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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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01 Abril 2020 04:09:00
¿Y si dejamos de pagar la deuda el tiempo que dure la emergencia sanitaria?
El 19 de marzo escribí en este mismo espacio que Coahuila reunió el primer trimestre de 2020, como pocas veces en su historia contemporánea, las condiciones necesarias para la tormenta perfecta; algunas anteriores a la pandemia de Covid-19 y otras posteriores: sin producción de acero ni extracción de carbón, con la industria automotriz y manufacturera detenida, la imposibilidad del fracking a corto plazo debido al petróleo barato, el dólar más caro que nunca, la frontera con Estados Unidos semicerrada, el turismo paralizado, sin Fondo Minero ni participaciones federales extraordinarias, y el comercio y la prestación de servicios bajo mínimos y en riesgo de quiebra.

Al panorama reseñado habría que agregar ahora un nuevo elemento: la suspensión por tiempo indefinido de las elecciones programadas para el 7 de junio que, si no sucede nada extraordinario, será acordada hoy por el Consejo General del INE.

¿Por qué afecta lo anterior? Porque el flujo de dinero –especialmente en efectivo– aumenta durante los procesos electorales en el país. Sin este, habrá menos circulante. Un factor más a considerar.

Ahora bien, debido a la epidemia los bancos han ofrecido tolerancia en aspectos básicos de su relación a sus pequeños clientes, como postergar durante cuatro meses el pago de créditos. Pero, y a los peces gordos como Coahuila, ¿qué pasará con ellos?

De abril a junio, para dimensionar, el Estado desembolsará alrededor de mil millones de pesos entre Multiva, Banorte, Banobras y HSBC que serían muy útiles para ejecutar en otras áreas prioritarias esenciales.

No es lo ideal (porque lo ideal, lo he mencionado ya en otras ocasiones, sería repudiar una parte de la deuda ilegítima, por lo menos la obtenida mediante seis documentos falsificados entre 2009 y 2010, y que asciende a 5 mil 300 millones de pesos). Sin embargo, en las circunstancias actuales, poner pausa por lo menos un trimestre a la obligación crediticia desahogaría la presión financiera del Estado, y le permitiría un margen de maniobra en momentos que se avecinan complicados.

Se trata, irónicamente, de que no cobren intereses (ni penalizaciones) al no pagarles en tiempo y forma los intereses. Un asunto a todas luces menor.

Por lo demás Coahuila ha sido un cliente disciplinado a lo largo de una década. Religiosamente y sin chistar se ha desprendido de 40 mil millones de pesos que no han ayudado a amortizar la deuda en ese periodo.

No es tan difícil de entender: para que la economía vuelva a ser lo primero, lo primero ahora tiene que ser la salud. Y así se ha decidido, al decretarse la emergencia sanitaria para los próximos 30 días de abril. En el debate entre salud y economía que se había gestado al inicio de la contingencia, el Consejo de Salubridad General ya definió su prioridad.

Así, en consonancia con lo anterior, es el momento para que las entidades financieras muestren un ápice de responsabilidad social (nadie dice que se conviertan en instituciones de beneficencia, pues aquello iría contra su naturaleza) y actúen en consecuencia.

En estos momentos no sirve que un servidor público, así sea el Presidente de la República, done o rebaje un porcentaje de su salario. No vale lo simbólico, sino lo real. Nunca ha sido válida la superchería en la función pública, no obstante lo que antes era tolerable y hasta cierto punto folclórico, no lo es ahora. La crisis del Covid-19 no se paliará con estampitas para todos, sino con ventiladores de respiración asistida y camas de hospital disponibles. También se requieren soluciones fiscales a nivel macro. Más ciencia y menos empirismo. Y lo más importante: dinero en la bolsa.



Cortita y al pie

Vivimos tiempos históricos para la humanidad. De medidas inauditas y extremas. Casi una distopía en tiempo real. Ahora bien, por qué nos parece normal que se transite hacia un estado de excepción, de confinamiento forzado y prohibiciones elementales en la esfera individual, como si se tratase de la Tercera Guerra Mundial, y en cambio nos parece impensable que un banco deba detener por un tiempo –ya no digamos quitar– su bota de nuestro cuello. ¿No le resulta por lo menos escandalosa dicha escala de valores?

Por qué no aplicar entonces esas mismas medidas “radicales” en el ámbito bancario. A grandes males, grandes remedios.



La última y nos vamos

Al momento de redactar estas líneas hay 36 casos de coronavirus confirmados en Monclova, 12 en Saltillo y 8 en Torreón. No sé qué piense usted, pero es momento de cortar una flor del jardín de aquellos que, en su día y con otros contratos, fungieron como cómplices por omisión del endeudamiento irresponsable.

Sería lo mínimo que pueden hacer.
29 Marzo 2020 04:09:00
La crisis del agua en Saltillo, y los que ganaron generando la crisis
En plena contingencia sanitaria por el Covid-19 y con temperaturas que han alcanzado los 36 grados al inicio de la primavera en la capital de Coahuila, a la paramunicipal Aguas de Saltillo se le ocurrió hacer obras de interconexión en la carretera 54, perfectamente aplazables para otro momento, que dejaron sin vital líquido a las zonas Centro, sur y poniente de la ciudad por espacio de tres a 10 días, cuando la suspensión estimada del servicio –se había anunciado de manera oficial– sería solo de 15 horas el 17 de marzo.

Sin embargo, como siempre sucede cuando se genera una crisis, hay alguien que gana con dicha crisis. Y esta no fue la excepción. A través de la licitación identificada con el folio LA-805030974-E14-2020 AGSAL 013/20 convocada por la empresa, el 18 de marzo, es decir, el día que debía iniciar la “normalización” del tandeo, falló a favor de la sociedad mercantil Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V. para que suministrase agua en pipas a cambio de 3 millones 898 mil 64 pesos.

De entrada, una pregunta: si ya sabían que iba a fallar el servicio durante días y por tanto requerían con anticipación “asegurar” el transporte del vital líquido en camiones cisternas, y por ello publicaron la licitación relativa el 27 de febrero, ¿por qué no postergaron los trabajos pese a la epidemia?

Por lo demás, para dimensionar, se trata de casi 4 millones de pesos por la renta de seis vehículos rotulados con la leyenda: “al servicio de Aguas de Saltillo”. O visto de otra forma: millón y medio por cada uno.

Inclusive representa el contrato más caro de 2020, por encima del propio “suministro de tubería de hierro dúctil y pieza especial para línea de distribución de agua potable de sector tanque Narro a sector Landín”, el cual costó solamente un millón 108 mil pesos más IVA. Otros asignados también en marzo, relativos a trabajos de cloración, y limpieza y desazolve de drenajes, no superan siquiera los 3 millones de pesos entre ambos (2 millones 881 mil 948 ya con el IVA incluido).

En la referida persona moral que ganó el contrato de las pipas, cabe señalar, Crishna Lizett Peña Aguilar es administradora general y dueña del 75% de las acciones. Su nombre tal vez no le diga nada, pero ella es socia de Tanya Jezabel Castillón Meza en otra empresa: Servicio y Preparación de Alimentos de México, S.A. de C.V., y esta, a su vez, es socia de Armando Luna Canales (y Héctor Franco López, exsecretario de Medio Ambiente durante la administración de Humberto Moreira) en Indica & Sativa, S.A. de C.V.

Para contextualizar: Castillón Meza es hoy notaria pública 109 en Saltillo, aunque antes se desempeñó como subsecretaria de Justicia Laboral de Coahuila hasta el 30 de marzo de 2017, y exsecretaria particular de Luna Canales cuando este fungía como secretario de Gobierno (y él, a su vez, es actualmente notario público 63 en Saltillo). ¿Una cadena de favores o una simple coincidencia?

El caso es que hay más detalles interesantes. Cito uno por ejemplo: Construcciones Hidráulicas y Civil Krem, S.A. de C.V., la empresa recientemente favorecida por Aguas de Saltillo durante la crisis, y otra de Armando Luna Canales pero del mismo ramo, denominada Inmobiliaria Aquitania, S.A. de C.V., fueron constituidas con una diferencia de días, durante 2016, en las notarías 77 y 80 de Saltillo respectivamente.


Cortita y al pie

Ahora bien, por separado entre 2018, 2019 y el primer trimestre de 2020, la misma Crishna Lizett Peña Aguilar fue beneficiada como persona física por Aguas de Saltillo vía tres contratos en 2018, dos en 2019 y uno en 2020.

Lo mismo por “mantenimiento preventivo en instalaciones y pozos”, un “cambio de línea” y “construcción de alcantarillado sanitario”, que “trabajos especializados en reparación y control de fugas”. Participa en prácticamente todas las áreas de la operación, pues.

Y en total acumula 11 millones 389 mil 841 pesos facturados.


La última y nos vamos

Lávate las manos 20 veces al día. Durante 20 segundos por lo menos. ¿Cómo hacerlo si no hay agua potable pero sí negocio derivado? Vaya negligencia y oportunidad.


27 Marzo 2020 04:09:00
Los paradigmáticos casos 13 y 14 de coronavirus en Coahuila
Luego de 72 horas con saldo blanco al no existir nuevos contagios de Covid-19 reportados en Coahuila, ayer la Secretaría de Salud informó que un médico de 42 años, originario de Monclova, dio positivo al virus que mantiene al planeta en pandemia y cuarentena.

Quizá no sea motivo de alarma, pero el asunto tampoco es menor, ya que a diferencia de los 12 casos previamente identificados en la entidad, aquí sí existe transmisión local no relacionada con un viaje al extranjero. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que no hubo estancia en otros países afectados -como había sido el denominador común hasta la fecha- y nos encontramos ya en otra fase de la epidemia.

Además involucra un especialista de la medicina en contacto directo con pacientes (sin magnificar la historia, pues un riesgo de su profesión es justamente la infección por contacto con terceros en cualquier circunstancia), y en una institución pública que diariamente recibe a miles de derechohabientes (Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad acerera).

Y aquí viene lo interesante. Ayer mismo, en diferentes hechos, alrededor de 25 enfermeras y enfermeros adscritos a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo protestaron públicamente por la falta de insumos médicos que requieren para atender en condiciones de suficiencia una situación excepcional como la que enfrentamos.

¿Hay entonces una relación directa entre ambos hechos? Es decir, ¿el doctor de Monclova se contagió por no tener material suficiente para protegerse y los asistentes de Saltillo decidieron parar ante un peligro inminente?

De ser así llegamos pronto a un punto de inflexión y de ahora en adelante los servicios de salud no podrán seguir haciendo lo mismo si esperan obtener distintos resultados. Y estamos a tiempo de actuar diferente, considerando la experiencia de otros países, pese a los contextos particulares de cada uno. Para dimensionar: de los 80 mil 589 contagios que se reportaban hasta ayer en Italia, 6 mil 205 corresponden a trabajadores de servicios sanitarios.

En el último mes, no obstante, las compras de la delegación Coahuila del IMSS no se han incrementado de manera significativa, pese al estado de necesidad. Del 27 de febrero, fecha en que se detectó el primer antecedente de Covid-19 en México, al día de hoy, el sistema de contratos registra solo dos adquisiciones: una por 315 mil 858 pesos por concepto de “lentes”, y otra por 32 mil 490 pesos en “material terapéutico”. En los primeros dos meses del año habían facturado en cambio 127 compras menores.

El epidemiólogo que lidera la estrategia del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, afirmó ayer que la contingencia sanitaria fase 2 básicamente sirve para que, en un momento dado, no sean tantos los eventuales contagios en semanas posteriores y por consecuencia no colapsen el sistema nacional de salud. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud había criticado antier que dicha medida –establecida por la mayoría de gobiernos nacionales- solo serviría para contener, aunque no para resolver el problema.

Y luego está la ética hipocrática. Sí, es otra esfera de competencia, sin embargo es importante recordar el episodio del Hospital General de Torreón, donde 155 empleados (37 médicos, 71 adscritos al área de enfermería y 47 de administración) abandonaron literalmente su puesto de trabajo con goce de sueldo el 19 de marzo.


Cortita y al pie

El desabasto de materiales, accesorios y suministros médicos en el IMSS naturalmente no es un fenómeno que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque tampoco hay tiempo para esperar una cantidad mínima de recursos como la que se reunirá en la rifa simbólica del avión presidencial y se destinará para “equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”, como reza la inscripción de los ‘cachitos’ que jugarán el próximo 15 de septiembre.

Y no hay pretextos considerando los antecedentes en el tema. Cito un ejemplo para contextualizar: el 30 de agosto de 2019 durante su conferencia matutina, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió ante un reclamo expreso por falta de medicamentos que médicos, enfermeras y directores de hospitales deberían tomar la decisión de comprarlos con sus ingresos personales cuando estos hicieren falta a un paciente (especialmente cuando se trata de niños) para que no pierda la vida. “¿Qué sociedad somos?”, preguntó en su día.

¿Qué Gobierno tenemos?, se le cuestionaría hoy a él.


La última y nos vamos

Ayer por la tarde la Secretaría de Salud confirmó el caso 14 de coronavirus en Coahuila, de igual forma en Monclova (mujer; 41 años de edad) e igualmente doctora del IMSS y con signos de transmisión comunitaria. Ojo.

25 Marzo 2020 04:10:00
Mientras tanto en Coahuila, cervecería de Nava amplía en 18 km su acueducto
Nadie supo, pero el sábado 23 de noviembre de 2019 la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V., persona moral que administra la cervecería de Constellation Brands en Nava, publicó un desplegado para informar que construirá un acueducto de 18 kilómetros que, sumados al acueducto original de 60 kilómetros que le abastece agua potable, en la región de Los Cinco Manantiales, formará una estructura 66% mayor a la obra que se requería en Mexicali, Baja California, para iniciar operaciones de la planta que se acaba de cancelar el fin de semana mediante consulta popular.

Sin embargo en Coahuila –cuya geografía mayoritaria es también un semidesierto– no pasa nada. O existe licencia social, según se vea.

De acuerdo con un reporte de Constellation Brands, en 2017 su fábrica de Nava produjo 27.5 millones de hectolitros de cerveza, proyectando una cantidad anual similar para 2018 y 2019, aunque se encuentra en un proceso de ampliación que le permitirá producir 30 millones de hectolitros “para satisfacer la demanda de nuestras marcas que existen en Estados Unidos”, afirma.

Desde 2013 adquirió de Grupo Modelo sus instalaciones en la entidad y en 2014 inauguró una fábrica productora de vidrio (Compañía Vidriera de Coahuila) adyacente a la industria de Nava para la producción de botellas de envase. Sus socios son CB Cervecera Operation, S. A. de R.L. y CIH Internacional, S.A. de R.L.

Entonces producía 10 millones de hectolitros anualmente, y a partir de ese año incrementó en 2 mil 200 empleados la plantilla laboral. En total tiene 2 mil 845 colaboradores. Para calcular el agua requerida, justo es decirlo, se tendría que multiplicar la cifra por tres, resultando una cantidad de 90 millones de hectolitros. Un solo hectolitro, para dimensionar, equivale a 100 litros. ¿Justifica el empleo generado los recursos naturales extraídos?

Así, bajo el nombre Proyecto Acueducto 18K, la compañía estadunidense solicitó el 18 de noviembre de 2019 una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tuvo la obligación de manifestarlo públicamente para cumplir con el requisito dispuesto en el Artículo 34, fracción I de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Se trata de una construcción “eminentemente subterránea”, donde la mayor parte del trazo “será a través de caminos existentes”. Técnicamente le llaman “infraestructura de apoyo”, una tubería paralela en los últimos 18 kilómetros del acueducto. El proyecto, cabe señalar, se ubica dentro de los límites municipales de Zaragoza y Nava, sin más detalles acerca de su ubicación exacta.

La planta cervecera, cabe señalar, actualmente ya es abastecida de agua potable a través de un acueducto con longitud aproximada de 60 kilómetros. Y aunque Constellation Brands advierte que no se trata de aumentar el consumo, ¿cómo podría producir por consecuencia los 2.5 millones de hectolitros extras más de cerveza?

Según su explicación, el acueducto adicional de 18 kilómetros es una obra secundaria para no frenar el flujo del vital líquido mientras realicen mantenimiento a la vía principal. ¿Basta entonces con no cerrar la llave para multiplicar la ganancia?

En Baja California, para contextualizar, el acueducto que requerían para la fábrica era de 47 kilómetros. Y fue licitado por el Gobierno de aquel estado (encabezado por el panista “Kiko” Vega) para su construcción con recursos públicos. En Coahuila, con el anexo, suman 78 kilómetros. Es decir, será un 66% más amplio.


Cortita y al pie

En Mexicali se consultó públicamente y se decidió abortar el proyecto de Constellation Brands (de mil 400 millones de dólares en inversión estimada), como sucedió en su día con el aeropuerto de Texcoco, o la aprobación del Tren Maya. Ejercicios de democracia directa inéditos, aunque naturalmente cuestionables.

En Tabasco, desde antes de la consulta convocada por la Secretaría de Gobernación los días 21 y 22 de marzo para tal efecto, se le invitó a instalarse. Un ofrecimiento con facilidades pues hay agua; el 33% de los recursos hídricos del país. Pero importa más la cercanía con la franja fronteriza para su distribución hacia el sur de Estados Unidos. Su mercado y destino final.

Villahermosa, por ejemplo, se ubica a mil 962 kilómetros de Nava, Coahuila. Ayer también entró en la puja el Gobierno de Nayarit, quien propuso su entidad para reubicarse.


La última y nos vamos

La otra planta de Constellation Brands en México, establecida en Ciudad Obregón, Sonora, es prácticamente improductiva. ¿Y Coahuila a nadie le preocupa?
22 Marzo 2020 04:08:00
El Tribunal que ya estaba en cuarentena, antes de la cuarentena
Probablemente usted no sabía que desde septiembre de 2017, hay un Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila. Y posiblemente tampoco sepa qué hace o para qué sirve.

Sin embargo no se pierde de mucho ignorándolo, por no decir que no se pierde de nada. Su actividad pública es completamente prescindible y hoy con motivo de la contingencia por la pandemia internacional de Covid-19 irónicamente se nota más; o su presencia se nota menos, según se vea.

Lo anterior viene a cuento, pues los cinco magistrados que integran su órgano de gobierno (Sandra Luz Rodríguez Wong, Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas, María Yolanda Cortés Flores y Marco Antonio Martínez Valero) acordaron el martes que del 18 de marzo al 19 de abril “se suspenderán las labores generales”. Es decir, jurisdiccionales y administrativas. Todas. Tampoco habrá guardias en oficinas y no correrán los plazos en ese tiempo para efectos legales. Básicamente desaparecerá de la faz de la tierra durante un mes. Con goce de sueldo para sus empleados, eso sí.

A diferencia de otros entes autónomos en el papel, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, IEC, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, o el Tribunal Electoral de Coahuila, que por lo menos simulan mantenerse al pendiente durante la cuarentena, el Tribunal de Justicia Administrativa no tuvo ningún reparo en bajar la cortina y borrarse del mapa pese a que no atiende aglomeraciones, como la Dirección del Registro Civil o el DIF, y por tanto su riesgo de propagación por contacto con terceros es menor.

Pero el mundo gira con él, sin él, y a pesar de él. Por lo demás, una cosa es la prudencia en la toma de decisiones, necesaria debido al riesgo sanitario en que nos encontramos, y otra la intrascendencia de su función. Sobre este último punto se centran los argumentos.

Así, salvo los clásicos y cíclicos acicates mediáticos del Tribunal al tonto útil de la política comarcana, Isidro López Villarreal, exalcalde de Saltillo, a quien recurren con frecuencia los órganos presuntamente autónomos y supuestamente anticorrupción de Coahuila cuando necesitan legitimar su existencia y demostrar su eficacia mandando un mensaje a la opinión pública, el resto de su actuación es letra muerta. No pasa nada. ¿Quién podría extrañarlo?

Por eso su ausencia en estos días ni se nota. Se trata de un elefante blanco en edificio de cantera donde una burocracia cara tramita papeleos inútiles en un permanente trabajo de Sísifo… que no resulta barato: al año absorbe 52 millones 589 mil 856 pesos en presupuesto, destinado primordialmente a servicios personales y gastos operativos.

Ahora bien, para cerrar sus puertas no se manda solo. Sigue la línea trazada días atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, adelantándose a las circunstancias, suspendió la mayor parte de sus actividades el 17 de marzo como medida preventiva y prácticamente obligó a los demás órganos jurisdiccionales del país a imitar su ejemplo. Aunque la Corte, a diferencia del Tribunal de Justicia Administrativa que no moverá un dedo, sí recibirá controversias constitucionales urgentes.


Cortita y al pie

Antes del coronavirus el Tribunal ya tomaba distancia social de los ciudadanos evitando el contacto directo con ellos (en 2018, para contextualizar, recibieron solamente 212 peticiones de justicia). También se ubica en aislamiento y no sale de su zona de confort, salvo para lo estrictamente necesario: dar un informe anual o acudir a sesiones mensuales del inoperante Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma parte.

El Pleno de la Sala Superior no escupe sentencias relevantes a nadie (solo 45 en 2019, para dimensionar), se lava las manos con frecuencia, y limpia y desinfecta casos de interés general para que no puedan dañar la salud de sus responsables (especialmente servidores y exfuncionarios públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados).


La última y nos vamos

Los cinco magistrados en particular y el Tribunal de Justicia Administrativa en general, en resumen, ya estaban en cuarentena desde septiembre de 2017 y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Unos genios. Visionarios adelantados a nuestra época.







19 Marzo 2020 04:09:00
2020: la tormenta perfecta para Coahuila
Sin que se trate de un llamado apocalíptico, el primer trimestre de 2020 Coahuila -como ningún otro estado de la República- reúne las condiciones necesarias para la tormenta perfecta.

En la Región Centro, con Altos Hornos de México (AHMSA) prácticamente desfondada y cada día menos productiva desde que fue intervenida de facto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal, y encarcelado y depuesto por corrupción su presidente del Consejo de Administración.

En la Región Carbonífera, con la actividad extractiva de carbón paralizada gracias a que la Comisión Federal de Electricidad no ha requerido el mineral -como habitualmente hacía- para sus centrales termoeléctricas de Nava.

En la Región Sureste, a punto de suspender operaciones y frenarse la industria automotriz a consecuencia de la recesión (con medio planeta en cuarentena, lo último que se piensa es en comprar un coche; y si no hay demanda, no hay producción industrial). Por si fuera poco, GM sufre un impacto directo desde Estados Unidos, y Fiat Chrysler de Italia, el país más afectado por el coronavirus después de China.

En la Región Norte, la amenaza de cerrar la frontera de México con Estados Unidos -como ya lo hizo el país vecino con Canadá para viajes no esenciales- está latente merced a la pandemia del Covid-19. A ello se suma el tipo de cambio, ya que ayer el dólar se cotizó en 24 pesos, su máximo histórico, cuando hace un par de semanas estaba en 19. Cinco pesos de diferencia en solo 14 días.

Se trata de una situación drástica, grave y de magnitud inusual como no se tiene registro en la historia contemporánea de la entidad. Y reitero: no soy agorero del desastre ni estoy magnificando, sobredimensionando o exagerando el impacto económico.

Además de lo anterior, otros factores contribuyen también a un panorama negro en lo sucesivo.

Si se intentaba promover el turismo religioso en Semana Santa y los viajes nacionales hacia los siete pueblos mágicos del estado a fin de activar la economía, ese ingreso estimado tampoco se obtendrá ya debido a las restricciones de movilidad y concentraciones masivas.

El proyecto-iniciativa (o ecocidio inminente, según se vea) del fracking para explotar gas shale en los Cinco Manantiales, iniciado en 2013, es ahora menos viable que nunca debido al precio del petróleo a la baja (en su mínimo desde 2002), pues este se vincula directamente con las inversiones internacionales en el ramo. A nivel macro, la inestabilidad de los mercados y la caída de la bolsa de valores influyen. En resumen: no es una opción, ni lo será a corto y mediano plazo.

De inversión extranjera, específicamente de Asia, mejor ni hablamos.

Tampoco dispone Coahuila, a diferencia del sexenio presidencial anterior, de ingresos extraordinarios y discrecionales de participaciones federales. A lo anterior hay que agregar que, en 2020, ya no cuenta con la partida presupuestal del Fondo Minero, la cual se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual apunta preferentemente al asistencialismo social y proyectos estratégicos en el sur del país como directrices del gasto público.

A todas las regiones por igual afectará el cierre temporal indeterminado -pero acertado y prudente- de espacios públicos, decidido ayer en el Consejo Estatal de Salud que agrupa los tres órdenes de Gobierno. Esto afectará directamente a los prestadores de servicios (restaurantes, bares, gimnasios, centros nocturnos), empleados y proveedores de estos, y demás beneficiarios indirectos en la cadena comercial. El riesgo de quiebra es mayor para pequeñas y medianas empresas, primordialmente las de reciente creación, considerando que la contingencia podría durar hasta cuatro meses, de acuerdo con la estimación oficial.

Ahora bien, para poder cumplir con la emergencia sanitaria de control y prevención epidemiológica se podrán ausentar y tendrán licencia con goce de sueldo cierto grupo de trabajadores de la Administración pública estatal en condiciones especiales. La Iniciativa Privada, a su vez, tomará previsiones con base en las condonaciones y estímulos fiscales que reciba. Sin embargo, queda desprotegido un amplio sector que vive al día en la informalidad; ¿cómo quedarse en casa indefinidamente cuando su ingreso es el jornal que obtienen producto de su trabajo?

Todo lo mencionado supera por mucho las condiciones vividas en 2009, el antecedente más próximo de crisis en la entidad, ocasionado por la conjunción del brote de influenza AH1N1 y la gran recesión ocasionada como efecto dominó por la caída del banco estadunidense Lehman Brothers, y el sector automotor.

Entonces la solución estatal -que, vista a la distancia, fue más pretexto que otra cosa- fue apalancarse con la deuda pública valiéndose de las buenas calificaciones crediticias que mantenía Coahuila en aquel tiempo. Con el dinero prestado hubo inversión en obra pública y subvenciones sociales, hasta que las finanzas estallaron en 2011 y a partir de 2012 se cerró abruptamente la llave. A la fecha se sigue debiendo la misma cantidad a los bancos luego de casi una década, y los intereses pagados (40 mil millones de pesos), más los que se seguirán devengando hasta 2048 en el mejor de los escenarios, provocarán que se multipliquen los precios originales de las obras financiadas con créditos, y aquello a la larga se convertirá en el peor negocio de la historia contemporánea en la entidad.

Hoy, como alternativa, el Estado no puede solicitar créditos a largo plazo pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo prohíbe.


Cortita y al pie

Por si faltaba algo, entes federales, estatales y municipales por igual están dejando de actualizar información pública de oficio en los términos establecidos, y ya no responden asertivamente vía transparencia. Eso representa que 2020, además de todas las dificultades, pinta para ser un año completamente opaco en rendición de cuentas, aprovechando mañosamente las circunstancias.



La última y nos vamos

Aunque no todo es negativo, ya que indirectamente nos estamos dando un respiro como sociedad. Menos coches circulando innecesariamente debido a la contingencia sanitaria generan un aire más limpio, y la mano del hombre lejos de las montañas en estas fechas ocasionará menos incendios forestales como de costumbre. En una zona semidesértica de recursos naturales limitados el medio ambiente descansa de nosotros, sus depredadores, así sea por obligación. Buena noticia.


15 Marzo 2020 04:09:00
El negociazo de $39 millones en el Instituto Electoral de Coahuila
Mientras el árbitro electoral de Coahuila emprende una estrategia para mostrarse políticamente correcto al exterior, y usa los temas de género como escudo protector contra las críticas a su actuación, al interior acaba de fraguar un negocio de 39 millones 34 mil pesos con los materiales que serán usados en la próxima elección del 7 de junio.

A través de la “licitación pública nacional” identificada con el folio IEC/002/2020, el 6 de marzo el Instituto Electoral de Coahuila falló a favor de la sociedad mercantil Formas Finas y Materiales, S. A. de C.V., de la Ciudad de México para que provea básicamente urnas, mamparas, marcadores y cajas para paquetes electorales a un costo de 39 millones 34 mil pesos.

Para dimensionar la cifra: en las votaciones de diputados locales que se avecinan se instalarán 3 mil 863 casillas en la entidad, distribuidas en 16 distritos electorales. Eso significa que cada mesa receptora del voto costará 10 mil 104 pesos. O simplificado aún más: $10 mil 104 pagará el IEC por dos mamparas y dos urnas de plástico, lápices y dos cajas de cartón corrugado.

Al menudeo, cabe señalar, dichos materiales no costarían más de 2 mil pesos en conjunto, incluyendo las cintas especiales de seguridad que deben portar, y aún con el resto de características técnicas que necesitan. ¿A razón de qué, entonces, el precio al mayoreo se multiplica por cinco?

Inclusive de las tres propuestas presentadas por proveedores invitados a participar en la convocatoria, una de ellas (Grupo Manufacturero de Materiales Electorales, S.A. de C.V.) ofrecía surtir los mismos insumos requeridos a cambio de 11 millones 576 mil 800 pesos. Es decir, 27 millones 457 mil 200 más barato. Inexplicablemente fue rechazada.

El sobrecosto es tan evidente que la misma empresa, Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., vendió el 13 de febrero de 2018, idénticos materiales electorales al IEC para la elección de ayuntamientos (3 mil 900 juegos también) pero solo en 20 millones 690 mil pesos. Reitero: exactamente los mismos, aunque casi a la mitad del valor actual.

Resulta increíble, por tanto, que se hayan encarecido 89% los productos en solo dos años. Comprar a ese precio en 2020, en el mejor de los escenarios, significa un despilfarro de recursos contrario a los principios generales de Administración pública. ¿No lo sabía su directora Ejecutiva de Administración, Miriam Yolanda Cardona de la Cruz?

Por lo demás, ¿quién es el suertudo que, pese a encarecer 18 millones 350 mil pesos los precios de 2018 a 2020, sigue siendo favorecido con dinero público?

La persona moral pertenece a la familia Carranza Sordo. Los hermanos José Antonio, María Margarita y Carlos Alberto de los mismos apellidos, quienes aparecen como socios en otras empresas como Grupo Omesa del Sureste, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mariscos Naturales y Productos Alimenticios, en Cancún, Quintana Roo; Operadora de Maquinaria y Equipos, en Coatzacoalcos, Veracruz; y la sociedad anónima promotora de inversión de capital Comanel, en la Ciudad de México.

A su vez los hijos del primero, de nombres José Antonio, Alejandro y Jimena, y apellidos Carranza Fernández, constituyeron recientemente otras sociedades multipropósito como Zacatecas 149, Consultoría AM&RV, Proyecto Medellín, Eonsmoke México, Velosoft, Aplicación Werk, Maxa Glamp, y Justice System Solutions Latinoamérica.

¿Por qué es importante lo anterior? Porque al abarcar todo el abanico de posibilidades mercantiles, es más fácil dispersar (y por qué no, repartir) en un segundo momento el dinero público recibido, usándolas.

Así, mientras la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, se ausentaba de sus labores “el nueve ninguna se mueve” para dar un mensaje político, y los consejeros Alejandro González Estrada y Gustavo Espinosa Padrón impartían un taller de Violencia de Género y Nuevas Masculinidades, a otros hombres, ese mismo día, 9 de marzo, se programó la firma en privado del contrato con Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., quien, según el acta resolutiva de la licitación IEC/002/2020, “cumple cabalmente”, lo cual es un “aspecto de gran relevancia”, como dictaminó el director Ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas.

Ahí está el verdadero mensaje político y no necesita vestirse de morado.


Cortita y al pie

No, dentro de los 39 millones 34 mil pesos que se pagarán por los materiales, no hay gastos relacionados con la jornada electoral: el domicilio donde se ubicarán las casillas lo prestan los ciudadanos o se trata de edificios públicos, y quienes integrarán las mesas directivas acuden voluntariamente a recibir y contar los sufragios de sus vecinos. Ahí no hay ejercicio presupuestal, pues.



La última y nos vamos


Alejandro González Estrada, Karla Verónica Félix Neira y Gustavo Espinosa Padrón, acaban su periodo de seis años como consejeros del IEC en 2021. Gabriela de León Farías el suyo de siete, en 2022. Ninguno participará ya en las elecciones para Gobernador de 2023, suponiendo que todavía existan los OPLE para ese año.

Ahora bien, justo en la coyuntura de renovación de cuatro de 11 asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (su superior jerárquico) y cambio obligado del status quo, por consecuencia, y con la propuesta de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) aún vigente y sobre la mesa, los consejeros actuales del IEC están apostando por cuestionables negocios grandes (edificio faraónico de $74.7 millones, urna electrónica, compras infladas) como si fuese “Año de Hidalgo”. ¿Acaso para reunir un finiquito acorde a su voracidad?
08 Marzo 2020 04:09:00
La red judicial de protección a Moreira
Voy a relatar un laberinto judicial que, como caso paradigmático, sirve de radiografía del sistema mexicano en su conjunto.

La historia comienza así: el 22 de octubre de 2012 la Procuraduría General de la República, cuya titular era entonces Marisela Morales Ibáñez, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales extendió un documento de no ejercicio de la acción penal (autorizada “en definitiva”) a favor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, su esposa y su suegro, por los delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la Administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada del expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012.

Lo anterior, es conocido, entre otras circunstancias, gracias al affair entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa (el último episodio del 24 de septiembre de 2019), donde acusa el Presidente al expresidente de exonerar durante su gestión al exmandatario estatal.

Pero no se trata del único expediente que pone a Moreira en la mira judicial. Entonces la PGR investigaba (suponiendo sin conceder que sí lo hacía) dos causas. Una de ellas, como se ha dicho ya, fue desechada. Sin embargo hay otra, no menos importante, que ingresó como denuncia en 2011 contra el también exalcalde de Saltillo cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Y aquí es donde el asunto se vuelve kafkiano. Dicha averiguación previa, identificada en el expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/184/2011, se mantuvo (congelada) hasta el 15 de julio de 2015 en dicha dependencia según la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, en su oficio FGR/UTAG/DG/007235/2019. Es decir, durante la primera mitad del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.

En esa fecha fue “remitida por incompetencia” a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, cuyo titular era entonces Homero Ramos Gloria, exsecretario de Gobierno con Humberto Moreira y hoy magistrado del Poder Judicial del Estado en la Sala Penal. Reitero ese detalle que cierra la pinza: actualmente magistrado de la Sala Colegiada Penal, misma que preside Juan José Yáñez Arreola, exdirector Administrativo en el Ayuntamiento de Saltillo, también con Humberto Moreira.

Y aquí es donde ya entramos directamente a la dimensión desconocida. Una vez que la Procuraduría tuvo en su poder la referida averiguación previa, ahí la conservó durante cuatro años, fría y bien guardadita, donde se convirtió en el expediente número D.G.A.P. 002/2013, como consta en el libro de registro, de acuerdo con el oficio FGE-UT/399/2020 dirigido a quien esto escribe, con fecha 4 de marzo de 2020.

Y aquí no acaba el tema. La Dirección General de Unidades de Investigación de la hoy Fiscalía General del Estado, informa que desde agosto de 2019, el expediente se trasladó al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Tradicional, en el Distrito Judicial de Saltillo. Ahí se ubica desde hace seis meses (vigente, sí, aunque mientras esté en trámite se le considera “información reservada”).

Entonces el círculo se cierra pues el documento podría terminar otra vez en manos conocidas: los magistrados Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola. Una “casualidad”, naturalmente.

Ahora bien, qué implica su procesamiento en el Sistema Tradicional y no en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Muy fácil. Que ahí puede permanecer durante otra larga temporada y no habrá fuerza o poder humano que lo saque de la congeladora pese a que vivimos en un presunto estado de derecho. Salvo la presión social, por supuesto. En el Nuevo Sistema, en cambio, sí tendría consecuencias inmediatas, pero como el caso es antiguo se le aplican –muy convenientemente para su causa, por cierto– las viejas reglas.

Cortita y al pie

En resumen: el asunto rebota de un escritorio a otro y así van pasando los años. Y ya va para la década en una realidad alterna; en un universo paralelo. Un ping-pong entre los ministerios públicos y el Poder Judicial. Pelotean, se pasan la bolita de un lado a otro de la cancha, pero nadie se decide a terminar el juego. Ping-pong. Ping-pong. Ping-pong.

La última y nos vamos

No hay lugar a dudas: desde 2011 Humberto Moreira está en la red. Pero más que una red de captura pareciera una red de protección, de aquellas que se extienden y tensan para que caiga en blandito como los trapecistas, y no pase a otras redes, de otras jurisdicciones, estas sí de pesca, donde no se le podría tener a salvo.
¿Quién y por qué lo querría tener a salvo?, es la pregunta.



05 Marzo 2020 04:09:00
Sin acero y sin carbón, Coahuila ¿qué cosa es?
Coahuila hoy atraviesa una circunstancia histórica que no se ha ubicado en su justa dimensión: producción (o extracción, según se vea) de carbón mineral bajo mínimos, y la industria del acero paralizada (o intervenida, dicho de otra forma).

Eso significa, en pocas palabras, desempleo y parálisis comercial y de servicios en las regiones Centro y Carbonífera, y afectaciones tangenciales para la región Norte, vinculada económicamente con estas dos. Un desastre.

Salvo el Sureste y La Laguna, áreas que comprenden 10 de los 38 municipios, el resto del estado está bajo asedio. Sin acero y sin carbón, materias primas de jurisdicción federal.

Hoy hace crisis, sin embargo el asunto viene de tiempo atrás. Para dimensionar: desde que la Cuarta Transformación tomó el poder en diciembre de 2018 (aunque, en la praxis, manda desde julio del mismo año) solo ha licitado una remesa de 330 mil toneladas del mineral con las características técnicas de la Cuenca de Sabinas, a través de la Comisión Federal de Electricidad, bajo el nombre Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0002-2019.

Lo anterior es importante por una razón: hay una disonancia cognitiva en el mensaje que manda el Gobierno y su actuar. Me explico.

Si en materia energética la política nacional es la soberanía, entendida esta como la producción nacional (de petróleo y electricidad) para consumo doméstico sin necesidad de comprar al exterior, o adquirir cada vez menos hasta lograr un punto de autosuficiencia que actualmente no tenemos, ¿por qué las termoeléctricas de Nava no necesitan carbón mineral entonces en este momento, si en los últimos dos años prácticamente no le han surtido?

El argumento de las “bodegas llenas” para no comprar más producto a la región no se sostiene. Es verdad que durante un periodo hubo mantenimiento a las centrales José López Portillo y Carbón II (las cuales producen alrededor del 10% de la electricidad en México), lo cual supone ralentizar la producción por consecuencia. Pero, ¿y el resto del tiempo?

Cuando más materia prima se requeriría por simple lógica para cumplir los objetivos trazados (producir más energía), se camina en la dirección opuesta. No tiene sentido.

Al mismo tiempo, como afirmó ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no habrá rescate de Ahmsa (Alonso Ancira, su encarcelado presidente del Consejo de Administración, ha sido forzado a vender debido a circunstancias legales y políticas): “nosotros no podemos rescatar empresas; no podemos convertir deudas privadas en deudas públicas”.

Por lo demás, el antecedente más próximo de crisis para la entidad -aunque no es equiparable por completo- data de 2009, durante las administraciones encabezadas por Humberto Moreira y Felipe Calderón en sus ámbitos de competencia, cuando la pandemia de influenza (gripe A H1N1) junto al caos en el sector automotor y bancario, generó la recesión.

Hoy, en comparación, ya no se puede echar mano de la deuda a largo plazo como se hizo entonces, pues el apalancamiento cometido en el pasado lo impide y una nueva legislación fue creada para evitar en la medida de lo posible irresponsabilidades en el gasto público, como la ocurrida en Coahuila en 2010 (utilizando de pretexto, irónicamente, la contracción de la economía mundial).


Cortita y al pie

Justo es señalar también la zona de confort en que se hallaban algunos. Unos, muy cómodos con la proveeduría de Ahmsa exclusivamente, y otros muy acostumbrados al ciclo del carbón. Sin plantearse siquiera nuevos clientes en el caso de quienes venden a la siderúrgica, y actividades diversas en el tema de la minería.



La última y nos vamos

Sí, hoy se requieren medidas urgentes. Aunque también se abre una oportunidad para pensar y proyectar a mediano y largo plazo. Y particularmente diversificar la economía de medio Coahuila: el mayor productor de acero en el país, y quien posee la mayor reserva de carbón en su subsuelo.

Naturalmente se trata de una empresa monumental, y la causa requiere voluntad política y la suma de miles de voluntades individuales. Casi nada, considerando que la entidad no se distingue precisamente por los esfuerzos colectivos.

La coyuntura política requiere visionarios y estadistas en todos los ámbitos. ¿Estamos, pues, a la altura de las circunstancias históricas?



01 Marzo 2020 04:09:00
La terrible oposición de Coahuila
Estamos a 98 días de unas elecciones a diputados locales convocadas por el IEC que, salvo a los mismos de siempre, a nadie más interesan en la entidad ni allende las fronteras. Ni en lo público ni en lo privado.

Una desafección recorre Coahuila; es el fantasma del abstencionismo. Sucede en otros ámbitos de la vida en sociedad pero se refleja con mayor claridad en la política. Muy pocos saben que a partir del 1 de enero inició el proceso para renovar las 25 curules del Congreso del Estado: 16 por mayoría y nueve por representación proporcional. Otros pocos que hay jornada electoral el próximo 7 de junio. En medio de ambos campea el desinterés y la apatía. Y ya llegamos a marzo. Al inicio de la precampaña.

Al día de hoy, el único partido que tiene candidatos ya definidos es el PRI. No solo eso, también ha celebrado asambleas seccionales, comisionó a delegados regionales y elaboró su plataforma. Es decir, lleva ventaja. Y no hablo aquí de factores externos que históricamente le favorecen. Solo de organización propia.

Aquí llegamos, por tanto, al quid de la cuestión: ¿puede un partido político, en el papel opositor, sin presencia ni trabajo previo en el estado, hacer en 98 días lo que no hizo en meses y años previos?

Es verdaderamente difícil, por no decir imposible. Particularmente cuando estamos acostumbrados a campañas que no rompen esquemas. Que no retan al status quo. A candidatos cortados por la misma tijera. Distinto emblema, sí, pero actitudes equiparables. Ni qué decir de sus propuestas. No motivan. Mucho menos apasionan. Y el voto, ahora y siempre, es eminentemente afectivo y emocional, no racional ni analítico.

Salvo Morena, quien no necesita una estructura electoral para ganar como ha demostrado en el pasado, pues más que un partido es un movimiento en torno a una figura, el resto de organizaciones políticas dependen de bases que hoy no tienen y requieren tiempo, esfuerzo y dinero público que no están dispuestos a invertir. Mucho menos de sus gastos ordinarios. Para dimensionar: si están batallando para conseguir candidatos al cuarto para las 12 de vencer el término para registrarlos, cómo lograrán reunir entonces representantes de casilla en las 3 mil 863 que se instalarán en todo el territorio estatal. ¿Quién defenderá el voto a pie de urna. Su eventual voto. A qué juega la oposición. Para quién trabaja. Y lo más importante: a quién representa?, en realidad.

No se debe tomar literal su actuación, por supuesto. “Oponerse” a todo no es la mejor manera de hacer política. Naturalmente hay consensos y puntos de acuerdo. Deben encontrarlos. Para eso están, o para eso deberían estar: para poner por encima de sus pretensiones el bien común.

En Coahuila, solo hay, en cambio, pequeños grupos aislados: naranjas, verdes, amarillos o azules, a la espera del reparto de botín. No sobre la mesa, en lid de negociación, sino esperando debajo de esta lo que cae. Que salpiquen los rojos.

Contubernio en las cúpulas y candidez en las bases. Y las mismas consignas de cada proceso electoral: “Los Moreira, cárcel, deuda, justicia, empresas fantasma, castigo”. Blah. Blah. Blah. Legítimas y vigentes, sí, pero tan sobadas y reutilizadas –sin resultados tangibles– que aburren. Las han usado en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018, cuando hubo elecciones. Sin embargo quienes las profieren desaparecen mágicamente del mapa político al día siguiente. Una minoría beneficiada ya con cargo público se vuelve a congelar hasta la siguiente jornada electoral. Es cíclico.

Así por ejemplo, con los votos que obtenga el PAN a nivel estatal el 7 de junio (se prevé una disminución importante a diferencia de 2017, por citar la elección estatal más próxima), su dirigencia tiene la posibilidad de meter a Guillermo Anaya por la puerta de atrás en el Congreso, a sabiendas que hoy –luego de tres derrotas electorales consecutivas– no ganaría ya ni un distrito de Torreón, su otrora bastión. A qué va como plurinominal, es la pregunta. Para qué. ¿No hay alguien más en sus filas?

El caso es que nada sobresalta ni mucho menos irrita el proceso. Ni siquiera la intervención del nuevo partido político local: Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor (Unidos), propiedad del hijo de Humberto y sobrino de Rubén Moreira, o la participación de Álvaro como candidato del PRI por el Distrito 16 de Saltillo. Factores que, en otro momento, por lo menos levantarían una ceja. Tampoco la reciente detención y posterior reclusión de Édgar Puente (fundador y exdirigente del extinto Partido Joven que a nada estuvo de conservar el registro en 2017) acusado de despojo. El árbitro tampoco contribuye con sus carreras de botargas o concursos de canto para “promocionar el voto”.


Cortita y al pie

Por lo demás, ¿algún político de presunta oposición se ha puesto a pensar qué quiere en este momento la gente?

Se ha cuestionado si las decisiones que toma el pueblo son realmente por falta de información (ignorancia), por un estado de necesidad (pobreza), o por el nulo interés hacia los asuntos públicos (marginación) como se presupone, o hay algo más de fondo que no ha sabido desentrañar a lo largo de 90 años.

Al ciudadano coahuilense por regla general se le toma por tonto. Y en grupo por rebaño. Sin embargo no lo es. No lo son. Se llevarían una sorpresa si se acercaran y los escucharan.

La última y nos vamos

A nadie pareciera importar Coahuila. Ni a los mismos coahuilenses, inclusive. Así está difícil crear lazos de vecindad y comunidad. Y si no los creamos nosotros, ¿quién?
23 Febrero 2020 04:09:00
Con Peña o con AMLO, en Coahuila las inercias mandan (y facturan los mismos de siempre)
El 9 de febrero se publicó en este mismo espacio que las inercias mandan en Coahuila, independientemente que a nivel federal gobierne López Obrador o Peña Nieto; y para sustentar la hipótesis revelé el caso de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., sociedad mercantil de Torreón que factura un promedio de 60 millones de pesos anuales en pavimentación pese a ser administrada por una señora de 46 años, que figura en el padrón de beneficiarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en un programa de alfabetización.

Entre la fecha de la investigación, y hoy, otros 12 millones 618 mil pesos han sido agenciados a la misma persona moral vía sus clientes habituales: el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales (Capufe), ambas áreas dependientes de la Presidencia de la República.

Se trata de dos contratos más, firmados el 31 de enero y 14 de febrero de 2020, por 8 millones 27 mil 624 pesos para el “mantenimiento menor de la autopista federal de cuota Puerto México-Carbonera” (Arteaga), y 4 millones 591 mil 33 pesos para la “conservación del camino Ocampo-Estación el Rey”.

Ambas licitaciones, para no variar, presentaron las características que acompañan cada convocatoria pública donde participa Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V: sin motivo son diferidas, y su oferta técnica siempre resulta la más económica. Tiene la “suerte”, por llamarlo de alguna manera, de proyectar siempre la propuesta más baja. Con esa buena fortuna quizá debería jugar Melate.

Seguimos, pues, al mismo ritmo. Las inercias gozan de cabal salud. O considerando que según su acta constitutiva la empresa se creó con un capital social de solo 50 mil pesos el 10 de septiembre de 2014, y su domicilio fiscal es una vivienda en el centro de Torreón que ninguna relación tiene con la presunta constructora, nos encontramos ante una historia de éxito y emprendimiento sobresaliente. Coahuila no solo es la entidad líder en pueblos mágicos del norte; sus habitantes también hacen magia.

No hay que perder de vista, sin embargo, el hilo de las sociedades mercantiles.

Quien aparece en documentos como representante de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., Erick Alonso Monsiváis Solís, constituyó el 6 de junio de 2016, la sociedad mercantil RIE EVENTOS, S.A. de C.V., cuyo objeto social es la prestación de servicios para fiestas y banquetes en Saltillo. Su socio único en la “empresa”, Rubén Hiram Gámez Rodríguez, es un deudor del Infonavit en Torreón.

Otra persona que también fungió como representante de Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., es Jaime E. Monsiváis Solís, hermano del antes mencionado. Este, a su vez, fue administrador de Torga Construcciones, S.A. de C.V., domiciliada en San Pedro de las Colonias y liquidada el 31 de diciembre de 2018. Dicha constructora perteneció a Norberto Torres Taboada y Luis Tomás Gámez Morales. Una vez más, el vínculo entre los Monsiváis y los Gámez.

Si todo fuera legal, ¿por qué usar entonces como cabeza visible a una señora de Torreón recién alfabetizada?

Como se dijo aquí hace dos semanas, Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., no edifica, solo asfalta; un área de oportunidad inagotable considerando que la principal preocupación de los habitantes de ciudades en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi 2019, son los baches en calles y avenidas.

En 2019, logró cinco asignaciones de obra con el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una suma de 22 millones 78 mil 395 pesos, y tres más con Caminos y Puentes Federales (Capufe) por 38 millones 619 mil 830. Ya en 2017, había sumado 57 millones 933 mil 500 pesos gracias a seis contratos con el Centro SCT Coahuila y cinco más con Capufe. Es decir, son habituales. Su área de influencia es Coahuila y los límites naturales de la entidad con Nuevo León en la Región Sureste y Durango en la Región Laguna. Nada más. Vive del Gobierno Federal en turno exclusivamente.


Cortita y al pie

En diciembre de 2018, hubo relevo de titular en el Centro SCT Coahuila. Se fue Jesús María Montemayor, identificado plenamente con el PRI de la Región Carbonífera, y llegó Fidencio Elpidio Valdez Torres, funcionario de perfil técnico. Alguno supondría entonces, a partir de ahí, un cambio de fondo y forma.

Pero no sucedió. Un pool de al menos 15 constructoras (incluida Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V.) trascendió de un sexenio a otro. A ras de suelo permanecen los mismos beneficiados de siempre, inclusive con montos prácticamente idénticos.

La última y nos vamos

Si la pretendida cuarta transformación de la vida pública en México implica desalentar, estigmatizar y desterrar la corrupción, ¿por qué no detecta las prácticas irregulares en el Centro SCT Coahuila, órgano de su competencia, y eventualmente las erradica luego de 15 meses en el poder? ¿Es más fuerte la costumbre que la idea de cambio?

Mientras tanto Maquinaria y Construcciones Sacro, parafraseando a Belinda, sigue “ganando como siempre”.

16 Febrero 2020 04:09:00
La Sección 5 como sea; el negocio está en el Servicio Médico de la Sección 38
Absurdo creer que solo existen irregularidades en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no en el resto del magisterio en Coahuila, cuando las otras organizaciones gremiales, la 35 y la 38, dependen de la misma nodriza.

Sería ingenuo, asimismo, no considerar el contexto de la elección de comités que se avecina en semanas próximas. Sí, habrá votaciones pero no renovación; y grilla de la más baja ralea. En las tres secciones sindicales: 5, 35 y 38.

A cualquier listillo se le ocurriría centrar entonces las observaciones (legítimas, desde luego) y reflectores en la Sección 5, magnificarlas y satanizarlas, para que, eventualmente, pasen desapercibidas la Sección 35 y principalmente la 38: la que más dinero maneja. Una celada para tomar y conservar el poder, pues.

Sin embargo el verdadero negocio particular está en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38. Con recursos públicos, naturalmente.

Me explico. Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., es una sociedad constituida el 23 de noviembre de 2015 en la Notaría 40 de Saltillo, con un capital social de 240 mil pesos. La persona moral se compone de cuatro dueños por partes iguales, uno de los cuales es Alfonso Cepeda Garza, hijo del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, originario de Arteaga, Coahuila, quien es miembro de la Sección 38 desde 1983 y fue secretario general de la misma en el periodo 1995-1998.

En 2017, del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38, Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., recibió 6 millones de pesos y 6 millones y medio en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 y 001-001/2020 respectivamente, para prestar el “servicio de limpieza, seguridad y vigilancia”, anual en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo.

Alfonso Cepeda Salas, cabe señalar, fue electo durante el sexto Congreso Nacional Extraordinario del SNTE celebrado del 12 al 14 de febrero de 2018, aunque oficialmente hasta el 22 de noviembre asumió la secretaría general para el periodo 2018-2024.

En ese periodo de nueve meses como secretario general electo antes de tomar posesión del cargo, su esposa, Iracema Yazmín Garza Ramos, y sus hijos: Héctor Hiram y Alfonso, de apellidos Cepeda Garza, constituyeron tres sociedades mercantiles el mismo día: 30 de junio de 2018, en la Notaría 3 de Monterrey, y una más el 23 de abril en la Notaría 123 de Santiago, Nuevo León. Se trata de Alheira Servicios Hospitalarios, S.A. de C.V., Alheira Medicina Avanzada, S.A. de C.V., Alheira Servicio Operativo, S.A. de C.V., y Sistema Operativo Hospitalario, S. de R.L. de C.V, en ese orden, como consta en las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.

Previamente habían creado, con los mismos accionistas, Corporación Alheira Integrada, S.A. de C.V., el 12 de noviembre de 2016, quien administra en Saltillo un grupo empresarial al norte de la ciudad, en un edificio ubicado en una zona de alta plusvalía, integrado por Laboratorio Médica Bosco, Salud Ocupacional Médica Bosco, Farmacia Bosco, Médica Bosco y una franquicia de Café Punta del Cielo.

Como dato adicional, el Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE –quien ejerce alrededor de 620 millones de pesos anuales– obtuvo 16 millones de pesos de Gobierno del Estado gracias a un “convenio de colaboración y apoyo financiero” firmado el 22 de junio de 2018 para la “remodelación y equipamiento” de sus clínicas, con vencimiento al 31 de diciembre del mismo año, aunque sin un procedimiento específico de supervisión y verificación. Esas fechas coinciden, casualmente, con la edificación del referido complejo hospitalario que pertenece a la familia de Cepeda Salas.

Y ahí no acaba el asunto. A través de Médica Integralis, S.C., persona moral constituida en Saltillo por Alfonso Cepeda Garza, como administrador único el 21 de abril de 2014, este se agenció dos convenios estatales con el Servicio Médico de la Sección 38 (celebrados el 31 de marzo y 1 de julio de 2017) para la prestación de servicios subrogados en “procedimientos quirúrgicos” y “asesorías médicas”, este último por 104 mil pesos mensuales, sin especificar a quién o qué asesora. Además consiguió dos convenios circunscritos a la Región Laguna, de fechas 24 de julio de 2017 y 9 de abril de 2019, para el suministro de “kits quirúrgicos, insumos y renta de equipo especializado para la realización de procedimientos quirúrgicos diversos”, en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Torreón; y finalmente uno más en Monclova, del 12 de junio de 2017, a fin de realizar “servicios de exploración y diagnóstico radiológico”, en la Clínica Hospital del Magisterio de aquel municipio.

Pese a que los cinco instrumentos jurídicos refieren que Médica Integralis, S.C., “cuenta con el personal, la infraestructura, el equipamiento y los conocimientos técnicos, teóricos, científicos, así como la experiencia suficiente por su calidad profesional”, la empresa cuenta con domicilio fiscal en un centro de oficinas virtuales ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los convenios, por su parte, poseen duración indefinida y representan al mes una facturación millonaria para Médica Integralis S.C., ya que, en el caso de Torreón, cada intervención se cobra entre 17 mil y 585 mil pesos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en las clínicas del Magisterio a nivel estatal, los costos van de mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. Se trata, para dimensionar, del trato más jugoso para un proveedor de la Sección 38 merced a la potencial demanda hospitalaria que tienen 49 mil derechohabientes.

Cortita y al pie

Y a todo esto, ¿en Coahuila no hay responsables de las contrataciones?

Por supuesto que sí: Jesús Balderas Fuentes, presidente del Consejo de Administración del Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE, y Alejandro Treviño Saldaña, director general del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

La última y nos vamos

Por lo demás, al nepotismo y tráfico de influencias en el Magisterio de Coahuila le llaman libertad sindical.

09 Febrero 2020 04:09:00
La recién alfabetizada que factura $60 millones anuales en ‘conservación de carreteras’ a la 4T
A simple vista se trata de un negocio como cualquier otro: una empresa constituida en septiembre de 2014 con socios de carne y hueso, en Torreón, y documentación suficiente para participar en licitaciones y ganar contratos de obra pública en una rama específica: pavimentación.

Si bien su nombre como persona moral es Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., no edifica, solo asfalta; un área de oportunidad inagotable considerando que la principal preocupación de los habitantes de ciudades en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi 2019, son los baches en calles y avenidas.

La sociedad cuenta con registros fiscales y mercantiles, y hasta tiene una página web propia como carta de presentación (
http://www.maquiconsa.com.mx). Nadie podría decir entonces, con la mano en la cintura, que representa una facturera y mucho menos fantasma. Es real, sí.

Y aquí viene lo interesante. En 2019 se agenció cinco asignaciones de obra con el Centro SCT Coahuila de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una suma de 22 millones 78 mil 395 pesos. Y tres más con Caminos y Puentes Federales (Capufe) por 38 millones 619 mil 830 pesos. Así, en total, facturó 60 millones 698 mil 225 pesos en dicho ejercicio fiscal. Durante 2017, para contextualizar, sumó 57 millones 933 mil 500 pesos gracias a seis contratos con el Centro SCT Coahuila y cinco más con Capufe. Es decir, son clientes habituales.

Según su acta constitutiva, Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., se compone por dos accionistas, al 50% cada una, y un capital social de solo 50 mil pesos. Esmeralda Isabel Soto Rodríguez es la primera, quien a su vez funge como administrador único y representante legal; tiene 46 años y manifestó ante la notaría 51 de Torreón habitar en el fraccionamiento Los Sauces de la misma ciudad, una zona de alta marginación urbana, aunque la dirección proporcionada no corresponde con el catastro municipal. Consta, en cambio, que figura en el padrón anual de beneficiarios en Coahuila del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), durante 2016 y 2017. En un programa de alfabetización.

La otra socia, Cinthya Mayté Limas García, de 31 años, declaró estar de paso en Torreón al momento de constituir la sociedad y dio una ubicación inexistente, en avenida Constitución, de Monterrey.

El domicilio fiscal de la empresa, por si fuera poco, es una vivienda de la avenida Arista, en el centro de Torreón, que ninguna relación tiene con la presunta constructora.

Pero no se trata de las únicas observaciones. El referido portal de internet de la empresa no contiene información útil como datos de contacto ni mayores referencias comerciales. Hay, por el contrario, fotografías genéricas y texto falso a medio terminar que no ha sido reemplazado desde julio de 2016, mes en que se creó el sitio. Su espacio digital, básicamente, sirve como fachada y coartada.

Existe, además, un patrón de comportamiento inusual en el negocio: la mayoría de los procesos licitatorios en que participa Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., con el Centro SCT Coahuila y Capufe han sido curiosamente diferidos; hasta en dos ocasiones la resolución se posterga. Una estrategia para cansar y desgastar a los participantes que –de antemano saben– no serán favorecidos. Dar largas. Que pierdan el interés y si desisten por iniciativa propia, mejor. Un ejemplo: el fallo del 31 de diciembre de 2019, en el clímax del periodo vacacional, con la obligación de firmar el contrato el 1 de enero de 2020 a las 13:00 horas. Ambas fechas cuando todo mundo está pensando en otra cosa.

De igual forma presenta propuestas drásticamente más baratas por un mismo trabajo. Y cuando no son las menores en precio, se desechan las de otros competidores utilizando criterios rebuscados para excluirlos, como sucedió en el caso IO-009000976-E14-2019.

Ahora bien, independientemente del grupo en el poder, el Centro SCT Coahuila ejerce un millonario presupuesto anual en “conservación de carreteras” del estado. De 2013 a 2018, invirtió 740 millones de pesos, según el balance de obras correspondiente al cierre de noviembre de 2018. Pero en 2019 se multiplicó el gasto. Para dimensionar: la oficina pagó 565 millones de pesos en el rubro. Reitero: simple mantenimiento menor, no construcción.

El primer año de Morena en la Presidencia de la República, cabe señalar, Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V., no firmó más contratos con órganos públicos de las administraciones federal, estatal o municipal en el país. Su área de influencia es Coahuila y los límites naturales de la entidad con Nuevo León en la Región Sureste y Durango en la Región Laguna. Nada más. Ni siquiera está inscrita en padrones de contratistas. No con el Gobierno de Coahuila ni el Ayuntamiento de Torreón, por citar los más cercanos. Vive del Gobierno federal exclusivamente, aunque cuenta en sus antecedentes con una rehabilitación de 27 millones 811 mil pesos en el bulevar Independencia de Torreón, contratada por el Municipio el 29 de noviembre de 2015 con folio de proyecto COA15150100465962.


Cortita y al pie

En diciembre de 2018, hubo relevo de titular en la dependencia. Se fue Jesús María Montemayor, identificado plenamente con el PRI de la Región Carbonífera, y llegó Fidencio Elpidio Valdez Torres, funcionario de perfil técnico. Alguno supondría entonces, a partir de ahí, un cambio de fondo y forma.

Sin embargo no sucedió. Un pool de al menos 15 constructoras (incluida Maquinaria y Construcciones Sacro, S.A. de C.V.) trascendió de un sexenio a otro. Da igual si en la silla del águila se sienta Peña Nieto, o López Obrador, pues a ras de suelo permanecen los mismos beneficiados de siempre, inclusive con montos prácticamente idénticos. ¿Es sana esa continuidad?

Lógicamente habrá cosas que no necesitan cambiar; no es obligatorio destruir todo para empezar de nuevo. También es cierto que Roma no se hizo en un día; se requiere tiempo. Por lo demás, allende las fronteras de Coahuila, el Gobierno federal tal vez habrá sentado las bases para la transformación, aunque tierra adentro todavía no. Aquí las inercias mandan.


La última y nos vamos

Si la pretendida cuarta transformación de la vida pública en México implica desalentar, estigmatizar y desterrar la corrupción por decreto, ¿por qué no detectan esas prácticas irregulares en el Centro SCT Coahuila, área de su competencia, y eventualmente las erradican?

Hay una respuesta: porque la tierra de Madero y Carranza –más allá de las efemérides– está fuera del radar de prioridades políticas para el Gobierno federal.

02 Febrero 2020 04:09:00
La danza de los millones en Acuña; obras de la 4T: caras y centralizadas
Con mucha diferencia sobre los demás, el municipio de Coahuila más beneficiado en infraestructura por el Gobierno federal en su primer año del sexenio ha sido Ciudad Acuña, con 198 millones 821 mil 377 pesos divididos en siete contratos ejecutados directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Además, al primer semestre del 2019 habían sido aprobados 817 subsidios “para mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas, el entorno urbano, y regular la tenencia de la tierra en polígonos de atención prioritaria” que sumaban 76 millones 659 mil 451 pesos, según el primer informe de actividades de la Sedatu correspondiente al 1 de septiembre pasado. Al finalizar el ejercicio fiscal la Secretaría estimaba completar mil 369 acciones, tasadas en 143 millones 805 mil pesos. Un promedio de 105 mil 43 pesos por hogar subsidiado. Nada despreciables.

Por si fuera poco Sedatu había comunicado previamente una inversión de 530 millones de pesos durante un evento público que presidió Andrés Manuel López Obrador en la frontera coahuilense, el 4 de mayo de 2019.

No se trata de obras baratas. Para dimensionar la cifra: Ciudad Acuña solo es superado nacionalmente por Tamaulipas, estado al que asignó 12 proyectos entre Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

Ahora bien, mientras se contrataron vía licitación constructoras locales en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, entidades que también fueron favorecidas con presupuesto de la Sedatu en 2019 (2 mil 328 millones de pesos etiquetados del programa de mejoramiento urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística), en Coahuila se importaron empresas de la Ciudad de México. Sí: un trato diferenciado.

El 10 de septiembre del año anterior la dependencia eligió a Proyecsa e Ingenieros, S.A. de C.V. para la “construcción de nuevo mercado público”, tasada en 52 millones 942 mil 685 pesos. El 20 de septiembre falló a favor de Construcciones, Mantenimiento y Proyectos Romaco, S.A de C.V. la “construcción del polideportivo y alberca semiolímpica José de las Fuentes Rodríguez” por 36 millones 37 mil 537, y el mismo día encargó la “rehabilitación del antiguo cuartel militar” a Sackbé, S.A. de C.V., estimada en 33 millones 58 mil 283 pesos.

Las tres a mil 320 kilómetros de distancia entre su domicilio fiscal y el sitio de los trabajos: Ciudad Acuña (territorio gobernado por la UDC desde 2014, por cierto). En este mismo espacio se publicó un caso similar el domingo anterior, correspondiente a Piedras Negras, la otra frontera de Coahuila. Si las constructoras locales tienen conocimiento del medio y no se trata de proyectos con especificaciones técnicas, ¿por qué no emplearlas?

Cortita y al pie

Y cuando sí lo hace, no representa la mejor opción sobre la mesa. El 17 de septiembre, por ejemplo, la Sedatu falló a favor de Insumos y Servicios Múltiples, S.A. de C.V., la única sociedad mercantil de Coahuila favorecida, domiciliada en Saltillo, aunque su área de influencia es la Región Carbonífera, para la “rehabilitación del polideportivo Solidaridad y parque de beisbol Helios” a un costo de 59 millones 643 mil 214 pesos, pese a que había recibido una propuesta 5 millones y medio menor.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿las contrataciones en la Cuarta Transformación priorizan la economía de recursos, entre otros principios rectores del gasto?

Un botón de muestra es el contrato denominado “Análisis exploratorio del diseño de los programas prioritarios de la Sedatu 2019-2020”, identificado por el folio EPO-020VQZ001-N148-2019.

Sin mayores referencias, fue asignado al Colegio de México (ColMex) por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de acuerdo con el oficio VQZ.DGARMSG.113/2019 con fecha 25 de junio de 2019, dirigido a Vicente Ugalde Saldaña, secretario académico del ColMex, y Adrián Rubio Rangel, secretario administrativo. Dicho ‘análisis’, cabe señalar, costó 3 millones 988 mil 080 pesos.

Hasta este punto se preguntará usted cuál es la relevancia de lo anterior. Y aquí viene lo interesante: como el Coneval a través de su Dirección General Adjunta de Administración es quien contrata, evitan así el vínculo directo entre Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, y Lorenzo Meyer Cosío, su padre, y académico del Colegio de México (en el Centro de Estudios Internacionales).

No, no hay conflicto de interés, pero sí suspicacias.



30 Enero 2020 04:09:00
Un Moreira ante la Corte
No por las razones que miles de coahuilenses esperarían, pero ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para llevar a su terreno al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.

Luego de cuatro años de litigio, la Corte atrajo el amparo directo 906/2019 promovido por el periodista y académico Sergio Aguayo Quezada contra la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación del daño moral al exgobernador Humberto Moreira Valdés es violatoria de la libertad de expresión”.

Como se recordará, el fallo del 26 de marzo de 2019, dictado en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrado en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, el 10 de octubre del mismo año, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.



Y lo más relevante: estimó en 10 millones de pesos la reparación del presunto daño moral, e impuso una obligación de pagar una garantía de 450 mil pesos que fue depositada el 28 de enero de 2020 para evitar un embargo.

En este mismo espacio se publicó el pasado 13 de octubre que Rubén Moreira, hermano de Humberto y también exgobernador, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el distrito notarial de Saltillo a un hermano del juzgador que dictó la sentencia en contra de Aguayo. Jean Paul Huber Olea Contró es el notario, y Francisco José Huber Olea Contró el magistrado.

Sin embargo, la Primera Sala de la SCJN, vía el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, asumió el asunto en su sesión de ayer y deberá elaborar un proyecto donde exponga razones de importancia y trascendencia para que sean ellos, la Corte, quienes le pongan punto final.

Y aquí viene lo interesante. La misma Primera Sala resolvió en el pasado la tesis constitucional XLI/2010, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.

Cito textualmente: “la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir -y de los medios de comunicación para difundir- información en aras del libre debate público.

Cortita y al pie

No en la Procuraduría General de la República, donde lo exoneró Marisela Morales Ibáñez el 22 de octubre de 2012 por los delitos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, donde lo exoneró Homero Ramos Gloria el 15 de mayo (Día del Maestro, por cierto) de 2015 por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “No existe, ni siquiera a nivel indiciario, elemento alguno” en su contra, quedó asentado en la determinación definitiva 067/2015. El 19 de abril de 2017 el periódico Reforma publicó el caso con el titular: “Exonera Moreira a Moreira”.

Sin embargo el caso sienta un precedente, en lo particular contra Moreira, y en lo general contra cualquier funcionario o exfuncionario con intención de judicializar las críticas recibidas. De pronunciarse la Corte en congruencia con su tesis constitucional XLI/2010, servirá para conjurar ese halo de protección (e intimidación) que artificialmente creó el exmandatario a su alrededor (“tiran guamazo, tiro demanda”). Y poner el cascabel al gato.


La última y nos vamos

“Política es tiempo”, recordó AMLO en su conferencia matutina del pasado lunes a propósito de otro tema. Y los tiempos cambian: 2020 no es ni remotamente lo mismo que 2010. Y como dijeran los clásicos: al tiempo.
26 Enero 2020 04:09:00
El mesero de Acapulco que factura obra millonaria en Piedras Negras a la 4T
Nadie supo, pero el año pasado un órgano de la cuarta transformación entregó un contrato por 20.4 millones de pesos a una constructora que tenía 11 meses de creada, con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros del sitio donde se realizaría la obra: Piedras Negras, y cuyo administrador es un mesero que habita una de las zonas urbanas más marginadas del país: Acapulco, Guerrero.

Me explico. Dos municipios de Coahuila han sido especialmente beneficiados con recursos públicos por la Presidencia de la República en su primer año de Administración: Ciudad Acuña (UDC) y Piedras Negras (Morena). Ambos, vía obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal dentro del Programa de Mejoramiento Urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística.

El 13 de noviembre de 2019, la Sedatu, cuyo titular es Román Guillermo Meyer Falcón, falló a favor de la sociedad mercantil Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. una licitación por 17 millones 619 mil 775 pesos más IVA. Es decir, 20 millones 438 mil 939 pesos en total. Se trata, de acuerdo con el documento LO-01500099-E1695-2019, de tres obras a realizar: la “pavimentación asfáltica de la avenida Miguel Garza en diversos tramos del bulevar Román Zepeda a Calle Anáhuac, de Bordo Sur de Avenida Bustamante hasta bulevar Centenario”; la “rehabilitación de la avenida Alejo González, de avenida Lázaro Benavides a Heroico Colegio Militar”; y la “ampliación y recarpeteo de acceso a colonia Gobernadores (calle Lázaro Cárdenas) del bulevar Román Zepeda hasta la calle Aquiles Serdán”, en Piedras Negras.

Hasta aquí no habría inconveniente, de no ser porque la empresa ganadora de la licitación fue constituida el 25 de septiembre de 2018 en Acapulco, Guerrero, con un capital social de 50 mil pesos y tiene por socias a las jóvenes Nancy Vianey Lozano Sandoval (topógrafa geodesta de Ocotito, Guerrero) y Stephanie Rodríguez Hernández (integrante de la Red Jóvenes por México del PRI). Desde abril 29 de 2019, por su parte, Alejandro Parra Pérez, de oficio mesero, funge como administrador único, según consta en el instrumento 5941, volumen 82, formalizado en la Notaría 1 de Arcelia, Guerrero, en la región de Tierra Caliente.

No es ocioso señalar que este último, de 35 años, habita en la periferia de Acapulco, en un sector con un índice de alta marginación urbana de acuerdo con el Inegi, conocido como La Providencia.

Ahora bien, el contrato se asignó “en participación conjunta” con Comercializadora Monagas, S. A. de C.V., que pertenece, según su acta constitutiva, al ciudadano venezolano David Federico Brito Hall, con 99% de las acciones.

Originario de la parroquia San Simón, en ciudad Maturín, estado Monagas, el nativo de Venezuela vive en uno de los fraccionamientos con mayor plusvalía de Acapulco: el Club Deportivo. En el condominio de 17 pisos Camelia y Magnolia, frente a la bahía.

Aunque hubo cuatro propuestas a la licitación, de ocho totales, que ofrecían un menor precio. Cito dos ejemplos: Tec-Tecnología en Construcción Monclova, S.A. de C.V., e Ingeniería y Construcciones Río Bravo, S.A. de C.V., de Piedras Negras. Y aquí viene lo interesante: si ambas constructoras mencionadas tienen su base de operaciones en la región, y por tanto conocimiento del medio, ¿por qué contratar a una persona moral con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros de distancia?

Inclusive otras dos obras en Piedras Negras (un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil y la pavimentación de la calle San Luis), financiadas también con dinero de Sedatu, fueron asignadas a Concretos de Acuña, S.A. de C.V. (por un valor de 8 millones 786 mil 625 pesos más IVA).

No tiene lógica. Particularmente porque las contrataciones deben seguir una serie de principios en la función pública. Economía de recursos, para empezar. Tampoco se trata de una obra especializada que requiera elementos técnicos y sofisticados que pocos poseen. Por el contrario, el trabajo de Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. es una simple pavimentación lineal.

Cortita y al pie

Tomando en consideración el presupuesto total que ejerce Sedatu anualmente, los 20 millones 438 mil 939 pesos, motivo de controversia, resultan un porcentaje menor, suponiendo sin conceder que no hubiese irregularidades en el resto del gasto. Sin embargo no deja de ser un caso que por lo menos levanta una ceja.

La última y nos vamos

Si bien 2018, el año de la transición presidencial, se prestaba para la inercia procedimental, considerando que las asignaciones presupuestales datan de 2017, en 2019 ya no deberían existir excusas para la transformación. Si no en la vida nacional, por lo menos en las acciones de Gobierno.

Aunque López Obrador ha pedido a la opinión pública un año más para consolidar su proyecto político, autoimponiéndose como plazo de gracia 2021 y un referéndum revocatorio en 2022, en Coahuila, en 2020, el “elefante reumático, echado y mañoso” que le dejaron al Presidente, en la esfera de su competencia, sigue siendo un “elefante reumático, echado y mañoso”.



21 Enero 2020 04:09:00
Un asunto de percepción
El 8 de junio de 2018 a las 21:57 horas Coahuila tocó un punto de inflexión. A 23 días de la jornada electoral fue asesinado Fernando Purón Johnston, candidato del PRI a diputado federal, personaje arraigado en la única ciudad del estado que hasta entonces había sido gobernada 89 años por ese partido.

Es verdad: durante el proceso electoral de 2018 ocurrieron 152 homicidios de políticos en el país, de los cuales 48 eran precandidatos o candidatos a un cargo de elección popular. La mayoría, aspirante a presidente municipal y originaria de Guerrero y Michoacán. Tierra Caliente.

Pero el único caso que concierne a Coahuila experimentó circunstancias especiales: a sangre fría, a una calle de distancia de la Presidencia Municipal que meses atrás encabezó la víctima, en la nariz de su escolta personal, y a solo unos pasos de la PGR, en Piedras Negras. Atentado solo equiparable a la ejecución de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas, a seis días de los comicios de 2010.

Más allá de lo obvio: el shock, la indignación y el reclamo de justicia, en la sociedad que habita esas mismas tierras se gestó un mensaje de vulnerabilidad. De indefensión; casi barbarie, pues era conocido que Purón había sido amenazado públicamente dos años antes.

Imposible abstraerse de la realidad, continuar con la rutina diaria y hacer como que nada pasó. Porque sí pasó, y fue muy grave. Un asunto de percepción.

“Manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir, por la vía de la violencia, quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”, alertó el 22 de junio la entonces magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora.

Ayer, sin embargo, fue detenido en la sierra de Guerrero uno de los presuntos perpetradores del crimen: Érick Arámbula Viveros (quien era buscado por la Fiscalía del Estado, inclusive ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos) y fue trasladado al municipio de Piedras Negras a 591 días del homicidio.

No se trata del autor material, sino cómplice. El tercero sujeto a proceso (otro implicado fue liberado el pasado viernes con brazalete, obligado a permanecer durante seis meses en Jalisco, y uno más había sido sentenciado a ocho años de prisión). Aún falta el perpetrador y el homicida intelectual.

Aunque habría que preguntarse, en este caso, el nivel de impunidad en los restantes 47 delitos arriba reseñados. Aquí se lo digo: total.

El tema es, pues, de respuestas. Y ahí es donde Coahuila se diferencia.

No pasa desapercibido que la detención del presunto homicida se consuma justo el día en que Sonia Villarreal Pérez releva a José Luis Pliego en la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, pues era ella la alcaldesa de Piedras Negras cuando sucedieron los hechos. Lo anterior sumado a la eventual incorporación de Jorge Luis Morán, exsecretario de Seguridad Pública, a un área de inteligencia financiera.

El nombramiento de Villarreal, a su vez, representa un hecho histórico pues por primera ocasión una mujer encabezará la Secretaría.

Un día después del homicidio de Fernando Purón, el Mandatario coahuilense, quien apenas 10 meses atrás había asumido el Gobierno estatal, emitió un mensaje de repudio, concluyendo el comunicado con una frase: “Es la hora de demostrar que estamos a la altura de un estado como el nuestro”.

Cortita y al pie

En el tema de seguridad hay situaciones que escapan a nuestro entendimiento. Se trata de un monstruo de mil cabezas que vale más no conocer para seguir viviendo en aparente tranquilidad. Solo quien ignora puede ser feliz.

Ahora bien, a raíz de los 26 muertos en Villa Unión, ha ocurrido en Los Cinco Manantiales una serie de actos concatenados entre sí que conviene destacar. El 9 de enero la Policía Estatal abatió a ocho presuntos delincuentes en Guerrero. El 11 de enero detuvo a seis presuntos delincuentes en Zaragoza, quienes previamente habían atentado con armas de fuego en Nava, y cuatro más fueron capturados en Guerrero. El 14 de enero dos presuntos delincuentes más abatidos en Piedras Negras.

La última y nos vamos

Reitero: es un asunto de percepción.

19 Enero 2020 04:08:00
La Laguna como estado 33, o el abismo; el falso dilema
Desde que Porfirio Muñoz Ledo, el decano de la política nacional, dejó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, se ha convertido en un cabildero del “Estado Libre y Soberano de La Laguna”, a integrarse por 14 municipios de Durango y 6 de Coahuila.

En octubre de 2019, por ejemplo, participó desde Torreón en un foro donde puso el tema en la agenda pública otra vez. Luego, a raíz de la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes a principios de año, retomó el asunto en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 15 de enero. No fue un punto de acuerdo ni una iniciativa de ley, sino un pronunciamiento desde la tribuna con el ánimo de comunicar sus intenciones.

Crear un estado nuevo es posible aún en 2020. El Artículo 73 de la Constitución contempla un supuesto para formar una entidad federativa que, en este caso, sería la número 33 en el país: más de 120 mil habitantes y “elementos bastantes para proveer a su existencia”. Aunque no es tan sencillo.

Luego requiere la opinión del Presidente de la República, aprobación de por lo menos 21 legislaturas locales y dos terceras partes de las Cámaras de diputados y senadores. De obtenerse, habría que establecer después un Congreso Constituyente, aprobar su propia Constitución Política y convocar a elecciones para los cargos que sean necesarios.

Pese a tratarse de un tema cíclico que prende cada cierto tiempo en la opinión pública, el último antecedente formal del Estado de La Laguna data del 8 de marzo de 2007, cuando en la Cámara de Diputados (presidida entonces por Jorge Zermeño Infante, actual Alcalde de Torreón) se tramitó la iniciativa del también diputado federal por el PAN, Carlos Augusto Bracho González.

Previamente, en 1997, había propuesto lo mismo un legislador del Partido Social Demócrata, y en 1990 un representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Ninguna de las tres avanzó de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por eso llama la atención el momento escogido y los argumentos esgrimidos para la secesión política y económica de Coahuila y Durango. En específico la intención de mecer la cuna exaltando el sentido de pertenencia.

El diagnóstico de Muñoz Ledo se resume con tres premisas: una “disminución enorme de servicios públicos del Estado”, “debilitamiento del sistema educativo”, y “carencia prácticamente de policías” atribuibles, por supuesto, a Coahuila y Durango.

En 2020 ninguna de las tres se sostiene con datos, no obstante. “No podemos seguir arrastrando las divisiones territoriales que ni siquiera han sido buenas; tenemos que regionalizar de otra manera el país”, afirmó.

Entre 2013 y 2015 la asociación civil ELLA (presidida por Pedro Luis Martín Bringas, integrante del Consejo Administrativo de Soriana) gestó el último movimiento separatista relevante, fincado en simbolismos (un “despertar”, “por tus hijos”), apelando a una presunta superioridad moral que concede vivir en La Laguna: un paraíso idílico sin corrupción, pues esta radica en Saltillo y Durango, las capitales del centralismo.

La causa original, sin embargo, se diluyó poco a poco y ELLA terminó demostrando abiertamente su afinidad al PAN y sus candidatos. En Twitter su última publicación data del histórico 1 de julio de 2018. Al respecto hay un libro que describe de forma magistral el fenómeno pese a que no habla de México y además es de 1920: “España invertebrada”, de José Ortega y Gasset.

“Unos cuantos hombres, movidos por codicias económicas, por soberbias personales, por envidias más o menos privadas, van ejecutando deliberadamente esta faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa labor no existiría” (…) “En estos movimientos, que son mecánica de masas, lo que se dice es siempre mero pretexto, elaboraciones superficiales, transitorias y ficticias, que tiene solo un valor simbólico como expresión convencional y casi siempre incongruente de profundas emociones, inefables y oscuras, que operan en el subsuelo del alma colectiva”, escribe el español.

Por lo demás, el plan se alienta mediáticamente desde Torreón pero no con la misma fuerza desde Gómez Palacio. Y no es un asunto que competa solo a laguneros, sino también al resto de coahuilenses, ya que sujetos activos y pasivos por igual son parte.

Pregúntese usted qué opinión tiene alguien de Saltillo, Monclova, Piedras Negras o Ciudad Acuña. ¿Querría un habitante de aquellos municipios que una parte de ‘su’ estado ya no sea considerada Coahuila sino La Laguna?

Vuelvo a Ortega y Gasset para explicar ese constructo cultural de los laguneros: “no consideran necesario esforzarse en persuadir a los demás; les basta con proclamar, con ‘pronunciar’ la opinión de que se trata”.

Ahora bien, de acuerdo con estadísticas del Inegi publicadas el 16 de diciembre de 2019, en 2018 aportó Coahuila el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y Durango el 1.2 por ciento. Es decir, entre ambos alcanzan el 5% del total.

Cito un ejemplo: ¿qué pasaría con la deuda de Coahuila en el supuesto de consumarse la secesión? Como ente jurídico, el Estado seguirá debiéndole a los bancos hasta el año 2048 independientemente de que le sea extirpada una región entera.

Al independizarse seis municipios (Torreón, Viesca, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente) la entidad, como parte de la Federación, dejaría de recibir alrededor de una tercera parte de su presupuesto de egresos anual. Eso significaría pasar de 50 mil millones a 30 mil. Desde luego también desaparecerían sus obligaciones con la Región, materializadas en dinero. Pese a no sufragarlas y no tener ese gasto, el balance final es negativo. A la luz de lo anterior pareciera más bien un propósito no con el ánimo de fortalecerse, sino debilitar a Coahuila y Durango en un solo movimiento. Destruir construyendo. Espoleado por el sentimiento de relegación convertido en resentimiento.

Ortega y Gasset lo define como “instinto de particularismo”, un fenómeno donde cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. No le importan las esperanzas o necesidades de los otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarlos en su afán.

En cambio, la hipersensibilidad para los propios males es característica de este estado social. Separatismo es, ante todo, pesimismo.

Si partimos de la premisa que La Laguna fue un tiempo la región más perfecta que luego declinó en pertinaz decadencia, equivale a pensar que como pueblo ya tuvo su hora mejor y se halla en irremediable decrepitud. Ahí se finca la falacia del Estado LALA.


Cortita y al pie

Si bien es gobernada por el PRI en Coahuila y el PAN en Durango, el futuro político de La Laguna está en las manos de Morena. A nivel federal, el partido del Presidente tiene mayoría en ambas cámaras

–con representantes en Coahuila y Durango– y en el ámbito local gobierna Gómez Palacio, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente, pese a no ser el grupo parlamentario predominante en ambos congresos estatales.

En entrevista para Milenio, Muñoz Ledo afirmó que “hay que empezar el movimiento porque ya se nos hizo tarde. Es un trabajo serio y formal que puede durar tres o cuatro años. En La Laguna no deben doblar las manos y echarlo en saco roto” (16/01/20).

No obstante proyectos para transferir competencias que se podrían llegar a equiparar, como la propuesta de trasladar la sede de las secretarías federales de la CDMX a los estados, han sido abortados por las dificultades que suponen.


La última y nos vamos

A raíz de la reciente tragedia que puso a Torreón los reflectores nacionales, cámaras empresariales y organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento: “La Laguna nos une”.Naturalmente los laguneros tienen el derecho a reivindicar su pertenencia. No se sienten coahuilenses ni duranguenses y nadie les puede negar o reducir ese carácter.

Tampoco se trata de adoctrinarlos para que cambien de parecer, sino de comprender esa desafección cultural. Y aprender a vivir con diferencias pero en comunidad. Entender, no juzgar a priori. En pleno 2020 recordarlo pareciera increíble, y sin embargo es necesario.
12 Enero 2020 04:09:00
Ni edificio ni promoción del voto; ¿para qué sirve, entonces, el IEC?
Nadie sabe, nadie supo, pero el 1 de enero inició formalmente –con una ceremonia protocolaria de sesión– el proceso electoral número ocho de la última década en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Sí, el arranque fue simbólico y conforme se acerque la jornada electoral del 7 de junio se hablará un poco más de una convocatoria que, más allá de los mismos de siempre, en Coahuila no parece importar a nadie. En específico a quienes navegan con bandera de “oposición”.

Se trata, para dimensionar, de una elección de diputados locales en la que tradicionalmente no suele votar más del 40% de la lista nominal (en 2014, su antecedente más próximo, votó sólo 39.6% y en 2008 el 39.9%). Es verdad que los partidos políticos tienen la obligación de promover el voto como principales beneficiarios de este, pero y el ausente IEC, ¿para qué sirve?

Lo mismo sucede con su edificio en ciernes. El pasado 8 de abril el IEC falló a favor del contratista favorito del Gobierno del Estado en las administraciones de Humberto y Rubén Moreira: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir lo que, proyectaban, sería su sede a partir de febrero de 2020 y que debería concluir el 10 de enero. Actualmente, sin embargo, se halla en obra negra.

Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler. Siempre cercano al poder, en el último año que gobernó Enrique Martínez (2005) , por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos.

En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.

Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.

En el mismo IEC, antes del caso que nos ocupa, Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó un millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan 192 mil 597 pesos mensuales de renta.

En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por su parte, facturó 3 millones 819 mil 276 pesos vía 26 presuntas contrataciones durante la presidencia de Miriam Cárdenas Cantú.

Pero la cereza del pastel llegó el año pasado. El 19 de marzo se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial y a través del sitio web del IEC.

El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, la suya, el día 8 emitieron el fallo y el 12, ya como “ganador”, formalizó el trato con su firma. Así, en solo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación.

Así, mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC amarró un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.

Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?

Lo que mal empieza mal acaba. Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.



Cortita y al pie

Y aquí es donde llegamos al punto medular de la cuestión: si su función solo es instalar urnas y mamparas, mesas de votación cada tres años, ¿por qué deberían recibir un presupuesto millonario (390 millones en 2020) todos los ejercicios fiscales?

Una reingeniería institucional a las delegaciones del INE en los estados –incluyendo reasignación económica, por supuesto– permitiría que sean estas quienes organicen las elecciones locales, además de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones.

Particularmente cuando el rol del IEC queda reducido a un simple organizador de jornadas electorales trianuales.



La última y nos vamos

Ni edificio ni promoción del voto. Que no se olvide: hablamos del IEC, el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que le fallaron el PREP y Conteo Rápido (ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia) en una misma elección (2017).

La vergüenza nacional.

11 Enero 2020 04:09:00
El niño que gestó el Torreón violento de 2008
Un viernes por la mañana, a 48 horas de reiniciar las clases en un colegio privado de Torreón luego de 19 días de vacaciones decembrinas, un niño que cursaba el sexto grado de primaria y, por tanto, tenía 11 años de edad, acudió con dos armas cortas de fuego (calibres .22 y .40) y las vació contra el objeto de su frustración: dos profesores y cinco alumnos de la institución, como él. Se cambia en el baño. Sale ya disfrazado de Eric Harris, autor de la masacre de Columbine (1999) en Estados Unidos quien a su vez, como él, reivindicaba en su camiseta el videojuego Natural Selection. Luego se suicidó. Su maestra también murió.

De entrada, el caso debería explicarse desde una perspectiva que contemple situaciones personales y familiares. Sin embargo cada uno canaliza estas de acuerdo al contexto y sus circunstancias. Padres ausentes y enajenación digital pueden producir lo mismo un Steve Jobs que un asesino solitario. Hay quienes construyen un muro con las piedras que le son arrojadas y hay quienes quedan enterrados en ellas. Difícil determinar un denominador común.

El foco de atención, por tanto, está en otra parte. El menor nació en 2008. Durante su primera y única década de vida en la ciudad donde habitaba, Torreón, ocurrieron 2796 homicidios de alto impacto (de 2008 a 2018) según cifras del Inegi, y 543 desaparecidos de 2000 a 2017 de acuerdo con el reporte “Historia, retos de mejora y cifras del registro de personas desaparecidas”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado en 2019.

Torreón fue catalogada en 2012, cabe señalar, como la quinta ciudad más peligrosa del mundo, a consecuencia de una guerra paramilitar por el control territorial del municipio.

Pero ha sido el 10 de enero de 2020 nuestro rebautizo de fuego. Lo sucedido ayer no se trata de un caso aislado, sino estructural. Para dimensionar: existen 4 mil 5 niños huérfanos (que perdieron a padre o madre a causa de homicidio de 2008 a 2012), de acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación de aquella ciudad.

En Torreón 98 mil niños de 6 a 11 años de edad son usuarios de internet, siendo la séptima ciudad en el País con mayor número en ese segmento poblacional (y primer lugar en Coahuila), según la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares 2018. Lo anterior conlleva, inevitablemente, exposición sin consentimiento parental a redes sociales.

Al respecto el pasado 28 de diciembre el periódico El País, de España, publicó una encuesta reveladora. Sí, analiza los niños y jóvenes españoles nacidos después de 1997, pero hoy, en tiempos de la globalización digital, los menores se parecen más a su generación y a los tiempos que se viven, que a sus padres y la formación que proveen estos independientemente del país donde se desarrollan. Como conclusión del estudio demoscópico “la Generación Z (entre 8 y 22 años actualmente) es cauta”. Fuman poco, beben menos, consumen menos drogas y salen menos de noche; parecen más responsables, se alimentan mejor, son más estudiosos, más familiares y mejores compañeros que los Millennials.

Aunque hay evidencia de que disciernen de otra manera. Resuelven de otra forma. Aparentan. Han desarrollando una sociopatía en el mundo 2.0. Un desdoblamiento de la personalidad. Sin frenos morales. Con menor tolerancia a la frustración.

El reto, no obstante, está en su formación. Particularmente cuando una de las últimas iniciativas aprobadas por el Senado de la República el año pasado fue la conocida coloquialmente como ‘Ley Antichanclazo’, a fin de prohibir el castigo corporal en todos sus ámbitos, como método correctivo o disciplinario.


Cortita y al pie

Sucedió el 2017, en Monterrey, en el Colegio Americano del Noreste. También en enero, casualmente, y antes de las 9 de la mañana. Igualmente se usó una pistola calibre 22 y las víctimas fueron la maestra y el perpetrador, en este caso estudiante de secundaria de 15 años. Cinco compañeros más, heridos de gravedad, sobrevivieron.

¿Entonces cada ciudad que sufrió violencia en el pasado (cito, por ejemplo, a otras norteñas como Ciudad Juárez o Reynosa) está condenada a ser parte del fenómeno?


La última y nos vamos

A quién de los tres niveles de Gobierno culpar. ¿Al Ayuntamiento panista, a la administración estatal del PRI, o a la Federación representada por Morena? A ninguno, y a todos a la vez.

El Estado puede a partir de ahora revisar mochilas a niños y jóvenes, pero, ¿y las familias? Cuándo van a revisar lo verdaderamente importante: los pensamientos/sentimientos que cargan estos en la mochila imaginaria.

Bien dice la propaganda de la campaña “Juntos por la paz”, a propósito de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Adicciones: “escucha su mirada, escucha su habitación, escucha sus amistades, escucha sus horarios, escucha su soledad, escucha su corazón… y muéstrale que no está solo”.

De lo contrario ya perdimos. Todos. Como sociedad.
05 Enero 2020 04:09:00
2020: el año que sumaremos $40 mil millones pagados y aún seguiremos debiendo lo mismo
Existe industria automotriz en el Sureste y metalúrgica en la Región Centro y Carbonífera, además de manufacturera en la Norte y agroindustrial en La Laguna. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 es la columna vertebral de la economía coahuilense.

No hablo específicamente de los 14 mil empleados estatales en la nómina ni de las 59 mil 318 plazas magisteriales que se nutren directamente de él, sino de las obras y acciones que con dinero público (49 mil 746 millones de pesos) afectarán indirectamente la vida de 3 millones de habitantes.

Así, con base en lo aprobado el pasado viernes 27 de diciembre por los diputados locales, se pueden identificar las prioridades del gasto y, por consecuencia, las directrices políticas a seguir en el año.

No hay sorpresas. El mayor consentido en la entidad seguirá siendo el Magisterio, al llevarse 52% de los recursos totales: 20 mil 827 millones 290 mil pesos a través de la Secretaría de Educación, otros 2 mil 852 millones 531 mil mediante aportaciones a universidades autónomas, colegios e instituciones, programas y organismos estatales, mil 757 millones 680 mil para el desarrollo de los programas federales, y 753 millones 621 mil 720 pesos más entre asignaciones a universidades politécnicas y tecnológicas, además de centros de educación media y formación para el trabajo.

Poco se dice al respecto, pero las secciones sindicales 38 y 5, además de la 35, absorben, entre las tres, 78 millones 87 mil pesos del Gobierno del Estado como “gastos de administración” producto de convenios. Las mantiene, pues.

El resto del presupuesto, por lo demás, se consume entre inercias y continuidad, determinadas naturalmente por las obligaciones contraídas para el ejercicio administrativo anual.

Ahora bien, mientras la discusión pública de los últimos días consistió en saber si 2020 significa el inicio de una nueva década, o no, Coahuila sorprende al mundo: en los últimos 10 años, es decir, de 2011 a 2020, habremos pagado 40 mil millones de pesos en deuda pública, según datos de la Auditoría Superior del Estado y elaboración propia.

Para 2020 la deuda doblará la cifra de la inversión pública, siendo esta última de 2 mil 50 millones de pesos. Tenemos, por tanto, un problema. Y debemos ofrecer soluciones pues citando al poeta español, Luis Rius, “no se puede vivir como si la belleza no existiera”.

Siguen frescos los renovados propósitos en la primer semana de 2020. El presente año puede ser lo que usted quiera que sea; en Coahuila, sin embargo, representa el ejercicio fiscal donde al finalizar llegaremos a los 40 mil millones de pesos arrojados al pozo de la deuda, y lo irónico del asunto es que se seguirá debiendo lo mismo que hace 10 años, cuando se consumó el latrocinio: 36 mil 501 millones. Lo peor: existe la obligación de seguir haciendo lo mismo hasta 2048.

Cortita y al pie

Lo anterior fue aprobado en el Congreso por unanimidad. Ninguno de los nueve diputados panistas –la mayor cantidad para su grupo parlamentario en la historia contemporánea de la entidad– objetó que, de 4 mil 104 millones 981 mil pesos que se destinarán en el presupuesto al servicio de la deuda, solo 277 millones 768 mil abonen al capital. Es decir, el 6.76 por ciento. Y vaya que tuvieron tiempo y oportunidad. Nadie los maniató ni los amenazó.

Por su propia voluntad levantaron su dedo en señal de anuencia. Y me refiero específicamente a ellos, los panistas, ya que su bandera política de la última década ha sido la indignación por el endeudamiento irresponsable del estado.

En todo ese tiempo, cabe señalar, no han conseguido algo tangible relacionado con el tema, más allá de las posiciones secundarias de poder que siempre consiguen y, acto seguido, se reparten entre unos cuantos, los mismos de siempre.

Pregúntese usted, para dimensionar la efectividad de los blanquiazules, qué han hecho estos relacionado con la deuda en los primeros dos años de la Legislatura LXI, misma que iniciaron con aliados de la UDC y Morena que les otorgaban mayoría. La respuesta es muy simple: nada. Y eso que presiden comisiones trascendentales como Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, o Presupuesto.

La última y nos vamos

Sí, 2020 también es año electoral. Como 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. Se trata del décimo proceso en los últimos 13 años. La renovación periódica y necesaria –aunque también cansina– del poder.

Por ello, parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer con las elecciones del 7 de junio a la vista: “y volverán las oscuras golondrinas panistas en tu balcón su propaganda a colgar, y otra vez con la cantaleta de la deuda jugando a ser oposición votarán”.
29 Diciembre 2019 04:09:00
Un completo desastre llamado Universidad Autónoma de Coahuila
No fue difícil distinguir, entre 145 entes públicos auditados, al peor ubicado en el último Informe de la Cuenta Pública 2018, entregado por la Auditoría Superior del Estado el 16 de diciembre: la Universidad Autónoma de Coahuila.

Con base en lo fiscalizado, la UAdeC se colocó en el último lugar en cumplimiento y desempeño financiero pues ejerció 3 mil 48 millones 252 mil pesos ese año, de los cuales 2 mil 792 millones 527 mil pesos le fueron observados con irregularidades. Es decir, el 91.6% del total. O lo que es igual, 9 de cada 10 pesos administrados. Fenómeno que, en otras latitudes, sería escandaloso.

De ellos, se consideran “graves” 2 mil 589 millones 614 mil pesos. Y aquí viene lo interesante: originalmente solo le habían etiquetado ese año 2 mil 344 millones 602 mil pesos de presupuesto. Es decir, el faltante supera incluso a la cantidad inicial. O para definirlo con economía de palabras: es un completo desastre.

En la máxima casa de estudios del Estado todo está mal. Durante 2018, por ejemplo, gastó 406 millones 152 mil pesos extra en “servicios personales”, sin que exista la información y documentación que justifique dicho incremento. Como resultado de la auditoría número ASE-07360-2018, a su vez, se desprenden 268 observaciones por un valor total de 609 millones 515 mil 838 pesos. Entre otras cosas hay disparidad entre su contabilidad y las cuentas bancarias que utiliza, existen empleados que percibieron sueldos por dos o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de horarios, además pagos de categorías que no figuran en el tabulador, y falta documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas con proveedores y prestadores de servicios.

Ahora bien, pese a que la información corresponde a 2018, es un tema vigente y sujeto a responsabilidades. El desorden fue monumental y naturalmente hay responsables en la jerarquía. Por principio de cuentas el rector, Salvador Hernández Vélez; el tesorero general, Jorge Alanís Canales; el oficial mayor, Daniel Garza Treviño, y la contralora, Ludivina Leíja Rodríguez.

¿Tan incompetentes son para no ver que casi todo su presupuesto ejercido fue irregular? ¿Por qué ocurren tantas fallas y errores, si no hay funcionarios improvisados entre su burocracia?

Para dimensionar: convertidas en dinero, las observaciones con carácter oficial de la Auditoría Superior del Estado representan el 52% de irregularidades correspondientes a los entes públicos de todo Coahuila en 2018.

Si se tratase de mala praxis administrativa sería imperdonable para una institución que posee, entre sus 65 centros de estudio, facultades y escuelas de contabilidad además de técnicos entre sus filas. Pero si hablamos de corrupción es peor, al tratarse del mayor formador de profesionales en Coahuila.

¿Cómo tomar en serio a la Universidad a partir de lo anterior si no cuenta con un piso mínimo de certeza?

Cortita y al pie
Si bien la UAdeC maneja un presupuesto más alto que cualquier municipio de Coahuila, el 26 de septiembre, Salvador Hernández Vélez, su rector, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podría pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin).
Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.

Las súplicas, sin embargo, fueron desestimadas y para 2020 solo se contempla una aportación de 823 millones 576 mil pesos del Gobierno del Estado, mil 461 millones 813 mil pesos de la Federación, y alrededor de 200 millones de ingresos propios; cifra que suma 2 mil 485 millones 389 mil pesos.

La última y nos vamos
Por lo demás, ni durante la gestión de Mario Alberto “El Negro” Ochoa (2007-2013) se verificaron tantas irregularidades como en el primer año de rectorado de Salvador Hernández Vélez. En resumen: 2 mil 792 millones 527 mil pesos que suman al desprestigio que arrastra la Universidad y perjudica, principalmente, a 35 mil 730 estudiantes.
Y eso que solo hablamos de dinero y no de asuntos académicos, lo que sería lo verdaderamente importante.
22 Diciembre 2019 04:09:00
Mediocres y rapaces, ayuntamientos de Coahuila (PRI-PAN-UDC) en 2018
Como es costumbre, diciembre ha sido el mes de los informes de Gobierno para los alcaldes de Coahuila. Rutinarios, sin sobresaltos; con apenas cuestionamientos tibios a manera de réplica de los presuntamente opositores en Cabildo, aunque compañeros de nómina.

El pasado día 16, sin embargo, la Auditoría Superior del Estado presentó el Informe Anual verdaderamente importante: los Resultados de la Cuenta Pública 2018. Sí, es legal que lo concluya un año después: es la forma y plazos establecidos. Sin imágenes de respaldo, sin proyecciones modernas, sin eventos multitudinarios ni publicidad machacona, pero con datos duros. Reitero: lo verdaderamente importante.

Si bien el órgano audita 145 entidades públicas en el estado, cada una de las cuales tiene peculiaridades, me centraré por esta ocasión en los principales hallazgos de las 38 presidencias municipales: las posiciones políticas que más pasiones generan, independientemente del tamaño del municipio, por encima de las desestimadas elecciones de legisladores federales y locales e incluso la de Gobernador.

Cabe señalar que no todos los alcaldes de 2018 fueron reelectos para el periodo 2019-2021. Pero aquel fue año electoral, contexto a tomar en cuenta. Entre quienes no fueron llamados a la reelección destaca Tita Flores Boardman (PRI) en Ramos Arizpe, quien enfrenta un faltante de 89 millones 275 mil 24 pesos.

Parras de la Fuente, con Evaristo Madero, emanado del Partido Verde, fue un completo desastre: le faltan 71 millones 424 mil 946 pesos por comprobar. En proporción, es el hoyo financiero más alto para un Ayuntamiento considerando su presupuesto anual (325 millones 407 mil 840 pesos). En otras palabras: malversó uno de cada 4.50 pesos. Luego están quienes fueron revalidados por tres años más.

Ciudad Acuña con Roberto de los Santos (UDC) solo cobró el 35.8% del impuesto predial en 2018, el mayor ingreso propio del que dispone un Municipio. Su efectividad es baja considerando que sólo contribuye uno de cada 3 propietarios de inmuebles. En derechos
de alcoholes aún disminuye más, a uno de cada 4, ya que solo recauda el 23% de lo facturado. Pero ahí no acaba el asunto. Solo 7.9% de su gasto total se destinó a inversión pública (obras, pues). Y esta disminuyó 25% respecto del año anterior.

Por el contrario no perdona los “servicios personales” (salarios), donde figuró un aumento de 42 millones 873 mil pesos por encima de lo autorizado inicialmente.

El Gobierno de Allende, con Antero Alvarado (UDC), se puede resumir en dos datos: la inversión pública disminuyó 78% respecto de 2017, y el gasto en inversión pública representa solo 4% del total. Ninguno de los dos señalamientos tiene que ver con el éxodo de 2011 ni con la no incorporación del Municipio a los beneficios fiscales de la zona fronteriza para 2019.

Aunque cuantificado en dinero, quienes encabezan las irregularidades son las administraciones panistas de Torreón y Monclova, de Jorge Zermeño y Alfredo Paredes, respectivamente. Torreón tiene perdidos 182 millones 19 mil 803 pesos. Monclova, por su parte, 145 millones 968 mil 319 pesos, de acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento.

No faltará quien por comparar cuestione las cifras correspondientes a Saltillo, con su homólogo priista. Pero la nota de Manolo Jiménez en ese renglón es sobresaliente, ya que solo le fueron observados 4 millones 20 mil 359 pesos de un presupuesto total de 2 mil 749 millones 368 mil 752 pesos.

No se emocione, pues donde queda a deber es en recaudación. Cito un ejemplo. En 2017, el Ayuntamiento de Saltillo dejó de recaudar el 43.9% en impuesto predial.

En 2018, ya con Manolo Jiménez (PRI), lo no recaudado aumentó hasta 62.9 por ciento. Es decir, creció 19% de un año a otro. En Piedras Negras también hace aire. El último año de gestión de Fernando Purón (2017) no se pagó el 39.8% de la contribución. Con Sonia Villarreal (PRI), en 2018, la cifra subió hasta 63.9 por ciento. O sea 24 por ciento.

Lo anterior según información de la Secretaría de Finanzas, contenida en el estudio especial Evolución de la Recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua en Coahuila.

Ahora bien, como comentario al margen: si Saltillo no recauda lo mínimo indispensable por sus propios medios, ¿con qué cara exige su Edil entonces más presupuesto federal para 2020 y culpa a la Federación de sus ‘bajos’ ingresos?

En defensa de su actuación, los ayuntamientos señalados por irregulares podrán argumentar que hay un plazo para solventar las inconsistencias contenidas en las observaciones. Que se trata de mala praxis administrativa y no mala fe. Que son salvables y comprobables. Algunas, debido a su naturaleza, podrán echarse abajo. Otras, en cambio, revelan un trasfondo más grave: incompetencia y corrupción.

Cortita y al pie
Por lo demás a muchos queda la excusa, y a varios la duda, sobre la parcialidad en el actuar del auditor superior, Armando Plata, quien fue designado para el cargo –autónomo, en el papel– durante la gestión de Humberto Moreira, en 2009, situación que puede condicionar su labor.

Aunque los números no mienten, y si alguien dolosamente les torciera el brazo para que lo hagan, siempre quedarán los respaldos…

La última y nos vamos
En resumen: durante 2018 los municipios de Coahuila fueron administrados por grupos políticos medianos y chambones, por no decir mediocres y rapaces.

Y no, nadie se salva. Ni panistas ni priistas ni udecistas. Falta un partido, sí: Morena. Tranquilo, estimado lector, pues no existen dados cargados al omitirlo, ya que no gobernaba todavía ningún municipio del estado en 2018.
15 Diciembre 2019 04:09:00
García Luna y la génesis de los 2 mil 796 homicidios y 543 desaparecidos en Torreón
Malos días para ser panista en Coahuila y particularmente de La Laguna. Si en 2012 Torreón fue catalogada como la quinta ciudad más peligrosa del mundo como consecuencia de una guerra paramilitar por el control del municipio, y aquello a finales de 2019 parecía ya un capítulo cerrado, la detención de Genaro García Luna el 9 de diciembre, vino a remover sucesos históricos anteriormente desestimados.

El exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante la presidencia de Vicente Fox (2001-2005) y exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) espera en una prisión de Dallas, Texas la audiencia del próximo martes 17 de diciembre ante la Corte Federal donde le será confirmada su detención provisional para luego ser trasladado a Nueva York y juzgado por quien condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua en Brooklyn.

Como se publicó en este mismo espacio el miércoles, las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra constituyen la evidencia legal más relevante de la narcopolítica en México. Y aquí es donde Coahuila entra en la ecuación.

Jesús Lemus, periodista internado en el penal federal de Jalisco (2008) –absuelto en 2011– cronicó en su libro Los Malditos 2: el último infierno (Mis historias negras desde Puente Grande), narraciones de su convivencia con los criminales considerados más peligrosos de México. Entre ellos Sergio Villarreal, “El Grande”. Las revelaciones no tienen intención de modificar una sentencia ineludible como sería el caso de un testimonio ante un juez, ni de generar una percepción artificial en la opinión pública como sería el caso de una entrevista o filtración a los medios de comunicación. Se trata de historias que buscan, en todo caso, presumir hazañas delincuenciales ante compañeros de celda en la soledad de la reclusión y el aislamiento. Un confesionario colectivo. Ahí radica su valor.

Por supuesto: habrá quien desestime los dichos de un presidiario por su condición, como si la pérdida de libertad y derechos políticos implicase también una pérdida de credibilidad. A continuación, sin embargo, cito textualmente algunos pasajes de mayor relevancia para el Estado.

“‘El Grande’ continuaba presumiendo que conocía bien al presidente Calderón. Según narraba en prisión el exjefe de sicarios, su relación fue más que ocasional. No se limitó a un encuentro entre los dos en el bautizo de la hija del Senador panista, Guillermo Anaya” (excandidato a la gubernatura de Coahuila en 2011 y 2017).

“La cercanía entre Calderón y Anaya era el mejor aval de ambos. Y es que Villarreal tiene lazos familiares con el otrora Senador: un hermano del sicario, llamado Adolfo, estuvo casado con Elsa Anaya, hermana del panista, cuando este fue Alcalde de Torreón. Precisamente en ese tiempo, entre 2003 y 2005, ‘El Grande’ asentó su presencia en la zona de Torreón.

“Uno de sus aliados en la lucha por Torreón –lo dijo en voz alta en las mazmorras de Puente Grande– supuestamente fue el entonces alcalde, Anaya Llamas, al que se refería como ‘mi pariente’ y quien luego sería Senador por el PAN con el respaldo incondicional de Calderón, del que se hizo compadre el 24 de agosto de 2006 mediante el bautizo mencionado. Era insistente en su cercanía familiar y personal con él, del que una vez aseguró le había asignado ‘un equipo de trabajo para hacer algunos negocios’”.

Hasta aquí se preguntará usted: ¿y qué tiene que ver esto con García Luna?

Que según la narrativa de Lemus, el trasiego de drogas en la Comarca Lagunera fue posible originalmente mediante un grupo delictivo integrado por exescoltas de García Luna, uno de los cuales mantenía enlace directo con este, bajo el mando de “El Grande”.


Cortita y al pie

En el número 1777 la revista Proceso da cuenta de la demanda que Anaya interpuso en contra de un corresponsal del semanario por el reportaje Infiltración Total, publicado en marzo de 2007. “Aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León Tello (hoy presidente del PAN en Coahuila), con lo cual desvirtuó la declaración del Senador panista”.

Por su parte Ricardo Ravelo en su libro Los Incómodos 2 (los gobernadores que amenazan el futuro político del PRI), escribe que “la protección del régimen de Felipe Calderón hacia ‘El Grande’ comenzó como un rumor en el año 2006 (…) en la Comarca Lagunera los reflectores se centraron en la persona de Guillermo Anaya Llamas, senador de la República”.


La última y nos vamos

Todo lo anterior, por lo demás, se trata de la génesis de la violencia que se gestó en Torreón y ocasionó 2 mil 796 homicidios de 2008 a 2018, según cifras del INEGI, y 543 desaparecidos de 2000 a 2017, de acuerdo con el reporte Historia, Retos de Mejora y Cifras del Registro de Personas Desaparecidas, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado en 2019. Aquellos definidos en su día por Felipe Calderón simplemente como “daños colaterales”.

Para no olvidar ni echar en saco roto.
11 Diciembre 2019 04:08:00
La personalísima historia de García Luna con Coahuila
Coahuila tiene su historia particular con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrestado el lunes en Dallas, Texas, por tres cargos de “conspiración para distribuir internacionalmente cocaína”, y uno más por declaraciones falsas.

Pero primero el contexto: se trata, para dimensionarlo políticamente, de la detención más importante de la última década. Por encima, incluso, de los exgobernadores encarcelados por hechos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, o de la misma Rosario Robles; única secretaria de Estado recluida en la historia contemporánea. Su trascendencia radica en la tesis que se puede inferir con los datos expuestos a través de un comunicado de prensa por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en específico del fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue: el Gobierno del Presidente que “declaró la guerra al narco” era, en realidad, un narcogobierno.

En otras palabras: en el país de las narcoseries y la narcocultura, hasta hoy se presenta la evidencia legal más relevante de la narcopolítica. García Luna, por consecuencia, será juzgado en Brooklyn como en su día lo fue Joaquín “El Chapo” Guzmán, en cuyo juicio (2018) se presentaron testimonios que lo incriminan. Concretamente dos sobornos del cártel de Sinaloa, uno en 2005 y otro en 2007, el primero por 3 y el segundo por 5 millones de dólares, a cambio de protección para sus actividades.

Así, mientras las acciones contra la delincuencia eran unas a ras de suelo, reducidas a combatir fuego a fuego grupos paramilitares creados indirectamente por el mismo Estado, el Policía Federal número uno de la nación rendía cuentas a un Estado supranacional. Metaconstitucional.

Radicado en Florida, desde donde ofrecía supuesta “consultoría” en temas de seguridad a través de su empresa GLAC Consulting, fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones de 2001 a 2005, durante la presidencia de Vicente Fox. Ahí comenzó todo. Lo que el Departamento de Justicia define como “una operación criminal, organizada, sistemática y transnacional, perpetrada de 2001 a la fecha”, y por la cual estima de 10 años de prisión a cadena perpetua.

Como se recordará, García Luna era responsable de la seguridad nacional cuando sucedió la masacre de Allende (del 18 al 22 de marzo de 2011). Dicho de otra forma: cuando el Estado mexicano abandonó a su suerte regiones enteras. Cuando cedió al crimen organizado el monopolio de la fuerza. El origen de la descomposición social como consecuencia de la descomposición política. Y no al revés.

Sin embargo en La Laguna también hace aire. En su libro El Último Infierno (Mis historias negras desde Puente Grande), conocido como Los Malditos 2 (2016), el periodista Jesús Lemus Barajas, narra su estancia en el reclusorio penitenciario federal de Jalisco, sitio donde fue internado de 2008 a 2011, e insólitas revelaciones de los criminales más peligrosos del país, sus compañeros de celda.

De primera mano, y en primera persona, en el Capítulo I titulado Un Lugar Cómodo para el Grande”, expone un triángulo de colusión entre Felipe Calderón, Genaro García Luna y Guillermo Anaya Llamas, excandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila en 2011 y 2017 (citado en su etapa de Presidente Municipal de Torreón y posteriormente senador), con el excuñado de Anaya, Sergio Villarreal, “El Grande”, que permitió a este último controlar el trasiego de drogas en la Comarca Lagunera mediante un grupo delictivo integrado por exescoltas de García Luna, uno de los cuales mantenía enlace directo con este.

Ojo: no se trata de testimonios judiciales con la intención de modificar una sentencia, sino de historias personalísimas contadas a través de relatos vivenciales en el horror de la prisión. Ahí su valor.


Cortita y al pie

Ahora bien, el tema puede ser visto desde una perspectiva geopolítica ligando sucesos y circunstancias de los últimos días. Me explico. Asila México al presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales. Trump amenaza con intervenir en México usando como coartada el extrañísimo caso LeBarón, ocurrido encima del yacimiento de litio más importante del país. Evo Morales, incomodó a Estados Unidos entre otras cosas por sus políticas con el litio, abandona nuestro país el mismo día que cesa la intención de combatir narcotraficantes en calidad de terroristas. Como colofón, el Senado en Estados Unidos acuerda ratificar el T-MEC con México y Canadá, y el mismo día su Departamento de Justicia detiene a Genaro García Luna en Texas.


La última y nos vamos

Por lo demás, no sorprende sea Texas el brazo ejecutor de la justicia. Siempre Texas. Lo mismo con Javier Villarreal o Jorge Torres que con Rolando González o Manuel “El Mono” Muñoz. Y ahora, en Dallas, cayó García Luna. Personajes de una u otra forma relacionados con la entidad.

No hay duda: a cada cerdo le llega su San Martín… aunque aún es grande la porqueriza. Por ello más de uno desearía se produzca un efecto dominó en forma ascendente, descendente y colateral.
08 Diciembre 2019 04:09:00
Los $12.7 millones que ‘necesitan’ para contar 25 dedos
Pasó desapercibido, como casi todo lo que sucede en el Congreso del Estado. Pero el 22 de agosto el Poder Legislativo de Coahuila consumó la ‘licitación’ de un “sistema electrónico de registro de asistencia y votación” que estrenó con fallas tres meses después, el pasado 29 de noviembre, y costó 12 millones 737 mil 197 pesos.

Y aquí viene lo interesante: tecnología similar, adquirida con el mismo proveedor, Audio Video & Control, S.A. de C.V., en 2007, había costado 3 millones 663 mil 380 pesos entonces, ya con IVA incluido. En 2019, sin embargo, los legisladores pagaron 350% de más por el mismo servicio, lo cual significa un sobreprecio de 9 millones 73 mil 817 pesos.

Consultado al respecto por quien esto escribe, un distribuidor especializado de Nuevo León cotizó en 3.5 millones de pesos los requerimientos establecidos en las bases de la convocatoria 018 expedida por el Congreso, identificada con el folio CE-905002984-E24-2019, que da pie a esta columna. Misma conclusión: se fueron 9 millones arriba.

Cabe recordar que Marcelo Torres Cofiño, diputado panista y presidente de la Junta de Gobierno en el segundo año de la Legislatura, es el responsable de la Oficialía Mayor (a cargo de Rafael Delgado Hernández) y la Tesorería (cuyo titular es Fernando Oyervides Thomas), órganos administrativos encargados de la compra en 2019.

Y también es pertinente señalar un par de premisas antes de avanzar. En primer lugar que la tecnología, como producto del mercado, al evolucionar se abarata. No se justifica, por tanto, el exponencial aumento de precio en el factor modernidad. Segundo, para dimensionar el asunto: hablamos de 25 diputados locales como usuarios, no 500 como los federales en San Lázaro. Es decir, contar 25 dedos –si acaso acuden todos a sesión, ya que regularmente hay faltas– no es lo mismo que 500. No requiere ciencia ni sofisticadas técnicas, pues.
Finalmente otro dato a tomar en cuenta: en 2007 había 31 diputados locales. En 2019, gracias a la redistritación y reforma electoral, hay seis menos, lo cual debería representar necesariamente menor gasto.

En 2007, Audio Video & Control, S.A. de C.V. domiciliada en Polanco, Ciudad de México, y representada por Marco Antonio Castellanos Matadamás, vendió al Congreso del Estado un “sistema parlamentario de asistencia y votación electrónica” que incorporaba video, audio, grabación y automatización.

Además amplió el ancho de banda en el edificio, suministró equipos de cómputo, cámaras robóticas y pantallas de plasma, incluyendo cableado e instalación, adecuaciones y remodelación de espacios (como un cuarto frío y áreas para mantenimiento). Todo lo anterior, se ha dicho ya, costó 3 millones 663 mil 380 pesos.

Doce años después de nueva cuenta fue contratado Audio Video & Control, S.A. de C.V. al presentarse como único participante a la licitación, y realizó un trabajo equivalente –con la natural evolución de las telecomunicaciones y especificaciones técnicas– por un monto de 12 millones 737 mil 197 pesos.

Como consta en el oficio CEC/T2019/121 del 10 de julio, el tesorero del Congreso afirmó que “el costo de dicho proyecto” se encontraba “debidamente cubierto con un techo financiero” hasta por 13 millones 545 mil pesos, según el capítulo 5000 del presupuesto 2019 (bienes muebles, inmuebles e intangibles), y solicitó apoyo a la Secretaría de Finanzas un mes antes de iniciar el único proceso de licitación en lo que va de 2019 (el gasto público restante han sido adjudicaciones directas). Dicho de otra manera: ya tenía el negocio con fondos estatales preparado, solo faltaba darle forma.

En su defensa dirán que si la inversión de 2007 sirvió para cuatro legislaturas (o sea 12 años), no quiere decir que cada periodo tenga que renovarse, con lo cual se amortizará el precio. De acuerdo, aunque hay un detalle: solo una Legislatura es la que hace negocio. En este caso la actual. Ahí el quid de la cuestión.

Cortita y al pie
Por lo demás, se trata de una Legislatura esencialmente dividida. Con 12 curules canteadas hacia un lado y 13 inclinadas hacia el otro. Donde su afinidad política lo es todo y pesa más que lo votado. Por ello se sabe de antemano qué postura van a tomar los 25 diputados locales con solo saber de dónde proviene la iniciativa, sin entrar al fondo de los temas.

Así quedan reducidos a oficialía de partes, por un lado, y a legisladores de talante prohibicionista cuando se ponen creativos (pues cualquier propuesta propia, sin importar el grupo parlamentario del que surja, tiende a restringir actividades en Coahuila o aumentar las penas por regla general). Son tan predecibles que no hay sorpresas ni las habrá durante el tercer y último año de la Legislatura.

La última y nos vamos
Los diputados vacacionaron 15 días en el marco del Buen Fin para dar espacio a la instalación del equipo en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo y, en la primera donde se usaría, el 29 de noviembre, este fallo.

A escasos 23 días de concluir el segundo periodo ordinario de 2019, año donde Marcelo Torres Cofiño presidió la Junta de Gobierno (el primero para un partido distinto al PRI en la historia contemporánea de la entidad), su labor deja un legado: facturar 9 millones de pesos de más en la única licitación que pasó por sus manos. Y no, no es la inflación el motivo, sino la corrupción.
02 Diciembre 2019 04:11:00
Villa Unión 2019 Vs. Allende 2011: reacciones distintas a hechos iguales
Otra vez Los Cinco Manantiales. Otra vez grupos de civiles armados asaltando en convoy. Otra vez a plena luz del día y en fin de semana. Aterrorizando. Como en 2011.

Pero entonces nadie respondió. Mil 451 llamadas telefónicas a los servicios de emergencia realizadas del 18 al 22 de marzo desde Piedras Negras y Allende nunca fueron atendidas. El Estado abandonó a su suerte regiones completas.

Tanto el Gobierno federal (encabezado por Felipe Calderón) como el Gobierno estatal (encargado a Jorge Torres López) renunciaron al monopolio del uso de la fuerza. Lo cedieron, más bien, al crimen organizado.

Sin embargo en 2019 ha sido diferente. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario, reza la Tercera ley de Newton. Y así sucedió. La irrupción de grupos paramilitares a Villa Unión el sábado 30 de noviembre, a escasos 65 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se puede resumir con datos que necesariamente arrojan un resultado, como el número de muertos (20), la duración de “la balacera” (hora y 45 minutos), los vehículos decomisados (17) o a qué grupo pertenecían abatidos y fallecidos en el enfrentamiento con armas de fuego (14 presuntos delincuentes, 4 elementos de seguridad y 2 civiles). Adyacente a lo anterior hay seis heridos y un helicóptero dañado.

En el tema de la seguridad pública, cabe señalar, el Gobernador de Coahuila no ha repartido culpas ni escurrido el bulto, como sí lo han hecho irresponsablemente ante circunstancias similares otros mandatarios, especialmente de extracción panista.

Su presencia en el lugar del enfrentamiento encabezando el operativo apenas horas después de rendir su Segundo Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, y no en el siempre lucidor evento de encendido del pino navideño en la Plaza de Armas, da un mensaje en el sentido correcto el día más importante del calendario.

Hace ocho años Torres López –hoy encarcelado en Estados Unidos– abandonó una boda en Piedras Negras luego de ser avisado de los hechos en Allende, y fue resguardado en Saltillo. Nunca dio la cara y la masacre fue ocultada.

Mientras en Allende se supo de la masacre hasta semanas después, como si al Municipio lo hubiese tragado una dimensión desconocida, en Villa Unión los hechos fueron reportados en tiempo real. Al momento de redactar estas líneas todo mundo ya vio circular en redes sociales los videos grabados por sus habitantes.

Sin un objetivo definido, más allá de violentar las instituciones –en este caso materializadas en el inmueble de la Presidencia Municipal– los pistoleros dejaron su impronta en la fachada del edificio, agujereada cientos de veces por balas de grueso calibre. La estrategia de la sicosis. O asolar territorios enteros, de por sí escasamente poblados; provocar un éxodo. Cabeza de Vaca, desde Tamaulipas, le puso nombre al fenómeno: Narcoterrorismo.

Por su parte Ignacio Alvarado, autor de Terror en Coahuila: Hasta 300 De-saparecidos en la Masacre Olvidada de México, lo resume con economía de palabras: “allí, donde supuestamente se disputan el territorio grupos de traficantes, es donde se concentran recursos naturales a punto de ser explotados por las oligarquías locales, en contubernio con conglomerados transnacionales”.

Al respecto existen múltiples trabajos periodísticos interesantes donde sobresale la misma hipótesis: un alto nivel de violencia con asesinatos y desapariciones en las zonas con recursos naturales importantes, a fin de agilizar el desplazamiento forzado de las poblaciones en cuyo subsuelo hay recursos energéticos.

Ahí están, por ejemplo, Los Cárteles No Existen: Narcotráfico y Cultura en México”, de Oswaldo Zavala; Las Guerras Ocultas del Narco, de Juan Alberto Cedillo; Los Zetas Inc., de Guadalupe Correa-Cabrera; Ni Vivos Ni Muertos: La Desaparición Forzada en México como Estrategia de Terror”, de Federico Mastrogiovanni; y Capitalismo Antidrogas: Una Guerra Contra el Pueblo, de Dawn Paley.


Cortita y al pie

Un detalle a considerar: las brechas de terracería que comunican Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que sirven para que grupos delincuenciales se internen en territorio estatal, fueron abiertas por Lewis Energy, la única empresa que tiene autorización para practicar la fractura hidráulica en una parcela de 398 kilómetros cuadrados, en Coahuila, y desde 2004 opera en la entidad con un contrato (414104806, en poder de quien esto escribe) por 15 años que fue renovado en 2018 por otros 15. Inclusive a esos caminos se les conoce como “La Brecha del Gas”.

Por ello conviene poner especial atención a los asuntos ocurridos en la franja fronteriza en los últimos días, pues el orden de los factores sí altera el producto. Me explico.

El pasado 26 de noviembre Trump declaró en una entrevista que ha estado trabajando “los últimos 90 días” en un plan de intervención militar en México a partir de designar terroristas a los narcotraficantes, cuando el extrañísimo caso Le Barón –que supuestamente motiva su amenaza– había ocurrido solo 22 días atrás a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Como si el interés existiese de tiempo atrás, y los Le Barón sirviesen solo de coartada y caballo de Troya.


La última y nos vamos

Por lo demás, la disputa es eminentemente territorial (de ahí el concepto sugerentemente llamado “efecto cucaracha”) y ante situaciones de alerta y máximo riesgo para la población civil uno esperaría acciones contundentes como las demostradas por el Estado Mexicano el 30 de noviembre (aunque se pueden cuestionar también los protocolos policiacos y militares: ¿exceden el uso de la fuerza, se trata de ejecuciones sumarias?).

En el inoperante sistema de justicia, donde la corrupción e impunidad imperan, estos cuentan con respaldo popular. Luego de librar situaciones de crisis y fuerza mayor uno esperaría también inteligencia y estrategia, ojos bien abiertos a factores externos como la hipótesis de “calentar” la Cuenca de Burgos, en la “República del Río Bravo”.

Huele a gas. Las venas energéticas de Coahuila pasan por Villa Unión y Allende. No está de más considerarlo.
01 Diciembre 2019 04:09:00
La otra cara del Fondo Minero: la conexión Sabinas-Monclova
Una de las novedades para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es que desapareció el Fondo Minero, bolsa que de 2014 a 2017 significó 173 millones 931 mil pesos anuales en promedio para Coahuila, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable de su gestión.

Se ha publicado aquí que Armando Guadiana y Eva Galaz, ambos legisladores de mayoría que representan a la entidad, huyeron de su responsabilidad al no asistir –sin causa justificada, pues estuvieron presentes ese mismo día en la Cámara alta– a la trascendental discusión en el Senado del pasado 24 de octubre que, tras una votación dividida (de libre albedrío para los grupos parlamentarios, sin línea como en otras) y con diferencia de apenas cuatro votos, provocó se extinguiese el Fondo y por consecuencia dejase al Estado sin ese ingreso.

Los morenistas no se comprometieron, ni a favor ni en contra, antecedente que los identificará de ahora en adelante. Pero en 2019 todavía hubo recursos para los municipios de la Región Centro y Carbonífera, ya bajo la denominación Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras. Y aquí viene lo interesante.

El Alcalde de Sabinas, emanado de la coalición UDC-PAN, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, ejerció un monto etiquetado de 65 millones 751 mil pesos, el más alto para un municipio de la entidad solo por detrás de Sierra Mojada, el mayor beneficiado –al menos en el papel– año tras año desde su creación.

Si bien originalmente habían sido contempladas nueve obras públicas en Sabinas, realmente cuatro de ellas fueron ejecutadas con dicho Fondo: “la construcción de elevación del vado del río Sabinas, cubriendo 190 metros lineales en la colonia Lázaro Cárdenas”, entregada por 26 millones 285 mil pesos a Cedro Constructora, S.A. de C.V.; y la “construcción de 4 mil 589 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Santo Domingo”, asignada por 6 millones 5 mil 952 pesos a Construcciones y Desarrollo de Asentamientos Humanos, S.A. de C.V.

Otro proyecto favorecido fue el “reemplazo de pasto sintético y barda ciclónica en la cancha de futbol soccer 11 de la Unidad Deportiva Conrado Marines”, agenciado por 8 millones 913 mil pesos a Proyectos y Representaciones Comerciales La Riojeña, S.A. de C.V., sociedad mercantil domiciliada en Saltillo y compuesta por tres socios.

Uno de ellos, Jesús Delabra Monsiváis, registrado como chofer en la Secretaría de Salud del Gobierno estatal durante la Administración anterior, y otra, Gabriela Yazmín Galavíz Gándara, empleada de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrita a la Tesorería General, en el departamento de “Cuentas por Cobrar”. Curioso, por decirlo de alguna manera.

Finalmente el Ayuntamiento de Sabinas contrató a Construcciones Nagu, S.A. de C.V., propiedad de los padres del Presidente Municipal de Monclova, Alfredo Paredes López, para la “construcción de 2 mil 745 metros lineales de colector de aguas negras para varias colonias del sector Norte de la cabecera municipal”, a un costo de 8 millones 245 mil pesos.

Aquí lo importante no es la cantidad (nada despreciables 8.2 millones) sino el hecho. Como el Fondo Minero tenía reglas de operación flexibles, abría la oportunidad a situaciones escandalosas como esta.

Cito un ejemplo: de acuerdo con los Lineamientos para la aplicación de los recursos, establecidos en 2017, “será responsabilidad de cada entidad federativa, municipios o demarcación que su ejercicio se efectúe de acuerdo con las disposiciones aplicables”. Y nada más.


Cortita y al pie

El fallo de las cuatro presuntas licitaciones mencionadas fue formalizado extrañamente el mismo día: 29 de diciembre de 2018 (en plenas vacaciones y a dos días de cerrar el ejercicio fiscal) con la firma del edil, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.

Es el caso del expediente LO-805028954-E7-2018 a favor de Construcciones Nagu, S.A. de C.V., empresa constituida por Mario Alfredo Paredes Treviño, padre del Alcalde de Monclova, y Ricardo López Campos, tío del Edil.

Las acciones fueron vendidas posteriormente (en 2007) a María Guadalupe López Campos (madre), como consta en la escritura 54 de la Notaría Pública 8, en Monclova, en poder de quien esto escribe.

Para cerrar el círculo familiar, como apoderada de la persona moral figura Nancy Guadalupe Paredes López (hermana del Presidente Municipal).

¿Hay conflicto de interés o delito qué perseguir? Técnicamente podría no haberlo, aunque todo el procedimiento les retrata de cuerpo entero.


La última y nos vamos

Así se realiza la conexión: Bansefi transfiere a las arcas municipales el Fondo Minero, un Alcalde udecista-panista lo reparte a través de obra pública, y uno de los beneficiados es una constructora de la familia de otro Alcalde vecino, a 115 kilómetros de distancia, también panista. ¿Sin recibir una retribución a cambio?

Qué chulada.
24 Noviembre 2019 04:06:00
Los sampetrinos que facturaron $57 millones a la UAdeC en la Rectoría de ‘Chava’
Usando tres razones sociales distintas y en solo cinco años de operación, una familia –madre, padre y primogénito– de San Pedro de las Colonias facturó 42 adjudicaciones de obra pública por un total de 84 millones 449 mil 206 pesos a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), de las cuales 68% (57 millones 294 mil 556) les fueron otorgadas en un lapso menor a dos años, entre febrero de 2018 y noviembre de 2019, sin mediar licitaciones.

Para dimensionar el gasto: hay municipios de Coahuila que no suman ese monto de inversión durante todo un ejercicio fiscal. Ahora bien, a diferencia de los 400 millones de pesos fugados de su presupuesto a través de factureras en 2016 y 2017, como publicó Grupo Zócalo, el caso que nos ocupa ya no es herencia del exrector, Blas Flores Dávila, sino contrataciones realizadas durante la Rectoría de Salvador Hernández Vélez.

Se trata de las empresas Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V. y Polígono 93 Arquitectos, S.A. de C.V., constituidas en San Pedro de las Colonias en 2014 y 2017 respectivamente, además de “Micaela Edificaciones”, perteneciente a la persona física Guadalupe Micaela Sánchez Amador. También figuran como dueños de Constructora DIMHSA, S.A. de C.V., si bien ésta no participa en la repartición.

Con ellas José Humberto Díaz Morales y su hijo, Maximiliano Díaz Sánchez, de 25 años, se han agenciado sistemáticamente las obras de mayor cuantía ofrecidas por la Universidad, la mayoría genéricas y de difícil fiscalización, pese a que ambas constructoras son de reciente creación y cuentan con un capital social de solo 100 mil pesos.

De acuerdo con la información pública disponible, los sampetrinos acapararon 10 contratos en 2018, y ocho en lo que va de 2019. Faltan por anexar los 13 concursos por invitación que tiene programados la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios de la UAdeC, todos por concepto de “mantenimiento general”, y que se fallarán del 2 al 4 de diciembre próximo.

Aunque dos de ellos, uno en Monclova (IO-905056966-E13-2019) y otro en San Pedro de las Colonias (IO-905056966-E17-2019), ya están reservados para Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V. y Polígono 93 Arquitectos, S.A. de C.V. en ese orden.

En defensa de la máxima casa de estudios del Estado dirán que no es gasto, sino inversión. Que se trata de rehabilitar y acrecentar el patrimonio. Que no son bienes consumibles, sino algo que quedará de forma permanente.

Sin embargo, el asunto evidencia las malas prácticas de la UAdeC ya que, de entrada, no utiliza principios de gobernanza pública como eficiencia o economía en sus contrataciones.
Resulta ilógico, por citar un ejemplo, que una empresa radicada en una casa de interés social en la colonia Quintas del Nazas, al oriente de Torreón, como Proyectos Constructivos Alto, S.A. de C.V., sea idónea para realizar un trabajo tasado en 23 mil 519 pesos en Piedras Negras, cuando este no ocupa labores específicas y cualquier otro particular de la Región Norte podía realizarlo sin necesidad de desplazarse 605 kilómetros de ida y la misma distancia de vuelta (contrato 59/18-O, por “reparación de fugas en sanitarios” en la Escuela de Medicina, Unidad Norte).

Cortita y al pie
Por lo demás, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación consumada el pasado jueves, se confirma que no habrá una partida extraordinaria de 571 millones de pesos para 2020 como pedía la UAdeC para “sanear” sus finanzas.

El Gobierno federal contempla solamente la cantidad ordinaria, etiquetada en mil 461 millones 813 mil 829 pesos para el próximo año; cifra que deberá ser duplicada por el Gobierno del Estado, y anexados los ingresos propios de la Universidad para determinar el ingreso global, estimado alrededor de los 3 mil millones de pesos.

Eso significa que de nada sirvió la correspondencia enviada a la Cámara de Diputados por el Congreso de Coahuila, a iniciativa del diputado local Jaime Bueno y el Grupo Parlamentario del PRI, ni una supuesta comunicación del senador por Coahuila, Armando Guadiana, entregada al cuarto para las 12 de cerrar el plazo para presentar propuestas. Ambas para respaldar la petición de dinero extra.

Cabe cuestionar entonces la utilidad real de los legisladores locales y federales en situaciones particulares o de apremio. Como gestores de asuntos trascendentales, pues. Para qué sirven si no son capaces, siquiera, de hacerse escuchar. Ya no digamos cambiar el estado actual de las cosas.

La última y nos vamos
De Perogrullo: en la obra pública está el negocio particular y en la UAdeC lo saben. Pero lo más importante: lo ejercen. Y eso que les urgían recursos adicionales.
17 Noviembre 2019 04:09:00
El cabritero que tuvo su Buen Fin en el Tribunal de Coahuila
Octubre pasado no fue cualquier mes para el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. En un hecho inédito para las finanzas del órgano jurisdiccional, durante los últimos 31 días que Miriam Cárdenas Cantú lo presidió, la Oficialía Mayor bajo su responsabilidad pagó 304 facturas por bienes y servicios que suman 22 millones 885 mil 394 pesos en adjudicaciones directas.

La cifra es relevante, de entrada, pues el promedio de gasto mensual en 2019 (enero a septiembre) había sido 8 millones 128 mil 360 pesos. Alto, de por sí. Eso significa que aumentó 281 por ciento. Casi se triplicó en octubre. Pero si comparamos la cantidad con el mismo mes de 2017, por mencionar un ejemplo proporcional, el salto es cuántico ya que el Tribunal había desembolsado entonces 2 millones 803 mil 810 pesos. Ocho veces menos. O si la cotejamos con octubre de 2016, cuando erogó 1 millón 146 mil 992 pesos, resulta 20 veces menos. Dicho de otra forma: las adjudicaciones directas crecieron 2000% de 2016 a 2019, durante la presidencia de la exmagistrada.

Para dimensionar el dispendio: los 22.8 millones de pesos ejercidos en solo cuatro semanas, sin invitación a terceros ni licitación pública, equivalen al presupuesto anual del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) en 2019. Del total erogado destacan 52 comprobantes fiscales justificados como “mantenimiento de inmuebles”, mismos que representan 6 millones 45 mil 47 pesos. Además 612 mil 860 pesos por concepto de “asesorías”, y 477 mil 885 pesos en “alimentos”.

Pero un caso especial es el proveedor de productos de limpieza denominado GGZ Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

Como se publicó en este mismo espacio el 27 de octubre, este se embolsó 6 millones 134 mil 916 pesos del Tribunal vía 19 adjudicaciones directas, la mayoría en 2019. En el octubre que nos ocupa, para no variar, se agenció 4 millones 401 mil 207 pesos más a razón de 12 supuestas contrataciones genéricas y difíciles de fiscalizar, como “equipo de oficina” o “mobiliario y equipo”. En total obtuvo 10 millones 536 mil 123 pesos en su primer año como “empresa”, ya que apenas había sido creada el 3 de julio de 2018 con domicilio fiscal en Parras de la Fuente, según el acta constitutiva 264 emitida en la Notaría 77 de Saltillo (cuyo titular es Luis Fernando Valdés Cabello), en poder de quien esto escribe.

Y aquí viene lo interesante. Su “gerente administrador” y apoderado legal es el neoleonés Gabriel Garza Zambrano. Dueño, a su vez, de la razón social Caprinos del Norte, S.A. de C.V. como ganadero caprinocultor (criador de cabritos; casualmente, el negocio por excelencia de la familia Cárdenas Cantú, hermanos de Miriam, restauranteros también de origen neoleonés).

Asimismo participa como socio y administrador único en la persona moral Servicios Clean Place, S.A. de C.V., a través de la cual cobró 5 millones 669 mil 834 pesos al Tribunal mediante 12 exhibiciones. Un promedio de 472 mil 486 pesos por operación a pesar de que su objeto social como empresa es el “lavado de alfombras”.

Así, en total, el cabritero favorito se llevó 16 millones 205 mil 957 pesos.


Cortita y al pie


Otro beneficiado por el Tribunal en octubre fue Procurador de Insumos, S.A. de C.V., quien obtuvo 300 mil 53 pesos gracias a cuatro facturas (presentadas los días 3, 10, 11 y 14) pese a tratarse de una sociedad mercantil que inició su proceso de disolución el 23 de abril de 2019, como se publicó en este mismo espacio el 20 de octubre.

Tiene domicilio fiscal en Saltillo pero sus socios radican en Apodaca, Nuevo León, aunque fue registrada en el padrón de proveedores con ubicación en la localidad Tlacotepec (6 mil 848 habitantes) del municipio General Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero.

Anteriormente había facturado un millón 716 mil 929 pesos al Tribunal que, sumados al monto de octubre, dan un saldo a favor de 2 millones 16 mil 982 pesos durante la presidencia de Miriam Cárdenas, pese a ser una compañía legalmente liquidada. Un caso de “éxito” sin precedentes.

Por su parte, el proveedor favorito del Instituto Electoral de Coahuila: XM Comunicación, S.C., quien había cobrado 878 mil 818 pesos durante la gestión de la exmagistrada, el último mes facturó 310 mil 880 pesos más por conceptos como “gastos de orden social”, “asesorías” y “gasolina a flotilla de vehículos por medio de carga con holograma”, ninguno de los cuales tiene correspondencia con el giro del servicio que presuntamente presta: video y multimedia.

Finalmente Obras KWX, S.A. de C.V., facturera creada en serie junto a otras el mismo día en la extinta Notaría 81, cuyo socio es un “intendente” de la Universidad Autónoma de Coahuila y tiene domicilio fiscal en una bodega del bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo, será puesta en proceso de liquidación a finales de noviembre a consecuencia de las publicaciones del 20 y 27 de octubre, lo cual supone borrar evidencia de su actuación. Con ella fueron facturados 3 millones 711 mil 12 pesos del Tribunal.


La última y nos vamos

De todo lo anterior hay una posible explicación. Que al cerrar un ciclo administrativo en octubre, en este caso al frente de la Oficialía Mayor, se facturase todo “lo pendiente” antes de consumar el proceso de entrega-recepción luego del extemporáneo relevo en la presidencia del Tribunal; por ello el exponencial aumento hasta 22 millones 885 mil 394 pesos.

Sin embargo hay otra hipótesis. Que a río revuelto, alguien vio la coyuntura perfecta –tal vez la última oportunidad– para adelantar su Buen Fin con cargo al erario. Y obtener ganancia de pescadores.
10 Noviembre 2019 04:09:00
Los $571 millones que urgen a la UAdeC: el falso dilema
El notario que constituyó empresas fantasmas vinculadas a la paradigmática investigación de la Estafa Maestra también creó una que no facturó a Sedesol o Sedatu entre 2014 y 2016 dentro de la misma trama, sino a la Universidad Autónoma de Coahuila en 2017 durante el rectorado de Blas Flores Dávila (hoy secretario de Finanzas del Gobierno Estatal).

Reforma publicó el 12 de septiembre de 2018 el testimonio de un repartidor de gas a quien le fue usurpada su identidad y aprovechada para registrarlo como socio de una supuesta compañía, denominada Servicios Empresarias Helte, que recibió 494 millones de pesos en costales de dinero. El trabajador, por supuesto, ni enterado estaba.

El incidente registral ocurrió en la Notaría 96 de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo titular es Leonardo Alfredo Beltrán Baldares.

Curiosamente, la referida persona moral inició su proceso de disolución mercantil el 14 de septiembre de 2018, es decir, dos días después de la publicación periodística, como consta en el documento 40170, acta de asamblea general extraordinaria, en poder de quien esto escribe.

Pero en Coahuila también hace aire y tenemos un ejemplar: Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. Dicho proveedor, constituido en el Estado de México (sede, por lo demás, del mayor número de factureras en el país de acuerdo con el SAT), facturó 19 millones de pesos a la UAdeC en 2017 por la supuesta “renta de equipos de topografía”.

La empresa tiene domicilio fiscal en calle Lago Chalco 156, colonia Agua Azul, de Ciudad Nezahualcóyotl. Una humilde vivienda multifamiliar con cuartos consecutivos de precaria construcción, para mayor referencia. Sitio donde presuntamente habita la socia y representante legal, de nombre Deisy Ramírez Maldonado, de 31 años. Y se inscribió, como se dijo al principio, el 12 de enero de 2016 en la Notaría 96 de Leonardo Alfredo Beltrán Baldares. Fedatario que ha sido cuestionado por la creación de 75 factureras vinculadas con el caso que tiene a Rosario Robles en la cárcel.

En el padrón de proveedores de la máxicam casa de estudios en cambio, Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V. fue inscrita con domicilio en avenida Tamaulipas 130 de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México; sitio donde se ubica realmente una cafetería.

Al respecto, el 7 de octubre de 2018, Zócalo publicó que más de 400 millones de pesos fueron saqueados de la universidad mediante 60 supuestas empresas que fueron identificadas a través de documentos fiscales expedidos. No están en la cuenta pública oficial ni constan en las adquisiciones directas que año con año la Tesorería General reporta en el apartado transparencia, lo cual evidencia una doble contabilidad que no se explica sin la impericia –o complicidad– de la Auditoría Superior del Estado.

Una de ellas fue Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol, S.A. de C.V.
Y aquí viene lo interesante. El 26 de septiembre, el actual Rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podrá pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin). Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.

Su carta encontró eco en el Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por Jaime Bueno Zertuche, quien formuló un punto de acuerdo que fue votado de urgente y obvia resolución por unanimidad el 16 de octubre. “Es indispensable contar con este monto, para que la Universidad pueda sanear sus finanzas”, decía literalmente. Y llama la atención el verbo empleado: sanear. Asimismo conminó al Congreso de la Unión para que “analice la problemática a la que se estará enfrentando la UAdeC de aprobarse el Presupuesto de Egresos 2020 en los términos actuales, y considere destinar mayores recursos”.

El 6 de noviembre, no obstante, el diputado Juan Antonio García Villa informó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que éste ya no apoyaría la petición original ya que la Legislatura congeló la invitación al Rector a comparecer en el Congreso del Estado para explicar las observaciones financieras que le hizo la Auditoría Superior del Estado, como solicitaban los panistas.

Cortita y al pie
Lo importante, sin embargo, está en otra parte: en la redacción mañosa con que se planteó el asunto. Misma que asume los problemas económicos originados en 2017, año del saqueo a la UAdeC mediante factureras, serán agravados por no tener presupuesto extra en 2020. Y los legisladores piden, así, sin más, que Gobierno Federal tape un hoyo sin indagar las causas que lo originaron.

La última y nos vamos
Se dice que a la UAdeC urgen 571 millones de pesos y la única forma de conseguirlos es pidiendo más recursos al Gobierno federal, vía la gestión de los diputados locales.

Lo anterior constituye un falso dilema pues existen más alternativas posibles a lo argumentado. Están, por ejemplo, las empresas fantasma: siguiendo la ruta del dinero que les fue agenciado en 2017. Los pasos de los pesos. Y con suerte podría colaborar la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación.

Aunque falta, por supuesto, voluntad política y lo más importante: dejar de simular y encubrir.
03 Noviembre 2019 04:08:00
Y Reino Unido dijo no; ¿Coahuila de Guadiana cuándo?
En una espléndida entrevista realizada en Tele Zócalo Matutino, el pasado lunes, el director general de Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos, cuestionó al senador por Coahuila y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara alta, Armando Guadiana Tijerina, sobre las “nuevas técnicas” de fractura hidráulica que, a su juicio, son amigables con el medio ambiente; argumento que había propagado a los medios de comunicación a principios de octubre, en defensa unilateral del método extractivo.

Cuáles son, en qué consisten, dónde se han aplicado, qué resultados han obtenido, fueron las preguntas. Y no, no hubo respuesta. No la hubo sencillamente porque dichas “prácticas novedosas” no existen. Como se ha explicado en este mismo espacio con anterioridad, el secreto industrial impide conocer las fórmulas químicas utilizadas en conjunción con el agua a presión para perforar pozos de manera no convencional y obtener gas Shale. Así que quien diga tenerlas, miente.

Juaristi preguntó entonces a Guadiana si presentaría en noviembre del presente año la iniciativa de ley para regular el fracking pese a la oposición del Presidente de la República, como aseguró haría durante un conversatorio con el Consejo Coordinador Empresarial los días 2 y 3 de octubre, en Saltillo, codo a codo con el exgobernador y también expriista, Rogelio Montemayor.

Al respecto el legislador respondió, sin afirmar o negar nada, que en diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones –lo cual es una obviedad– y que, parafraseando a Timbiriche, “si no es ahora, será mañana”. Es decir, podría hacerlo incluso en 2020.

El asunto no es menor: denota improvisación, interés personal y de grupos de poder, por encima del interés colectivo y contrario al medio ambiente. Guadiana, cabe recordar, cambió de parecer (o sacó el cobre, según se vea).

En campaña, durante una gira de López Obrador por Monclova en abril de 2018, manifestó ahí su oposición al fracking. Y tampoco es cualquier persona: se trata de uno de los actores principales en materia energética. Alguien que debería tratar el tema no solo con responsabilidad, sino con evidencia científica.

Acaba de ocurrir en Reino Unido antier, 1 de noviembre. El Gobierno Británico decretó suspender la fractura hidráulica con carácter inmediato para evitar las perturbaciones que causan los sismos asociados a la práctica, mismos que se intensificaron en agosto pasado. La medida, por si fuera poco, durará hasta que se demuestre se puede utilizar de forma segura.

La noticia es relevante por una razón: el fracking se había reanudado apenas en 2018, luego de siete años de prohibición con base en lo mismo: los terremotos. Así, con elementos objetivos, es el modo ideal para tomar decisiones importantes. No con chistoretes ni aprovechando la coyuntura política para tomar por asalto la tribuna, como sucede en el contexto que nos ocupa.

Es muy simple: para qué experimentar en suelo propio lo que otros ya vivieron en el suyo, si para eso existe ya el derecho comparado. ¿O acaso nuestra entidad es un territorio continental aislado del resto del mundo donde no habría afectaciones porque “Fuerte, Coahuila es”? Como si no habitásemos la misma casa: el globo terráqueo, independientemente que Reino Unido sea un archipiélago.

Con información de la Dirección General de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados, al día de hoy existen tres iniciativas presentadas por la actual Legislatura, dos en la anterior, y tres más en la antepasada, a fin de prohibir el fracking en México.

Ocho en total.

¿A qué esperan? ¿Acaso no hacer nada y dejar la legislación como está –permitiendo la inversión extranjera privada– forma parte de algún acuerdo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá?


Cortita y al pie

Si usted no tiene aún en el radar a Santana Guadiana como representante, traeré a cuento un antecedente que acaba de ocurrir hace 10 días como ejercicio de rendición de cuentas.

El jueves 24 de octubre por la noche se votó en el Senado el trascendental tema del Fondo Minero en el Paquete Fiscal para 2020. Recurso del cual se ve beneficiado anualmente Coahuila, en específico las regiones Centro y Carbonífera, y se estima en 400 millones de pesos por cada ejercicio.

Como se sabe, el legislador es empresario minero y oriundo de Múzquiz. Quién mejor que él, por tanto, para defender a los suyos con conocimiento de causa.

Particularmente cuando había expresado su desacuerdo público con la mayoría de Morena respecto de la nueva aplicación que se daría, de ahora en adelante, a los recursos del Fondo (se seguirán acopiando en una bolsa común, sí, pero ya no serán distribuidos entre los municipios afectados por la minería, sino que financiarán un proyecto específico de la Secretaría de Educación Pública).

El debate se antojaba de antemano dividido y, en efecto, así fue. En una votación cerrada, la mayoría de Morena ganó por 49 a 45 y hubo además dos abstenciones (la Cámara se compone, cabe recordar, por 128 escaños; es decir, faltaron 32).

Ahora bien, ¿qué cree usted sucedió con Guadiana? Pues no asistió al salón de sesiones, como tampoco lo hizo su compañera de fórmula, la monclovense Eva Galaz.

De haber acudido –y votado– el resultado habría sido 49 a 47 y, con su cabildeo para incorporar a otros, tal vez habría cambiado la historia. Y aquí llegamos a un punto medular: si no es en el tablero de votación, entonces dónde se van a reflejar, y especialmente a materializar, los puntos de vista y eventualmente sus posturas.

“No tenía caso”, “ya lo presentaron muy tarde”, “me salí”, fueron sus justificaciones durante la referida entrevista en Tele Saltillo, interpelado acerca del incidente. No habrá, como consecuencia, más dinero del Fondo para Coahuila el próximo año ni los subsecuentes.


La última y nos vamos

Por lo demás, ¿para qué sirven los escaños de mayoría relativa por Coahuila ocupados por Armando Guadiana y Eva Galaz, mismos que obtuvieron 493 mil 462 votos de confianza el 1 de julio de 2018?

Ahora resulta que los presuntamente diferentes, por lo menos en el caso que nos ocupa, son iguales hasta la ignominia. Y sucede a solo un año de haber tomado protesta; cuando todavía faltan cinco para concluir, el distanciamiento de los ciudadanos es acelerado.

Por ello un legítimo clamor popular de cambio expresado en las urnas no puede, ni debe, quedar reducido a la incompetencia e indolencia de alguien que –ahora sabemos– nunca estuvo preparado ni comprometido con el cargo.

Lo que faltaba: estar a las vivas para defendernos de nuestros propios representantes elegidos. Antes opositores. Tenerlos en la mira todo el tiempo ya que son una amenaza latente.
31 Octubre 2019 04:09:00
Jorge Torres en Texas: las falsas ilusiones
Al cumplir prófugo seis años, al fin, Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, se fue a Corpus Christi donde había sido requerido por la Corte para el Distrito Sur de Texas desde octubre 29 de 2013 por los cargos de fraude bancario, postal, electrónico y lavado de dinero.

El asunto es trascendental para el estado, aunque supone básicamente dos vías: las implicaciones legales allá, y las implicaciones políticas acá. Consecuentemente, y dependiendo de ambas, las implicaciones en la opinión pública.

Para comenzar hay que delimitar los hechos. Entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas durante la gestión de Humberto Moreira– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación entonces– 2 millones 762 mil 66 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas. Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, este le fue confiscado. Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Y nada más. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como Mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

No se haga ilusiones: lo anterior ni siquiera será materia de juicio en la Corte. No forma parte de la litis, pues.

Además podría llegar a ser testigo protegido en Texas, lo cual implica un compromiso de rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento a fin de condenar a personajes más importantes. Ello presume, de antemano, que hay más hebra en la madeja. Que sus delitos no son actuaciones aisladas e independientes. Y asume, interpretando en sentido contrario, que la delincuencia es organizada. Jorge Torres sería entonces un medio para conseguir un fin, y no un fin en sí mismo. Una pieza menor.

Particularmente cuando su causa penal está vinculada con Villarreal, pues involucra a ambos. Dichas acusaciones eventuales hacia un escalón más alto de la pirámide, no obstante, estarían sujetas a aprobación (y la aprobación, por su parte, a verificación de la jueza texana responsable del caso, Nelva Gonzáles Ramos).

Aunque puede ocurrir que no sean aceptadas y le sea negado el beneficio. Y aquí cabe hacer un matiz: qué credibilidad podríamos esperar de alguien que, a las primeras de cambio, cuestionado por el banco JP Morgan Chase sobre el origen de sus recursos depositados en él, afirmó ser copropietario de Cemex. Antecedente inscrito en los documentos de la Corte, y que mina su credibilidad. Javier Villarreal, por su parte, dijo ser dueño de una distribuidora de Mercedes Benz (Reforma, 27/09/13).

Como consta en el documento 34 del expediente 2:13-cr-01075, en poder de quien esto escribe, el secretario de la Corte división Corpus Christi admitió el 7 de marzo al abogado penal Thomas J. McHugh como representante legal de Torres López en el caso, al concederle una dispensa especial, pues él no tenía licencia para ejercer en esa jurisdicción. El veterano penalista, con despacho en San Antonio, es experto en defensas por fraude, delitos bancarios, evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, corrupción pública, apropiación indebida de fondos y conspiraciones. Además ayuda a recuperar bienes confiscados y a descongelar cuentas bancarias, virtudes que le vienen como anillo al dedo.

Así, con la anexión de McHugh, ya son tres abogados a su causa, pues originalmente Torres López había contratado a Carlos A. Solís y Derek B. Hilley, también de San Antonio. Los tres comparten una característica en común: son exauxiliares de fiscales federales que ahora defienden particulares. O sea conocen las entrañas del monstruo. Ojo.

Ahora bien, si usted se pregunta cómo se comportará Jorge Torres, la respuesta radica en saber qué pasó entre febrero 6 y octubre 28 de 2019. Es decir, un día después de su detención, en Puerto Vallarta, y un día previo a su extradición, desde Toluca. En esos 264 días está la clave y, eventualmente, el futuro político de Coahuila.

Quién lo visitó, qué recados recibió, cómo se sintió –hipertenso e infartado– en la intimidad y soledad de su celda dentro del Reclusorio Preventivo Sur. Hizo algún trato, acaso prometió, o pactó algo. De ser así, con quién o quiénes. ¿Midió las nuevas condiciones del terreno político? ¿Sopesó la correlación de poderes en 2019?

En resumen: de qué lado está. Y lo más importante: de qué lado no está. Suponiendo que, en esa relación, hay dos partes. Alejado del bullicio de la falsa sociedad, parafraseando a José Alfredo Jiménez, tiempo para reflexionar tuvo.

Torres López, al final, es una cuenta más en el rosario de extesoreros apresados. El exsecretario de Finanzas de Nayarit en tiempos de Roberto Sandoval (2011-2017), fue aprehendido por peculado el pasado 20 de octubre (el auditor Superior había sido detenido previamente, en agosto, por falsificación de documentos). El exsubsecretario de egresos de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Mancera (2012-2018),fue apresado el 13 de octubre. El exsecretario de Hacienda de Chihuahua, en la gestión de César Duarte (2010-2016), colaboró con la entonces PGR y fue exonerado por lavado de dinero, defraudación bancaria y delito fiscal durante la Presidencia de Peña Nieto, el 24 de marzo de 2018. Mismo caso del exsecretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte, en Veracruz (2010-2016), quien logró un acuerdo el 19 de enero del presente año, al aportar “información eficaz y esencial” para las investigaciones de un delito más grave.

El extesorero de Roberto Borge, en Quintana Roo (2011-2016), fue detenido el 25 de enero de 2018. El extesorero de Rodrigo Medina en Nuevo León (2009-2015) fue vinculado a proceso el 26 de julio de 2016, por peculado y ejercicio indebido de funciones.

Pero hay un caso que asemeja más al coahuilense. El del extesorero de Tomás Yarrington en el Gobierno de Tamaulipas (1999-2004), Fernando Cano Martínez, quien fue detenido y puesto en libertad el 7 de marzo de 2017. Yarrington, por su parte, fue detenido en Italia, en abril de 2017, extraditado en 2018 a Estados Unidos y llamado a juicio en Texas en enero de 2020. Casualmente, en la misma Corte para el Distrito Sur, acusado de fraude bancario, delincuencia organizada, conspiración para lavar dinero, ocultar transacciones, evitar reportes, e importar mariguana y cocaína.


Cortita y al pie

Adyacente al tema, queda saber si este impactará en la opinión pública de Coahuila, convertida esta en participación electoral durante el proceso que inicia el 1 de enero del próximo año y se vota el 7 de junio.

La realidad es que no. No por sí misma, por lo menos.

Cito un ejemplo para contextualizar: si en 2011, en plena campaña electoral para renovar la gubernatura, cuando el PAN tuvo en bandeja y de primera mano la información proveniente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –al mando de Ernesto Cordero– respecto del endeudamiento hasta entonces desconocido en Coahuila, no la supieron –o no la quisieron– aprovechar, mucho menos sabrán qué hacer ahora, en la víspera de unas elecciones –las de diputados locales– que, tradicionalmente, no generan interés.


La última y nos vamos

Por lo demás, Jorge Juan Torres López no es un eslabón que se pueda quitar sin consecuencias. Por el contrario: sin él se rompe la cadena completa y ya no funciona como tal. Es la bisagra principal. Pero si una palabra caracteriza su meteórica carrera política, esa es lealtad. Ocupar, en todo momento, la posición más peligrosa. Sentarse siempre sobre un barril de pólvora.

Y al final todas las variables dependen, en estricto sentido, de un ejercicio íntimo: la objeción de conciencia. El tono en que cantará el repertorio, de hacerlo, o inmolarse cristianamente por una causa superior. Ser el sacrificado.
27 Octubre 2019 04:08:00
El informe final de Miriam: de factureras y dispendio en el Tribunal de Coahuila
Durante la presidencia de Miriam Cárdenas Cantú en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que inició en enero de 2016 y anticipadamente terminará la próxima semana, el órgano jurisdiccional de Coahuila gastó casi 4 millones de pesos en alimentar a sus magistrados, siendo los principales beneficiarios de dicho consumo restaurantes de Saltillo en los cuales ella tiene participación, o propiedad de familiares directos.

El tema podría parecer menor si se compara con otros en una entidad aquejada por la corrupción, siendo este el principal problema que identifica 62% de los coahuilenses, como demuestra la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi.

Sin embargo el asunto refleja el dispendio en el Poder menos observado por la opinión pública. A muy pocos interesa su actuación, más allá de los directamente involucrados. Incluso ahora, cuando hay cinco vacantes de magistrado a ocupar y se ubica en un punto crítico para la próxima década, tampoco causa expectación.

Del total gastado en “alimentos”, estimado en 3 millones 991 mil 411 pesos, más de un millón fue facturado a la razón social Capricus, S.A. de C.V. Es decir, una cuarta parte. La mayoría de las adjudicaciones “a solicitud de la Presidencia”. Y aquí viene lo interesante: dicha sociedad mercantil fue constituida por Miriam Cárdenas en 2011, aunque cedió sus acciones en 2012, como consta en la escritura 375, de fecha 9 de marzo ante el notario público Francisco del Bosque de Valle.

La Oficialía Mayor del Tribunal reportó 637 facturas por “alimentación” entregadas de enero 2016 a septiembre de 2019 (exceptuando mayo de 2016, mes que fue reportado erróneamente, y octubre de 2019, aún en proceso de elaboración del reporte). Comprobantes fiscales que van desde 98 pesos hasta 270 mil 823 en una sola exhibición. Con los datos disponibles resulta un promedio de 15 comidas al mes, una cada dos días durante cuatro años consecutivos. Y cada cuenta de restaurante por 6 mil 293 pesos.

Buen negocio es el Tribunal. O por lo menos uno constante, que no es poca cosa en ciudades donde se deben exprimir las piedras para obtener una ganancia, como Saltillo. Tan solo en el último bimestre de 2018 (noviembre-diciembre) la Oficialía Mayor gastó un millón de pesos en alimentos. Quizá la cantidad no le genere ruido, pero en épocas de austeridad republicana y disputas en la conformación de presupuestos para el próximo año, cada peso cuenta.

Pero ahí no acaba el asunto. El 13 de julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia pagó las facturas 1470 y 1474, cheque 520352, por concepto de “mobiliario”. Si bien la cantidad es mínima: 6 mil 238 pesos, la razón social beneficiada fue Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V., misma que cobró 25 millones de pesos al Gobierno de Coahuila entre 2011 y 2017, y el 14 de marzo de 2017 fue declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al incluirla en su lista definitiva de personas físicas y morales que facturan operaciones simuladas.

En el informe –no oficial– de la presidencia encabezada por Miriam Cárdenas cabe señalar que, entre sus proveedores más recurridos, figuran también algunos de los favoritos del Instituto Electoral de Coahuila: XM Comunicación, S.C. (con 878 mil 818 pesos cobrados), Efrén Miguel Ayala de la Garza, o Movi Technology, S.A. de C.V., y que dinero público pagó conceptos como un “recorrido y degustación por viñedos” en General Cepeda, renta de avionetas privadas u hospedajes de seis cifras en Parras y Cuatro Ciénegas durante temporadas vacacionales. Y aquí viene lo interesante. A la sociedad mercantil ZAV Asesores, S.A. de C.V. le fueron abonados 499 mil 250 pesos entre ocho exhibiciones por escanear documentos y hacer unas etiquetas. Todo en 2018.

Lo insultante del precio no es lo trascendente. La presunta empresa tiene relación con las otras factureras que fueron usadas para saquear al Tribunal, publicadas en este mismo espacio el 20 de octubre (Procurador de Insumos, S.A. de C.V. y Obras KWX, S.A. de C.V.). ZAV Asesores, S.A. de C.V., constituida de igual forma en 2012 ante el mismo Notario 10 de Saltillo, Guillermo H. González González, tiene por delegado especial a Jesús Salvador Retta Lara, quien, se dijo aquí la semana pasada, está registrado como “intendente” de la Universidad Autónoma de Coahuila. Algunas de sus facturas fueron pagadas el mismo día que a Procurador de Insumos, S.A. de C.V. (24 de octubre de 2018, por ejemplo).

Cortita y al pie
El informe –no oficial– continúa. A la sociedad civil Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación, a su vez, el Tribunal entregó 10 millones 987 mil 874 pesos por supuestas licencias de software difíciles de verificar. A Mer Communication Systems de México, S.A. de C.V., le fueron pagados 9 millones 314 mil 508 pesos por supuestas
videograbaciones.

Asimismo a una empresa constituida en Arteaga en 2014 con el objeto de ofrecer “lavado de alfombras” entre otras actividades, Servicios Clean Place, S.A. de C.V., le fue encargado un equipo de monitoreo a través de circuito cerrado de televisión, módulos de vigilancia y servicios electrónicos, embolsándose 5 millones 669 mil 834 pesos a través de 12 facturas.

Sus socios son Gabriel Salvador Garza Zambrano y Enrique Alejandro Beltrán Jiménez, siendo el primero de estos el administrador único. Y justo aquí salta un vínculo curioso. GGZ Mantenimientos, S. de R.L. de C.V., creada el 3 de julio de 2018 en la Notaría 77 de Saltillo con Luis Fernando Valdés Cabello, mismo fedatario que registró la persona moral Servicios Clean Place, S.A. de C.V., y con domicilio en Parras de la Fuente, tiene por socios a Gabriela Elosegui Macías y Alejandro Valdés Treviño, y por administrador al ya mencionado Gabriel Salvador Garza Zambrano.

Aunque su giro también es el “lavado de alfombras”, desde su creación se agenció 19 adjudicaciones directas con el Tribunal, sumando 6 millones 134 mil 916 pesos por trabajos que van desde instalación de placas solares hasta mantenimiento de
transformadores.

La última y nos vamos
El Poder Judicial, antes del gasto público, debería ser revisado por sus sentencias, particularmente su técnica jurídica e interpretación de los casos. El punto es que no se le observa ni se le fiscaliza de ninguna manera, y campea el desinterés ciudadano en su actuación pese a que se renovará el 31 de octubre. No extraña, por tanto, su estado actual: de rodillas y saqueado.
20 Octubre 2019 04:08:00
Los fantasmas bajo la sotana de la magistrada que se va
Con anterioridad se han detectado fantasmas en el Gobierno de Coahuila. Fantasmas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Fantasmas en los ayuntamientos de Coahuila. Y ahora, también, fantasmas en el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El pasado 9 de octubre, mediante una solicitud de información, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) informó que han adquirido a la sociedad mercantil Procurador de Insumos, S.A. de C.V., materiales que van desde unas pinzas de corte hasta cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial.

Cuáles otras sino las del proveedor favorito: la empresa china Dahua, como consta en el oficio STT/2331/2019 firmado por las directoras de Recursos Materiales y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, así como la titular de la Unidad Jurídica en la misma dependencia. Cargos de confianza que, justo es decirlo, dependen directamente de la Presidencia. De Miriam Cárdenas Cantú desde 2016, pues.

Y aquí viene lo interesante. El TSJE menciona en el documento en poder de quien esto escribe que Procurador de Insumos, S.A. de C.V. se ubica fiscal y comercialmente en la localidad Tlacotepec del municipio General Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero.

Dicha población, cabe señalar, tiene 6 mil 848 habitantes, de los cuales 86.7% vive en pobreza y 50.7% de estos en pobreza extrema, de acuerdo con el Inegi. Utilizando un programa de geolocalización, en la vista satelital que arroja la dirección aparece un predio ubicado en el Cerro de la Bandera.

Sin embargo, en el acta constitutiva de la supuesta empresa, con fecha 10 de noviembre de 2014, aparecen dos socios; ambos con domicilio en Apodaca, Nuevo León: Aurelio Hernández Ramírez y Raúl Campos Acevedo.

El documento –obtenido por separado por quien esto escribe– fue protocolizado en la Notaría 10 de Saltillo, cuyo titular es Guillermo H. González González. Posteriormente la persona moral otorgó poderes el 22 de febrero de 2015, cambiándose de Notaría con el ya fallecido Francisco Javier Almaguer Valdés, también en la capital, y finalmente inició su proceso de disolución y liquidación ante Sergio Antonio Almaguer Beltrán, notario 83 de Saltillo, el 23 de abril de 2019.

Lo curioso es que, pese a ello, el Tribunal continúa transfiriendo recursos a una sociedad en vías de ser liquidada y disuelta, como consta en la asamblea general extraordinaria inscrita en el instrumento 54, libro I, del protocolo 2019. Si bien en abril del presente año comenzó su extinción, hay constancias de un pago en julio, dos en agosto y uno más en octubre, pese a que no aparece siquiera en el padrón.

De proveedores y contratistas
Se trata de una “todóloga” con objetos genéricos que no especifica su campo de actividades pero deja la puerta abierta para cualquier cosa que se ofrezca facturar. El TSJE no ha firmado contratos con ella pues la cuantía mínima de los insumos
no lo requiere.

Tampoco ha formalizado adquisiciones a través de procesos licitatorios por la misma razón. Emite, simplemente, facturas periódicas por adjudicación directa. Lo mismo conceptos como “cables eléctricos y accesorios” que “sistemas y asesoría computacional”. Así ha desembolsado un millón 716 mil 929 pesos a razón de 12 pagos realizados entre mayo de 2018 y el último en octubre de 2019.

La cantidad económica no es relevante si se toma como punto de referencia el presupuesto anual ejercido por el Poder Judicial, pero el hecho es importantísimo por sí mismo ya que no estamos hablando de cualquier funcionario; son los juzgadores de la entidad. Quienes imparten justicia. Aquellos que deberían ser moralmente intachables debido al encargo que les fue asignado.

Pero aquí no acaba el asunto. Luego está la razón social Obras KWX, S.A. de C.V. quien ha facturado 3 millones 711 mil 12 pesos con idéntico modus operandi en un lapso casi idéntico, y fue constituida, casualmente, en la extinta Notaría 81.

Al respecto existe un registro de 11 facturas pagadas por el Tribunal entre marzo de 2018 y septiembre de 2019. En total 3 millones 711 mil 12 pesos a razón de “servicios temporales de construcción, inspección de instalación, cableado eléctrico”, “cableado estructurado UTP”, “servicios profesionales de mantenimiento”, “mantenimiento eléctrico” y “mantenimiento y adecuación de inmuebles”. Inclusive facturó tres veces un presunto “mantenimiento de transformador”.

En Obras KWX, S.A. de C.V. el accionista mayoritario y administrador único es Jesús Salvador Retta Lara, de 35 años, quien a su vez aparece registrado como “intendente” del Aula Magna “José María Fraustro Siller”, adscrito a la Coordinación General de Vinculación de la UAdeC.

Dicho individuo es socio de otras dos empresas: SLW Asesorías, S.A. de C.V. y Abastecedora SLW, S.A. de C.V., ambas constituidas el mismo día: 15 de marzo de 2012 ante Francisco Javier Almaguer, notario público ya fallecido, como se ha mencionado líneas atrás.

En Abastecedora SLW, S.A. de C.V. figura como socio Efraín Dagoberto Elizondo Martínez, quien a su vez funge como encargado del órgano de vigilancia en Procurador de Insumos, S.A. de C.V. Otra empresa también fue constituida el 15 de marzo de 2012 en la misma notaría: Obras RLS, S.A. de C.V., donde casualmente Jesús Salvador Retta Lara fue registrado como comisario.

Así se vincula entre sí la red de factureras: usando las mismas identificaciones para crear sociedades. Así se cierra el círculo.

Cortita y al pie
El próximo 31 de octubre Miriam Cárdenas abandonará el Poder Judicial del Estado a cambio del beneficio que representa la jubilación anticipada con 100% del salario actual. Tras de sí dejará pendientes judiciales y un sui generis caso administrativo aquí expuesto: entre ambas factureras identificadas, suman 5 millones 427 mil 941 pesos en un periodo de año y medio.

La última y nos vamos
Actualmente hay cinco plazas disponibles de magistrado y la silla de la Presidencia por desocupar. En manos del Gobernador y del Congreso está designar esas vacantes con perfiles idóneos. ¿Lo harán?
13 Octubre 2019 04:09:00
La conexión Moreira-Moreira y los $10 millones a Humberto
El mundo es un pañuelo. Un hermano de Humberto Moreira, Rubén, concedió a finales de 2017 un fíat para ejercer en el Distrito Notarial de Saltillo a un hermano del magistrado que, el pasado jueves, acaba de fallar a favor del exgobernador de Coahuila en su demanda contra Sergio Aguayo, en la Ciudad de México.

Seis días antes de concluir su mandato, el 24 de noviembre de 2017, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, otorgó la patente de aspirante a notario a Jean Paul Huber Olea Contró, originario del Distrito Federal y sin experiencia laboral en la entidad.

Luego el 28 de noviembre del mismo año, 48 horas antes de concluir el sexenio, se creó la notaría 124 expresamente para él con su publicación en el Periódico Oficial, sede en la capital del estado y domicilio en la colonia San Patricio, como consta en el reporte de visitas emitido por la Dirección de Notarías, con fecha del 1 de octubre de 2019.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente más allá de la prisa y el desaseo administrativo. Pero resulta que un hermano del beneficiario, Francisco José Huber Olea Contró, también abogado, acaba de sentenciar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre la demanda interpuesta por el exgobernador Humberto Moreira contra el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, condenando a este último a pagarle 10 millones de pesos al exmandatario por un presunto daño moral, originado en publicaciones periodísticas en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón.

Si en la película Cadena de Favores un círculo virtuoso se genera cuando se practica una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor, en la “realpolitik” mexicana el círculo es vicioso. Favor con favor se paga.

En este caso, literalmente, de hermano a hermano y de hermano a hermano. No en vano la propaganda electoral de 2011 decía –con cierta dosis de socarronería– que, en Coahuila, “todos somos hermanos”.

Existe una teoría sociológica denominada “seis grados de separación”, cuya idea central es que cualquier persona del planeta puede estar conectada con otra desconocida, a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios.

Aquí, sin embargo, el vínculo es directo. De Moreira a Moreira, y de Huber Olea Contró a Huber Olea Contró.

¿Casualidad, o causalidad?

Si bien ya no se podría recusar en este momento al magistrado Francisco José Huber Olea Contró, es decir, obligarlo a separarse del asunto al poner en duda su imparcialidad, al respecto sí se podría cuestionar la relación entre un exgobernador (hermano del demandante) que regala discrecionalmente una notaría, y el notario (hermano del juzgador) que se beneficia del regalo del exgobernador. ¿Se extingue esta en el acto, o es de tracto sucesivo, o sea, prolongada?

Alguien podría argumentar que la resolución se votó a favor de Humberto Moreira en forma unánime y, por tanto, los otros dos magistrados de la Sexta Sala Civil (Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo) respaldaron el Proyecto 377 del ponente, toca 957/2019. Nada extraño, considerando que suele ser habitual en los órganos colegiados judiciales del país, donde pocas veces hay discrepancia de criterios.

El punto es que la sentencia del 26 de marzo de 2019, dictada en el Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México e integrada en el expediente 265/2017, se revocó en segunda instancia, resultando “fundados y operantes” los agravios expuestos que se resumen de la siguiente forma:

“Sergio Aguayo Quezada, en abuso al derecho de libertad de expresión, utilizando palabras, frases, expresiones insultantes por sí mismas, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, ha causado daño moral a la parte actora, Humberto Moreira Valdés, afectando su honor”.

Y en 10 millones de pesos estimaron los “daños punitivos”. Así, 30 meses después de un litigio que comenzó el 30 de marzo de 2017, Aguayo será notificado mañana 14 de octubre y si no ejercita una acción civil, contará solamente con cinco días para pagar.

Cortita y al pie

De nuevo, como se hizo en este mismo espacio el 8 de septiembre, es pertinente recordar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares”.

“La protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

La última y nos vamos

Por lo demás, “en una democracia las sentencias se discuten”, ha dicho en otro contexto el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

A fin de cuentas el pleito Moreira-Aguayo no se trata de un conflicto entre particulares donde terceros no debemos asomarnos, sino de un tema que toca la relación entre personas públicas y periodismo, y lo más importante: el interés legítimo por parte de la sociedad para recibir –y de los medios de comunicación para difundir– información en aras del libre debate público.

Dicho en otras palabras: concierne a todos, no solo a quienes ejercemos el oficio
de escribir.
06 Octubre 2019 04:07:00
Las temibles bolsas de plástico vs el saludable y ecológico fracking
Por enésima ocasión se impulsa el fracking en Coahuila. El pasado 2 y 3 de octubre, bajo el nombre Mesas Técnicas de Combustible, Gas y Electricidad, se desarrolló en Saltillo una reunión privada con cariz de pública y la intención de que una vez más el poder económico (afiliados al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concanaco, en este caso) se imponga sobre el poder político.

Todo lo contrario a la doctrina que predica AMLO, por resumirlo de alguna manera, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no se permitirá. En escenarios diversos y ante distintos auditorios, situación que tal vez inhibe a posibles inversionistas, quienes ante la incertidumbre no arriesgan capital. Pero a un año de la cuarta transformación sigue sin prohibirse donde realmente importa: en el Poder Legislativo. Lo más irónico del asunto es que uno de sus representantes, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana, es el principal promotor, además del exgobernador del Estado, Rogelio Montemayor.

Como producto de lo anterior; el conjunto de participantes en el evento citado amenazó con presentar el próximo mes en el Senado una iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de los Recursos No Convencionales de Hidrocarburos, la cual competiría contra otras seis iniciativas que han sido presentadas ya en el sentido contrario: a fin de expedir una Ley para Prohibir la Fractura Hidráulica. Y a ver quién puede más.

Pese a que la reforma energética permite desde diciembre de 2013 la fractura hidráulica, esta no ha avanzado en la medida que algunos quisieran. Se practica, sí, pero la fase de exploración no ha generado licencia social en Coahuila para continuar con las siguientes etapas. El interés en el negocio incluso llevó a que de 2014 a 2017, el Gobierno del Estado adoptase como eslogan, Un Estado con Energía, con el objetivo de implantar la idea. Pero nunca cuajó. Y hoy las circunstancias son muy distintas: ya no hay poderes alineados hacia el mismo rumbo, como sí sucedía en el sexenio de Peña Nieto y Rubén Moreira, respectivamente.

Sin embargo, se viven tiempos extraños. Por un lado una positiva cruzada para erradicar los plásticos de un solo uso, como las bolsas desechables y popotes, y por el otro se impulsa una de las más peligrosas prácticas para cualquier ecosistema. Un atentando contra la naturaleza.

En sentido contrario al concierto mundial. Justo cuando la ONU acaba de alertar en septiembre que los niveles de los mares van en ascenso a consecuencia del deshielo en ambos polos, y el fenómeno es irreversible (El País, 26/09/19). Cuando por separado fijó en 80 años un tentativo plazo para que ciudades importantes como Nueva York o Londres resientan los efectos del calentamiento global en su territorio (ABC, 22/05/19). Se inunden, pues. Y cuando julio de 2019 ha sido el mes más caluroso del que se tenga registro (La Vanguardia, 01/09/19). Y no se trata de teorías de la conspiración y el Apocalipsis. Hay evidencia suficiente.

Por qué auspiciar entonces el fracking, si este genera gases de efecto invernadero, contamina los mantos freáticos y ocasiona estrés hídrico. Particularmente en una zona semidesértica ya depredada por la minería del carbón, cuyas reservas acuíferas están condicionadas por la cervecería de Nava, y cuyas aguas tratadas de Ciudad Acuña y Piedras Negras ya están comprometidas a la CFE, también en Nava.

No obstante, Guadiana y Montemayor se juegan la última carta. Acaso para enviar un mensaje y demostrar que –parafraseando a Benedetti– “Codo a codo son mucho más que dos”. Pero en realidad solo son dos. Y pertenecen a una generación que, a diferencia de millennials y centennials, no se preocupa ni ocupa del medio ambiente. Guadiana (73 años) y Montemayor (72 años), ambos expriistas la mayor parte de su vida y con intereses económicos en la Región Carbonífera, suman 145 años de vivir en un contexto de actividades extractivas bajo el pretexto de que las condiciones naturales del territorio provocan que no existan otras alternativas económicas.

El argumento compartido por ambos se basa en un cuento: la técnica ha evolucionado a tal grado que ahora, en 2019, es menos contaminante que hace una década, por ejemplo. Si es visible cómo avanza la tecnología en otros campos, quién podría refutarles algo.

Lo cual es falso. ¿Dónde están esos estudios? ¿Cuáles son las pruebas que soportan sus afirmaciones? No pueden mostrarlas, ni podrían hacerlo en lo sucesivo –suponiendo sin conceder que sí existiesen– ya que a su favor usan la coartada del secreto comercial. Aduciendo se trata de fórmulas protegidas del plagio y la competencia desleal, la información acerca de los químicos que se adicionan al agua que se inyecta posteriormente al subsuelo es reservada por cada compañía industrial.

Por el contrario, la organización no gubernamental Food & Water Watch con sede en Washington y oficinas en 11 estados del país vecino, realizó un estudio en junio del presente año donde concluye que, a 10 años de haber iniciado el boom del fracking en Estados Unidos, innumerables familias de comunidades han asumido el costo de la industria en su mala salud y el desplazamiento territorial al que se han visto forzadas. Hace unos días, ya en octubre, en el más actual de sus documentos de trabajo publicados, expone que a la fecha no existen opciones para el manejo y tratamiento seguro de aguas residuales del fracking, así que la única manera de impedir que sustancias tóxicas (sales, metales) y radiactivas potencialmente cancerígenas (como el Radio-226, encontrado en estudios de laboratorio) afecten a los humanos, es prohibiéndolo.

Luego están los sobados tópicos de siempre: reactivación de la economía estatal, creación de fuentes de empleo, aprovechamiento de los recursos naturales de la entidad.

Sin embargo proyectos extractivos recientes, como el Terciario del Golfo en Chicontepec, Veracruz, no han dejado a su población originaria ninguno de los hipotéticos beneficios arriba mencionados, pese a que la inversión del estado mexicano fue mayúscula. No se generó riqueza. La bonanza económica nunca llegó. Los pobres siguieron siendo pobres. Los desempleados y subempleados volvieron al desempleo y el subempleo. Por si fuera poco no se remediaron los suelos una vez el proyecto se apagó y dejaron de fluir los recursos públicos para financiarlo.

Cortita y al pie

En la Agenda Legislativa propuesta al inicio de la Legislatura por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, prohibir la fractura hidráulica ocupaba la undécima posición en orden de importancia, por detrás de otros temas que ya han sido resueltos. Cabe señalar que Monreal presentó en abril de 2014, entonces como diputado representante de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para prohibir la práctica. Si ahora Morena tiene mayoría en ambas cámaras, ¿por qué no consumar ya el tema?

Disonancia cognitiva, se le llama. Cuando no coinciden el decir y el hacer. Cuando los hechos no significan lo que las palabras expresan.

La última y nos vamos

Se viven tiempos extraños. Si usted pide una bolsa en el supermercado, o un popote para su bebida en un restaurante, es un cerdo contaminante; el agente más nocivo para el medio ambiente. En cambio otros, como Montemayor y Guadiana, promueven un ecocidio sin precedentes y andan por ahí, ocupando espacios públicos y amalgamando intereses privados. No hay congruencia. Pero tampoco vergüenza.

29 Septiembre 2019 04:09:00
El negocio del voto electrónico en Coahuila: $152 mdp en el aire
Poco ruido causó en los medios de comunicación, casi ninguna expectación entre actores y partidos políticos locales, y lo más importante: nulo interés ciudadano. Pero el pasado 28 de junio la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León, presentó una iniciativa con proyecto de decreto –a título personal, cabe señalar– para utilizar urnas electrónicas en los próximos procesos electorales estatales, y que sea el Consejo General del IEC quien apruebe el modelo.

Salvo que suceda un sorpresivo albazo el miércoles 2 de octubre, la propuesta no fraguará para las próximas elecciones del 7 de junio de 2020 como se pretendía, cuando los coahuilenses voten por representantes populares, ya que cualquier modificación al Código Electoral debe realizarse 90 días antes de iniciar el proceso, considerando que este inicia el 1 de enero.

Faltan tres días para vencer el plazo fatal y la siguiente sesión del Congreso fue convocada justamente para el 2 de octubre, fecha que significa también la última oportunidad para discutir las propuestas del PAN tendientes a recortar el periodo legislativo de los diputados a un año (Juan Antonio García Villa) o aumentarlo a 3 años y 8 meses (Marcelo Torres Cofiño) por única ocasión.

Justo es decirlo: probablemente la de Gabriela de León sea una de las iniciativas mejor fundamentadas que se han presentado al Poder Legislativo durante la actual Legislatura LXI: es elocuente, moderna y queda bien con todos. Dice a cada uno lo que desea escuchar en 21 cuartillas.

No habría forma de que un diputado le negase su voto a favor, independientemente de la fracción parlamentaria a que pertenezca: argumenta que hay ahorros, es amigable con el medio ambiente, facilita el proceso electoral, aparenta comodidad y confiabilidad.

Sin embargo, hay un inconveniente: su operador es el IEC. Que no se olvide: el único organismo público local electoral de los 32 que existen en el país al que falló el PREP y el Conteo Rápido en una misma elección (2017). La vergüenza nacional. Ambas herramientas producto de la tecnología y la ciencia.

Y no solo es la desconfianza en su actuación, sino el negocio coyuntural como trasfondo. La presidenta del IEC ya tiene la cotización lista: 152 millones de pesos para comprar 3 mil 800 aparatos. A 40 mil pesos cada uno con una vida útil, según su exposición de motivos, estimada en 12 años.

Para dimensionar: en 2005 el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila construyó 45 urnas electrónicas a un costo de un millón 440 mil pesos. Es decir, a 32 mil la unidad. Sin perder de vista que hoy la generación tecnológica es más avanzada y menos onerosa.

Ello supone, tomando como punto de partida el precio de hace 14 años, que al día de hoy costarían 121 millones 600 mil pesos las 3 mil 800 máquinas que se pretenden comprar, por las que pagaría el IEC un sobreprecio de por lo menos 30 millones de pesos.

No obstante para tapar el ojo al macho el IEC lanzó una convocatoria el segundo semestre del año, dirigida a instituciones de educación superior y tecnológica, a fin de desarrollar un prototipo de urna electrónica con el compromiso de ceder luego los derechos de diseño y realización a cambio de un irrisorio premio de 50 mil pesos y una computadora. Aquí cabe cuestionar, si ya tienen el costo fijo y los datos técnicos de antemano, ¿para qué querrían quedarse con la información patentada? ¿Qué proveedor la necesita?


Cortita y al pie

Luego está la experiencia internacional. Países europeos (como Irlanda u Holanda) han experimentado elecciones con la urna electrónica y han terminado por desecharlas y volver a las papeletas luego de un tiempo de prueba. Alemania, por ejemplo, declaró inconstitucional su uso en 2009 a través de la Corte Constitucional bajo el argumento de que no es posible comprender y controlar su uso sin conocimientos técnicos especiales como algoritmos y criptosistemas. “La elección es cosa de todo el pueblo y no sólo de especialistas”, sentenció. No debe subordinarse a la tecnología, pues.

Su punto fue uno, y difícil de rebatir: con la urna electrónica no todos los pasos esenciales de la elección están sujetos al control público ni pueden ser auditados por cualquier persona.

Cito a continuación parte de la sentencia 2BVC3/07 y 2BVC4/07: “el fraude que se puede realizar con el software supera en mucho a las posibilidades del sistema tradicional. La manipulación puede alterar el resultado electoral de manera fraudulenta en una urna o en todas las urnas que utilicen el mismo software. En este último caso, de una manera simple y relativamente segura es posible cometer un fraude electoral de grandes dimensiones con el solo hecho de colocar en el lugar indicado un virus troyano, o instrumentos similares”.


La última y nos vamos

Por si fuera poco el Instituto Nacional Electoral, en la presentación de su prototipo de urna electrónica patentada en 2012, admitió el pasado 15 de abril que aún existe “riesgo de hackeo, interferencia e interrupción”.

Irónico, pero en la era más tecnificada de la historia, cuando vivir conectado a una pantalla rige nuestra existencia o el internet de las cosas ya pareciera un fenómeno natural, es preferible recurrir a descubrimientos milenarios como el papel y el carbón (materia prima de boletas y lápiz marcador), antes que a la urna electrónica del IEC.




22 Septiembre 2019 04:08:00
Ese paraíso del dinero fácil llamado Instituto Electoral de Coahuila
Cuánto tiempo libre, y qué tantos recursos públicos a su disposición tendrá el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para gastar que, a falta de actividades electorales y sobra de dinero, se permite organizar una “carrera de botargas” a fin de “promover la participación y la democracia”.

Si hace un siglo la entidad se distinguió por las ideas democráticas de Madero y Carranza, plasmadas entonces en la Constitución de 1917, hoy el IEC acaba de realizar por segundo año consecutivo el referido evento con monigotes (no es significativo, pero costó 25 mil 706 pesos de acuerdo con el oficio DEA/186/2019 con fecha 12 de septiembre). Años luz de distancia ideológica entre una cosa y otra. O dicho de otra forma: las instituciones al nivel intelectual de los funcionarios que las dirigen actualmente. Botargas de sí mismos.

Mientras la Legislatura LXI ha discutido en el Congreso del Estado iniciativas y temas relacionados con los próximos procesos electorales (la mayoría desde la ignorancia, justo es decirlo), el IEC ni siquiera se pronuncia como parte interesada. No se mojan. Prefieren pasar inadvertidos antes que tomar una postura que los comprometa y, eventualmente, los perjudique. Comprometerse a qué o con quién, es la pregunta, y por qué tendría que perjudicarles, si, en el papel, son un órgano autónomo.

No propone foros de consulta ciudadana ni mesas de análisis con expertos y sociedad civil acerca de los tópicos electorales del momento. Ni siquiera para fingir talento, o simular que son autoridad en la materia, como se suelen hacer en otros Oples en el país. Su rol queda reducido a un simple organizador de jornadas electorales trianuales. Y aquí es donde llegamos al punto medular de la cuestión: si su función solo es instalar urnas y mamparas, mesas de votación cada tres años, ¿por qué deberían recibir un presupuesto millonario todos los ejercicios fiscales?

Una reingeniería institucional a las delegaciones del INE en los estados -incluyendo reasignación económica, por supuesto- permitiría que sean estas quienes organicen las elecciones locales, además de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones. Para ello es necesario desaletargar las Juntas Locales y eficientar el Servicio Profesional de Carrera.

Particularmente cuando en tiempos de austeridad gubernamental para muchos, paradójicamente, el IEC no halla en qué gastar ni cómo dispersar la partida que recibe. Por ello se han vuelto el paraíso de las “asesorías” y las “consultorías”; de los “estudios” y la “difusión de imagen”; “alimentos” y “viáticos”.

Sin embargo, un tema destaca por su cuantía económica: la construcción de su edificio sede (luego de pagar alrededor de 10 millones de pesos en renta durante cuatro años) a cargo de su proveedor favorito: Efrén Miguel Ayala de la Garza.

De 2005 (Enrique Martínez) a 2016 (Rubén Moreira), el citado constructor facturó 192 millones 333 mil 907 pesos al Gobierno del Estado, como se reseñó en este mismo espacio el pasado 23 de abril. En 2017 incursionó en el IEC con cinco contratos, y siete más en 2018.
En total sumó 6 millones 592 mil 521 pesos en ese tiempo, la mayoría por remodelaciones y adecuaciones al edificio que actualmente rentan.

Pero la joya de la corona llegó en 2019, al asignarle el IEC la construcción de sus oficinas, tasada en 74 millones 699 mil pesos. Y aquí viene un rosario de inconsistencias interesante.

Al 30 de septiembre de 2015, fecha en que se liquida el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila sin justificación legal, este contaba en su relación de bienes inmuebles con un terreno identificado con el código 101020001, y un valor de 6 millones 906 mil 534 pesos, que fue transferido a la Tesorería del Estado.

Pese a ello, era de esperarse que la Secretaría de Finanzas transmitiese la propiedad posteriormente al IEC, sin embargo no sucedió así. El predio que pretende ocupar ahora el IEC está inscrito en el Registro Público bajo la partida 209845, folio 167037, y se desincorporó del Gobierno del Estado y enajenó a título gratuito conforme al Decreto 47 del Congreso, publicado en el Periódico Oficial del 13 de julio de 2018. En libros, pues, no es el mismo.

Ahora bien, la escritura pública -de número 109- se autorizó definitivamente hasta el 5 de abril de 2019 en la Notaría 83 de Saltillo, a cargo de Sergio Antonio Almaguer Beltrán, cuando ya estaba en proceso la “licitación” desde el 19 de marzo. El orden del proceso no es el más lógico.

Por lo demás, ¿qué pasó entonces con el terreno que dejó el IEPC, quién se lo quedó?

Cortita y al pie
En el balance correspondiente a marzo de 2019, desde la cuenta bancaria operativa del IEC cuya terminación es 2039 (BBVA) en poder de quien esto escribe, el día 11 aparece un “traspaso entre cuentas” por 48 millones 879 mil 491 pesos con la referencia de una presunta “obra pública”. Y el 29 del mismo mes otro “traspaso entre cuentas” de 13 millones 300 mil pesos por el mismo concepto: “obra pública”.

Pero el contrato asignado el 12 de abril a Efrén Miguel Ayala de la Garza estipula que no habrá anticipos “para la ejecución de los trabajos”. Y el IEC a la fecha no ha iniciado alguna otra obra que justifique las transacciones por 62 millones 179 mil 491 pesos.

Además, entre la firma del contrato y la fianza 3743-01967-0 contratada por Efrén Miguel Ayala de la Garza con aseguradora Aserta por 7 millones 469 mil 907 pesos, en poder de quien esto escribe, median solo minutos, aun cuando debía entregarla dentro de los siguientes siete días.

Tienen prisa. Si en un plazo de 18 meses contados a partir de que les fue donado el terreno no edifican, volverá este a manos del Gobierno de Coahuila. Es decir, si en enero de 2020 no hay obra, pueden despedirse de él, y del negocio, por supuesto.

La última y nos vamos
Por si fuera poco, existe una sociedad mercantil favorecida también por el IEC: Movi Technology, S.A. de C.V., cuyo domicilio fiscal es el mismo que usa Efrén Miguel Ayala de la Garza en la colonia República de Saltillo.

La empresa se compone por dos presuntos socios: Mario Morales Villarreal, con 80%, y Juan Carlos Villarreal Garza, con 20% restante. De raíces regiomontanas, el primero de ellos es hijo de Mario Morales Ayala, quien a su vez es primo de Efrén Miguel Ayala de la Garza. Ahí radica el vínculo entre ambos proveedores.

En 2017 se agenció un millón 746 mil 200 pesos, y otro millón 842 mil 738 pesos en 2018 por conceptos como grabación de video, rehabilitación del sistema eléctrico (en unas oficinas nuevas a estrenar, justo es decirlo) e instalación de cámaras de monitoreo (adquiridas al proveedor de moda: Dahua, de China, el de los dispositivos de video con reconocimiento facial).

Luego está el afán de la presidenta del IEC, Gabriela de León, por introducir la urna electrónica en los procesos electorales constitucionales. Otro negocio millonario entre manos.

Pero esa es otra historia…
15 Septiembre 2019 04:09:00
El negocio del alumbrado público en los ayuntamientos de Coahuila
Qué fue primero: ¿el empobrecimiento de los municipios de Coahuila o la comodidad de sus ayuntamientos para concesionar un servicio –en este caso alumbrado público– que ya no pueden –o no quieren– administrar porque les queda grande?

El pasado 27 de agosto Allende se sumó a la lista de quienes claudican y entregan sus lámparas a un particular, al votar en sesión de Cabildo un contrato de concesión por 12 años y un monto de 32 millones 199 mil 212 pesos (más intereses y accesorios financieros). Lo curioso es que su Alcalde, Antero Alvarado, ya fijó el monto a gastar y sólo falta quién haga el trabajo. Como en las licitaciones amañadas, pues.

Otro Ayuntamiento del norte del estado también gobernado por la UDC, Ciudad Acuña, concesionó el 29 de diciembre de 2017, a dos días de acabar el cuatrienio de Lenin Pérez, el servicio de alumbrado público por 20 años con la empresa NL Technologies, S.A. de C.V., cuya fama pública es intervenir en los municipios al cuarto para las 12 de su gestión. De último minuto.

Pero no es un asunto exclusivo de la UDC. Ramos Arizpe y Francisco I. Madero, ambos priistas en el periodo 2014-2017, también comprometieron el alumbrado público durante la gestión de Ricardo Aguirre y David Flores Lavenant respectivamente. Ambos por 20 años y también con NL Technologies, S.A. de C.V.

Monclova con Alfredo Paredes (PAN), por su parte, no concesionó pero sí compró en 2018 al mismo NL Technologies, S.A. de C.V. luminarias por 7 millones 98 mil pesos, como consta en los concursos ADQ-ALUM-001-2018 y ADQ-PR-LED-001-2018.

Sin embargo Saltillo se sale de toda proporción económica. El 24 de mayo de 2019, a través de un procedimiento secreto disfrazado de licitación pública, el Ayuntamiento adjudicó por 10 años el alumbrado público de la ciudad a tres empresas integradas en un consorcio, todas pertenecientes a la Familia Maiz, de Monterrey (para mayor referencia, dueños del equipo de beisbol Sultanes).

Se trata de MD Iluminación Nacional, S.A. de C.V., Constructora Maiz Mier, S.A. de C.V., y Comercializadora Marttiz, S.A. de C.V., quienes se embolsarán en la próxima década 888 millones 339 mil 817 pesos, más 142 millones 134 mil 370 de IVA. Un total de mil 30 millones 474 mil 187 pesos por concepto de modernización, mantenimiento y operación del servicio.

Cabe señalar que las sociedades mercantiles presentaron, cada una por separado, propuestas globales que no especifican cantidad ni calidad de los servicios a proveer. No se conocen siquiera las características técnicas, aún cuando había sobre la mesa una propuesta $111 millones más barata, presentada por Grupo Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V.

Habrá, eso sí, pagos mensuales crecientes. Los primeros dos años, único periodo de Manolo Jiménez al frente del Ayuntamiento (2020-2021), se pagarán 4 millones 071 mil 230 pesos al mes. En cambio el tercer año, cuando ya no esté él, la cifra subirá hasta 7 millones 158 mil 098 pesos mensuales. El cuarto a 7 millones 407 mil 927. El quinto a 7 millones 743 mil 612. El sexto a 7 millones 992 mil 725. El séptimo a 8 millones 379 mil 387. El octavo a 8 millones 713 mil 931. El noveno año alcanzará los 9 millones 065 mil 304 pesos. Y el décimo 9 millones 424 mil 870 pesos.

Como es obvio, el lucimiento personal será solamente para un Alcalde, el actual, y la carga será mayor para los próximos ediles. Y menor el margen de maniobra durante cuatro administraciones, suponiendo que no se reeligiese ninguna de éstas. Así, en resumen, el convenio ata de manos a tres Ayuntamientos más y compromete las finanzas municipales por una década.

La licitación, aunque se dice fue pública y nacional con folio MSC-TM-013-2019, no ingresó a la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sino que simplemente se publicó en la página web del Ayuntamiento y el Periódico Oficial del Estado en la edición del 3 de mayo. Ni siquiera en diarios de circulación local, ya no se diga nacional. Tampoco hubo un procedimiento formal, con juntas de aclaraciones, apertura de propuestas técnicas y económicas. Nada.


Cortita y al pie

La Auditoría Superior del Estado, en el Estudio de Desempeño al Programa de Alumbrado Público de los Municipios de Saltillo y Torreón, elaborado en 2018, concluyó que éste no tiene pies ni cabeza.

El tema no es menor: se trata de la renuncia (o la incapacidad, o ambas) de los Ayuntamientos de Coahuila para proveer un servicio público básico que por obligación constitucional deben brindar. Y el importantísimo negocio que deriva de lo anterior.


La última y nos vamos

Si bien la máxima de un Estado es no hacer cosas que ya hacen los particulares para competir con ellos, como enseña Mazzucato en El Estado Emprendedor, disminuir su tamaño y alcance no parece una buena idea pues si no dan abasto con lo indispensable, ¿cómo van a invertir en asuntos más sofisticados y progresistas como innovación tecnológica o energías renovables?

Sencillamente no pueden. Se van achicando. Quedan reducidos a entes de renovación trianual manejados por un grupo en el poder que hace negocio privado con la obra pública. Y poca cosa más.
08 Septiembre 2019 04:08:00
Moreira bienes raíces
Recién salida del horno, el pasado 5 de julio acaba de constituirse la sociedad mercantil COAHOXE, S.A. de C.V., como consta en el instrumento 121, libro siete, de la notaría 74 de Saltillo, cuyo titular es Luis Ramos Escalante.

Se preguntará usted: ¿y eso qué relevancia pública tiene?

Pues que su socio mayoritario, con el 99% de las acciones, se llama Humberto Moreira Valdés. Para mayores referencias, exgobernador de Coahuila de 2005 a 2011.

La persona moral fue creada con una duración de 99 años y Moreira es el administrador único de acuerdo con el acta constitutiva en poder de quien esto escribe. Y aquí viene lo interesante: COAHOXE, S.A. de C.V. nació con el objeto social de construir y comercializar locales, plazas comerciales, operar estacionamientos públicos, convenir y asociarse con empresas y personas físicas para el desarrollo y/o comercialización de bienes raíces, y en general: adquirir, comprar, vender o alquilar terrenos, casas, departamentos, ranchos, edificios, bodegas, talleres y toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rústicos, fraccionamientos, conjuntos y desarrollos inmobiliarios, ya sean habitacionales, industriales, comerciales y turísticos.

También puede participar en licitaciones públicas por cuenta propia o de terceros, y prestar servicios a otras empresas de la misma forma: por cuenta propia o de terceros, cláusulas que abren la puerta a la triangulación y el intermediarismo. Curiosamente se dedicaría, entre otras cosas, a la compraventa de chatarra y fierro viejo.

Cabe señalar que María Victoria Ibarra Banda es la otra socia (con el 1% de las acciones) y representante legal de la empresa, aunque actualmente trabaja en la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico como directora administrativa. Dicha funcionaria, en su declaración patrimonial de 2019, manifiesta no tener bienes inmuebles y sí, por el contrario, un crédito hipotecario por un millón 677 mil pesos (en 2014, en cambio, declaró ser propietaria de un terreno y una casa, aunque sin definir la ubicación de ambos).
Sin embargo ahí no acaba el asunto. En el órgano de vigilancia de COAHOXE, S.A. de C.V.
figura Desiderio Nájera Zamarrón, quien a su vez funge como “responsable del órgano interno de administración” del nuevo partido político local Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, cuyo presidente es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Moreira Valdés.
Y si bien la sociedad mercantil del exgobernador de Coahuila está facultada para realizar negocios en cualquier parte del país, llama la atención que su domicilio y área de influencia sea Saltillo pues, otro exmandatario estatal, Enrique Martínez, su predecesor, es terrateniente de la misma ciudad.

Puntualizar que un negocio de bienes raíces a gran escala como el que se proyecta establecer requiere invertir capital, mucho capital, es una obviedad. Por ello resulta sui generis que quien cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos al mes, y quien percibe desde 2006 un salario de 36 mil 125 pesos mensuales, tengan la capacidad económica para desarrollarlo.

Cortita y al pie
Hasta aquí alguien podría cuestionar: si Humberto Moreira ya no tiene cargo político, ¿cuál es el interés periodístico al mencionarlo?

Al respecto es pertinente citar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad para recibir, y de los medios de comunicación para difundir, información sobre ese personaje, en aras del libre debate público”.

“De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas porque aquellas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad (…) Por ende se someten al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente”.

Mencionar la jurisprudencia de la Corte no es ocioso. Especialmente si hubiese tentación de inhibir o coartar lo aquí expresado.

La última y nos vamos
Por lo demás, Moreira llega en el peor momento al mercado inmobiliario. Para dimensionar la situación actual: en los primeros cuatro meses de 2019 la venta de vivienda nueva disminuyó 23.4% a nivel nacional, y la venta de vivienda usada cayó 12% comparada con el mismo periodo en 2018. Incluso la adjudicación de vivienda popular registró un importante descenso de 35% según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda.

Coahuila no fue la excepción en los tres rubros. En vivienda nueva bajó 13.1%, en vivienda usada -6.9% y en vivienda popular -20.88 por ciento.

No importa el escenario. Queda claro que una década después llegó la hora de sacar el dinero del colchón a como dé lugar. Pero el punto no es ese, sino cómo llegó al colchón ese dinero.
01 Septiembre 2019 04:10:00
Un año de Morena: uno en México y otro, muy diferente, en Coahuila
Si a nivel nacional Morena conquista espacios políticos poco a poco, marca la agenda pública diariamente y mantiene un alto nivel de aprobación, pese a errores cometidos durante su primer año como Gobierno, en Coahuila los últimos 12 meses han sido de terror para su causa: le quitaron el Comité Directivo Estatal, perdió la representación legislativa local, y su presencia en la entidad -pese a controlar las delegaciones y tener mayoría de legisladores federales- ha sido simbólica, por no decir inexistente.

En el estado juegan a las caiditas. Dos grupos antagónicos disputan desde tiempos inmemoriales el Comité Directivo Estatal de Morena. Se mueven el tapete mutuamente a fin de tumbarse de la silla. Tanta es la inquina que definitivamente tuvo que intervenir la dirigencia nacional y designar un delegado especial para Coahuila, ante la incapacidad para ponerse de acuerdo entre sí. A la fecha la posición está acéfala.

Negociar, la máxima de la política, simplemente no se les da.

Suele suceder en los partidos políticos con espectro ideológico de izquierda que la formación horizontal de sus miembros produzca choques, ante la ausencia de jerarquías visibles. Donde hay orden vertical, por el contrario, es difícil que se produzcan disputas por el poder. Cuestión de acostumbrarse a los tiempos que se viven, tal vez.

Aunque tampoco han aprovechado los resultados electorales del 1 de julio de 2018 para construir ejércitos de nuevos votantes. Quizá Coahuila no les interese o quizá sus prioridades estén en otra parte (el sur del país, específicamente, lo cual no es negativo aunque al norte “afecte”); el caso es que a cuatro meses de iniciar el proceso electoral de 2020 enfrentan el peor escenario posible, si bien Morena representa un fenómeno electoral atípico y no depende de los básicos (estructura territorial y representación seccional) para ganar una elección.

Hoy se cumple un año de que Armando Guadiana y Eva Galaz asumieron los escaños de senadores por mayoría de Coahuila, suceso significativo pues por primera vez en la historia contemporánea del estado un partido político distinto al PAN y el PRI ocupa la máxima representación parlamentaria en la Cámara Alta.

Sin embargo, su actuación individual en todo ese tiempo ha sido decepcionante. Como grupo parlamentario es otra cosa. Él, desarticulado, improvisado, sin agenda pública ni estrategia ni oposición efectiva en el ámbito local. Ella, simplemente ausente. Como si no tuviese voz propia y debiese mantener un perfil bajo.

Con Guadiana sucede un fenómeno peculiar: o no tiene habilidad ni tacto para leer las coyunturas políticas, o es muy congruente con sus intereses, pero en el lado equivocado de la historia. Cito algunos ejemplos: si AMLO busca prohibir el fracking, Guadiana lo promueve y se ufana de su amistad con Rogelio Montemayor, el principal promotor del negocio en Coahuila. Si AMLO celebra la detención de Alonso Ancira, Guadiana lo lleva al Senado e intercede por sus intereses en tribuna. Si AMLO ordena el rescate de mineros en Pasta de Conchos, Guadiana mete cuerpo y medio para impedirlo, en sintonía con Napoleón Gómez Urrutia.

Ahora bien, la producción legislativa, su verdadera función, ha sido escasa en términos reales. Doce proposiciones con punto de acuerdo acumula, la mayoría sobre temas del momento y motivadas por la presión de grupos de poder, no por un plan. Y dos iniciativas. La primera: declarar 2020 “Año de Venustiano Carranza”, y otra fuera de contexto, presentada el 16 de octubre de 2018, para prohibir la reelección que pasó directamente a la congeladora legislativa. Galaz, por su parte, suma dos iniciativas conjuntas, dos proposiciones junto a Guadiana, y una por su cuenta. La nada.


Cortita y al pie

Morena obtuvo 134 mil votos en la elección de 2017 para diputados locales en la entidad. Esa cifra le garantizaba la Junta de Gobierno el tercer año de la Legislatura, al no tener la mayoría en el Congreso un partido político. El PRI la tuvo el primer año, el PAN la tiene actualmente, y como Morena fue tercera fuerza en preferencia electoral, le correspondía cerrar el trienio.

Sin embargo, como bancada, pese a ser dos elementos, Morena no ha tenido representación efectiva y ahora menos la tendrá, pues el bipartidismo histórico en la entidad los absorbió. Un diputado, Benito Ramírez, inclinado desde un principio hacia el grupo parlamentario del PAN, y una diputada, Elisa Villalobos, canteada desde la tercera quincena de 2018 hacia el grupo parlamentario del PRI. Él renunció al partido y ella tiene abierto un proceso de expulsión. Atomizados como grupo parlamentario, deberán buscar una salida legal que les permita disputar la Junta de Gobierno, si acaso quieren conservarla.

Lo anterior trae a debate la pertinencia de designar a los representantes plurinominales por tómbola. En el ámbito federal puede ser una buena idea para inhibir el “cedazo”. A nivel local, en cambio, es difícil que los sorteados no se corrompan, pues la correlación de poderes es distinta y la experiencia indica que no son posiciones para cualquiera.


La última y nos vamos

Morena cumple hoy un año como grupo predominante, pero en el Congreso de la Unión. Acá es otra cosa. Si Coahuila es una isla, ellos navegan en altamar, a contracorriente, y en una balsa que hace agua.
25 Agosto 2019 04:15:00
El fantasma que vendió 13 millones en zapatos al Gobierno de Coahuila
Visto desde una perspectiva llana y simple, el asunto sería un caso modélico de emprendimiento lagunero: un joven de 20 años constituye una sociedad mercantil el 22 de enero de 2018 en Torreón con un capital social de solo 50 mil pesos y 17 meses después logra un contrato por 13 millones 288 mil 549 pesos con el Gobierno de Coahuila para proveer zapatos escolares.

Nuestro “emprendedor” se llama José Ignacio Reyes Pérez, es comerciante y se identifica con domicilio en Privada Zaragoza 409 de la colonia Miguel Alemán, a un costado de Peñoles; donde la contaminación abruma y los servicios públicos escasean. Pero su hazaña se magnifica si agregamos un dato sorpresa: sin experiencia previa y sin antecedentes de contratación con las administraciones públicas federal, estatal y municipal, su empresa, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., ganó el negocio a una compañía textil de Puebla creada en 2012 y consolidada como fabricante de uniformes escolares, quien competía con un capital social de 5 millones de pesos.

Y como al muchacho se le hace chico el mar para echarse un buche, en el objeto social de su persona moral –donde figura como administrador único– enlistó 46 actividades distintas entre sí a las que se dedicaría junto a su socia, de nombre María del Rocío Villanueva Alvarado. Las más estrambóticas, para ejemplificar, son reparación de equipos de cómputo, fabricación de vinos y licores, distribución de artículos farmacéuticos, comercialización de lácteos y carnes frías, exportación de artículos religiosos o producción de joyería. También construcción de obras públicas, compraventa de bienes raíces, reclutamiento de personal para universidades e industrias, o servicios profesionales en materia jurídica y fiscal.

No importa que algunos puntos hayan sido redactados con faltas de ortografía ni que su domicilio sea, en realidad, una casa sin habitar. Nuestro personaje es todólogo y ejemplo para la sociedad lagunera. Aunque curiosamente ningún objetivo de su sociedad mercantil involucra calzado. Por ello confeccionar 89 mil 149 pares de zapatos en sólo 45 días (un promedio de 2 mil al día o 250 por hora en una jornada laboral para poder entregarlos a tiempo en las bodegas del Gobierno de Coahuila, ubicadas en las cinco regiones del estado), sin recibir anticipo, respetando especificaciones técnicas como materiales, tallas, empaquetado, transporte y distribución, y ajustándose a un precio fijado con anterioridad (máximo 151.41 pesos el par, incluyendo IVA) es básicamente una proeza. ¿Por qué no está nominado al Premio Estatal de la Juventud?

Sin embargo la historia no es virtuosa ni de mérito como se ha relatado hasta aquí con ironía, sino todo lo contrario: oculta un trasfondo de corrupción.

Me explico. El pasado 11 de junio la Dirección General de Adquisiciones emitió el fallo a la convocatoria CE-905002984-E15-2019 para adquirir 89 mil 149 pares de zapatos de fabricación nacional para la Secretaría de Educación, a fin de ser entregados el ciclo escolar 2019-2020 que mañana inicia.

El ganador de la “licitación pública nacional” fue Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en calle Poniente 126, número 417, de la colonia Lindavista Vallejo III Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Y aquí viene lo interesante: la dirección corresponde a una bodega ruinosa, sin rótulos, permanentemente cerrada y sin actividades comerciales o industriales.

Si bien Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. se inscribió en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno de Coahuila en 2019, y para su localización registró un teléfono fijo con lada de Torreón, esto no garantiza nada, pues como afirmó la Auditoría Superior del Estado en una revisión especial a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a propósito de las empresas fantasma detectadas en 2016 que desviaron $410 millones del erario, “el padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal no es confiable para la asignación de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras”.

Por lo demás, Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. fue constituida en la notaría 41 de Agustín Gerardo Saldaña Villarreal, en Torreón. Para mayores referencias, el mismo fedatario que constituyó Cosmic Dynamics, S.A. de C.V., la empresa fantasma que facturó 22 millones de pesos al Gobierno de Coahuila en 48 horas (25 y 26 de junio de 2018) como publicó Grupo Zócalo el pasado 20 de mayo.

Además de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V., el 22 de enero de 2018 con diferencia de minutos entre sí fueron creadas en la Notaría 41 las personas morales Bolsi Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y GB Marketing Total, S.A. de C.V. Dos días después, en el mismo lugar, Ka Wai, S.A. de C.V. y el día 30, Servicios Henregin, S.A. de C.V. y Akvo, S.A. de C.V. Pero el mismo 22 de enero de 2018, en la Notaría 49 cuyo titular es Héctor Augusto Goray Valdez, también en Torreón, fueron constituidas con diferencia de minutos Grupo Competitividad Compartida, S.A. de C.V., JGY Construcciones, S.A. de C.V. y Zitay, S.A. de C.V.

A las nueve sociedades las une una red de socios entre sí, la mayoría jóvenes menores de 29 años de edad, y tienen un denominador común: la misma persona figura como apoderado en todas: Jorge Quintero Aguilera, de 25 años, como se puede verificar con las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.

Todo está relacionado. Inclusive antes de constituirse Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. en la Notaría 41 de Torreón, se creó Comercializadora Merfra, S.A. de C.V. el 4 de mayo de 2017 casualmente en la Notaría 49 de Torreón, pero con otros socios. Ambas fueron inscritas en el Registro Público de Comercio en Gómez Palacio, Durango.

Cortita y al pie
Tres presuntos representantes de Distribuidora Merfra, S.A. de C.V. asistieron al acto de recepción y apertura de propuestas, transmitido en vivo por internet –con una cámara de baja resolución y sin audio– el 3 de junio por la Dirección General de Adquisiciones.

El documento en que lo hizo constar oficialmente la dependencia, no obstante, fue fechado el 10 de junio. Es decir, una semana después. Y como sí se pudo apreciar en el video, los supuestos representantes no presentaron las muestras exigidas de la mercancía. Ambas circunstancias bastarían para desechar el proceso de adjudicación directa disfrazado de licitación.

La última y nos vamos
Hasta aquí todo supondría ser una estafa más, de rutina, para desviar recursos del Gobierno de Coahuila sin consecuencias legales. En este caso 13 millones 288 mil 549 pesos. Sin embargo, alguien cometió un error: el dinero para pagar los zapatos escolares proviene del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Ramo 33. Eso significa que al no ser estatal puede ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente apoyar la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, no por los elefantes blancos de Coahuila –y sus legiones de burocracia inútil –que simulan ser órganos auditores y anticorrupción.

Ahí está el detalle.
18 Agosto 2019 04:08:00
2019: del Coahuila de Zaragoza,al “Coahuila de Olegario”
Ni Coahuila de Zaragoza ni Coahuila de Los Moreira. Hoy Coahuila pertenece a Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Imagen y Grupo Financiero Multiva, quien se lleva por mucho la tajada más gorda en la repartición del pastel presupuestal durante el primer semestre de 2019: 850 millones de pesos libres de polvo y paja.

Paulatinamente, renegociación tras renegociación, se han ido acumulando en menos instrumentos de crédito los contratos a largo plazo generados de 2009 a 2011 por el Gobierno del Estado. Los legales y los ilegales. Así, con la reestructura consumada el 23 de octubre de 2018, la tercera en ocho años, Banco Multiva acaparó 16 mil millones de pesos de la deuda pública que significan el 43.76% del endeudamiento total, a un plazo de 30 años con sus respectivos intereses.

Según el avance de la cuenta pública correspondiente al periodo enero-junio del año en curso, ser acreedor de dicha cantidad le ha redituado alrededor de 780 millones de pesos por concepto de intereses (de los mil 776 millones 556 mil 674 pesos entregados a los bancos en ese mismo rubro).
Repito: de puros intereses.

Pero no es la única cancha donde juega Olegario. A través de Grupo Imagen, su consorcio de medios de comunicación, el primer trimestre del año obtuvo 1 de cada 4 pesos que invirtió la Administración estatal en publicidad oficial. El 25% del total ya que del 1 de enero al 31 de marzo Gobierno del Estado desembolsó 283 millones 787 mil 850 pesos por “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, vía la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional.

Lo anterior no sería relevante salvo por una circunstancia: mientras en la Ciudad de México, su área de mayor influencia, Grupo Imagen consuma despidos masivos de personal y vende dos radiodifusoras, en Coahuila, esa isla ajena a la realidad nacional, factura millones de pesos por decenas. Es decir, le fue muy bien considerando que la presencia en la entidad con sus empresas es limitada.

Por lo demás, ¿qué interés tendría el Gobierno de Coahuila en publicitarse allende las fronteras del estado? En su defensa podrán usar siempre la promoción económica y turística como argumento. Sin embargo, ¿es efectivo ese gasto?, ¿la estrategia persigue a una población objetivo? Dicho de otra forma: ¿hay ciencia y evidencia?

Sin reglamentación para convenir, asignar y diseminar la publicidad oficial, su ejercicio es absolutamente
discrecional.

Y aquí viene lo interesante. Comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe revelan que Grupo Imagen facturó al Gobierno de Coahuila 69 millones 999 mil 998 pesos entre seis razones sociales el primer trimestre de 2019, repartidos de la siguiente forma: mediante la sociedad Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. recibió 21 millones 981 mil 928 pesos; a través de Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. se agenció 12 millones 922 mil 858 más y con Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. otros 10 millones 293 mil 704 pesos.

Usando a GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. cobró 9 millones 655 mil 172 pesos, en tanto a GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. le fueron asignados 8 millones 375 mil 144 pesos y finalmente a GI Digital, S.A. de C.V. 6 millones
771 mil 192 pesos.


Cortita y al pie

Ahora bien, como es habitual con la Secretaría de Finanzas, la información pública de oficio no está disponible –no completa, por lo menos– donde debería estarlo; en este caso el portal “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales por radio, televisión y otros medios”, asunto que revela una doble contabilidad: la
oficial, y la real.

En el referido sitio, por ejemplo, Comercializadora 98.5, S.A. de C.V. suma 9 millones 266 mil 260 pesos producto de 10 facturas correspondientes a febrero y 10 a marzo; todas por la misma cantidad: 463 mil 313 pesos, IVA incluido.

A su vez Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. reporta 17 millones 4 mil 873 pesos en enero, y GIM Televisión Nacional, S.A. de C.V. 2 millones 619 mil pesos también el primer mes del año. En los tres casos, la cifra representa 28%, 23% y 73% menos de lo pagado en realidad a las sociedades
respectivamente.

Tampoco figuran en la lista Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. ni GIM Compañía Editorial, S.A. de C.V. ni GI Digital, S.A. de C.V que fueron beneficiadas con recursos públicos como consta en los documentos en poder de quien esto escribe.

En resumen: oficialmente faltan de registrar como gasto 41 millones 109 mil 855 pesos, equivalentes al 59% de lo pagado a Grupo Imagen. Sólo hay evidencia, pues, del restante 41% que cubre una presunta “campaña de reposicionamiento” pautada de julio a diciembre de 2018.


La última y nos vamos

Sea como sea, en el primer semestre del año Vázquez Aldir se llevó del Estado $780 millones en intereses, y un ‘piquito’ extra de $70 millones en publicidad el primer trimestre. No hay un jugador que haya obtenido mayor dividendo. Coahuila es suyo. Aunque no hay presupuesto que alcance.
11 Agosto 2019 04:03:00
La ‘Estafa Maestra’ de Viggiano en Conafe
Utilizando un mecanismo de subcontratación con factureras y a Diconsa de intermediario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) desvió 228 millones 140 mil 913 pesos en 2014, año en que Carolina Viggiano Austria fue titular de la dependencia federal, hacia sociedades domiciliadas -entre otros lugares- en la entidad natal de la entonces funcionaria: Hidalgo.

Viggiano, cabeza en la cadena de mando del 7 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2015, es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y aspirante a la secretaría general del Comité Directivo Nacional del PRI que hoy se vota, en fórmula con Alejandro Cárdenas. En 2013 y 2014, ejercicios fiscales que sirvieron como base para documentar “La Estafa Maestra” que desnudó la corrupción sistemática en el Gobierno federal con Enrique Peña Nieto, encabezó el organismo que atiende a población rural e indígena y se ocupa del rezago en educación inicial y básica. A los más pobres y marginados del país, pues.
Sin embargo, hay dos casos en particular que simbolizan su actuación.

Primero constituyó una estructura con empleados de confianza que no habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, pese a que la Secretaría de la Función Pública realizó un extrañamiento, durante todo el tiempo en que permaneció al frente de Conafe nunca regularizó la situación administrativa como señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Inclusive dentro del organigrama figuró Alejandro Verde López -hoy contratista en el Gobierno de Hidalgo– como director de Administración y Finanzas. El funcionario tiene parentesco sanguíneo con Cintia Margarita Paulín Verde, socia de la compañía domiciliada en Pachuca, El Mejor Calzado de Seguridad Industrial, S.A. de C.V., beneficiada de manera irregular con 19 millones 852 mil 500 pesos como intermediario en un ejercicio de subcontratación.

Posteriormente, aprovechando una circunstancia: el régimen fiscal de Diconsa, S.A. de C.V., considerada persona moral no lucrativa, Conafe le usó en 2014 como coartada para triangular 39 compras hacia Grupo Drakir, S.A. de C.V. por montos que iban desde 57 pesos hasta 139 millones 366 mil 878 pesos en una sola operación. En total le entregó 640 millones 823 mil 900 pesos en dicho ejercicio fiscal. Al no estar obligada a realizar la declaración informativa de operaciones con sus proveedores ante el SAT, como sí deben hacerlo empresas lucrativas, Diconsa adjudicó directamente los 39 contratos en operaciones presuntamente presenciales de las cuales no existe registro, y “subcontrató por arriba de 49%”, como informó la ASF.

El director de Diconsa entre 2013 y 2014, Héctor Velasco Monroy, fue coordinador de Giras en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto, y Carolina Viggiano Austria, por su parte, coordinadora de Vinculación con la Sociedad.

Y aquí viene lo interesante: la ASF informó que “se emitió orden de visita domiciliaria a Grupo Drakir, S.A. de C.V., la cual no se llevó a cabo debido a que el personal que estuvo presente negó que tal empresa ocupara el inmueble visitado”. A raíz de lo anterior “se comprobó que esta no contaba con capacidad técnica, material ni humana para la prestación del servicio”. En otras palabras: no era fantasma, aunque sí facturera. Traducido a números, la ASF fincó en 98 millones 567 mil pesos el desfalco por no tener conocimiento de pedidos firmados y autorizados, y 109 millones 721 mil 413 pesos más por no proporcionar evidencia de la entrega de los bienes.

El 12 de enero de 2015, ocho días antes de la renuncia de Viggiano al Conafe para contender por una diputación federal en Hidalgo, cargo que a la postre desempeñaría junto a la presidencia honoraria del DIF Coahuila, Grupo Drakir, S.A. de C.V., a través de su representante legal, presentó una cotización dirigida a Silvia Arleth Austria Escamilla, familiar de Viggiano y directora de Delegaciones y Concertación con el Sector Público, cargo sin atribuciones administrativas, para vender diccionarios Larousse por 24 millones 331 mil 450 pesos que se convertiría en su único, y último, convenio directo con Conafe. A partir de la fecha del fallo a su favor, que ocurrió el 5 de febrero, la razón social no volvió a ser favorecida en el resto del sexenio ni facturó más a dependencias y entidades del Gobierno federal ni de los gobiernos estatales y municipales, como se pudo verificar a través del sistema Compranet.

Pero si usted quiere seguir la ruta del dinero público perdido se topará con una situación kafkiana. Para empezar, la ASF determinó “concluir con el seguimiento” a las observaciones vinculadas con Grupo Drakir, S.A. de C.V., identificadas con los folios 14-9-20VSS-12-0219-08-002 y 14-9-20VSS-12-0219-08-003, pues Diconsa le informó que fueron radicadas las denuncias DE.210/2016 y DE.211/2016. No pasó nada.

Luego, el domingo 17 de abril de 2016, un incendio consumió los archivos de Diconsa contenidos en aproximadamente 14 mil cajas de papel de 15 kilogramos cada una, correspondientes al periodo 1990-2016. El incidente ocurrió en la bodega ubicada en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, inmueble que había sido utilizado para tal fin desde 1992. Si bien el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztacalco II inició la carpeta de investigación CI-FIZC/IZC-2/UI-2S/D/00484/04/2016 por la pérdida de 26 años de acervo documental de la dependencia, a la fecha no existen resultados.

Y ese mismo año, el 4 de julio, Diconsa ordenó una reserva parcial por cinco años al expediente denominado Grupo Drakir, S.A. de C.V. 2014 (Programas Especiales) para que nadie pueda consultarlo, argumentando que “la publicidad de la información relativa a los precios contenidos en los estudios de mercado pudiera perjudicar los intereses de Diconsa”. Cabe señalar que ocultaron específicamente las partes importantes del documento: “precios unitarios y volumen contratado”.

Cortita y al pie
Por lo demás, esos 19 millones 852 mil 500 pesos entregados a Elmeca, S.A. de C.V. sin justificación, sumados a los 208 millones 288 mil 413 pesos irregularmente a Grupo Drakir, S.A. de C.V., arrojan 228 millones 140 mil 913 pesos.

Como sucedió con funcionarios titulares de dependencias del Gobierno federal involucradas en la triangulación con universidades públicas en La Estafa Maestra, Viggiano también está protegida pues los ejecutores de transacciones irregulares son mandos medios de la dependencia que dirigió, y ella no firmó documento alguno que la incrimine directamente. Ahora bien, ¿cómo podría pasar desapercibido que cientos de millones de pesos desaparecieran de la oficina a su cargo?

La última y nos vamos
Rosario Robles, que tampoco rubricó ninguno de los convenios de Sedesol con empresas fantasmas, acaba de ser citada a comparecer en la Fiscalía General de la República y sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Voluntad política, se llama el juego: proceso penal para una, y Comité Directivo Nacional del PRI para otra.
04 Agosto 2019 04:06:00
La deuda oculta de Coahuila con el ISSSTE
De manera casual, así como que no quiere la cosa, aparentando tranquilidad para que la oposición (¿cuál?) no sospechase algo, el pasado 18 de julio el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local puso en la agenda legislativa un asunto trascendente para la vida pública de Coahuila que –sin querer– revela un interminable desaseo financiero: en los últimos 12 meses el Gobierno del Estado acumuló un adeudo en cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Eso significa que a la deuda bancaria (a corto y largo plazo) y no bancaria (proveedores y contratistas) existente habría que agregar ahora un nuevo problema. Más deuda, pues.

Las formas y los tiempos importan, por supuesto. El PRI no expuso el tema en periodo ordinario de sesiones, ante los 25 diputados que integran la Legislatura, sino en periodo extraordinario mientras la Diputación Permanente compuesta por 11 miembros está de guardia con menos reflectores apuntando a su labor, y a dos días del inicio de las vacaciones de verano. Es decir, cuando menos ruido genera.

A través de un punto de acuerdo para “exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a que analice la posibilidad de suscribir un convenio de reconocimiento de adeudos y forma de pago de las cuotas y aportaciones omitidas ante el ISSSTE”, tramitado al final del orden del día, los representantes del PRI dejaron constancia del tema en el recinto legislativo. Horas después, en perfecta sincronía, la proposición se publicó en la edición del viernes 19 de julio del Periódico Oficial.

Pero hay un detalle: mientras en el Congreso los 10 legisladores priistas mencionaron el caso en un solo párrafo, en el Periódico Oficial publicaron seis cuartillas con la exposición de motivos. Y en ésta consignan el trasfondo del asunto: afirman que “en lo que va de la presente Administración pública estatal se han realizado los pagos enteros al ISSSTE”, aunque también reconocen que “existía un rezago cuyos periodos recaen en administraciones anteriores”. Así, sin detallar el monto ni responsabilizar a nadie por nombre y apellido.

Sin embargo la realidad es distinta. Quien no pagó las cuotas y aportaciones no fue Moreira I ni Moreira II; ni siquiera el hoy presidiario Jorge Torres López, eslabón entre ambos hermanos, sino la administración actual en su primer año de ejercicio.

De acuerdo con el “reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales”, con corte al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila debía 64 millones 17 mil 679 pesos al ISSSTE.

Y aquí viene lo interesante: el periodo adeudado comprende 10 quincenas (de la 15 a la 24) del 2018. Dicho de otra forma: de agosto a diciembre la Secretaría de Finanzas a cargo de Blas Flores Dávila dejó de pagar lo que le correspondía.

Lo anterior se puede comprobar pues al 31 de agosto de 2018 la Administración estatal debía sólo tres quincenas (de la 14 a la 16), mismas que representaban 943 mil 641 pesos, como consta en la “publicación de adeudo” de la Dirección de Finanzas del ISSSTE, elaborada por la Tesorería General.

Si el adeudo de Coahuila fuese anterior a noviembre de 2017, como dicen los diputados del PRI a nombre del Gobernador, el ISSSTE no tendría problema en señalarlo. En su reporte, por ejemplo, identifica pasivos que datan de 2005 (los más antiguos de todos) en el Gobierno del Distrito Federal.

Ahora bien, considerando que las finanzas de los primeros ocho meses de 2019 se verán reflejadas hasta el próximo corte del 31 de agosto, se prevé haya aumentado más la deuda de Coahuila con el ISSSTE.



Cortita y al pie

Para dimensionar: solo la Ciudad de México y los gobiernos estatales de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Oaxaca deben más que Coahuila, quien ocupa la quinta posición de 32 en el deshonroso ranking.

Es verdad que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el artículo Décimo Segundo Transitorio, faculta al ISSSTE para suscribir convenios con las entidades a fin de regularizar adeudos en parcialidades por un plazo máximo de 10 años, incluyendo descuentos en los recargos generados.

Por lo demás, no hay que perder de vista un detalle: el PRI-Gobierno de Coahuila dejó de cumplir con sus obligaciones a partir de que Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que lo acredita como Presidente electo. ¿El fenómeno tiene dedicatoria? ¿Lleva un mensaje implícito?



La última y nos vamos

Pese a que Gobierno de Coahuila pidió un crédito por 550 millones de pesos el 7 de diciembre de 2018 y otro el 7 de febrero de 2019 por 200 millones más, ambos con Multiva, adicionales al presupuesto de egresos anual de 50 mil millones que recibe, no ha tenido recursos para pagar al ISSSTE.

Pero claro, #TodoEsCulpaDeLayún. Digo de AMLO. Hay que ser miope para no ver quién es quién, y dónde estamos parados en realidad.


28 Julio 2019 04:06:00
El negocio con las placas en Coahuila: $25.4 millones de sobrecosto
Aprovechando el reemplacamiento que debe realizarse cada tres años por ley, el Gobierno de Coahuila pagó el primer bimestre del año láminas con sobrecosto a un proveedor cuestionado por sus negocios previos: 25 millones 416 mil 984 pesos de más, por las mismas placas troqueladas que vende a otros estados.

Tres facturas en poder de quien esto escribe, emitidas el 11 de enero y el 12 y 14 de febrero de 2019, la primera por 59 millones 919 mil 411 pesos y las otras dos por 48 millones 175 mil 327 pesos cada una, suman 156 millones 270 mil 065 pesos en total a favor de la razón social Lazos Internacionales, S.A. de C.V.

Se trata de una sociedad mercantil constituida durante 1998 en Puebla, la cual anteriormente tenía un objeto distinto y permaneció más de una década inactiva (de 2002 a 2013), aunque con domicilio fiscal en la Ciudad de México. Pertenece a Carlos Antonio González Ortiz Mena, hermano del exdirector de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en el Gobierno Federal 2012-2018, Francisco Antonio González Ortiz Mena.

A dicha empresa la Secretaría de Finanzas compró 626 mil 691 juegos de láminas a 215 pesos el par. Así, considerando que al contribuyente se venden a 765 pesos, por cada unidad hay una ganancia neta de 550 pesos para la administración estatal. Otro ingreso adicional proviene de su disposición final: el reciclaje, sin embargo esa es otra historia.

En el caso que nos ocupa se trata de impuestos estatales. Aquí se cobran y aquí se quedan. No financian al sur del país y no aplica, por tanto, la falacia del “a Coahuila lo que le corresponde”, utilizada para ocultar la incompetencia administrativa propia, argumentando una falsa redistribución de ingresos a través de la Federación.

Pero vayamos al punto. ¿Acaso grabarles la leyenda “MágiCoahuila” (o como se escriba) y pintarles un dinosaurio y un teleférico sale más caro?

Falso. Se trata de las mismas láminas troqueladas. Si bien cada entidad federativa elige los motivos que le plazcan, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 éstas deben pasar un control de calidad uniforme a los 32 estados del país, además de incluir especificaciones técnicas y números de serie aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para ello se revisan, y autorizan, las instalaciones de los fabricantes de placas metálicas y calcomanías. Lazos Internacionales, S.A. de C.V. por ejemplo, fue aprobado apenas en 2014 y está inscrito en el padrón de proveedores de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Baja California y Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Ciudad de México, Campeche, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Sinaloa.

Y aquí viene lo interesante: el 19 de febrero de 2018, es decir un año antes de la compra que realizó el Gobierno de Coahuila, la referida persona moral vendió unas placas similares al Gobierno de la Ciudad de México en 180 pesos, como consta en el contrato “tipo 180013”. Si a Coahuila le hubiesen ofrecido ese precio en total habría desembolsado 130 millones 853 mil 080 pesos y no los 156 millones 270 mil 065 pesos que pagó. De la comparativa resulta, por tanto, un sobreprecio de 25 millones 416 mil 984 pesos en nuestra contra.



Cortita y al pie

Las contribuciones no son opcionales; de acuerdo. Todos deberíamos aportar la parte que nos corresponde; correcto. Pero entre mayor sea la percepción de corrupción en el Gobierno, menor será la recaudación que este haga de sus ciudadanos. Desincentiva, pues. Y no lo digo yo, sino un informe del Fondo Monetario Internacional (Fiscal Monitor: Curbing Corruption, 04/04/19).

Si el ciudadano no ve obra pública de calidad y servicios públicos eficientes, dejará de pagar impuestos bajo la premisa –o pretexto, según se vea– de que los roban quienes gobiernan. Para qué contribuir si no se invierten ésas contribuciones. Serpiente que muerde su cola. Se puede verificar en la realidad.

Al cierre de mayo, para dimensionar, el Gobierno de Coahuila llevaba cobrado sólo 54% del padrón vehicular que asciende, según sus datos, a 850 mil unidades. Y aquí cabe señalar un fenómeno: la Administración Fiscal General cuenta sólo a los empadronados. Es decir, en la estadística no existen quienes mantienen su residencia habitual en el estado y circulan por él con matrículas de Durango (en La Laguna), de Nuevo León (en la Región Sureste), y de la Onappafa (en las regiones Centro, Carbonífera y Norte) que se cuentan por miles.

A la fecha de corte había 300 mil remisos con adeudos de 2017 a la fecha. Debido a lo anterior Recaudación de Rentas estableció retenes operativos con el apoyo de Fuerza Coahuila. El proceso es sencillo: habrá notificación, multas y eventualmente retiro de la circulación.



La última y nos vamos

Todo está mal. Unos no aportan lo que deberían, y otros compran caro -lo que supone hacer negocio privado con bienes públicos-. Así nos va.
21 Julio 2019 04:06:00
Crónica de una imposición en Derechos Humanos
Desde que presentó su renuncia como delegado de la Fiscalía General de Justicia en La Laguna, el 24 de febrero de 2019, las columnas de trascendidos y
filtraciones oficiales en los medios de comunicación lo dieron por hecho: el torreonense Hugo Morales Valdés sería el próximo presidente de la Comisión de

Derechos Humanos en el Estado de Coahuila (CDHEC). Avisados por el grupo en el poder que paga esos espacios estábamos. Ya nomás faltaba legitimarlo.

Por supuesto: la Fiscalía es “autónoma” en el papel y la CDHEC también. No hace falta recordarlo. Sus decisiones gozan de independencia. Ajá. Por tanto si un empleado de la primera renuncia para estar en condiciones legales (elegibilidad) de aspirar a la segunda, sería un caso personal y de mérito. Pero el asunto no es tan diáfano ni tan virtuoso en la realidad.

Como se dijo al principio, entre la renuncia del delegado en La Laguna y el proceso de designación de ombudsman restaban cuatro meses. Se debía simular entonces un proceso a través del Poder Legislativo, autoridad en la materia. Simular; ese verbo que describe la vida política y social en la entidad como ningún otro.


Y sabe qué pasó en ese tiempo: nadie opuso resistencia.

En una Legislatura de mayoría distinta al partido gobernante (15 supuestos opositores contra 10 priistas) y por consecuencia, al grupo en el poder, el resultado de la votación fue 18 papeletas a favor de Hugo Morales Valdés y tres en contra, por cuatro ausentes.

Y como la elección del pasado 26 de junio fue por cédula, es decir, en secreto (o a escondidas, según se vea), no puede saberse quiénes fueron los diputados que fungieron de comparsa. De los cuatro diputados faltistas a la sesión, el representante de Morena, Benito Ramírez, convalecía de las lesiones que le provocó un accidente automovilístico días atrás. ¿Y los otros tres? Se trata de María Eugenia Cázares (PAN), de Torreón; Esperanza Chapa (PRI), de Piedras
Negras; y Graciela Fernández (PRI), de Matamoros.

Por lo demás, cómo se explica que siendo mayoría en el Congreso, los 15 presuntos opositores cedieran a las pretensiones de un bloque minoritario. Porque hay acuerdos, responderán. Porque el trabajo parlamentario es básicamente negociación, argumentarán en su defensa. De ser así, qué ganaron a cambio quienes respaldaron la propuesta que no era suya ni de su Grupo Parlamentario. ¿Lo podrían explicar en público?

Ahora bien, como a una semana del cierre de la convocatoria para inscribirse como aspirante a dirigir la CEDHC no había quórum suficiente, aparecieron entonces dos “Juanitas” emergentes para dar legitimación al proceso, pertenecientes al “Sindicato Luis Efrén Ríos de Trabajadores al Servicio del Estado”. Con ellas, y un par de despistados, se logró una presunta representatividad y pluralidad de voces, inexistente en la práctica.

Es verdad: aunque son públicas, las convocatorias para renovar posiciones de poder que por ley corresponde ocupar con ciudadanos, no se difunden. Son solo para iniciados y un círculo rojo. Y si bien se requerían para el cargo unas características y habilidades en específico que no todo mundo posee, ¿no le resulta por lo menos curioso que de 3 millones de habitantes en Coahuila solo se hayan apuntado ocho personas? ¿No le parece inquietante el nulo interés de los ciudadanos por participar en la vida pública, así sea solo por el salario de 90 mil pesos mensuales más
prestaciones?

¿No le parece terrorífico que no haya humanos derechos para Derechos Humanos?


Cortita y al pie

La realidad es que la Comisión Estatal es un órgano apocado. Su existencia en 2019 es irrelevante, por políticamente incorrecto que parezca ponerlo por escrito. ¿O acaso era irrelevante porque su titular anterior, que permaneció seis años en el cargo, no pertenecía al círculo de preferencia del poder en turno y relegaban su actuación?

Inclusive la CEDHC recibe menos presupuesto anual que la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pese a que esta última no atiende personas ni emite recomendaciones a entes públicos. Se dedica, simplemente, a teorizar y organizar eventos intrascendentes. No emprende acciones ejecutivas.


La última y nos vamos

Con cuatro meses de anticipación se nos advirtió: será él, y no otro. La mano que ordena las publicaciones, sin pudor alguno, a ojos vistos, se preciaba de imponerlo (“suena”, “se perfila”, “lo ven con buenos ojos”, “tiene ventaja”). Sería él con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y a nadie le importó. No hubo interés en el tema, ni participación y mucho menos oposición real.

Finalmente, con una naturalidad asombrosa, se terminó conquistando una silla para los próximos seis años.
¿Por qué eres así, Coahuila? ¿Quién te hizo tanto daño?
14 Julio 2019 04:05:00
El mito de los 500 mil priistas en Coahuila
En pleno proceso para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Coahuila ha sido centro de polémica en dos ocasiones. La primera, luego de la renuncia del saltillense José Narro Robles al partido entre acusaciones de fraude y simulación, y la segunda gracias a que Ivonne Ortega hizo pública su decisión de no visitar el estado por temor a las amenazas del exmandatario, Rubén Moreira. Inseguridad y cacicazgo, pues.

Por separado, el PRI Coahuila realiza domingo a domingo desde hace un mes la renovación de sus mil 688 comités seccionales con la intención de generar en la opinión pública una imagen de fortaleza y movimiento. Sin embargo la realidad es distinta. El 26 de febrero de 2017, al término de la jornada estatal para seleccionar y postular candidato a Gobernador, el entonces presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, aseguró en Saltillo que “más de 500 mil militantes y simpatizantes” habían votado entre Miguel Ángel Riquelme y Jesús Berino Granados para elegir a su representante, lo cual consideró una “participación histórica” en su elección interna.

Tomando como punto de referencia esa declaración, y particularmente la cifra, en la entidad el PRI ha perdido 250 mil adeptos en los últimos 28 meses, equivalentes a una baja de casi 50% en su padrón. Una desbandada silenciosa.

Me explico. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral señaló a través del oficio UT/19/1437, dirigido a quien esto escribe, que hay 328 mil 806 ciudadanos empadronados por el tricolor en el estado, de los cuales 259 mil 788 se consideran “válidos” al contar con la documentación que lo acredita. El resto, 69 mil 18 personas, están “en reserva” por no existir elementos que confirmen su manifestación de voluntad para afiliarse. Son fantasmas, dicho de otra forma.

Pese a que empleados de distintas áreas correspondientes al Poder Ejecutivo expusieron a quien esto escribe presiones para acudir a afiliarse al PRI durante la primera quincena de junio, y a que el exaspirante a la presidencia del CEN, José Narro Robles, acusó el 20 de junio que el partido “triplicó su padrón” en Coahuila registrándose –dicho de manera irónica– “una epidemia de ansia priista”, actualmente el INE desarrolla un procedimiento excepcional de revisión, actualización y sistematización de los afiliados a los organismos políticos nacionales, implementado por su Consejo General a través del acuerdo INE/CG33/2019.

Es decir, no hay “más de 500 mil” priistas en Coahuila como se presumía en 2017, si es que un día los hubo, sino 259 mil 788 al 1 de julio de 2019. Con esa cantidad, suponiendo que votasen todos de forma unánime por el emblema que los representa, no les alcanzaría para ganar una eventual contienda estatal tomando en cuenta que hay 2 millones 148 mil ciudadanos en la lista nominal al día de hoy.

No es casualidad que hayan perdido la fórmula para el Senado en 2018, y cinco de siete diputaciones federales en la entidad. Tampoco lo es que durante su acto inicial de campaña el pasado 30 de junio, en Saltillo, la fórmula de Alejandro Cárdenas y Carolina Viggiano haya sido acompañada por no más de 500 simpatizantes en la explanada del “mejor PRI de México”, a diferencia de procesos electorales anteriores donde la concurrencia en ese mismo sitio era 10 veces mayor.

Cortita y al pie

Pero no se emocione ya que tampoco hay oposición ni contrapesos en Coahuila.

Morena en la entidad es una franquicia que se agenció hace años un franquiciatario y ahora que tiene la oportunidad le intenta sacar el mayor dividendo posible. Nada más. No ha generado estructura territorial a un año de su triunfo ni tiene la intención de hacerlo. No avanza, encasillado en la eterna disputa por su Comité Directivo Estatal que lo ha dejado ya sin prerrogativas.

Y el PAN… el PAN es un partido estéril y apocado que no gana ni ganando. Demostrado y comprobado.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años –plazo que coincide con la Administración estatal actual– para que 250 mil ciudadanos de Coahuila le diesen la espalda al PRI pese a que lleva gobernando 90 años de manera consecutiva e ininterrumpida?

Desafección política, se llama el juego. Y nadie lo está sabiendo interpretar con claridad.
10 Julio 2019 04:01:00
Urzúa: el punto de inflexión
Nadie lo esperaba. En plenas vacaciones de verano, cuando las actividades públicas se reducen al mínimo de forma natural hasta que los días más calurosos del año transcurren, sorprendió la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El que maneja el dinero en el país. Poca cosa.

No sucedió en un momento crítico, como las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, por ejemplo, sino en un periodo de aparente estabilidad económica luego de las turbulencias enfrentadas durante los primeros meses de la transición presidencial.

Inclusive las motivaciones expresadas distan mucho de las renuncias de Germán Martínez al IMSS, Simón Levy a la Subsecretaría de Turismo, Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración o Josefa González Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las más relevantes del Gabinete federal hasta hoy.

Pero con la cuarta transformación ocurre un fenómeno peculiar: sus críticos pretenden maximizar cualquier desacierto, o gazapo, generando una percepción artificial de preocupación o pánico de ser posible. Que parezca nos aproximamos al despeñadero de forma inevitable y la única solución es saltar del auto en movimiento, antes de irse al precipicio: “Sálvate tú, que se desbarranquen ellos (los de la 4T) con el Presidente al volante”, es el mensaje a un hipotético ciudadano interesado en los asuntos públicos.

Y vente con nosotros, de paso, quienes observamos la carretera desde la orilla del camino. Estacionados en el acotamiento.

Sin embargo el auto es México. Nadie puede salir del vehículo en movimiento sin sufrir las consecuencias. Apostar a debilitar al Presidente, a meterle zancadillas, no a sensibilizar ni a negociar, es a todas luces un despropósito.

Así, todo lo sucedido del 1 de diciembre al 8 de julio tenía explicación o justificación pese a los intentos por desestabilizar y minar la confianza en el Gobierno federal. Desde la cruzada contra el huachicol hasta la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pasando por la manifestación de policías federales o la crisis del sargazo en el Caribe, entre otros problemas.

A fin de cuentas todo cambio genera resistencia.

A siete meses de Administración, en cambio, la renuncia de Urzúa se puede considerar un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y el daño está hecho. Es previsible que un sector moderado que apoyó a López Obrador hace un año, que le dio su voto de confianza o por lo menos el beneficio de la duda, ubicado al centro del espectro político, al que causa repelús la extrema izquierda y desconfía de la izquierda moderada, se pase al bloque opositor (aquellos que antes, durante y después de la campaña presidencial han tenido los mismos prejuicios y las mismas fobias). Una oposición que es más reacción que acción.

Si bien Urzúa no formaba un tándem junto a López Obrador, como sí lo hacían Fernando Elizondo y “El Bronco” en Nuevo León por compararlo de alguna manera, su presencia –como la de Elizondo en su día– tenía un valor simbólico: era el ancla neoliberal dentro de un barco que se supone no lo es.

Al mes 18 de la administración estatal, Elizondo abandonó el Gabinete de Nuevo León encabezado por “El Bronco”, en 2017. Su participación en él daba certeza principalmente a los empresarios de un estado que, como ningún otro en el país, desarrolla negocios. A partir de su dimisión la percepción pública sobre el Gobierno neoleonés no volvió a ser la misma y su aprobación se fue a pique.

Por eso llaman la atención los motivos expresados en la carta de renuncia. Particularmente que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, o la “imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

Interpretando a contrario sensu el documento, la molestia principal de Urzúa eran las políticas públicas implementadas sin base en evidencia, y cargadas de extremismo. ¿Es para preocuparse, o nada más para levantar una ceja? Y también cabe preguntarse: ¿Era realmente insalvable la situación? ¿Tan poco prometedor está el horizonte?

Tratándose de los argumentos de quien conoce las entrañas del monstruo, se podría decir que sí. Sin embargo se conoce la forma de la renuncia, no las razones de fondo. Los motivos de Urzúa, personalísimos, pueden coincidir o no con la realidad.

Cortita y al pie

Las noticias en tiempos de redes sociales nacen y mueren en cuestión de horas. Avalanchas de nuevos acontecimientos sepultan sucesos importantes y el vórtice informativo arrastra sin dejar huella. Media hora después de la renuncia de Urzúa fue ascendido a su cargo el subsecretario del ramo, en un acto reflejo de contención de daños. Al final del día en la paridad cambiaría el peso sólo subió 25 centavos con respecto al dólar al cierre de los mercados.

La última y nos vamos

Por lo demás, no en la carta de renuncia de Carlos Urzúa, sino en la de Germán Martínez el 21 de mayo pasado, hay una frase lapidaria: “la Cuarta Transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

Pues eso.
07 Julio 2019 04:02:00
Líder en obra fantasma y de mala calidad, Coahuila es
Así como se lee: la Auditoría Superior de la Federación acaba de colocar al Gobierno de Coahuila en primer lugar nacional de obra pagada “no ejecutada o de mala calidad”, en su Informe de la Cuenta Pública 2018 correspondiente al primer año de ejercicio de la Administración actual.

El documento, entregado el pasado 29 de junio a la Cámara de Diputados, señala en su Auditoría de Cumplimiento 2018-A-05000-19-0743-2019 743-DS-GF “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 42 millones 457 mil 051 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación”.

Las irregularidades consisten en 10 “volúmenes de obra pagados no ejecutados” y seis “trabajos de mala calidad”, mismas que representan un incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila, artículo 55, párrafo segundo, además de los numerales 66 y 67.

Once de los contratos, formalizados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a cargo de Gerardo Berlanga Gotés, fueron identificados con los oficios SIDUM-2018001-0-0, SIDUM-2018012-0-0, SIDUM-2018133-0-0, 026-ISN-TOR/16, SIT-2018039-0-0, SIT-2018040-0-0, SIT-E18003-0-0, SIT-2018042-0-0, LO-N67-2015, SIT-2018002-0-1, y SIT-2018038-0-0.

Ningún otro estado del país presentó más observaciones en ese rubro dentro de la muestra auditada, y seguido de Coahuila pero con diferencia, Tamaulipas y Yucatán ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Se trata de la “Construcción de un parque lineal verde” y la “Rehabilitación de la Unidad Deportiva Palaú”, ambas en Múzquiz; la “Construcción del Gimnasio Municipal Juan Martínez Pachín”, en Nava; la “Cuarta etapa de mejoramiento de la imagen urbana del Bulevar Valdés Sánchez”, de Viesca, además de rehabilitación de fachadas y construcción de banqueta y cunetas en el Pueblo Mágico.

En Torreón, por su parte, hay señaladas cuatro obras: la “Construcción del Parque Cerro de las Noas” en su primera etapa, la “Construcción de línea de conducción de aguas pluviales, descargas sanitarias y bombas en zona urbana”, la “Remodelación y rehabilitación de las oficinas del Ministerio Público” y la “Rehabilitación integral del bulevar Independencia, del tramo Leona Vicario a Manuel Acuña”.

En Saltillo fueron marcadas con asterisco dos más: la “Terminación del Centro Oncológico de la Región Sureste” y la “Construcción del Hospital Materno Infantil”.

Por entidad federativa, Coahuila fue tercer lugar nacional en irregularidades derivadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2018), sólo por detrás de Nayarit, en donde la Auditoría Superior de la Federación observó un desvío de 422.8 millones de pesos, y Ciudad de México con 258.3 millones. Nuestro estado tuvo observaciones por 256.9 millones que representaron 52.8% de su muestra revisada.

Otro punto a destacar en el Informe de la Cuenta Pública 2018 que realizó la ASF es el “jineteo” de recursos federales que provocó el “incumplimiento de acciones programadas”. Del FAFEF, por ejemplo, la Administración estatal ejerció 81% de gasto al 31 de diciembre de 2018. Lo mismo sucedió con el Fondo de Aportaciones Múltiples, pues al último día del año sólo había gastado 79.3 por ciento.



Cortita y al pie

Pero ahí no acaba el tema. El pasado 2 de abril empleados de la ASF realizaron una visita de inspección física en la obra denominada “Construcción del Hospital Militar Regional en el Campo Militar núm. 6-B”, en Torreón. Sin embargo no localizaron al personal técnico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar la diligencia como consta en el acta circunstanciada 004/CP2018. Por lo anterior no se pudieron allegar elementos suficientes para validar que los trabajos ejecutados con recursos del FAFEF 2018 estuvieron concluidos.

Lo anterior incumple la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; además del convenio de colaboración celebrado por la Sedena y el Gobierno de Coahuila el 26 de febrero de 2018; cláusula quinta y sexta.

Previamente la Secretaría de Finanzas había transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional recursos del FAFEF 2018 por 161 millones 347 mil 884 pesos para ejecutar la obra por adjudicación directa. Ni el Gobierno del Estado ni la Sedena presentaron la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos realizados, ni el expediente técnico unitario de la obra por la totalidad del importe, lo cual constituye un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, como consta en el pliego de observaciones 2018-A-05000-21-0744-06-007.



La última y nos vamos

Hubo poca obra pública en 2018 (equivalente al 7.8% del presupuesto de egresos total), y la escasa que hubo, según la ASF, fue de mala calidad y fantasma.

A qué se dedica entonces el Gobierno de Coahuila. Para qué sirve.
30 Junio 2019 04:05:00
La parte del Metrobús Laguna de Coahuila: el pozo sin fondo
Hace dos semanas, en Gómez Palacio, el Presidente de la República canceló -como todo mundo sabe- la obra del Metrobús Laguna correspondiente a Durango, en un polémico acto popular “a mano alzada” que, según la crónica de Grupo Reforma, duró 31 segundos. Pero eso representa la superficie del tema. Lo verdaderamente importante se halla en el fondo.

El proyecto de transporte público, cabe señalar, conectaría originalmente la zona metropolitana de La Laguna desde Matamoros, Coahuila, hasta Lerdo, en el vecino estado, donde no había iniciado la construcción de la parte que les concierne.

Sin embargo, en Torreón se ha convertido en una obra perpetua, interminable, eternamente postergada y, lo más grave, en un pozo sin fondo de recursos.

El pasado 25 de junio la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a través del oficio SIDUM/UT/848/2019, dijo ser “notoriamente incompetente” para informar a quien esto escribe dos cosas básicas: cuánto han gastado en el Metrobús, y cuánto más pretenden gastar. “Se le sugiere presentar su solicitud de acceso a la información ante la Secretaría de Finanzas”, mencionó.

A su vez, la Secretaría de Finanzas, el 27 de junio, me recomendó presentar la solicitud ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, “quienes pudieran brindar orientación”, como consta en el documento SEFIN/UT/747/2019. Una burla. Así es la transparencia y rendición de cuentas.

Sus evasivas, no obstante, sirven de muy poco. El Metrobús Laguna nace de un convenio del Gobierno del Estado con Banobras. El 24 de noviembre de 2014 la institución de crédito autorizó 465 millones 390 mil pesos para financiar “infraestructura vial, estaciones, terminales con patios y talleres” a través del acuerdo CT/2ªORD/15-OCTUBRE-2014/VI-A. De la suma total, 334 millones 680 mil pesos serían para Coahuila y 130 millones 710 mil para Durango bajo la modalidad “apoyo no recuperable”.

Para frotarse las manos, pues.

Los recursos debían ser ejercidos hasta el 6 de julio de 2016 y de conformidad firmaron entonces Rubén Moreira, Víctor Zamora, Ismael Ramos, María Esther Monsiváis, Iván Garza y Carlos Cabello por el Estado, así como Miguel Riquelme, Jorge Luis Morán, Enrique Mota Barragán, Gerardo Berlanga y Fernando García Tapia por parte del Municipio de Torreón.

Posteriormente, a fin de consolidar el proyecto y cumplir el “compromiso presidencial CG-116”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se aprobaron 623 millones 205 mil 592 pesos más etiquetados como “zona metropolitana de La Laguna”, aunque sin establecer claramente cuánto de ahí debería ser usado para la obra.

Nuevamente otra oportunidad para frotarse las manos.

Para dimensionar la cifra: de entre 46 zonas metropolitanas en el país, solo Valle de México, Guadalajara y Monterrey -los tres principales núcleos poblacionales- obtuvieron más recursos que La Laguna. Por si fuera poco, el Municipio de Torreón aportó en su día 175 millones 880 mil pesos. Así al pozo sin fondo han arrojado en total mil 133 millones 765 mil 592 pesos. Y como suele suceder en casi cualquier asunto emprendido por el Gobierno de Coahuila, la cantidad no coincide con la realidad.

En declaración a varios medios de comunicación, el actual titular de la SIDUM, Gerardo Berlanga, informó que hay “un guardadito de 100 millones de pesos” y por tanto “no hay que pedirle ya un cinco a la Federación” para concluir el Metrobús.

De acuerdo con información oficial obtenida por quien esto escribe, sin embargo, al 23 de abril de 2019 la Secretaría había gastado ya 740 millones 305 mil 494 pesos en la obra, de 888 millones 867 mil 246 disponibles. Eso significa que ha consumido 83% y sobran 148 millones 561 mil 752 pesos por ejercer.

Reitero: no cuadran los números.

En el cuestionado Durango andan perdidos 130.7 millones de pesos que no han sido utilizados en su parte del Metrobús. Coahuila, en cambio, sí ha ejecutado el dinero aunque al menos 245 millones están en el aire. Ahora bien, si usted quiere saber quiénes han sido los contratistas y proveedores beneficiados con la obra, tendrá que sortear otro sinuoso y empinado camino que relataré en otra ocasión.

Cortita y al pie

Por lo demás, otros proyectos similares financiados también con “apoyo no recuperable” de Banobras fueron desarrollados por las mismas fechas en Pachuca, San Luis Potosí, Puebla, Tijuana, Chihuahua y Monterrey. Y ahí le va una noticia: todos ya fueron concluidos.

El único rezagado es Torreón, donde además falta lo complejo: establecer el “modelo de negocio” (sistema de prepago, flota de camiones), hacer pruebas de funcionamiento y el reto mayor: integrarlo con el transporte de Durango. Aterrizarlo a la realidad, básicamente.

Todo lo anterior necesita inversión privada, lo cual hace dudar si alguna vez podrá ponerse en operación.

La última y nos vamos

El Metrobús Laguna ha dejado una enseñanza: en México no existe la capacidad, ni la voluntad, para construir obras interestatales ni aun cuando ambos estados sean gobernados por el mismo partido político, como sucedió al inicio del proyecto. Los intereses privados y de grupo se imponen. Y si el dinero es de libre disposición, aquello se vuelve jauja.
25 Junio 2019 04:04:00
Renuncia Montemayor al PRI, ¿y a los negocios a costa de Coahuila?
Inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público por la Secretaría de la Función Pública, como consta en los expedientes 02/2002 y 04/2002 resueltos el 27 de abril de 2005 por “violación a las leyes y normatividad presupuestal”, el exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, desapareció de la política local durante los sexenios encabezados por Humberto Moreira y Enrique Martínez, pero volvió a escena pública con Rubén Moreira en 2013 bajo una estructura paralela de Gobierno, denominada entonces Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, A.C.

Con la coartada de prepararse para el boom energético que proyectaban sucedería entonces, de 2015 a julio de 2018 recibió 67 millones 410 mil pesos en aportaciones del Gobierno del Estado. Asimismo la Asociación Civil, en la cual funge como Presidente, fue beneficiaria de dos “Fondos Mixtos” del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología: uno por 4 millones 500 mil pesos y otro por 10 millones, según la “Convocatoria 2014-C28” publicada el 26 de noviembre de 2014.

Pero también le abrieron las puertas del negocio. El 2 de diciembre de 2014 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el Gobierno del Estado, los 38 municipios de Coahuila y el Clúster firmaron un convenio de colaboración que empoderó a este último como “enlace entre las autoridades estatales y municipales competentes, y las empresas de hidrocarburos, para canalizar sus gestiones en materia de trámites para usos de suelo, licencias de construcción, de funcionamiento y otras relacionadas”. Y a eso, en términos coloquiales, se le denomina “coyotaje”.

Con dicha iniciativa se antepusieron los intereses de la Asociación Civil a los de una Secretaría prioritaria para la entidad como Desarrollo Económico y



Competitividad.

Aprovechando la bonanza, el 5 de noviembre de 2014 el Clúster también firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por un plazo de dos años prorrogables. Sin embargo la cláusula novena de dicho instrumento jurídico –en poder de quien esto escribe– expone una situación inquietante: la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten del convenio, serán propiedad de la parte que las haya producido. ¿Qué significa eso?, más fácil: que si uno de los integrantes del Clúster, por ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza una invención científica, el dinero que ésta genere será para la Asociación Civil.

Mientras los resultados del Clúster eran casi nulos en Coahuila, se financiaba con dinero público un proyecto privado en Nuevo León. Me explico. Rogelio Montemayor Jr. es director general y representante legal de dos sociedades mercantiles promotoras de inversión, ambas como S.A.P.I de C.V. domiciliadas en San Pedro Garza García, denominadas Strata CR y Strata Campos Maduros, mismas que se agenciaron en 2016 –apenas unos meses después de constituirse legalmente– contratos bajo la modalidad de licencia (CNH-R01-L03-A21/2016 y CNH-R01-L03-A18/2018) para extraer gas natural en Nuevo León en los campos identificados como Carretas (89 kilómetros cuadrados) y Peña Blanca (26 kilómetros cuadrados), ubicados en los municipios de China y General Terán, y General Bravo y Doctor Coss respectivamente.

Lo anterior implica que a su costo y riesgo extrae hidrocarburos propiedad del Estado, sí, pero es libre de venderlos. Por decirlo de otra manera: lucra con las riquezas naturales del subsuelo.

Y lo interesante del asunto es que, en el primer proyecto la evaluación de impacto social fue “encargada” al Clúster, quien la elaboró en julio de 2016. Ese año, justo es decirlo, la Asociación Civil recibió de la Administración coahuilense 19 millones 558 mil 121 pesos.

Nadie sabe para quién trabaja.



Cortita y al pie

En el eje cuatro de su propuesta de campaña, el entonces candidato a Gobernador, Miguel Riquelme, planteó en 2017 “fortalecer el Clúster de Energía para mejorar las condiciones que permitan el aprovechamiento integral de nuestras reservas energéticas”.

¿Seguirá en pie la promesa?



La última y nos vamos

A nadie sorprende la renuncia de Rogelio Montemayor a su militancia en el PRI, manifestada mediante una carta el día de ayer. Al no conseguir la candidatura para el Senado a la cual aspiró, en enero de 2018, el exgobernador de Coahuila criticó las prácticas del partido pero prometió fidelidad: “yo no buscaré otra organización política para volver al Congreso ni promoveré la desunión”.

“Tengo la esperanza de que el PRI recupere el sentido de la ética política, su capacidad de autocrítica, de indignación, y de lucha por recuperar la fortaleza de las instituciones y recobrar la confianza de la mayoría de la ciudadanía”.

Pues ayer perdió la “esperanza”. ¿Y los negocios a costa del erario en Coahuila?
23 Junio 2019 04:15:00
La descobijada del INAI a la simulación en Coahuila
Sorpresivamente, el pasado 27 de mayo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) resolvió un caso relevante para Coahuila. Uno de los más importantes de la última década. Y no lo hizo de cualquier forma, como si se tratase de un asunto rutinario. Por el contrario, tomó partido abiertamente y puso en la agenda otra vez el tema de la deuda pública
contratada entre 2009 y 2010.

Es decir, a una década del mayor desfalco en la historia contemporánea de la entidad, ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) ubicar y difundir los archivos que justifiquen obras y acciones financiadas con recursos obtenidos a través de créditos, tal y como lo solicitó una ciudadana de Torreón el 16 de octubre del año anterior. Lo que nunca se ha hecho, pues. Por Increíble que parezca.

Mediante el recurso de inconformidad 69/19 la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, descobijó con su argumentación a la ASE y también al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Su ponencia, cabe señalar, fue aprobada de forma unánime.

Del ICAI señaló su mala praxis al validar “sin analizar su contenido” ligas electrónicas entregadas como respuesta por la ASE a la ciudadana que solicitó la información, a través del expediente 856/2018. Dichos links electrónicos, dicho sea de paso, conducían a ninguna parte.

Con la ASE, en cambio, fue más allá. Le acusó de mentir al afirmar que no contaba con atribuciones para entregar datos cuando sí las tiene, y de no turnar la solicitud a sus direcciones administrativas correspondientes.

En resumen: los señaló de cómplices y tapaderas. Uno ni siquiera buscó. Y el otro ni siquiera corroboró. Entre ambos, eso sí, desestimaron de plano la petición sin entrar al fondo del asunto. Y con una rapidez inaudita, además. Lo anterior reafirma lo que aquí se ha diagnosticado en diversas ocasiones: la simulación en los órganos integrantes del Sistema Anticorrupción.

En defensa de sus atribuciones, el ICAI podrá argumentar que desde hace meses tienen una baja que no ha sido cubierta en su Consejo General, y que al ser cuatro y no cinco comisionados en este momento, no tienen la capacidad para resolver de forma más profunda cada expediente. ¿Y eso justificaría entonces un análisis superficial y por consecuencia negligente de los recursos de revisión?

Pero la ASE no tiene perdón de Dios. El 16 de octubre por la tarde la ciudadana introdujo la solicitud de información en el sistema. Para el día 19 por la mañana ya tenía la respuesta negativa en su buzón.

Tampoco hay que ser ingenuos. El grupo en el poder mantiene a una burocracia enquistada en los consejos ciudadanos para cuando se necesite. Por si se ofrece. Y ésta es precisamente la coyuntura ideal.

Manuel Gil Navarro, por ejemplo, fue consejero del ICAI hasta 2009, y ahora es secretario ejecutivo del Sistema Anticorrupción. Jesús Homero Flores Mier, consejero del ICAI en el periodo cuando reservaron los documentos de la deuda, es Fiscal Anticorrupción ahora. O Teresa Guajardo, consejera del ICAI en esas mismas fechas, es titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Los tres arriba mencionados, directa o indirectamente, tuvieron que ver con los temas que se ocultaron en su día, y que ahora serían responsables de sancionarlos.

Cortita y al pie

Rescato dos párrafos interesantes del INAI, en el caso que nos ocupa:

“Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones comprometidas con la transparencia en la administración de los recursos públicos, más aún cuando implica adquirir deuda pública y condicionar la economía de las entidades federativas y el margen de acción de sus futuras administraciones”.

“El acceso a la información sobre el destino que tuvieron los recursos adquiridos a través del endeudamiento público en el estado de Coahuila, posibilite un ejercicio de rendición de cuentas efectivo de cara a los ciudadanos interesados en valorar si el ejercicio de estos fue realizado con pleno apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Y el que tenga ojos para ver su intención, que vea.

La última y nos vamos

El 11 de junio el ICAI revocó su decisión original y, de acuerdo con el plazo legal, la próxima semana la ASE deberá entregar la información. Nadie, en su sano juicio, esperaría algo de su actuación. El trabajo, en cambio, deberán hacerlo los ciudadanos. ¿Aprovecharán estos la oportunidad para detonar por fin el tema más importante de la última década en Coahuila?
16 Junio 2019 04:04:00
100 días de simulación, como todos los demás
Como la percepción mediática de su labor es negativa, y la opinión pública ni siquiera los reconoce, los del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila se pusieron creativos –es un decir– y organizaron a principios de año una iniciativa titulada El Reto de los 100 Días.

Se trata, básicamente, de justificar su existencia material y hacernos creer que sí son útiles como depósito de presupuesto. Convencernos, principalmente, de que la remuneración mensual de seis dígitos que recibe cada miembro de cada organismo, dependencia e institución autónoma que integra el “Sistema” está plenamente desquitada.

Pese a que dieron a conocer el proyecto a principios de enero, el conteo inicial de los 100 días naturales comenzó hasta febrero 27. Eso significa que terminó el hipotético plazo el pasado 7 de junio.

A la fecha, sin embargo, sólo hay un boletín de prensa emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para informar que los resultados del “reto” estarán disponibles hasta finales de julio. Es decir, como si hubiesen contado 100 días hábiles, descontando festivos, fines de semana y vacaciones. Porque habrá prisa por demostrar que sirven de algo, pero no tanta como para sacrificar sus beneficios personales.

El comunicado del Sistema Anticorrupción (con su logotipo de tres guadañas entreveradas, en movimiento giratorio, como símbolo de que combaten algo) emplea un lenguaje que, como su actuación misma, pretende ser técnico y sofisticado pero nada dice. Habla de “integralidad y complementariedad”, “innovación de procesos” e “incidencia ciudadana”. El objetivo, dicen, es “fortalecer la comunicación, coordinación y colaboración, y que los ciudadanos tengan un rol aún más participativo y proactivo”. La nada, pues.

En El Reto de los 100 Días, cabe señalar, participan la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y el Consejo de la Judicatura del Estado. Asimismo fungen de observadores organizaciones de la sociedad civil (¿qué ganan en su papel de tontos útiles?), universidades, y hasta la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue involucrada para legitimar el proceso. Esta última, no obstante, aportó una cantidad indefinida de dólares para tal efecto. Como si hiciese falta dinero.

“Es la primera vez en el mundo que se aplica la metodología del Instituto de Resultados Rápidos (RRI) en el tema anticorrupción”, presumen.

No se peca de radical, pero el tema es muy sencillo: si eliminamos el Sistema Estatal Anticorrupción de tajo ni siquiera lo notaríamos. Nadie los extrañaría. El mundo seguiría su curso y otra vez saldría el sol al día siguiente. Y ahorraríamos más de 200 millones de pesos al año, de los cuales el 75% se fuga en “servicios personales”. Como maquinitas de arrojar sueldos.

Si bien la implicación económica es relevante, no es la única. En defensa del Sistema Anticorrupción dirán que no entendemos la función que desarrollan. Que sus atribuciones están mal entendidas. Que se trata de andamiaje, de construir redes, de vinculación. Cualquier cosa que suene interesante e implique disfrazar de actividad académica lo que no tiene ni tendrá resultados concretos.

La realidad es que no desalientan la corrupción a casi dos años de ‘funcionamiento’ (por decirlo de alguna manera).

Eso sí, simulan independencia. Que los consejos integrados por ciudadanos poseen superioridad moral. Que pagan millones en asesorías para mejorar. Que los oficios significan algo más que papeles emborronados o archivos muertos.

Por lo demás, el punto es la impunidad. Pueden conceptuar la corrupción, estructurarla por objetivos generales y específicos, regularla, pero mientras la impunidad reine todo lo anterior es burocracia inútil. Trabajo de Sísifo.

Cortita y al pie

Simular en Coahuila es forma de vida. Costumbre. Manía. Pasatiempo. Negocio. Todo a la vez. Hay instituciones, oficinas, un presupuesto que se reparte anualmente, andamiaje legal, orgánico e institucional, burocracia, edificios con emblemas, aparente atención al público, representación, coordinación entre dependencias, jerarquías… parafernalia.

La última y nos vamos

En 100 días no pasó nada. Antes de los 100 días tampoco. Y después de los 100 días, ¿qué hacemos con ellos?

Por enésima ocasión: el Sistema Anticorrupción del Estado es una simulación grosera. Un insulto a la inteligencia. ¿Por cuánto tiempo más toleraremos nos jueguen el dedo en la boca?
09 Junio 2019 04:06:00
La propuesta envenenada de la diputada PRIMOR
Pasó desapercibida como casi todos los temas que se tratan en el Congreso del Estado. Pero el pasado 28 de mayo la diputada local plurinominal emanada de Morena, Elisa Catalina Villalobos, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 77 de la Constitución Política de Coahuila que mueve a reflexión.

Se trata, en pocas palabras, de implementar una segunda vuelta en la próxima elección de gobernador (2023). Es decir, que haya nuevos comicios exclusivamente entre los dos candidatos que obtengan más votos cuando el primer lugar no alcance más del 50% de preferencia en la primera ronda. Con ello, según la exposición de motivos de la legisladora, se evitarían los litigios postelectorales y el ganador llegaría con más legitimidad a su toma de protesta. O por lo menos no tan cuestionado. Hasta aquí, habrá quien la considere un remedio funcional para evitar se repita lo sucedido en 2017. Pero ése no es el punto, pues el Proyecto de Decreto apunta hacia el futuro, no al pasado. Y las circunstancias de 2023 serán muy diferentes.

Dicho en otras palabras, la propuesta es, en el fondo, un traje a la medida de lo que anticipan (¿quiénes?) sucedería: un escenario electoral a tres tercios. Como la elección de senadores por Coahuila en 2018. No es difícil proyectar, en las circunstancias actuales, que Morena, PAN y PRI lleven a las urnas alrededor de 375 mil ciudadanos cada uno en 2023. Y que luego el tercer lugar, ya eliminado, incline la balanza hacia uno de los otros dos finalistas. Ahí se convertiría, por tanto, en el jugador más importante del proceso. En el “veto player”. Imagine, por ejemplo, a PAN y PRI aliándose contra un hipotético primer lugar de Morena. Y que, por segunda ocasión consecutiva, el PAN termine impidiendo con sus omisiones y acciones la alternancia en Coahuila en beneficio del PRI. No es descabellado pensarlo.

Por lo demás, Elisa Catalina Villalobos no actúa de manera espontánea. Se ha escrito aquí con suficiencia que desde la tercera quincena de la Legislatura se canteó hacia el Grupo Parlamentario del PRI. Hay un simbolismo implícito en que sea ella la elegida para poner el tema en la agenda legislativa. Tampoco es casualidad que, un día después de que presentó la iniciativa, el 29 de mayo, el alcalde de Saltillo haya iniciado una gira de promoción por el norte del estado. Hay una correlación entre ambos acontecimientos.

El comportamiento electoral de los últimos años hace ver complicado que un candidato a gobernador gane por mayoría absoluta (más del 50% de votos). Sin embargo ese fenómeno no es negativo por sí mismo. Por el contrario, la competencia es positiva. El problema radica en que abundan los malos perdedores y ellos incitan la polarización y encono.

Ahora bien, los argumentos de la diputada PRIMOR están basados en dogmas de fe y prejuicios. Falacias. No se tome a discriminación por género ni de otra índole para evadir su responsabilidad, pero es difícil creer que nazcan de su imaginación conociendo su trabajo legislativo previo. Detrás de la propuesta envenenada hay una mente maquiavélica pero hábil.

Hasta el mismo López Obrador lo dijo en su visita a Saltillo, el 19 de octubre de 2018, cuando le cuestionaron la ausencia de la representante de Morena durante un mitin partidista frente a Palacio de Gobierno: “la compañera no vino; aquí se ve (de qué lado está), pues”.

Y aprovechando que la Legislatura está “planchada” y el Congreso es un órgano estéril y apocado, por el momento su iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. En caso de prosperar y avanzar al Pleno, serían muy inocentes –o tremendamente cómplices– los 24 diputados restantes de aprobar esa reforma, ideada no para generar condiciones de “mayor representatividad” y “mayor gobernabilidad” en Coahuila, sino para que una cúpula decida quién será el próximo gobernador. Y que de preferencia se mantenga el statu quo.

Cortita y al pie

Los ciudadanos, ya de por sí, tienen una participación débil y simbólica en la designación de candidatos que hacen los partidos políticos. Es decir, en la boleta sólo pueden elegir lo que otros ya eligieron con anterioridad. Si optan por la vía independiente, en cambio, las condiciones inequitativas de la contienda generan candidaturas meramente testimoniales. Ambos fenómenos limitan la democracia plena.

A lo anterior, no obstante, habría que agregar ahora una segunda elección diseñada para favorecer las alianzas, a celebrarse 30 días después de la primera. Donde las cúpulas tengan otra vez un altísimo margen de maniobra. Tan sencillo como sumar los votos depositados en las urnas, pactar, y juntar selectivamente los que necesitan para derrotar al contrario.

Entonces Coahuila, de aprobarse la iniciativa, serviría una vez más de laboratorio electoral en el país al ser el primer Estado en validar la segunda vuelta en una elección. Ha sido anteriormente campo experimental en los ayuntamientos de cuatro años, la sobrerrepresentación en el Congreso, creación de partidos políticos locales con porcentajes irrisorios de representación, eliminación de curules o redistritación a modo, por mencionar algunos.


La última y nos vamos

En resumen: el quid en la elección de 2017 fue pulverizar el voto de la oposición. En 2023, en cambio, se trataría de negociar y juntar dos grandes bloques en perjuicio de un tercero.

Alguien (¿quién?) ya vio la coyuntura política que se avecina y desde temprano (faltan cuatro años para la jornada electoral) puso en operación un plan.
02 Junio 2019 04:06:00
El estéril Congreso de Coahuila
Se ha cumplido un ciclo más en la vida de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y surge el deber de hacer un balance del desempeño institucional durante los últimos seis años, para cumplir con el deber de rendir cuentas a la comunidad y reconocer el desempeño de quienes sirven a ella a través de la institución.

En el Congreso del Estado, el órgano de control por excelencia en la división de poderes, hay 25 diputados, aunque de todos no se hace uno. No tome a la ligera esta afirmación. Para llegar al punto que deseo poner a debate, sin embargo, primero se necesita saber quién es quién. Así que vamos por partes.

De entrada, una premisa: a los 10 legisladores priistas delos por perdidos. Y anexe también al paquete a Claudia Ramírez, la representante del PRD (o lo que queda de éste, en sus últimas horas como partido).

Ellos, los 11, están ahí como alfiles para defender al Rey. Son posiciones prescindibles dentro del tablero de ajedrez político que se llama Coahuila. Da igual quién ocupe las curules pues la misión es invariable: en conjunto formar una barricada, alineados en todo momento, orientados hacia proteger –y favorecer– los intereses del grupo en el poder.

Con ellos no hay transigencia posible. Saben su juego y siguen sus reglas. Están conscientes de que si lanzan el boomerang, éste inevitablemente regresará al punto de partida y les estallará en la cara, por eso no arriesgan. No dan un paso en falso. Solamente se dedican a seguir la carreta, y que las calabazas se vayan acomodando solas en el camino.

Pero también existen los que la ciencia política define como “veto players”. Sin así desearlo, son los jugadores más importantes de la Legislatura LXI porque inclinan la balanza entre dos posturas irreconciliables en el papel, aunque idénticas en la realidad.

Se trata de Edgar Sánchez, representante sin partido que llegó al Congreso bajo el emblema de la UDC, por San Pedro de las Colonias; y Elisa Villalobos, diputada que se sacó la plurinominal en una tómbola de Morena. Literalmente.

Desde la tercera quincena de la Legislatura LXI, en febrero de 2018, el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Samuel Rodríguez, los llevó a su regazo y a la fecha no hay fuerza o poder humano que los saque de ahí. Pase lo que pase, ambos votan a favor de las propuestas del PRI. Y al hacerlo decantan el resultado 13 a 12. Por eso sus votos, pese a que cuentan lo mismo, son los que más valen.

Luego están las dos posiciones de la UDC: Emilio de Hoyos y Zulmma Guerrero; eternamente aliados del PAN en temas locales, sean los que sean, salvo algún asunto federal donde se ladean a favor de Morena. Con ello encarnan a la perfección el doble juego de Lenin Pérez, líder moral del partido: entre azul y buenas noches, pero siempre naranja.

En la conformación de la Legislatura LXI, por último, hay un extraviado. Aislado del concierto local y a contracorriente. Si bien acompaña casi todas las iniciativas del PAN, su peso específico es casi nulo. Es el diputado por Morena, Benito Ramírez Rosas.

Y aquí aterrizo al punto de partida que se desmadejó desde un principio: los blanquiazules.

Con nueve parlamentarios –la mayor cantidad en sus 80 años de historia– uno esperaría no sólo mayor trabajo legislativo sino efectiva oposición, agenda propia, claridad e ideas que trasciendan.

Desde que tomaron posesión, sin embargo, cayeron en una dinámica repetitiva donde no consiguen materializar acciones de fiscalización y rendición de cuentas. Su actuación, en cambio, se limita a hacer ruido, nunca daño (en el sentido de imponer y repercutir, obviamente). No han logrado una sola comparecencia en el recinto parlamentario, ni un informe detallado sobre finanzas, mucho menos un veto, o una iniciativa que desemboque en sanciones a funcionarios. Su labor inicia y acaba en una cruzada de declaraciones y boletines, fiel a su estilo. ¿Es un problema de incapacidad, desinterés, cobardía, o simple complicidad con el grupo en el poder?

¿O cómo explica, por ejemplo, que hayan votado de forma unánime para investir a los priistas Homero Ramos y Miguel Mery como magistrados el pasado 26 de diciembre?

Cortita y al pie

Todo el preliminar anterior viene a cuento por una razón: lo que los panistas con atribuciones legales y recursos públicos a su disposición –nada despreciables, por cierto– no pudieron lograr en cinco meses, quien esto escribe lo acaba de conseguir con una computadora y conexión a internet: que la Secretaría de Finanzas informe para qué pidió un crédito a corto plazo por 550 millones de pesos en diciembre del año pasado.

Tampoco es algo de lo cual enorgullecerse. Finanzas, como es costumbre, responde las solicitudes a medias y con dolo. A través del oficio SEFIN/UT/663/2019, y luego de un proceso que inició el 17 de febrero y terminó el 29 de mayo, incluida prórroga, recurso de revisión y marrullerías para dilatar el caso, de su contestación hay poco qué decir y mucho menos qué rescatar. Más importante me parece, por el contrario, la ineptitud y esterilidad del Poder Legislativo en general, y del Grupo Parlamentario del PAN en particular.


La última y nos vamos

Los próximos comicios que habrá en el Estado (2020) serán para renovar el Congreso. Si bien faltan seis meses para que inicie el proceso electoral, lo cual es una eternidad en tiempos de internet y redes sociales, convendría tomar desde ya mejores decisiones, empezando por buscar otros perfiles como candidatos. Pues con los mismos de siempre no llegaremos a ninguna parte.

***Si usted es lector habitual de Mosaico de Egos, sepa que aquí nos encontraremos todos los domingos en las ediciones de Grupo Zócalo. Al asumir otras responsabilidades laborales, no obstante, los martes y jueves de columna quedarán vacantes hasta otra ocasión.

Gracias de antemano por su preferencia.
30 Mayo 2019 04:07:00
¿Todos somos AHMSA?
Como Humberto Moreira o “El Mono” Muñoz en su día, Alonso Ancira, presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México, también fue arrestado en España.

En una sociedad agraviada, donde la justicia es un bien de consumo inalcanzable para la mayoría, a la opinión pública da gusto –y no es que la desgracia ajena deba darlo– que hombres otrora poderosos caigan en los mismos calabozos que se suponen reservados para la plebe. Por eso la detención del empresario afincado en Monclova representa una de las pocas ocasiones en que se reconcilia la realidad con el estado de derecho. Máxime si se trata de un Sultán. Un Jeque. Sin embargo la clase política del estado no lo asimila de la misma manera.

Quienes anteriormente le servían de cabilderos, enarbolaban la bandera del acero, defendían los aranceles, peleaban por ser el primero en subir a tribuna, proponer un punto de acuerdo favorable a sus intereses o pedían su bendición (particularmente durante las campañas electorales), han impulsado una defensa pública de la empresa, y soterrada del empresario. Lo anterior no sería nada extraño de no ser porque dicho respaldo se basa en un par de premisas escandalosas: no importa que la fuente de empleo sea demostradamente corrupta, mientras haya fuente de empleo. No importa que roben, mientras salpiquen.Esa valoración dice mucho de quienes la usan como argumento. Los retrata de cuerpo entero. Como si defendieran la tesis de José López Portillo (“la corrupción somos todos”). El Ayuntamiento de Monclova, por ejemplo, mandó instalar ayer lonas en el “Rallador de Queso” para demostrar su apoyo a la empresa bajo el hashtag #TodosSomosAHMSA. Para hoy convocó a una marcha de ‘apoyo’.

Ahora bien, probablemente usted ha escuchado múltiples ángulos de la información: implicaciones, antecedentes, o hasta datos de color como que Alonso Ancira trató de levantar de nuevo su aeronave al verse acorralado, ya en tierra, luego de concluir el trayecto Toluca-Nueva York-Palma de Mallorca.

El 20 de agosto de 2018, no obstante, la agencia Reuters publicó una nota que pasó desapercibida. A partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación, analizó los viajes en helicóptero que realizó Emilio Lozoya, siendo director de Pemex, y descubrió que hizo 54 aterrizajes en las oficinas de Grupo Acerero del Norte, en la Ciudad de México.

Si bien el vocero de AHMSA explicó que sólo se utilizó su helipuerto por cercanía y cuestiones logísticas, pero no necesariamente visitó la siderúrgica, el hallazgo habla de la cercanía entre ambas empresas.



Cortita y al pie

A partir de ahora, aquello se volvió una ensaimada de Mallorca. Ese pan enroscado, con un relleno incierto. Un asunto complejo, entreverado. Mientras Napoleón Gómez Urrutia pide al Gobierno federal intervenir en AHMSA, Armando Guadiana pide al mismo Gobierno descongelen las cuentas y respeten los derechos de Alonso Ancira. Ambos senadores de Morena van juntos en ciertos temas, y en el caso que nos ocupa tomaron bando: Napoleón a favor de la intervención del Estado Mexicano, y Guadiana en pro de Ancira. “Por lo que haya sido”, defendió.

La empresa recuperó este miércoles el control de sus cuentas bancarias, descongeladas ya por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. “Eso nos garantiza a nosotros que la operación financiera de la empresa va a empezar a normalizarse a partir de hoy”, dijo su vocero. Con la operación asegurada, pero sin cabeza.



La última y nos vamos

Por lo demás, hace unos meses decían que si la Comisión Federal de Electricidad ya no compraba carbón mineral –a los políticos involucrados en el negocio, justo es decirlo– colapsaría económicamente la Región Carbonífera. Una de cinco.

Ahora, en cambio, dicen que si las cuentas bancarias de AHMSA permanecían congeladas, colapsaría económicamente la Región Centro de Coahuila. Dos de cinco. Ambas circunstancias dependientes del Gobierno federal. Llama la atención que pudiendo elegir entre una baraja de 300 empresarios, los más poderosos de México, la ruleta cayó de nuevo en el estado. ¿Fuerte, Coahuila es?
28 Mayo 2019 04:06:00
Fuerte, Coahuila es…  hasta que congelan las cuentas de AHMSA
Ayer la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), motor industrial y financiero de Monclova y la Región Centro de Coahuila, informó a la opinión pública que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “se congelaron las cuentas bancarias con las que opera” su sociedad mercantil Altos Hornos de México, S.A. de C.V.

“AHMSA también está relacionada con el caso Odebrecht”, señaló ayer a Grupo Zócalo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Si bien además de la empresa acerera fueron bloqueadas las cuentas bancarias de otros actores, como Emilio Lozoya y media docena más, el asunto tiene relevancia, pues precisamente la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un “convenio de colaboración para el intercambio de información” con el Gobierno de Coahuila el pasado 16 de abril.

Sin embargo el documento de 12 cuartillas –en poder de quien esto escribe– supone una relación desequilibrada en su cláusula tercera, relativa a los compromisos de las partes. Así, mientras el Gobierno de Coahuila proporcionará “información que resulte útil a la UIF”, ésta “otorgará al Gobierno de Coahuila los reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados en términos de la normatividad aplicable, que pudieran favorecer a la determinación de la situación fiscal de los contribuyentes que tengan su domicilio en Coahuila”.

Es decir, la UIF lo pondría sobre aviso. O aquello derivaría en una inteligencia financiera, pero al estilo Coahuila.

Qué pasaría, para dimensionar, si la UIF le comparte datos confidenciales y Gobierno del Estado, en cambio, reporta no tener novedades o da pistas que llevan a ninguna parte. En ese supuesto más que colaborar sería poner la Iglesia en manos de Lutero.

La UIF, por la naturaleza de sus atribuciones, no necesita del Gobierno de Coahuila ni de la Fiscalía General del Estado para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que, dicho sea de paso, algunas veces nacen en las mismas oficinas públicas. Si bien nada le impide firmar convenios, sus competencias contenidas en el Reglamento Interior de la SHCP y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le facultan para actuar como enlace entre Hacienda y las entidades federativas y municipios.

No necesita pedirles permiso, pues. Simplemente aplicar la ley, y nada más.

Y así sucedió ayer, con el caso de AHMSA.

Cortita y al pie

Por separado, en una diligencia de cateo que se prolongó durante tres horas por la madrugada del domingo, Ricardo Aguirre y su esposa, Edna Dávalos, ambos funcionarios del Gobierno de Coahuila, fueron los últimos en enterarse que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República los tenía cercados. Para preservar la secrecía de la investigación y evitar fugas, la SEIDO no pidió colaboración a la Fiscalía General del Estado.

Ahora bien, de acuerdo con el vocero de AHMSA, Francisco Orduña, la medida de la UIF los tomó por sorpresa: “nos enteramos a través de los bancos, fuimos a hacer operaciones y no pudimos”, dijo ayer a Grupo Zócalo.

El sigilo como denominador común en ambas acciones, de domingo y lunes, encabezadas por el Gobierno federal.

La última y nos vamos

Por lo demás, en un comunicado de tres párrafos fechado ayer y con folio 45/2019, AHMSA dijo que, al congelar sus cuentas, la UIF está “poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila”.

Eso significa, interpretando sus bien medidas palabras, que la economía de la entidad –parafraseando al expresidente de la República, Ernesto Zedillo– está “prendida con alfileres”.

Y que Santiago Nieto –como le reprochase Carlos Salinas a su sucesor– se los acaba de quitar.
26 Mayo 2019 04:05:00
Las pensiones de los 25 notables de Coahuila
En la última columna publicada en este mismo espacio, el pasado jueves 23, comenté de refilón que hay 25 exmagistrados del Poder Judicial de Coahuila que reciben pensión vitalicia. Dicha cifra de privilegiados, se dijo aquí, supera los 21 magistrados en activo, con lo cual el presente financiero soporta una carga cada vez mayor del pasado.

¿Pero quiénes son esos 25 notables que mes a mes disfrutan su “haber de retiro” con cargo al erario?

A continuación la lista en orden alfabético: Martha Elena Aguilar Durón, María Guadalupe Aguilar Silva, Antonio Berchelmann Arizpe, Natalio Ricardo Dávila Moreira, Ramiro Flores Arizpe, Mariano Fuentes del Bosque, José Fuentes García, Efraín Rogelio García Flores, Daniel García Nájera, Adrián González Hernández, Arturo Ibarra Flores, Francisco Martínez Alvizo, Fernando Orozco Cortés, Guillermo Pámanes Castro, Gregorio Alberto Pérez Mata, Fernando Cuitlahuatl Rangel Villarreal, Edmundo Rodríguez Barrera, José Rodríguez Esparza, Patricia Estela Rodríguez Garza y César Treviño Galindo.

Además continúan recibiendo pensión los beneficiarios (cónyuge, hijos) de cinco magistrados finados: Antonio Flores Melo, Germán Froto Madariaga, Luis Fernando García Rodríguez, Luis Alfonso Martínez Montalvo y Luis Treviño Medrano.

Del total, 20 fueron pensionados como magistrado de Sala, dos como Unitario, dos más como Electoral y uno como Presidente. En función de lo anterior reciben mayor o menor dinero respectivamente. Aunque todos, como prestación adicional, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores.

El artículo 153 de la Constitución del Estado de Coahuila es muy generoso. Además de otorgar una remuneración “adecuada e irrenunciable” a los magistrados, que no podrá ser disminuida durante su encargo, garantiza una pensión “con todas las prestaciones y en igual cantidad como si estuviesen en activo”. El porcentaje se determina en proporción a la edad y años de servicio, según “el salario neto mensual vigente percibido por el magistrado a la fecha de su baja en el cargo”, de acuerdo con la Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Y basta con haber cotizado al fondo de retiro solamente 10 años.

El ingreso, cabe señalar, se compone por una doble pensión: la que otorga el Instituto de Pensiones del Estado, y la complementaria. Sumadas ambas, corresponden al 100 por ciento del ingreso mensual neto como si estuviesen en activo. Y aquí viene lo interesante: eso representa un gasto de 4 millones 322 mil pesos al mes, o 51 millones 875 mil 304 al año para el Presupuesto de Egresos.

CORTITA Y AL PIE

En defensa de sus emolumentos dirán que son legales, “irrenunciables”, y que no hay efectos retroactivos así se decretase poner fin a las pensiones. Dicho de otra forma: que cualquier intención en contra les hace lo que el viento a Juárez. Y se ampararían y aquello terminaría en la Suprema Corte.

También apelarían al discurso de su alto encargo, la responsabilidad que supone la encomienda, toda una vida dedicada a la justicia, etcétera.

Sin embargo en infinidad de ocasiones la realidad ha desmontado una hipótesis no demostrada que se utiliza para justificar salarios altos (y por consecuencia pensiones): pagándoles mucho se volverán incorruptibles. Falso. Sin generalizar, en la misma lista de privilegiados existe más de un impresentable.

Para dimensionar el dispendio: se paga más a los 25 exmagistrados de Coahuila que lo desembolsado –y ampliamente debatido en su día– a los expresidentes de la República: Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes recibían 205 mil 122 pesos mensuales hasta el 30 de noviembre de 2018, y las viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid, quienes recibían 102 mil 561 pesos al mes.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

En el Poder Judicial no hacen ruido. Los reflectores pocas veces apuntan hacia su actuación. Tienen patrón, pero no contrapesos.

La austeridad no la conocen. Quitar los privilegios a 25 exmagistrados implica un ahorro anual de casi 52 millones de pesos a las finanzas del Estado. ¿Por qué no proponer una iniciativa de reforma en ese sentido en el Congreso del Estado?

Tampoco se quedarían desprotegidos. La pensión para adultos mayores del Gobierno federal es universal, y habría Seguro Popular para quienes no puedan costear un servicio médico privado.
23 Mayo 2019 04:06:00
El espeluznante actuar del Poder Judicial en Coahuila
Casi no se le pone atención, pero el tercero de los poderes en el Estado, el que menos reflectores recibe, es el que resultados más pobres entrega. Y vaya que con el Ejecutivo y el Legislativo hay tela de dónde cortar.

Primero, por un asunto de inoperancia. En el Poder Judicial, al 7 de mayo de 2019, existen 102 mil 897 juicios en trámite. Eso significa que se necesitarían por lo menos 10 años, consecutivos y sin descanso, para resolverlos en las condiciones de trabajo actuales. Precarias, por lo demás. Y requeriría, por si fuera poco, no radicar más juicios en esa década para poder abatir el rezago, lo cual se antoja imposible, pues tan sólo en 2018 hubo 65 mil 726 nuevos expedientes y 63 mil 174 en 2017.

¿Por qué nos hemos acostumbrado a que la nula impartición de justicia sea normal en Coahuila?

Y aquí viene un detalle interesante.

Para empezar, haga usted un ejercicio de memoria y visualice los funcionarios que de 2008 a la fecha han ocupado cargos públicos en la entidad, en todas las dependencias de la administración y a todos los niveles, y recuerde los casos de corrupción vinculados a ellos.

Pues resulta que en el Poder Judicial, en ese mismo tiempo: de 2008 a la fecha, no hay ni una sola sentencia condenatoria sobre delitos cometidos por servidores públicos. Ninguna. Cero.

Ni enriquecimiento ilícito, ni cohecho, ni peculado, ni cualquiera relacionado en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, ni en los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Estado, que son los competentes para conocer y resolver los asuntos.

Lo anterior significa 12 años en blanco. Como si viviésemos en una sociedad distópica escrita en las novelas de José Saramago. Un insulto a la inteligencia. Sólo existe, eso sí, un proceso iniciado en 2014 en el distrito judicial de Saltillo, dos en 2015 y tres en 2019; pero ninguno resuelto. Asimismo cuatro iniciados en 2018 en el distrito judicial de Sabinas también pendientes de resolución. La nada, pues.

El Judicial, sin embargo, se ha convertido con el paso de los años en un Poder que mira más al pasado que al presente.

Mientras existen 21 magistrados activos, entre distritales, regionales y salas colegiadas, hay otros 20 magistrados pensionados vivos, y cinco más fallecidos. En estos últimos casos, la pensión la disfrutan sus beneficiarios. Y todos reciben una cantidad irrenunciable, igual a como si estuviesen en activo.

Cortita y al pie

De los actuales, para dimensionar el dispendio, la magistrada presidenta, Miriam Cárdenas Cantú, percibe 273 mil 680 pesos brutos al mes. Los presidentes de Sala, 237 mil 229. Los magistrados de Sala, 231 mil 732 pesos. Un magistrado del Tribunal de Adolescentes, 194 mil 175. Y los magistrados distritales, finalmente, 108 mil 200 pesos.

La última y nos vamos

Pese a ello el Judicial es un Poder irresponsable. Y para demostrarlo basta recordar lo que sucedió en el caso Ficrea, donde Gregorio Pérez Mata, entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, provocó la pérdida de más de 100 millones de pesos (descontando lo recuperado) al depositarlos en la fraudulenta caja de ahorro, y hoy goza de la tranquilidad que le provee su jubilación.

Es un Poder corrupto. Y para ejemplificarlo no hay que olvidar la trama de corrupción con el Infonavit, en la cual hay jueces coludidos para quitar viviendas a trabajadores con artimañas legales, a la fecha sin que se finquen responsabilidades.

Y es un Poder opaco. Pues a dos meses de que fue obligado por decreto a transmitir las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en vivo, “actualmente se llevan estudios técnicos para conocer sobre los requerimientos de esa naturaleza”, como consta en el oficio DRM/052/2019.

Como si no bastase un celular con conexión a internet.
21 Mayo 2019 04:06:00
Desastres naturales en Coahuila, ocasión para facturar con fantasmas
Quien no conociese los antecedentes del tema, ni de los involucrados, podría creer que se trata del mayor caso de “emprendedurismo” conocido en Coahuila: una empleada del Departamento de Limpieza en el Ayuntamiento de Torreón, durante la gestión de Miguel Riquelme, en cuatro años de ganar un salario de 3 mil 200 mensuales (153 mil 600 pesos en total, sumando todo el periodo), logró reunir el capital para constituir una empresa y venderle, un año después de renunciar a su trabajo como auxiliar general, 22 millones 369 mil pesos al Gobierno de Coahuila en un plazo de 48 horas.

No sólo eso. Tuvo la capacidad financiera y organizacional para proveer semilla de sorgo, 175 pipas cargadas con agua, fertilizante, garrapaticida, y además rentar maquinaria que –obviamente– tuvo que haber adquirido con anterioridad para poder alquilarla.

Un modelo de éxito y mérito, sin lugar a dudas.

El asunto es que la palabra de moda: “emprendedurismo”, no es el asunto de fondo sino la creación de empresas fantasma para simular operaciones fiscales.

Y no es el primer caso donde los datos personales de ciudadanos en condición de pobreza terminan siendo utilizados para montar coartadas y desviar dinero público. Por el contrario, se ha convertido en el denominador común de las administraciones estatales en la última década.

En Coahuila, sin embargo, la corrupción ha caído más bajo: aprovechando situaciones de emergencia, estado de necesidad y fuerza mayor.

No es la primera ocasión en que un hecho fortuito es utilizado para sacar raja del erario. En 2015, por ejemplo, a raíz del tornado que se presentó en Ciudad Acuña el 25 de mayo (14 personas fallecidas, 229 lesionadas y casi mil viviendas dañadas) y generó recursos extraordinarios del Fondo para Desastres Naturales, fueron facturados 77 millones 513 mil pesos en material de curación, paquetes quirúrgicos, edredones, cobijas, colchones y colchonetas por el Gobierno del Estado a empresas fantasmas vinculadas con la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo. No en vano el mote de #LadyCobijas.

Pese a que la funcionaria fue destituida luego de conocerse la situación, en noviembre de 2016, a la fecha no hay responsables indiciados.

En el caso que nos ocupa, la presunta adquisición directa de insumos a la persona moral Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. ocurrió después del incendio forestal en Arteaga que consumió 600 hectáreas de bosque, el 6 de junio de 2018. En la coyuntura fueron facturados 22 millones 369 mil pesos entre el 25 y 26 de junio sin que conste su aplicación en productos y servicios, como publicó Grupo Zócalo en sus ediciones de ayer.

CORTITA Y AL PIE
Ahora bien, Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. está domiciliada en realidad en un centro de negocios que ocupa Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien es fundador y actualmente CEO del fondo de inversión Makech Capital, en Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

Aunque la sociedad mercantil fue inscrita el 2 de mayo de 2018 en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Torreón con un domicilio en el centro de la misma ciudad bajo el giro “comercio al por mayor de equipo y material eléctrico”, en el padrón de proveedores y contratistas de la administración estatal aparece por partida doble: la primera como contratista de “remodelaciones y acabados” (registro 3014), y la segunda como proveedor de “materiales para la construcción” (registro 6003). Ambas con domicilio en Avenida Prado Sur 274, colonia Lomas de Chapultepec VI, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Una de las zonas con mayor plusvalía en el país.

En ambos casos facilitó como número de contacto un teléfono inexistente con lada de Torreón.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
El Gobierno de Coahuila está creando millonarios: de afanar pisos en Torreón, a oficina en Las Lomas. Ajá.
19 Mayo 2019 04:06:00
Los mismos de siempre, en el negocio del carbón
Luego de paralizar indirectamente la actividad minera en la Región Carbonífera por espacio de cinco meses, la Comisión Federal de Electricidad reactivó en abril pasado los pedidos de carbón para suministrar sus centrales termoeléctricas de Nava.

Y lo hizo –como se ha explicado aquí con anterioridad– dividiendo las 330 mil toneladas que adquirió entre dos: la mitad para Minera y Acarreos Flores, S.A.de C.V., y el 50% restante para Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) según se consignó en el contrato CFE-0001-CAAAA-0002-2019. Es decir, por primera vez la CFE quitó el monopolio del negocio al Gobierno del Estado.

Sin embargo lo anterior no impidió que ganasen los mismos de siempre.

A través del oficio PRODEMI/DG/83/19, la Promotora informó que son 69 sociedades mercantiles las beneficiadas de su mitad. Extractores, a definir por su actividad, aunque se hacen llamar productores a sí mismos.

Por un lado están los tradicionales, como Los Yutani de Sabinas o Los Kamar de Monclova. Por otro lado, en cambio, participan sociedades de reciente creación (marzo 2019, un mes antes de la subasta) domiciliadas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nuevos mineros que jamás han visitado un tajo, un pocito, o una cueva en su vida.

Allende las fronteras de Coahuila se vende la idea que toda una región depende del ciclo del carbón; que no existen –ni existirán– otras alternativas económicas. Con ello se justifica el atraso que supone la actividad extractiva y se retrasa una posible reconversión a mediano plazo, como se ha hecho en España o Alemania, por citar casos paradigmáticos.

Y en realidad los únicos que sacan dividendos son los políticos metidos en el negocio.

Entre los ganadores del 50% que corresponde a la Prodemi está Rogelio Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila. Usufructuario del fracking en Nuevo León, por cierto. También Antonio Nerio Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. O Luis Alfonso Rodríguez, exsubsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera.

Esta vez, en el pedido vigente con duración de cuatro meses, no fueron favorecidos. Pero Melchor Sánchez, exalcalde de Monclova; el lagunero Marcelo Torres, actual presidente del Congreso del Estado; Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas; Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde de Sabinas; y Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas, tienen participación en sociedades cuya razón de ser es el carbón, como consta en las actas constitutivas de sus respectivas empresas en poder de quien esto escribe.

Ahí la razón de que genere tanta rebatinga el huachicol de piedra.

No es casualidad que las gestiones, arrebatos, protestas y amenazas de judicializar el proceso hayan motivado que, el total de la producción, aún cuando no se pactó así en el “Concurso Abierto Internacional”, se entregue a CFE vía Prodemi. El intermediario y coyote oficial. De tal forma el empresario ganador del 50%, Antonio Flores Guerra, también deberá pasar a dejar su contribución para la caja chica. Un derecho de piso institucionalizado.

Cortita y al pie

Tan sólo de 2012 a 2016 la Prodemi se embolsó 783 millones 971 mil pesos por concepto de retenciones, descuentos y ajustes, de acuerdo con una investigación realizada por quien esto escribe, publicada en marzo de 2017. A juzgar por los recibos de “liquidación para pago” expedidos durante su gestión, Prodemi cobró sistemáticamente 13 impuestos a los productores de carbón, fincando la cuota en el “Fideicomiso de interés público” inscrito el 15 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial.

Según ese Fideicomiso (artículos Cuarto y Quinto) por cada tonelada comprada Prodemi descontaría 28 pesos a los productores a fin de invertirlos en infraestructura, programas sociales y seguridad para la Región Carbonífera. En la práctica, no obstante, fueron rebajados 13 rubros que sumaban 73 pesos por tonelada. A ello hay que agregar cálculos desventajosos para los mineros por fórmulas poco claras como “humedad excedente”, “poder calorífico” y “costo de eliminación de agua”; bonificaciones “por manejo y disposición de ceniza” y “por azufre”; y penalizaciones “por carbón en estado de rechazo” sin que exista un control de procesos que permita verificar su legalidad.

La última y nos vamos

Y como Prodemi es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Finanzas, una vez entra el dinero a la licuadora de recursos no vuelve a conocerse su destino final.

Ahora bien, al estilo del moreirato, ésta cambió de personalidad jurídica en febrero de 2017 cuando –a iniciativa de Rubén Moreira– el Congreso local expidió la Ley que creó la Impulsora Minera del Estado de Coahuila, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. No pasó nada con ella. Posteriormente volvieron a revivir la Prodemi en 2018 sin explicación de por medio.

Así como éste hay otros ejemplos de cómo en los últimos años, con ese modus operandi, el grupo en el poder deslocaliza evidencia, rota funcionarios, borra huellas, pierde la pista de auditorías y fiscalización… y vuelve a empezar.

Borrón y cuenta nueva. No hay delito que perseguir. A eso le apuestan.
16 Mayo 2019 04:06:00
La casta de privilegiados que ocupa $46.8 millones en camionetas blindadas
Hay prioridades. Una de las primeras compras del Gobierno de Coahuila que inició funciones el 1 de diciembre de 2017 fueron cuatro camionetas blindadas. Empezando enero de 2018 ya las habían adquirido directamente, sin estorbosas licitaciones ni enfadosas rendiciones de cuentas. Dos para uso del Gobernador, Miguel Riquelme, y dos para la Secretaría de Gobierno. Primero lo primero.

Los cuatro vehículos fueron vendidos por Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León, a un costo total de 12 millones 703 mil pesos. El hecho fue documentado en su día, sin embargo un alud de nuevos acontecimientos enterró la polémica generada en la opinión pública.

Pero ahí no acabó la protección personal para funcionarios estatales de primer nivel.

De marzo a julio del año pasado fueron adquiridas otras 11 unidades blindadas a un mismo vendedor de Torreón: Auto Mall, S.A. de C.V. También sin licitación y sin pasar por ninguna contraloría. Cuatro en marzo, dos en mayo y cinco en julio. La Administración estatal desembolsó por ellas 34 millones 167 mil pesos, como consta en los comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe.

Esas 11 camionetas, cabe señalar, las registraron como “usadas” para efectos administrativos aunque las facturaron a precio de nuevas. Se trata de tres Suburban (dos modelo 2017 y una 2018), tres Tahoe también del 2018, y cinco Grand Cherokee: cuatro de ellas 2018 y una más 2017. Todas con el nivel de blindaje IVP, que resiste proyectiles perforantes y todos los calibres de armas, incluyendo largas automáticas.

La Secretaría de Finanzas pagó 3 millones 216 mil pesos por cada una de las Tahoe. Las cuatro Cherokee de 2018 se adquirieron a 2 millones 950 mil pesos por unidad, y la de 2017 por 2 millones 850 mil pesos. Las dos Suburban de 2017 en 3 millones 298 mil pesos individualmente, y la de 2018 a 3 millones 273 mil pesos.

Así, entre los 15 vehículos identificados, suman 46 millones 870 mil pesos.

El caso supone una relación directa con la presunta seguridad que goza Coahuila, y genera una pregunta socarrona pero a la vez obligada: ¿a qué le temen y de quién se protegen?

También concierne al privilegio que implica formar parte del grupo en el poder que mete las manos al presupuesto anual durante un sexenio (aunque ellos, en su defensa, dirán que asumen riesgos): transportarse todo ese tiempo dentro de una burbuja, ajenos a la realidad que viven 3 millones de habitantes en la entidad.

Primero sus dientes, después sus parientes. Y si algo sobra, para repartir entonces al interés colectivo.


Cortita y al pie

Ahora bien, ¿no había ya camionetas blindadas en uso que debieron desocuparse y reasignarse durante la entrega-recepción del Poder Ejecutivo a finales de 2017?

¿Dónde quedaron? O mejor dicho: ¿quién se las quedó?

Profundicemos más en el cuestionamiento: ¿durante cuántas administraciones el Estado debe absorber los costos asociados a seguridad de exfuncionarios? ¿Se trata, en ese supuesto, solo de servidores públicos en retiro (o en la banca, según se vea) o también se da trato preferencial a sus familiares y a otros gremios?

Y como las respuestas pueden ser evadidas legalmente con el argumento de que comprometen la seguridad de los involucrados, y no hay obligación de transparencia, se abre una coyuntura para el uso discrecional de recursos. Lo mismo sucede con 156 elementos de Fuerza Coahuila cumpliendo funciones de acompañamiento y seguridad privada, asignados al servicio de anteriores funcionarios, como evidenció Grupo Zócalo (10/02/19). Al tratarse de información reservada por las mismas razones, no existen controles efectivos para observar y regular el uso de la fuerza pública con fines particulares.


La última y nos vamos

Finalmente, otro punto a controvertir: el negocio. La compañía neoleonesa que se llevó 12 millones 703 mil pesos, Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., sí está registrada en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

En cambio, el proveedor de Torreón favorecido con 34 millones 167 mil pesos, Auto Mall, S.A. de C.V., sociedad mercantil que pertenece al empresario lagunero Guillermo Murra Talamás, no cuenta con registro vigente.

Ni falta que hace. Estuvo presente durante la faraónica fiesta de cumpleaños donde se definió públicamente a Riquelme como candidato a Gobernador por el PRI, en octubre de 2016, y su respaldo al Mandatario en lo que va de su gestión es lo que verdaderamente importa. Pago de favores, le llaman.
14 Mayo 2019 04:06:00
150 días para revisar 2 mil 955 votos
El pasado 9 de diciembre, 2 mil 955 militantes del PAN en Coahuila de los 4 mil 124 totales, votaron para renovar su Comité Directivo Estatal. Luego de 72 horas para contar y recontar las papeletas, resultados cambiantes, protestas, toma del edificio sede, e intervención policiaca, la elección fue impugnada casi al finalizar el plazo: a la medianoche del 14 de diciembre de 2018.

Si bien el expediente pasó primero por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, han transcurrido ya 150 días a la fecha y todavía no hay una resolución del juicio en el Tribunal Electoral de Coahuila.

¿Tan difícil es emitir un veredicto? ¿Qué señales de humo, y de dónde, esperan los magistrados Elena Treviño, Sergio Díaz y Ramón Guridi para pronunciarse luego de casi medio año con el caso detenido?

El fenómeno es absurdo por donde se vea. Kafkiano. Equivale a contar 20 sufragios cada 24 horas. O considerando que la demanda consta de 36 hojas, a leer una página cada cuatro días.

Y pese a que no estamos inmersos en proceso electoral y por tanto están desahogados laboralmente, el Tribunal sólo ha resuelto 16 asuntos menores a través del mismo número de sentencias en lo que va de 2019. Uno por semana. O cinco por cada juzgador en todo ese tiempo. Un turno al mes en promedio para estos.
Aunque en el pedir está el dar, una queja de sólo 36 hojas parecería insuficiente para echar abajo un proceso que inició para el PAN el 16 de octubre, aunque haya sido éste totalmente desaseado como lo fue.

Se ha demostrado con suficiencia, y vaya que Coahuila es laboratorio electoral por excelencia del país, que las elecciones no siempre se ganan en las urnas. Por el contrario, intervienen factores externos.

Sin embargo podrían suceder varios escenarios, en teoría. Cabe la posibilidad que confirmen a Jesús de León como presidente del CDE, o que revoquen su triunfo, anulen el proceso por completo y ordenen repetirlo. No es posible, por ejemplo, que recuenten y eventualmente cambien los resultados a favor de Mario Dávila, el quejoso.

Acostumbrados a cachar votos y canjearlos por cuotas de poder elección tras elección, los panistas encontraron en el retraso procesal del Tribunal Electoral de Coahuila el pretexto perfecto para justificar su eterna inacción y escasez de ideas: que no pueden realizar actividades ordinarias permanentes ni específicas ya que se mantienen a la expectativa. Para qué actuar, si todo lo actuado en un momento dado podría decretarse nulo, dirían en defensa de su ineptitud.

Ahora bien, si tomamos en cuenta los tiempos desde que la convocatoria para elegir Comité Directivo Estatal fue publicada, técnicamente lleva el PAN siete meses descabezado y al momento de redactar estas líneas no hay siquiera sesión programada para la semana en curso en el Tribunal Electoral de Coahuila, quien aprovecha el “plazo razonable” al máximo.

Aunque su actuación tampoco es garantía de algo, pues el caso que da pie a esta columna podría llegar a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando sin efecto su trabajo.

Cortita y al pie
Tampoco extraña su lentitud. Se trata de un denominador común en los órganos (presuntamente) autónomos en el estado.

Todo se atora. Nada se ejecuta. Engrosan expedientes, deliberan, teorizan, procrastinan, se atascan entre papeleos inútiles y vuelven a empezar. El ciclo de simular, el verbo que mejor describe la vida en Coahuila.

La última y nos vamos
Por lo demás, el PAN en la entidad es un instituto político estéril. Que no gana ni ganando. Le sucedió en las elecciones para la Gubernatura del estado, en 2017, donde terminó la jornada con ventaja y le arrebataron el resultado. Y ocurrió en la conformación del Congreso actual, donde a la mitad de la Legislatura LXI no ha podido imponer agenda legislativa pese a que ocupa temporalmente la presidencia de la Junta de Gobierno y obtuvo mayoría de curules como Coalición junto a la UDC.

¿Quién se quedará con el control del partido –y particularmente con el ansiado reparto de candidaturas– en Coahuila para los próximos comicios locales de 2020?

Es fácil saberlo respondiendo algunas preguntas. ¿Con quién desearía interactuar el grupo en el poder? ¿A quién le tiene tomada la medida? ¿Con quién puede ‘negociar’ y ganar siempre? ¿Quién lanza críticas de coyuntura pero es inofensivo en realidad?

Pues ése será el vencedor. El rival a modo que necesita el PRI-Gobierno.
Al tiempo.
12 Mayo 2019 04:06:00
El negocio de la familia Riquelme Gorgón
De repente al Gobierno de Coahuila le dio por promocionar joyería de diseñador. Y no sólo eso, se volvió su prioridad en la pauta informativa que a diario genera.

En marzo, por ejemplo, no hubo asunto de mayor relevancia para la comunicación social del Ejecutivo –y a las pruebas me remito– que “La Semana de la Plata 2019” y particularmente la exposición “Brillos del Desierto”, celebrada la noche del 21 a propósito del Solsticio de Primavera.

La publicidad en radio y televisión al respecto se puede cuantificar desagregando la cantidad de impactos pautados con ese tema, de lo ejercido el primer trimestre del año por concepto de “servicios de publicidad”, que al 31 de marzo sumaba 283 millones 787 mil 850 pesos, según el avance de la cuenta pública.

Ahora bien, sin duda debe tratarse de una coincidencia que, dentro del roster de cinco diseñadores convocados al evento, apareciera encabezando Marcela Alejandra Riquelme Gorgón, hija mayor del Gobernador del Estado, Miquel Ángel Riquelme Solís.

La crónica periodística del acontecimiento que da pie a esta columna relata que “Marcela Riquelme fue la estrella de la noche, pues su colección sorprendió a propios y extraños”.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, a través del oficio SECTUR/UT/011/2019, manifestó que Gobierno del Estado “no realiza ninguna participación económica”.

Y añadió: “el involucramiento contemplado es solamente de gestión de promoción y difusión del evento”.

Con una rapidez inaudita para su acostumbrado actuar, la Secretaría de Finanzas, interpelada por separado, en un plazo de cinco días informó que “no, no y no” transfirió recursos de ninguna índole a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, quien se adjudicó la paternidad del evento Brillos del Desierto.

Tres veces, con insistencia y la intención explícita de remarcarlo, a través del documento SEFIN/UT/473/2019 dirigido a quien esto escribe.

Sin embargo el 17 de marzo de 2018 la primogénita del mandatario estatal constituyó con 50 mil pesos de capital una sociedad mercantil denominada MRiquelme, S.A. de C.V. ante la Notaría Pública número 4 de Torreón, como consta en el instrumento notarial 23 en poder de quien esto escribe.

La persona moral tiene por objeto el diseño, creación, invención, producción, fabricación, manufactura, maquila, compra, venta, importación, exportación, distribución, venta a comisión y comercio en general de objetos de joyería de oro, plata, cobre y fantasía.

Y se compone sólo de dos socios: la susodicha, con 30 acciones, y su madre y presidenta Honoraria del Patronato DIF Coahuila, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, con las 20 restantes. El 60 y 40 por ciento respectivamente.

Como administrador único y apoderado general figura la propia Marcela Riquelme, y del órgano de vigilancia está encargado José Alberto Zárate Montoya.

Hasta aquí el último dato no tendría mayor relevancia de no ser porque Zárate Montoya laboró como subdirector (o jefe) de Contabilidad en el Ayuntamiento de Torreón mientras lo presidió Miguel Riquelme, bajo la jerarquía de Javier Lechuga, director de Egresos.

Pero actualmente figura en el organigrama del DIF Coahuila como coordinador de Adquisiciones, dependiente de la Dirección Administrativa, con clave de tabulador MM01.

Cortita y al pie
Zárate Montoya, cabe señalar, cuenta en su expediente con una detención por abuso de confianza, luego de que presuntamente sustrajo materia prima de su centro de trabajo, una fábrica de mármol en La Laguna, en 2004 (El Siglo de Torreón, 12/02/04).

¿Se imagina usted el escándalo nacional que se armaría si en lugar de una hija de Riquelme se tratase de un hijo de Andrés Manuel López Obrador?

La última y nos vamos
Por lo demás, qué generosa y desinteresada es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón.

Mira que organizar un evento en Las Dunas de Bilbao (con gastos de transporte incluidos, montaje, viáticos a expositores y cena con vino incluido), gestionar la difusión de una pauta publicitaria en prensa durante al menos un mes, presentaciones de promoción hasta con cinco meses de anticipación, pagar planas a todo color en revistas que no se caracterizan por su economía, y emprender actividades relacionadas durante una semana por el centro de Torreón, habla de un poder adquisitivo considerable… que por supuesto no tiene.
09 Mayo 2019 04:06:00
Los Moreira en la nómina de Coahuila
Luego de que gobernase Coahuila un Moreira de 2005 a 2011, y otro Moreira de 2011 a 2017, se podría llegar a pensar –de manera cándida, por supuesto– que La Docena Trágica había concluido.

El pasado 26 de abril, sin embargo, el Instituto Electoral de Coahuila trajo a cuento el apellido cuando su Consejo General aprobó el registro del partido político local Unidos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo de Humberto Moreira Valdés.

La polémica se focalizó, básicamente, en que le diese cabida en el reparto anual de prerrogativas.

Así, depositando su motivación en el Acuerdo 29/2019, le fueron asignados 2 millones 282 mil 141 pesos para el “sostenimiento de actividades ordinarias permanentes” en 2019, más otros 146 mil 709 pesos para “actividades específicas”.

Como detalle a destacar del caso, la consejera presidenta Gabriela de León Farías emitió un “voto razonado”, como consta en el Acuerdo 26/2019 ¡para oponerse a que otro consejero se opusiese al registro del partido de Moreira Jr.!

Así como se lee. El asunto, al día de hoy, está impugnado y pendiente de resolución.

Pese a que la opinión pública reaccionó como pocas veces lo hace, Rubén Humberto no es el único Moreira que recibirá parte del presupuesto de egresos del Estado este año.

En el organigrama del Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, al 28 de septiembre de 2018, última fecha de actualización, aparecía como empleado de la administración pública estatal el menor de los hermanos Moreira Valdés, Iván, quien cobra como Auxiliar de Gestoría Administrativa, dependiente de la Dirección de Gestión Administrativa.

Y aquí sucede un asunto peculiar: si bien reporta las categorías de trabajador E7817 y E4078, estas no corresponden al tabulador de sueldos del personal de educación básica en el Estado.

Es decir, no se puede saber cuál es su salario vía información pública de oficio.

Junto a su hermano, Álvaro, secretario de Organización en el PRI estatal, son socios de la persona moral Gigi Desarrollos, S.A. de C.V., creada en 2012.

El referido Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa, cabe señalar, es dirigido por Margarita Loera Leza, exesposa de Rubén Moreira.

Y siguiendo el árbol genealógico, el hijo de ambos, Rubén Isaac Moreira Loera, funge como subdirector de área en el Tribunal Superior de Justicia.

Claro, en el Poder Judicial, “independiente” del Ejecutivo en el papel.

Ahora bien, Elisa Evangelina Moreira Valdés, hermana de los exgobernadores, continúa como titular en la Dirección de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, también en la Secretaría de Educación.


La otra hermana, Montserrat Moreira Valdés, es Coordinadora de Control y Seguimiento, en la Dirección Estatal de Servicio Social dependiente de la Secretaría de Educación.

Pero a su vez existe la familia Ramos Moreira. Sobrinos de los exgobernadores.

Álvaro Ramos Moreira es Auxiliar Administrativo de Materiales, dependiente de la Subdirección de recursos financieros, materiales y servicios, en el mismo Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa. Por si fuera poco su hermano, Eduardo Alberto Ramos Moreira, también aparece adscrito ahí.

Ambos figuran como socios en la empresa Construcciones, Desarrollos y Suministros Immer, S.A. de C.V., constituida en 2008.

Luz Elena Ramos Moreira, por su parte, se desempeña en el DIF Estatal, y Elisa Tanahiri Ramos Moreira, en la Secretaría de Educación.

Cortita y al pie

Si no hay un Moreira de apellido al frente del Poder Ejecutivo no puede haber nepotismo, se dirá en su defensa.

Si existen 14 mil empleados en la administración pública estatal no es descabellado que los lazos familiares coincidan en unos cuantos de ellos. Ajá.

La última y nos vamos

“Más Moreira. Mejor Coahuila”, decía el slogan de la campaña en 2011.

Y así seguimos.
07 Mayo 2019 04:06:00
Acaban $34.8 millones de Coahuila junto a canal de aguas negras en Chalco
Una vivienda en obra negra junto al canal de aguas negras Solidaridad, en Valle de Chalco, Estado de México, es el domicilio fiscal que facturó 34 millones 800 mil pesos al Gobierno de Coahuila el pasado 11 de julio por “servicios profesionales de representación y relaciones públicas”.

A través de una transferencia electrónica, a nombre de la persona moral Asesores Actualizados, S.A. de C.V., la Administración estatal encabezada por Miguel Riquelme pagó en una sola exhibición la referida cantidad compuesta por 30 millones de pesos en “honorarios” más el 16% de IVA trasladado, como consta en un comprobante fiscal digital por internet emitido a las 00:02 horas, 10 días después de la jornada electoral de 2018, en poder de quien esto escribe.

Sin embargo, luego de verificar las inscripciones en la Oficina Registral 101 de Chalco del Registro Público de Comercio, no existe constancia de que Asesores Actualizados, S.A. de C.V. esté constituida legalmente como sociedad mercantil. Tampoco lo está en ninguna otra demarcación territorial. Aunque, por separado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) validó su clave del Registro Federal de Contribuyentes y certificó la factura que da pie al negocio.

Eso supone que la empresa sirve para facturar y simular operaciones financieras nada más. Lo anterior no es descabellado pues que una sociedad mercantil aparezca en el SAT con registro vigente ha sido la justificación perfecta para que, en el pasado, gobiernos estatales como el de Veracruz o Chihuahua, cuyos responsables están recluidos y prófugos respectivamente, desviaran miles de millones de pesos del erario.

En el listado completo de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT, cabe señalar, es común encontrar combinaciones alfanuméricas de características similares a las del caso en comento, y 88 razones sociales que contienen la palabra “asesores” han sido identificadas como empresas fantasma al 26 de marzo de 2019. Ojo.

Inclusive Asesores Actualizados, S.A. de C.V. se llegó a ubicar en el buró de crédito durante 2016 gracias a un adeudo pendiente con Unión de Crédito Integral del Golfo (Unicreo), S.A. de C.V., y aquí viene un detalle curioso e interesante a la vez: en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), por su parte, fue registrada con una dirección inexistente, en el centro de Saltillo, Coahuila, bajo el giro “asesoría financiera”.

Por eso llama la atención que, con esos antecedentes económicos y administrativos, tenga la capacidad para vender “servicios” por casi 35 millones de pesos al Gobierno del Estado, y particularmente que este la utilice como proveedor.

CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, como contacto de Asesores Actualizados, S.A. de C.V. ante el SIEM se identifica Óscar Balcázar Quintero, presidente de la empresa Serta de México, S.A. de C.V., también conocida como SERTA Marketing Intelligence Partner, quien junto a sus hijos Óscar y Laura, de apellidos Balcázar Guzmán, realizan estudios de investigación de mercado y opinión pública desde Naucalpan, Estado de México.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Camino al domicilio del ‘proveedor’, en un sector marginado de Chalco, Estado de México, aquejado por la inseguridad y especialmente una crisis de feminicidios, solo una barda con pintura descorchada y añejada por el sol que todavía publicita al perredista Juan Zepeda, candidato a Gobernador del Estado de México en 2017, y un baile “totalmente gratis” con la Orquesta colombiana de salsa Guayacán, sirven como referencia.

Es una construcción ubicada a 100 metros de un canal de aguas negras, con un rótulo exterior desvencijado que alguna vez anunció a la miscelánea Mónica tras un cuarto de ladrillo grafiteado con la palabra “puta”, techo de lámina acanalada y un portón oxidado por el paso del tiempo.

Ahí, justo ahí, vendieron “servicios profesionales de representación y relaciones públicas” al Gobierno de Coahuila por 34 millones 800 mil pesos.

Sí, representación y relaciones públicas. Sin procedimientos de asignación directa ni licitación, y sin figurar siquiera en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.

Ajá.
05 Mayo 2019 04:06:00
El Moreirato no se crea ni se destruye, solo se transforma
El Moreirato –como la materia misma– no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para demostrar lo anterior, haré un ejercicio comparativo entre sendos boletines de prensa emitidos por la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado en 2009 y 2019, a propósito de La Tarjeta de la Gente y La Mera Mera respectivamente.

Martes 17 de marzo 2009. “En re-presentación del Gobernador, Humberto Moreira Valdés, el Secretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, inició desde Monclova el programa La Tarjeta de la Gente, un apoyo para la economía familiar de los coahuilenses en situación de desventaja”.

Viernes 3 de mayo 2019. “El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplió hoy uno más de sus compromisos con los coahuilenses al poner en marcha el programa en apoyo a la economía de las familias La Mera Mera, tarjeta bancarizada para beneficiar a más de 330 mil familias coahuilenses; con ella recibirán múltiples apoyos de los programas institucionales y podrán realizar depósitos, retiros, pagos y compras”.

Martes 17 de marzo 2009. “(Villarreal) aclaró que la tarjeta se entregará a personas con discapacidad, adultos mayores, a las jefas de familia que mantengan su casa y a familias que tras un estudio socioeconómico se detecte tengan necesidad de un respaldo”.

Viernes 3 de mayo 2019. “En su mensaje, el Gobernador Miguel Riquelme aseguró que los beneficios que tiene esta tarjeta se irán ampliando, ya que todas las secretarías estatales pondrán atención en las mujeres coahuilenses, en la población más vulnerable y en todo tipo de gestión que necesiten realizar”.

Martes 17 de marzo 2009. “El Secretario de Finanzas mencionó que además de la Tarjeta de la Gente, el Gobierno del Estado impulsa otros programas de apoyo a la economía familiar como útiles escolares, uniformes escolares, seguro escolar, Farmacias de la Gente, inscripciones sin actas, Mano con Mano en la Nutrición (leche) y Focos de la Gente”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este año y hasta el mes de diciembre, a través de esta tarjeta recibirán apoyos mensuales de despensa, artículos de lim-pieza, abasto y ayudas adicionales.Asimismo, con esta tarjeta recibirán descuentos en materiales de construcción y atención médica, así como estímulos fiscales en los servicios que brinda el Gobierno. Obtendrán descuentos en copias certificadas de actas del Registro Civil, en licencias de conducir, cartas de no antecedentes penales y pago de control de derechos vehiculares, en las entradas a eventos y centros deportivos, museos, conciertos y actividades culturales”.

Martes 17 de marzo 2009. “El inicio del programa se realizó en el Centro Comercial Súper Gutiérrez, uno de los establecimientos autorizados para hacer efectiva la tarjeta”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Además, se establecieron acuerdos para descuentos en tiendas de autoservicio y empresas con servicios básicos, como farmacias y laboratorios clínicos”.

Martes 17 de marzo 2009. “Acompañado de Samuel Rodríguez Martínez, Coordinador General de Programas del Gobierno del Estado en Monclova, (Vi-llarreal) entregó las primeras tarjetas a beneficiarios. De esta manera, recibieron su Tarjeta de la Gente Manuela Soriano Carreón, Paula Lira Valero, María Florentina Zamudio, María Salomé Hernández Espino y Martín Jiménez”.

Viernes 3 de mayo 2019. “Durante este evento se realizaron entregas simbólicas de La Mera Mera a jefas de familia de la Región Sureste. Las beneficiarias Francisca Tobías García y Tita Betancourt agradecieron al
Gobernador Riquelme por haber puesto en marcha este programa que apoyará de gran manera a la economía familiar, y le reconocieron por cumplir uno de sus compromisos con los que menos tienen”.

CORTITA Y AL PIE
En 2009, mientras Javier Villarreal presentaba La Tarjeta de la Gente, en esas mismas fechas junto con Jorge Torres López hacía transferencias millonarias desde Brownsville y McAllen hacia islas Bermudas vía el banco JP Morgan.

Hoy Torres está recluido y a Villarreal han decomisado 21.8 millones de dólares que, comprobó Estados Unidos, salieron de las arcas de Coahuila mientras espera sentencia condenatoria el 23 de julio en la Corte para el Distrito Oeste de Texas.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Diez años después la historia se repi-te. Volvemos al punto de inicio. A donde la calamidad para Coahuila comenzó. A donde no había deuda pública ni estába-mos a punto del colapso financiero. A donde comenzó El Moreirato.

Pareciese que nada pasó en la última década y hay que comenzar de nuevo.

Ahora bien, la historia es cíclica. Si los carniceros de ayer son las reses de hoy, ¿los carniceros de hoy serán las reses de mañana?
02 Mayo 2019 04:06:00
Villarreal acabó de ‘cantar’; viene la sentencia
El próximo 23 de julio a las 11 de la mañana, la Corte para el Distrito Oeste de Texas dictará sentencia en San Antonio a un viejo conocido de nuestro estado: Héctor Javier Villarreal Hernández.

Así lo acordó el pasado lunes 29 de abril el juez de Distrito que lleva su asunto, Xavier Rodríguez, quien comunicó estar listo y ordenó avisar al exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila que actualmente goza libertad condicional, a través de su abogado Michael J. Wynne.

“Se le aconseja que se presente al procedimiento”, afirma Rodríguez en el documento 48 del caso, en poder de quien esto escribe.

Con ello se modifica por treceava vez desde 2015 la fecha para poner punto final al juicio que inició en febrero de 2014, aunque a diferencia de las 12 anteriores, ésta vez se adelanta en lugar de aplazarse, ya que originalmente se había pautado para el 24 de julio y se recorrió al día 23 del mismo mes.

Lo anterior sólo puede significar una cosa: a Javier Villarreal se le terminó el repertorio, o se le fue la voz.

Pero acabó de “cantar”, sea como sea, luego de testificar nueve ocasiones ante la justicia estadunidense mediante comunicaciones selladas que fueron recibidas los días 8 de febrero y 22 de septiembre de 2016, 28 de febrero y 12 de abril de 2017, 27 y 28 de junio del mismo año, 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año anterior por última vez.

También como muestra de colaboración había entregado antes 12 inmuebles localizados en Texas y valuados en 21.8 millones de dólares (414 millones 200 mil pesos al tipo de cambio actual) que, determinó la Corte, salieron de las arcas de Coahuila y por eso fueron confiscados pese a que acá nadie con autoridad para hacerlo los reclamó.

Con ello, el 29 de agosto de 2014 se libró del expediente 2:13-cr-01075-1 ante la Corte para el Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, que había iniciado el 20 de noviembre de 2013 bajo las acusaciones de fraude bancario, estafa y lavado de dinero entre países, acciones que tenía detectadas Estados Unidos desde 2008, cuando era éste secretario de Finanzas con Humberto Moreira Valdés, y su causa se transfirió al Distrito Oeste.

Actualmente, a 83 días de la sentencia, tiene pendientes tres cargos: lavado de dinero, conspiración para defraudar a Estados Unidos, y transportar en el comercio exterior instrumentos monetarios robados.

Sin embargo, a partir de las pesquisas que motiven su testimonio, otros actores podrían ser indiciados.



Cortita y al pie

Cabe señalar que a otro viejo conocido de Coahuila, Rolando González Treviño, la misma Corte también concluyó su caso 5:14-cr-00338-OLG el 29 de septiembre de 2016 gracias a que éste presentó previamente un acuerdo de culpabilidad.

Y como Grupo Zócalo adelantó en sus ediciones del pasado lunes, la audiencia que celebraría el 29 de abril de 2019 la Corte para el Distrito Oeste de Texas, división San Antonio, a Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, se difirió hasta el próximo 3 de junio.

Asimismo se amplió el plazo para que sus abogados presenten un acuerdo de culpabilidad hasta el viernes 17 de mayo, mismo que originalmente había vencido el 12 de abril.

La Corte concluyó que del 29 de abril al 3 de junio es un “periodo razonable” para permitir a los abogados de Muñoz Luévano “negociar” y ordenó reponer así las fases del caso 5:15-cr-00024-DAE que habían concluido.



La última y nos vamos

No hay más allá. Luego de seis años de litigio está por desahogarse un caso fundamental para entender la política contemporánea en Coahuila: el de Javier Villarreal.

¿Iniciarán otros, con protagonistas diferentes y nuevos nombres?

Al tiempo.
30 Abril 2019 04:06:00
El ‘competidor’ en los negocios de Aguillón, que también es Aguillón
El domingo pasado en este mismo espacio, quien esto escribe reveló que gracias a 30 asignaciones de contratos, consumadas entre 2012 y 2018, el DIF Coahuila desembolsó 647 millones mil 792 pesos a Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David, el exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López.

Pero Gabriel, el otro hermano del “exitoso” proveedor de “despensas saludables”, desayunos fríos y calientes, es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado desde 2008, y Carlos Mauricio, un hermano más vinculado al erario, es servidor público en la presente Administración Fiscal General.

Se dijo aquí que, gobierne quien gobierne, sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Sin embargo hay un hecho curioso: las licitaciones donde concursa la empresa de Aguillón Rosales, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., se distinguen porque muchas veces “compite” contra ella otra persona moral denominada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., que básicamente factura los mismos insumos al DIF Coahuila (desayunos fríos, calientes, y “despensas saludables”).

El asunto, sistemáticamente, se vuelve cosa de dos. O gana uno, o gana el otro. Pero nadie más alcanza rebanada del pastel. Se trata de un redituable duopolio que absorbe todo el dinero público en esa partida durante los últimos siete años. No dejan ir un solo peso.

Y aquí viene lo interesante. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Hugo Armando Aguillón Rosales también es representante y delegado especial de la mencionada Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., sociedad constituida en 2008, que aumentó su capital social en 2013, ya que cuenta con el 66% de las acciones como consta en la escritura 25, folio 5564, en poder de quien esto escribe.

De igual forma es suya, pues. El 34% restante pertenece, al menos en el papel, a Juan Antonio Alvarado Jiménez, de Monclova, Coahuila, quien funge como gerente general de la misma, pone su firma en todas las transacciones y presta el domicilio fiscal.

Para dimensionar los alcances del negocio: Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. facturó al DIF Coahuila 4 millones 166 mil 96 pesos en 2012; 37 millones 980 mil 920, en 2013; 40 millones 651 mil 284, en 2014; 48 millones 270 mil 049, en 2015, y 10 millones 638 mil 277 pesos, en 2016.

Así se agenció 141 millones 706 mil 626 pesos en cinco años. Proporcionalmente, según su acta constitutiva como sociedad mercantil, del total, 93 millones 526 mil 373 corresponderían a Hugo Armando Aguillón Rosales, y 48 millones 180 mil 253 a Juan Antonio Alvarado Jiménez.

Ahora bien, aunque al 10 de abril de 2019 mantiene su vigencia en el padrón de proveedores y contratistas de Gobierno del Estado en la especialidad “compra-venta de alimentos perecederos y no perecederos”, no hay registro de más transacciones a su nombre de 2017 a la fecha.

Ni las necesita. Mientras Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. obtuvo 647 millones mil 792 pesos, Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V. otros 141 millones 706 mil 626 pesos producto de 10 contratos.

Entre ambas suman 794 millones 708 mil 418 pesos.

CORTITA Y AL PIE

Los Aguillón, se ha dicho aquí, son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. Y ahora también su propio competidor.

Repito la pregunta: ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (Auditoría Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas) cuyo “funcionamiento” –o disfuncionalidad, según se vea– absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

¿Para quién gobiernan en realidad los que gobiernan?


LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, ¿qué mafia de dimensiones incalculables está incrustada en la médula de la administración estatal ordeñando las finanzas?
28 Abril 2019 04:05:00
Los $647 millones que se embolsó Aguillón; el negocio transexenal
Pasan los años y sin embargo hay cosas que nunca cambian en Coahuila. Insertados en la médula, protegidos por la columna vertebral de la administración estatal, da igual si gobierna un Moreira, una vaca dormida o un Riquelme. El caso es que sus intereses y sus negocios nunca se ven afectados.

Se trata de los Aguillón Rosales. Hugo Armando, Carlos Mauricio, Gabriel y David.

El primero de ellos, como apoderado legal de Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V., ha facturado 647 millones mil 792 pesos al Gobierno del Estado entre 2012 y 2018.

Su coartada son los desayunos calientes, fríos y “despensas saludables”. Obviamente no gana todas las licitaciones, ya que de vez en cuando a otro proveedor le caen algunos convenios de cuantía menor –como si en Coahuila hiciera falta despistar algo– aunque sistemáticamente la llave de los recursos conduce hacia su huerto y el DIF estatal es su pozo inagotable. Esté quien esté al frente como director. Lo mismo con Héctor Franco, Jaime Bueno, Sergio Sisbeles y Roberto Cárdenas. Todos autorizan las compras.

Así se agenció 109 millones 31 mil 797 pesos en 2018, vía dos contratos firmados el 10 de agosto con una vigencia que termina el 30 de junio y 31 de julio de 2019 respectivamente. Otros 75 millones 801 mil 912 en 2017; 105 millones 447 mil 86 más en 2016; 107 millones 14 mil 432 en 2015; 88 millones 940 mil 328 en 2014; 117 millones 313 mil 816 en 2013, y 43 millones 452 mil 421 pesos en 2012.

Un total de 647 millones mil 792 pesos producto de 30 transacciones. Para dimensionar: equivale a que la administración estatal le extendiera un pago mensual de 7 millones 702 mil pesos, o 256 mil 746 pesos diarios… ¡durante siete años consecutivos!

Irónico, ya que por “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, Finanzas acaba de pedir prestados 200 millones de pesos a HSBC el pasado 7 de febrero.

Por si fuera poco, Servicios Integrados Gama, S.A.de C.V. cobró 8 millones 667 mil 250 pesos en 2018 al DIF Saltillo.

¿A nadie le resulta extraño siquiera que gane siempre un mismo proveedor y que sus contratos prácticamente sean copia uno del otro, año tras año? ¿Para qué sirven las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas anticorrupción (ASE, SEA, TJA, TSJE, SEFIR) cuyo “funcionamiento” (o disfuncionalidad, según se vea) absorbe mil 350 millones de pesos anuales del presupuesto?

Ahora bien, como todo mundo sabe, Hugo Armando Aguillón Rosales es hermano de David, excoordinador de la Unidad de Comunicación Social con Humberto Moreira, exsecretario de Gobierno con Jorge Torres, exjefe de la Oficina del Ejecutivo y exasesor “en políticas públicas” con Rubén Moreira, quien actualmente se halla en las sombras, fuera del marco institucional, entrando y saliendo a placer por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tras bambalinas, como el fantasma de la ópera.

Pero también es hermano de Carlos Mauricio, administrador central de Contabilidad, y de Gabriel, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cortita y al pie

Y aquí viene lo interesante. Suponiendo que iniciase una investigación (¿quién le pone el cascabel al gato?) sobre Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., uno de los funcionarios que tendría el expediente sobre su escritorio es Álvaro Hernández Álvarez, a la fecha “subdirector de Cuenta Pública y Patrimonio de la Dirección de Tesorería” en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dicho personaje fungió como “contador general” de la empresa Servicios Integrados Gama, S.A de C.V. de 2009 a 2015, y en ese último año se integró a la ASE inicialmente como “auditor de la Dirección de Análisis e Implementación”. Es decir, él mismo como contador privado le facturó al Gobierno de Coahuila. Ya como servidor público, en el referido supuesto, sería encargado de “investigarse”. El resultado, por tanto, sería predecible: no hay delito que perseguir.

La última y nos vamos

Los Aguillón son jugador, árbitro, directivo, césped, balón y hasta el que vende las semillas. En el Estado el conflicto de interés es una quimera y el estatismo en el poder todo lo corrompe. Es física: agua que se estanca se pudre.

Y nadie hace nada. Acaso porque Coahuila no le importa a nadie, ni allende las fronteras ni tierra adentro.

25 Abril 2019 04:06:00
Y el día llegó: cooperó ‘El Mono’
Hasta ayer, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, no había movido pieza desde que fue detenido el 18 de marzo de 2016 en Madrid. Curiosamente, dos meses después de que fue arrestado en la misma ciudad el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

Luego de casi tres años preso en España, Muñoz Luévano fue extraditado a Texas el 28 de febrero del presente año. Y como se consignó en este mismo espacio el domingo anterior, renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo ante la Corte para el Distrito Oeste, con sede en San Antonio.

El 12 de abril venció el plazo para que su defensa presentase un “acuerdo de culpabilidad” sin que lo hiciera, lo cual, interpretado en sentido contrario, supone que defenderá en juicio su presunta inocencia, aunque la Corte dejó abierta la posibilidad siempre que “demostrase una buena causa que motivase la demora”. El día 22 fue la fecha límite para que alegara lo que a su derecho convenga, identificara testigos y formulara preguntas y, a más tardar el 24 del presente mes, debió realizar solicitudes para contar con un intérprete y atuendo adecuado para la audiencia del próximo día 29.

No es cualquier asunto de trámite. Se trata –como se dijo en pretérita columna– del personaje que infiltró a la “nueva clase política” de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta. Del empresario cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos del moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell Leachman, le acusa por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre 5 y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares. Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental, ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

El oriundo de Matamoros actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera de la audiencia que será encabezada por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney. Pero ayer al mediodía la Corte para el Distrito Oeste de Texas recibió una comunicación a nombre de Muñoz Luévano, la cual fue presentada por su abogado, Roy R. Barrera Jr.

Luego de admitirla, el movimiento fue sellado judicialmente; es decir, se tramitó de manera confidencial, suceso que puede ser interpretado como cooperación.

Y no sería extraño, pues Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas, ha colaborado con la justicia estadunidense durante nueve ocasiones: el 8 de febrero y el 22 de septiembre de 2016, el 28 de febrero y el 12 de abril de 2017, el 27 y 28 de junio del mismo año, el 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año pasado por última vez, como consta en los documentos del caso en poder de quien esto escribe.

Cortita y al pie

En Coahuila, en cambio, Villarreal fue exonerado por el Poder Judicial del Estado el 10 de diciembre de 2018 a través del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, quien dejó “sin efecto” la orden de “reaprehensión” en su contra e inmediatamente después clasificó el expediente donde consta la resolución como “secreto”, como se puede verificar en la Lista de Acuerdos.

La última y nos vamos

Por lo demás, “El Mono” ya cooperó e indirectamente se trata de un momento trascendental para la vida política contemporánea de Coahuila, ya que supone descargar en terceros la culpabilidad y poner a otros en la picota.

La justicia viene de Texas, y la semana entrante habrá noticias.
23 Abril 2019 04:06:00
El faraónico edificio (y el insultante derroche) del IEC
El pasado 8 de abril el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) falló a favor del que ha sido el contratista favorito del Gobierno del Estado en los últimos 15 años: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir el edificio que –proyectan– sería su sede a partir de febrero de 2020.

Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler.

Sin embargo que la cantidad a invertir provenga de ahorros en dos ejercicios fiscales, como argumenta el secretario ejecutivo y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEC, Francisco Javier Torres, no significa que deban derrochar lo que a fin de cuentas es dinero público. Que los recursos hayan permanecido guardados dos años tampoco quiere decir que se les pierda la pista, o que no se puedan fiscalizar ya. Y lo más importante: que la obra sea necesaria no justifica el favoritismo ni la simulación.

Siempre cercano al poder, en el último año (2005) que gobernó Enrique Martínez, por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos. En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.

Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.

Antes del caso que nos ocupa, en el mismo IEC Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó 1 millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado, colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan actualmente 192 mil 597 pesos mensuales de renta. En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida.

El 19 de marzo de 2019 se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial del Estado y a través del sitio web del IEC. El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, el día 8 emitieron el fallo y el 12, a más tardar, el ‘ganador’ debió formalizar el trato con su firma.

Así, en sólo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación. Ajá.

CORTITA Y A PIE

Pero así como tienen un constructor preferido, en el IEC también tienen un proveedor favorito. A través de 20 adjudicaciones directas, la empresa “XM Comunicación, S.C.” de Alejandro Gómez Millan ha facturado 3 millones 476 mil 061 pesos desde que inició operaciones el IEC por trabajos como grabaciones de conferencias, fotografías o “conceptualización de imágenes oficiales para redes sociales”.

Su pareja, Mónica Miosotil Jiménez Estrada, ocupa el cargo de Coordinadora de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del IEC. Pese al evidente y latente conflicto de intereses, nada ha impedido a “XM Comunicación, S.C.” ser el máximo beneficiario dentro de un listado que incluye, entre otras cosas, pagos directos por miles de pesos a comunicadores locales, identificados por nombre y apellido sin ningún rubor, gracias a servicios presuntamente prestados al Instituto.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC acaba de amarrar un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.

Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?

Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.
21 Abril 2019 04:06:00
Ahí viene ‘El Mono’
El próximo lunes 29 de abril, regresando de las vacaciones de Semana Santa, iniciará en San Antonio el juicio contra Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, “El Ingeniero”, “Manuelito”, “The Engineer” o “El Inge”, como lo identifica la Corte para el Distrito Oeste de Texas en documentos oficiales.
No es cualquier asunto de trámite. Se trata del personaje que infiltró a la “nueva clase política” (Humberto Moreira, dixit) de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta.

Uno de los empresarios más poderosos de la entidad en su día, de alcance transnacional, cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos de el Moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa. Cuestión de trazar una línea del tiempo y comparar ambas trayectorias.

Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell DeWitt Leachman, le acusan por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre cinco y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares.

Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.

Muñoz Luévano renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo. El 12 de abril, por su parte, venció el plazo para que su defensa presentase un acuerdo de culpabilidad. No sucedió. Interpretado en sentido contrario, significa que se consideraría inocente y no aceptaría colaborar como testigo protegido. Mañana 22 es la fecha límite para que alegue lo que a su derecho convenga, identifique testigos y formule preguntas como consta en los documentos del caso, en poder de quien esto escribe.

A más tardar el 24 del presente mes se deben hacer las solicitudes para que cuente con un intérprete y atuendo adecuado durante la audiencia. A partir de entonces solo resta conformar el jurado. Pero esa presunta inocencia supone descargar en terceros la culpabilidad. Desviar la atención hacia otros lugares.

Poner a otros en la picota. Ojo.

El oriundo de Matamoros (Coahuila) actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera del juicio que será encabezado por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney a partir del 29 de abril. Al respecto el abogado texano Roy. R. Barrera Jr. se presentó como su representante ante la Corte, el 27 de febrero, el día previo a su extradición desde Madrid, donde permaneció tres años arrestado. El 5 de marzo también fue admitido a su causa el veterano jurista José R. Puig, quien tomó el caso desde Miami, Florida.

Cortita y al pie

Sin embargo, a diferencia del exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas y su sentencia ha sido aplazada en 12 ocasiones desde 2015, la última el pasado 10 de enero, las características del proceso al que está sujeto Muñoz Luévano hacen poco probable que suceda lo mismo.

Dicho en otras palabras: es cuestión de semanas para que caiga la primera ficha y se ponga en marcha el ansiado por algunos, y temido por muchos, efecto dominó.

La última y nos vamos

“Nosotros vamos a actuar conforme a la ley, en lo que tengamos que realizar”, dijo a nombre del Gobierno de Coahuila el secretario de Gobierno, José María Fraustro, cuestionado al respecto (25/03/19).

Se vale destornillarse de risa. La justicia viene de Texas y la semana entrante habrá noticias. Mientras tanto, a ponerse doble pañal quienes así lo requieran.

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