México.- En México hay 10 mil empresas de seguridad privada, de las que 80 por ciento opera fuera de toda normatividad, por lo que es necesario readecuar el marco legal en la materia, estimó la diputada Silvia Oliva Fragoso.

En entrevista, la integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados informó que en 2007 había un registro de 358 compañías con autorización federal, las cuales contaban con 78 mil 927 elementos operativos, nueve mil 228 vehículos y 23 mil 721 armas.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que ante la falta de regulación en el sector, propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.

El objetivo, precisó, es adecuar el marco legal a las nuevas necesidades del sector y proporcionar a la autoridad competente los elementos para el control y vigilancia de quienes ofrecen dicho servicio.

La iniciativa destaca que el acelerado crecimiento de empresas de ese tipo se ha propiciado por la percepción de mayor inseguridad en los espacios públicos y el registro de actos criminales que afectan a la población, sobre todo, al sector comercial y productivo.

Agregó que la incidencia delictiva promedio en México es de 10 mil 480 delitos por cada 100 mil habitantes, según datos de la Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

Oliva Fragoso manifestó que es notable la diferencia que se advierte tanto en la incidencia como en la prevalencia delictiva entre entidades federativas, al tiempo que comentó que la mayor tasa se presenta en el Distrito Federal con 25 mil 700 delitos.

Le siguen, añadió, el estado de México con 15 mil delitos; Baja California con 13 mil 700; Tamaulipas con 13 mil 800 y Nuevo León con 12 mil 500 delitos.

Reconoció que algunas empresas contribuyen a cubrir las crecientes necesidades de seguridad que demanda la población, pero hay otras que funcionan en la ilegalidad, pues no cuentan con ningún permiso para prestar el servicio, lo que ocasiona más problemas que soluciones.

El uso de nuevas tecnologías en el mercado de la seguridad, como sistemas de comunicación, monitoreo de movimientos por cámaras y sensores, localizadores satelitales y equipos de intercepción de señales, han provocado que el marco jurídico vigente resulte inaplicable, concluyó.