Bogotá.- Homicidios, desplazamiento y agresiones sexuales son prácticas “graves” y “sistemáticas” contra la mujer en medio del conflicto interno colombiano y pocas lo denuncian porque carecen de garantías, indicó el jueves una red de organizaciones no gubernamentales.

“Este informe quiere visualizar que la violencia sexual en el contexto del conflicto armado es una realidad”, explicó María Eugenia Ramírez, vocera de la “Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado”, que es una red de 28 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de género y violencia.

El reporte de la red, en un trabajo de 105 páginas divulgado en la jornada, busca que “todas las entidades, tanto Instituto de Medicina Legal o forense como la Fiscalía, tomen nota para conocer exactamente cuántos son los hechos de violencia sexual que afectan a las mujeres en el contexto de la guerra”, agregó Ramírez en entrevista telefónica.

Según Ramírez, la violencia de distinto tipo contra las mujeres sigue siendo “grave, sistemática y generalizada” en Colombia y es utilizada como medio de persecución social, política y “como arma de guerra”, pero aún se desconoce la magnitud exacta del problema en términos estadísticos.

De acuerdo al informe de la red, citando datos de la Fiscalía General, desde el año 2005 y hasta el 30 de septiembre de 2008 se reportan unos 150.000 distintos crímenes cometidos por grupos armados ilegales. De ese total de delitos, al menos 25.000 de ellos fueron contra mujeres: 12.142 mujeres sufrieron desplazamiento forzado, 1.400 fueron dadas por desaparecidas, 8.147 fueron asesinadas y 133 sufrieron agresiones sexuales.

La preocupación de estos grupos no gubernamentales es precisamente el subregistro de los casos de agresiones sexuales, por parte de distintos grupos armados e incluso agentes del ejército, calculando que la cifra debe ser mucho mayor.

Ramírez dijo que muchos casos no son denunciados por diversas razones que van desde miedo y vergüenza de las mujeres que son víctimas, hasta el desconocimiento real de sus derechos.

“No hay garantías (para la denunciante) porque las autoridades estatales no asumen con claridad que estos son hechos de violencia, que son hechos intencionados y no son hechos aislados o producto de la prostitución de las mujeres”, agregó Ramírez.

Una muestra del desconocimiento del problema, dijo Ramírez, es que sólo en 2006, oficinas como la de Medicina Legal y la Fiscalía iniciaron un estadística específica o detallando a los presuntos autores de las agresiones sexuales a mujeres.