Ciudad de México.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, salió a precisar sus palabras sobre los avances que presumió el gobierno mexicano. Lo hizo en su cuenta de X, un día después de presentar el informe anual del comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York.

El martes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, informó que se han localizado 16 mil personas desaparecidas durante el último año, la mayoría con vida. En la misma sesión, México rechazó la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo 34de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Medina sostuvo que el Estado “no tolera ni consiente” estos hechos y que el país mantiene una política de apertura y cooperación internacional.

Albán felicitó entonces los avances. Tras la mención que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina sobre ese reconocimiento, el funcionario de la ONU pidió que “no se tergiversen mis palabras“. Aclaró que, si la cifra es cierta, es algo que se debe celebrar, pero que primero hay que saber quiénes son esas personas y si ya regresaron con sus familias o al menos si estas fueron informadas. Además, recordó que, con 16 mil localizadas, aún quedan 120 mil por encontrar. Esa cifra sale de las 136 mil personas desaparecidas que reconocen los registros oficiales del propio Estado mexicano.

En su opinión, si los datos son verdaderos, se deben a la constancia de las familias buscadoras y a la activación del artículo 34, un procedimiento que el CED usó por primera vez en su historia, con México como caso. Esa vía permite llevar el tema a la Asamblea General cuando hay indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada y sistemática. Albán dijo que el objetivo es impulsar la cooperación internacional y no determinar la responsabilidad del Estado mexicano.

El gobierno mexicano rechaza ese planteamiento. Medina afirmó que antes la desaparición se ordenaba desde la cúpula política y que hoy la cometen el crimen organizado y algunas autoridades municipales.