Ciudad de México. A escala global, 3 mil 400 millones de personas carecen de acceso a una vivienda adecuada, segura y protegida, señaló Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat. Asimismo, el organismo internacional advirtió que el déficit habitacional mundial se ha incrementado, al pasar de 251 millones de unidades en 2010 a 288 millones en 2023.

Durante la conferencia La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción desde las juventudes, que impartió ante estudiantes y docentes de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana (Ibero), detalló que 44 por ciento de los hogares arrendatarios del mundo destinan más de 30 por ciento de sus ingresos al pago de renta, situación que puede obligarlos a sacrificar necesidades fundamentales, como alimentación, educación o salud.

La también subsecretaria general de Naciones Unidas, quien visitó México y reconoció las Utopías impulsadas por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, señaló que la crisis de vivienda no solo afecta a los países en desarrollo, sino también a las naciones desarrolladas. En ciudades de Norteamérica, Europa y Japón, las nuevas generaciones enfrentan barreras económicas para comprar o alquilar una vivienda, comentó.

Explicó que las ciudades pueden experimentar transformaciones importantes en su infraestructura, desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento y ampliar sus mercados inmobiliarios sin que ello implique necesariamente una reducción del déficit habitacional.

Construir más viviendas no garantiza su accesibilidad

La especialista indicó que América Latina ofrece ejemplos de este fenómeno: aunque su parque habitacional ha cambiado y sus sistemas financieros se han sofisticado, las necesidades de vivienda de millones de personas siguen sin resolverse.

Al respecto, sostuvo que el problema radica en que el funcionamiento del mercado no siempre corresponde con la capacidad económica de la población. Los precios inmobiliarios pueden mantenerse fuera del alcance de amplios sectores sociales, incluso cuando existen mecanismos para financiar su adquisición.

A ello se suma que la actividad inmobiliaria también puede tener efectos especulativos e incrementar el valor de los terrenos, especialmente en las grandes urbes.

Rossbach advirtió que ampliar el financiamiento inmobiliario puede generar inversión y empleos, pero cuando estas acciones no se acompañan de una adecuada regulación del suelo y planificación urbana, también pueden provocar distorsiones en los precios. Es decir, construir más viviendas no garantiza que sean accesibles para quienes las necesitan.

Más de mil millones viven en asentamientos informales

De acuerdo con el Reporte Mundial de Ciudades 2026. La crisis global de vivienda: caminos hacia la acción, de ONU-Hábitat, más de mil millones de personas viven en asentamientos informales y barrios marginales, en condiciones caracterizadas por la inestabilidad de la tenencia, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos.

Investigaciones de ONU-Hábitat estiman que aproximadamente 64 millones de personas fueron desalojadas en todo el mundo entre 2003 y 2023, con graves consecuencias para sus medios de vida, seguridad y bienestar social.

El reporte considera la vivienda adecuada un pilar fundamental del desarrollo urbano sostenible y el bienestar humano, que va mucho más allá de la simple provisión de un techo.

“La vivienda influye en el acceso al empleo, los servicios públicos, la salud y las oportunidades económicas, siendo fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

El informe destaca también la importancia de contar con una vivienda segura, asequible y bien ubicada para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y transformar los asentamientos informales y los barrios marginales.

De igual forma, sitúa la vivienda como un “motor clave” de la acción climática y la resiliencia urbana, y señala la necesidad de soluciones habitacionales energéticamente eficientes y bajas en carbono, así como de infraestructuras urbanas resilientes.

El análisis llama a gobiernos y otros actores involucrados a reafirmar su compromiso con la vivienda como un derecho humano y una base para construir ciudades más verdes, equitativas y resilientes.