Ciudad de México.- Argumentando “seguridad nacional”, el Comité de Transparencia del INE reservó cualquier contrato y documentos sobre la renovación de más de 300 cámaras, torniquetes, un centro de monitoreo y demás medidas de seguridad en 40 sedes en todo el País.

Esto pese a que el martes, consejeros reclamaron a la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, el exceso de seguridad en las instalaciones del organismo electoral, así como ocultar el costo y el nombre de la empresa a la que le asignaron el contrato.

De acuerdo con el informe que entregó la Secretaría Ejecutiva a los consejeros, se contempla renovar 219 cámaras que están en siete inmuebles, así como instalar un sistema de videovigilancia, que no existía, en otras tres sedes del Instituto y en sus 32 juntas estatales.

Se instalaron cinco torniquetes de tres edificios de la sede central en Tlalpan, así como en Morena y en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental, que operarán por bluetooth y tarjetas físicas.

Aunado a eso , se instalaron “ponchallantas” en entradas de algunas sedes.

“El proyecto plantea la operación de una solución integral de seguridad y gestión operativa para un centro de monitoreo y seguridad (denominado Centro Estratégico de Seguridad Integral) que consolide diversas soluciones: videovigilancia, control de accesos peatonales y vehiculares, sensorización ambiental (detección de humo o sobrecalentamiento de espacios) y gestión de incidentes”, resume el informe sobre el plan.

Pese a que las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey exigieron los costos, únicamente se les notificó que fue una asignación directa. En su reunión privada de los martes, los consejeros reclamaron que era un gasto innecesario en medio de las críticas que existen sobre que el INE es caro y ante los recortes que han sufrido.

Incluso, algunos recriminaron que no existan accesos para discapacitados y se hayan preocupado por colocar “ponchallantas”.

En el documento se afirma que las cámaras existentes son de tecnología análoga, con una baja calidad de la imagen, pues se colocaron en el 2008, por lo que son incompatibles con los sistemas actuales. Incluso, se asegura que no se perciben rostros y por las noches no se leen ni las placas que entran.

El área de seguridad justificó que una vez que ingresan los visitantes y proveedores a las sedes, es “muy complejo” darles el seguimiento, por lo que algunos aparecen en áreas no autorizadas.

Los consejeros cuestionaron que exista un “sistema de audio” en los pasillos, sin embargo, les aclararon que las cámaras sólo emitirán video.

Amenazas

En el reporte se argumenta que existe un patrón documentado de un mayor número de amenazas y agresiones, por lo que debe contar con mecanismo de seguridad como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, el Tribunal Electoral o Congreso.

“Las amenazas y agresiones (son) heterogéneas en motivación y modus operandi, que confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad de la institución”, apunta.

Ejemplifican tomas de instalaciones, vandalismo y quema de material electoral en diversos estados desde el 2015 al 2024, y manifestaciones afuera del INE en el último año.

Seguridad nacional

En su sesión de este miércoles, el Comité de Transparencia argumentó que no se puede hacer público el contrato porque contiene datos técnicos y operativos de todo el plan de seguridad, por lo que podría ocasionar su vulnerabilidad.

El director de Asuntos Jurídico, Juan Manuel Vázquez, argumentó que la seguridad del INE no es un asunto accesorio, sino de seguridad nacional, por lo que debe protegerse el plan.

“Las medidas que hoy se analizan deben entenderse bajo un enfoque de seguridad nacional en razón de la función institucional, es decir, acciones orientadas a proteger una capacidad estratégica del Estado Mexicano, la función electoral. Hablamos de preservar la integridad, la estabilidad y la continuidad de una institución clave para la gobernabilidad democrática.

“Adoptar medidas razonables de seguridad no es una decisión neutra, implica asumir riesgos reales para las personas que laboran o acuden a este instituto, así como para su cooperación diaria y cotidiana”, argumentó.

Ante las críticas, apuntó que no se trata de “controles desproporcionados”, sino medidas mínimas para reducir riesgos reales.

“No estamos frente a un exceso, sino frente a una actualización de estándares mínimos, razonables, acordes a la responsabilidad institucional del INE“, añadió tras recordar que en el 2027 habrá elecciones federales y en las 32 entidades del País.