Ciudad de México.- Organizaciones civiles que en 2017 solicitaron la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México denunciaron con “alarma” que el gobierno de Clara Brugada Molina no les informó ni las consultó para elaborar su propuesta de fortalecer y reformar la Alerta que presentó el pasado lunes 25.

En un pronunciamiento, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, integrantes del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM), que le dio seguimiento a la Alerta, además de las organizaciones Equis: Justicia para las Mujeres A.C., Las del Aquelarre Feministas y Abogadas con glitter, expresaron su “profunda preocupación” por las 15 medidas anunciadas por la morenista.

“ Es preocupante que haya una propuesta de fortalecer y reformar la Alerta de Violencia de Género, sin tomar en cuenta los procedimientos ni a quienes le han dado seguimiento a cada una de las acciones y propuesto medidas de mejora al mecanismo”, aseguraron.

Las organizaciones consideraron que “es alarmante que estas ‘nuevas’ medidas no hayan sido informadas ni consultadas con el GIM, tampoco se hayan realizado diagnósticos que permitan respaldar estas acciones, ni evaluaciones con metodologías claras a las medidas ya existentes, ni haber revisado la institucionalidad ya establecida en cuanto a ello”.

Desmienten y exigen

Las firmantes también denunciaron que, “contrario a lo que afirman las autoridades”, la violencia contra las mujeres en la CDMX “está lejos de disminuir”.

Y ofrecieron datos de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas:

• Existen más de mil 200 carpetas de investigación por violencia familiar

• Hay más de 350 carpetas de investigación por delitos sexuales

• Menos del 8% de éstas han sido judicializadas.

“ Esta impunidad perpetúa el ciclo de violencia y coloca a las mujeres en mayor riesgo”, sentenciaron.  

Ante esta situación, como peticionarias e integrantes del GIM, las organizaciones lanzaron cuatro exigencias al gobierno capitalino:

• Una reunión urgente con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dialogar y acordar una ruta de seguimiento institucional para el fortalecimiento de la AVG.

• La reactivación inmediata de la comunicación y las mesas de seguimiento de la AVGM entre el GIM, las instancias del gobierno local pertinentes, las secretarías de las Mujeres local y federal, así como a la jefa de Gobierno.

• La instalación de una mesa técnica que evalúe con metodologías e indicadores claros que permitan conocer el grado de avance y cumplimiento de las medidas de la AVG capitalina

• Lineamientos claros sobre la participación del GIM ante el reordenamiento institucional de la Secretaría de las Mujeres.

• En su pronunciamiento, las organizaciones afirmaron que “la violencia feminicida en la Ciudad de México no admite improvisaciones ni retrocesos. Requerimos un compromiso real, sostenido y transparente del gobierno de la Ciudad para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas”.

El antecedente y la opacidad

Las organizaciones firmantes recordaron que el 7 de septiembre de 2017, el OCNF, Justicia Pro Persona AC y el Centro Fray Francisco de Vitoria OP A.C., solicitaron la declaración de la AVGM en la CDMX derivado de los “altos índices” de violencia feminicida, con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, añadieron, “ante la presión derivada de protestas feministas por casos de violencia institucional machista por delitos sexuales atribuidos a quienes debían cuidarnos”, el 21 de noviembre de 2019, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, “auto decretó la AVGM dentro del marco legal local”.

Destacaron que, aunque la Secretaría de Gobernación “decidió no declarar” la AVGM de 2017, aún en contra del informe del Grupo de Trabajo, sí determinó una serie de medidas que “hasta la fecha no han sido revisadas por la instancia encargada del mecanismo”.

En su explicación agregaron que, a partir de esa declaratoria, se formó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), integrado por autoridades, academia y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones peticionarias para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las firmantes resaltaron que, durante más de cinco años, el GIM ha sido un “espacio de interlocución, exigencia y colaboración” entre organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos autónomos y gobierno que ha permitido “algunos avances” en el cumplimiento de la AVGM.

Sin embargo, subrayaron que “persisten serios retos para garantizar plenamente el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia”.