Edomex.- La mayor operación interinstitucional contra el delito de extorsión desmanteló la estructura operativa y administrativa que generaba acaparamiento de mercancías que iban desde los productos de una tlapalería hasta todo tipo de carnicerías, pasando por organizaciones gremiales de taxis piratas, con un impacto que aumentaba los costos hasta en 400 por ciento y mantenía en 14 municipios del Estado de México la organización delictiva de La Familia Michoacana.

Este grupo criminal lo lideran los hermanos Johnny, El Pez, y José Alfredo, El Fresa, ambos de apellidos Hurtado Alascoaga. La Familia Michoacana recientemente fue incluida en la lista de organizaciones narcoterroristas que elaboró el gobierno de Estados Unidos; y a cambio de información que lleve a su captura se ofrecen hasta 8 millones de dólares.

Durante una conferencia encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, se dieron a conocer los resultados de operativos simultáneos en el Estado de Mexico, que incluyeron el despliegue de más de 2 mil elementos de las fuerzas armadas, de seguridad pública y personas ministerial, y en los cuales se catearon 52 establecimientos, entre ellos oficinas sindicales, comercios y domicilios en los que La Familia Michoacana materializaba la realización de delitos contra la salud, extorsión y secuestro, y en los que fueron detenidos ocho importantes integrantes, identificados como responsables de realizar actividades de tipo gerencial para el grupo delictivo.

En la conferencia, en la cual participaron los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina-Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el fiscal del estado de Mexico, José Luis Cervantes Martínez, y el titular de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, se dio a conocer que los miembros de este grupo delictivo provocaban que los precios al público de productos como varilla, cemento y aluminio, o alimentos como carne de cerdo, pollo y res, se incrementaran hasta 400 por ciento.

García Harfuch señaló que desde que se puso en marcha la estrategia contra la extorsión, la cual empezó el 6 de julio, han aumentado las operaciones en los estados donde se cometen la mayor parte de estos delitos, entre ellos los estados de Michoacán, Guerrero y estado de México.

Durante la llamada operación Liberación, de acciones simultáneas en el E

stado de México, el objetivo, dijo García Harfuch, era desmantelar a los grupos acaparadores de mercancías diversas y servicios, con el uso de prácticas extorsivas (sic).

Querían el control de todo

En este caso La Familia Michoacana controlaba la producción, distribución y venta de animales de granja, cárnicos, materiales de construcción y otras mercancías. También falsificaba los nombres de los comercios y distribuía productos

Refirió que se volvió urgente proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el estado de México y detener estas prácticas, pues los delincuentes buscaban controlar las actividades económicas, como las citadas.

Los operativos se realizaron en los municipios de Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Donato Guerra, Villa Victoria, Texcalti-tlán, San Felipe del Progreso, Malinalco, Temascaltepec, Ixtlahuaca, Tlatlaya, Tenancingo, Sultepec y Amanalco.

El fiscal mexiquense explicó que este grupo delictivo supervisaba cada actividad, como la entrega de paquetería, la venta de materiales de construcción, la producción ganadera, la distribución de carne, la venta de mercancías, y si los comerciantes o productores no pagaban los costos exigidos, sus mercancías no se podían comercializar.

En los municipios en los que intervino la autoridad habitan un millón de habitantes y los integrantes de este grupo delictivo obligaban a los comerciantes, por ejemplo, de materiales de construcción, a obtener la autorización para vender, debían hacer un pago a los delincuentes y trasladar sus productos de manera obligada en camiones que estaban dentro de las organizaciones que ellos controlaban, informó el fiscal Cervantes Martínez.

Explicó que en convenio con autoridades federales se distribuirán entre la población los productos asegurados a este grupo delictivo, entre los que destacan 17 toneladas de alimento y forraje; 3 mil 900 kilos de productos cárnicos, más de 4 mil aves y decenas de ejemplares vacunos. Para obras públicas se utilizarán 5 mil bultos de cemento de 50 kilos, miles de bloques para construcción y 137 toneladas de varrilla y también de alambrón.