegada a derecho”. Declinó hacer mayores declaraciones.

En la demanda se afirma que a las mujeres detenidas en el centro se les obliga a que limpien los retretes para que consigan mayores privilegios de comunicación telefónica.

En el documento también se afirma que en las audiencias de asilo con un juez conectado desde Arlington, Virginia, mediante circuito cerrado de televisión, las mujeres tienen que volver a contar relatos de violación y violencia delante de sus hijos.

Medidas unilaterales

La demanda antecede a la medida amplia que a decir de muchos adoptará el presidente Barack Obama para proteger de la deportación a millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país. En junio, Obama anunció que adoptaría donde pudiera medidas unilaterales en asuntos migratorios ante el estancamiento de una iniciativa migratoria en el Congreso.

Los legisladores republicanos han criticado medidas migratorias previas del gobierno, como la decisión del presidente en 2012 de suspender temporalmente las deportaciones de quienes fueron traídos cuando eran niños por sus padres que también llegaron sin permiso al país. Esta medida permite a muchos jóvenes evitar la deportación y conseguir un permiso de trabajo durante dos años

Al tiempo que Obama considera proteger a millones de inmigrantes de la deportación, se ha comprometido a repatriar a los recién llegados, en su mayoría procedentes de América Central, que fueron detenidos desde el 1 de octubre a lo largo de la frontera con México.

Apoyo voluntario

Más de 62,000 inmigrantes que viajaban como familias, en su mayoría madres con hijos chicos, fueron arrestados este año en la frontera. Antes de que fuera abierto en junio el centro de detención de Artesia, la mayoría de las familias fueron dejadas en libertad con el requerimiento de que se reportaran nuevamente ante las autoridades migratorias cuando llegaran a sus destinos finales dentro de Estados Unidos.

Las instalaciones de detención se encuentran en el Centro de Adiestramiento de Agentes Federales en Artesia, una localidad de 10,000 habitantes ubicada a unas tres horas y medio de Albuquerque o El Paso, las dos ciudades más cercanas donde puede encontrarse a los abogados que ofrecen voluntariamente sus servicios en asuntos migratorios.

Desde la apertura del centro el 27 de junio, alrededor de 300 mujeres y menores -en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala- fueron deportados del lugar. En la instalación continúan 600 mujeres y menores.