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Alejandro Encinas
Alejandro Encinas
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Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (Ciudad de México; 13 de mayo de 1954). Es un político mexicano de izquierda, miembro del Partido de la Revolución Democrática y ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Fue candidato a presidir su partido durante las elecciones de 2008 frente a Jesús Ortega. Actualmente se ha declarado nula la elección ante la Comisión de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, pero se espera que Alejandro Encinas vuelva a contender por el puesto en la siguiente elección.

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15 Febrero 2011 04:01:12
Carmen y la libertad
La rescisión del contrato de Carmen Aristegui con MVS Radio tras difundir la noticia sobre la manta que diputados del PT y PRD desplegaron en la Cámara de Diputados, aludiendo el presunto alcoholismo de Felipe Calderón, da cuenta, una vez más, de una política del Estado mexicano contra periodistas y medios de comunicación que incomodan por su ejercicio profesional al status calderonista.

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Es la libertad primaria sin la cual se colapsan las demás libertades. La libertad de expresión y de conciencia son derechos consagrados universalmente y el Estado debe garantizar su ejercicio.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin censura.

En los últimos años la actividad periodística ha sido objeto de ataques sistemáticos por actores disímbolos. Para Reporteros sin Frontera, “México se ha convertido en el país más peligroso del continente para los medios de comunicación. La actividad de los cárteles de la droga, sumada a la ineficacia y la corrupción de las autoridades, explican en gran parte este panorama”. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México se considera uno de los países con mayor inseguridad para el periodismo en el mundo, sólo superado por Paquistán. Durante los últimos 10 años han sido asesinados 68 periodistas; de éstos, 55 ocurrieron durante este sexenio. En la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón afirmó que la principal amenaza a la libertad de expresión es el crimen organizado y que desde su gobierno no habrá ni ha habido "mordazas ni censura".

Sin embargo, los ataques a la libertad de expresión no se limitan a la violencia del crimen contra informadores, ya que existen otras acciones que igual o mayor daño infligen al sistema democrático: por ejemplo, la censura y la concentración de la asignación publicitaria oficial.

Por ello, el acto de censura en contra de Carmen Aristegui no es un hecho aislado, es parte de una política que se ha presentado desde el inicio de la actual administración cuando se cerró el programa Monitor Radio y Diario Monitor de José Gutiérrez Vivó, quien había difundido ampliamente la campaña de López Obrador. Al igual que la campaña para desprestigiar a la revista Proceso y desacreditar el reportaje que difunde que Calderón y el narcotraficante Sergio Villarreal, El Grande, convivieron en una fiesta, así como la resolución de un juez sentenciando por daño moral a la revista Contralínea.

Diversos medios enfrentan boicot publicitario, en particular medios críticos a las administraciones panistas: Forum, Proceso, Contralínea, El Sur de Acapulco y los diarios AM y Al Día de Guanajuato, excluidos de la publicidad oficial, con lo que se pretende propiciar su cierre, como sucedió con La Carpeta Púrpura.

La censura es el poder que ejerce el Estado para prohibir la difusión pública de información que postule una opinión contraria al orden establecido. Por ello, la esencia de todas las libertades es la libertad de expresión, ya que permite dar contenido a los derechos políticos de los ciudadanos. De ahí la importancia de brindar nuestra solidaridad a Carmen Aristegui y exigir reinstalar su invaluable espacio de libertad.



04 Enero 2011 04:04:42
211, el preámbulo
Malos augurios enmarcan el inicio de 2011. El país enfrenta un escenario lamentable. 2010 dejó una zozobra que se resume en los actos violentos que costaron la vida de decenas de mexicanos inocentes, víctimas de la fallida estrategia de combate al crimen, como Marisela Escobedo, quien murió por exigir justicia tras el asesinato de su hija y la liberación del presunto homicida por jueces corruptos, así como la afrenta que representan las acciones de la delincuencia organizada en Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y otras regiones, han puesto —como ha sucedido en los últimos años— en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad primigenia de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La precaria situación económica de los mexicanos inicia el año con aumentos en los precios de bienes y servicios: ajustes en el precio del gas, que podría alcanzar 10.65 pesos por kilogramo, con lo que un cilindro de 20 kilos subirá a 213.05 pesos; para la electricidad se espera un aumento de 11.2%, más el acostumbrado desliz mensual en los combustibles, que incrementará el costo de la gasolina Magna a 8.84 pesos por litro; Premium, a 10.14 pesos y el diesel a 9.20 pesos. A esto se suma el aumento en el costo del peaje en carreteras del orden de 3.37%, lo que incrementará el costo en la distribución de las mercancías.

La agenda nacional estará marcada por los asuntos de seguridad pública y economía, donde incidirá de manera fundamental el inicio formal del proceso electoral federal de 2012 el primero de octubre, y de las precampañas de los aspirantes a la Presidencia de la República, en la segunda quincena de diciembre.

2011 será un año de gran tensión política, pues se conjugarán los reacomodos entre las principales fuerzas, derivadas de las elecciones locales donde se elegirá gobernador —Guerrero, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Edomex—, y la renovación de los órganos de dirección de PRI y PRD, con el papel que desempeñarán de manera decidida los poderes fácticos, en particular la beligerancia de los medios en la promoción de sus propios candidatos; la actividad militante de la jerarquía eclesiástica en su cruzada contra “talibanes laicistas”, y el papel que asuman las fuerzas armadas, en momentos en los que, por un lado, se busca regular sus tareas en asuntos que competen a la autoridad civil y, por otro, se dictan normas que violan garantías constitucionales de los ciudadanos, como las que dio a conocer en un comunicado el pasado 28 de diciembre la I Región Militar-24/a Zona Militar, en el que se arroga atribuciones para limitar la libertad de tránsito y establecer reglas para la detención y “revisión” de ciudadanos en los “puestos de control”.

2011 será además un año de definiciones cruciales para el futuro del país. En particular, para la izquierda y el PRD, mismo que no puede continuar en la espiral de división y actuar errático, y que requiere resolver su litigio interno con la elección democrática de una nueva dirección que dé unidad y certeza en su conducción. En ello será determinante el proceso de selección de candidato a la presidencia del partido, que cruza en primera instancia por la definición de la política de alianzas electorales, su relación con el movimiento social y sus propios liderazgos.

La clave en esta definición será la elección en el estado de México, que, más allá de la importancia que por sí misma representa la entidad con el padrón electoral más numeroso del país —10 millones 284 mil electores— y que es gobernada por el aspirante mejor posicionado del PRI a la candidatura presidencial, será el espacio donde la izquierda defina el desenlace de un largo debate sobre el perfil de su discurso, así como la forma como participará en la contienda presidencial.

La elección mexiquense se ha asumido por muchos analistas como el primer paso en la carrera hacia Los Pinos, y en ella los partidos políticos deben dar señales claras al electorado, por lo que es importante que la izquierda avance unida en un solo frente electoral, con un mismo candidato, pero lo es más que quienes aspiran a representarla en la campaña presidencial abonen en ello.

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28 Septiembre 2010 03:58:30
100 años de la UNAM
Cuando el 22 de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional, se dio un paso definitivo para dejar atrás la educación confesional promovida desde la Real y Pontificia Universidad de México fundada en 1553 y se consolidaba el proyecto liberal iniciado en 1867con la Escuela Nacional Preparatoria. En palabras de Justo Sierra: se superaba un modelo educativo engendrado por la conquista, basado en los fallos de la autoridad de la Iglesia, para dar lugar a una Universidad para que su acción educadora resultará de la ciencia, cultivando el amor a la verdad y el interés de la patria.

Espíritu que fue refrendado en 1929 cuando, tras una intensa movilización de la comunidad universitaria, logró su autonomía, que otorgaba la independencia de gobierno de los universitarios y la garantía del libre examen de las ideas: la libertad de cátedra.

A la par del desarrollo y fortalecimiento de sus tareas de investigación y docencia, la Universidad ha tenido que resistir y sobreponerse ante fuerzas y visiones que han pretendido subordinarla a los designios del poder e impedir que continúe siendo instrumento fundamental para la movilidad social en el país.

Situación que prevaleció hasta los años sesenta y setenta, cuando la matanza de estudiantes en octubre de 1968 y la represión del jueves de Corpus en 1971, pusieron al descubierto el verdadero rostro represivo del sistema político mexicano. La comunidad universitaria afrentó a un régimen que no entendía que el movimiento estudiantil encauzaba la asfixia impuesta desde el poder, que al cobijo de un crecimiento económico sostenido y una falsa estabilidad política, cancelaba cualquier espacio de participación al margen del aparato de control corporativo y toda forma de disidencia. Movimientos que marcaron un hito y abrieron cauce a la transformación democrática del México contemporáneo.

A partir del neoliberalismo, se alentó la creación de universidades privadas y se castigaron los recursos destinados a la educación superior, satanizando a la universidad pública y promoviendo la creación de las escuelas privadas. Eludiendo la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la educación, buscando eliminar su gratuidad. Pese de todo, la UNAM es hoy el principal centro académico de Iberoamérica, mantiene su calidad académica y acrecienta su prestigio internacional, creando la red científica más importante del país y la consolidación de una corriente de pensamiento humanístico, sin alterar su carácter público, laico y gratuito.

Conmemorar los 100 años de la UNAM no puede reducirse a un acto de apología y demagogia. La universidad no es algo abstracto. Es un ente dialéctico en permanente transformación. Son sus aulas y laboratorios, sus maestros e investigadores, sus estudiantes y trabajadores. Es el teatro universitario, su orquesta sinfónica, el ballet de danza contemporánea, sus cines clubes, bibliotecas y museos. Es un clásico Pumas-Poli y un concierto de rock en la explanada. Es la libertad de cátedra y la salvaguarda de la pluralidad ideológica y del derecho de asilo a intelectuales y estudiantes perseguidos.

Pero también es un centro de contrastes y contradicciones, del que han egresado desde científicos e intelectuales del más alto nivel, hasta el hombre más rico del mundo, el subcomandante de una rebelión indígena, cientos de servidores públicos y representantes populares, y miles de profesionistas que no encuentran empleo.

En la UNAM, aprendí que la riqueza la produce el trabajo y no el capital. Que el principal obstáculo al desarrollo, es la desigualdad. Que la competencia debe buscar el progreso y no la acumulación. Que el principio de autoridad socava la democracia y que en la democracia son exigibles los derechos de una sociedad plural y diversa, que reconoce sus diferencias en la tolerancia y la no discriminación. Lo que no aprendieron los tecnócratas que han hundido en la pobreza y la violencia al país.

Esos son los principios que la Universidad Nacional Autónoma de México ha inculcado a las generaciones de un siglo. Principios, sin dogmas ni fundamentalismos, que en su primer siglo bien merece un ¡Goya Universidad!



14 Septiembre 2010 03:09:44
Grito secuestrado
Cuando la madrugada del 16 de septiembre de 1810 Hidalgo recorría las calles de Dolores incitando al levantamiento en contra de la autoridad virreinal, no imaginaba el impacto que causaría el llamamiento a la independencia de México desde el atrio del templo de esa población y el tañer de su campana. Hidalgo realizaba el acto fundacional de la nueva nación mexicana.

A partir de entonces, la celebración del Grito se ha convertido, más que un acto ritual, emblemático de nuestra historia, en un indicador político y en un acto de legitimación del gobierno en turno.

La primera vez en que se festejó el Grito fue el 16 de septiembre de 1812, cuando en Huichapan, hoy Hidalgo, Ignacio López Rayón realizó la ceremonia. Un año más tarde, Morelos estableció en los Sentimientos de la Nación: “Que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día del aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comenzó”. El emperador Maximiliano de Habsburgo, en traje de charro, dio el Grito en Dolores, y sólo en 1847 la celebración se suspendió a causa de la invasión estadounidense.

A lo largo del siglo XIX, el Grito se conmemoró el 16 de septiembre, cuando se acostumbraba realizar una verbena popular que iniciaba la noche del día anterior y terminaba a las seis de la mañana del 16 de septiembre, hora en la que se daba el Grito. Sin embargo, Porfirio Díaz cambió la celebración para hacerla coincidir con la fecha y hora de su cumpleaños: el 15 de septiembre, a las 23 horas con 15 minutos.

En la etapa revolucionaria, la celebración se convirtió en un acto de apoyo a los caudillos revolucionarios y más adelante en el refrendo al presidencialismo absoluto. Fue hasta 1968 cuando una generación de jóvenes rebeldes cuestionó la ausencia de libertades políticas de un régimen autoritario y, en una imperdonable afrenta, Heberto Castillo dio el Grito en la explanada de Ciudad Universitaria.

Pese a todo, en los setenta, la ceremonia prevalecía como fiesta popular. “El pueblo” —como reseñaban los locutores de radio y televisión— se congregaba a refrendar su patriotismo y transitaba libremente por el Centro Histórico y la Plaza de la Constitución, celebrando sin puestos de control, vallas metálicas, arcos detectores, “cacheos”, ni francotiradores.

Los ochenta marcaron un hito. Tras los años de “administrar la abundancia”, la crisis económica sacudió al país y convirtió al Zócalo en foro de reclamo popular ante la incapacidad del gobierno, evidenciada en los sismos de 1985, así como por la inflación, la devaluación y el desempleo que trajo consigo la política privatizadora del priísmo.

En 1988, el reclamo a la crisis económica se transformó en demanda política. Las rechiflas a Salinas cuestionaban el fraude electoral y la brutal represión al descontento que dejó una estela de cientos de perredistas y otros disidentes asesinados.

El Grito de 2006 evitó el riesgo de un estallido social. Tras 47 días de plantón en el Paseo de la Reforma y una tensa negociación, el movimiento que surgió contra del fraude electoral se levantó —sin represión y sin que se hubiese roto un solo vidrio— tras un acuerdo que llevó, por primera vez en la historia, al Ejecutivo a ceder la plaza y dar el Grito en Dolores, Guanajuato, en tanto que el jefe de Gobierno, desde el Palacio del Ayuntamiento, reivindicó en el Grito la soberanía popular.

En el festejo bicentenario, la conmemoración se ha transformado. El derroche de 2 mil 900 millones de pesos pretende crear un ambiente festivo ajeno al interés de la gente. La violencia y el temor revisten la conmemoración. El clima de inseguridad provocó que en 14 ciudades del país se suspendan los festejos y en otros municipios se limiten o reprogramen.

El Grito ha sido secuestrado. El oropel del banquete que se servirá a la oligarquía en palacio se extenderá a la plancha del Zócalo, a la que habrá acceso restringido, luego de sortear cercos y retenes. El vulgo deberá encontrar acomodo en su casa o fuera del perímetro de seguridad para seguir a través de las televisoras la imagen del espectáculo preparado “igual al de las olimpiadas”, mientras elementos de las fuerzas armadas controlan la plaza. La verbena popular y el acto de legitimación de la autoridad de antaño han desaparecido entre la parafernalia y la debilidad del régimen y sus instituciones.
22 Junio 2010 03:56:54
Qué te vaya bonito
Carlos Monsiváis ha muerto y su ausencia nos deja una sensación de desamparo. A lo largo de una y cruel agonía, extrañamos sus agudos comentarios y críticas a los hombres del poder y el dinero. Cuánta falta hicieron sus análisis respecto a la cursi y conservadora Iniciativa México, que pretende restaurar la credibilidad y proteger el interés de los poderes fácticos; su posición frente a la impunidad y corrupción con que fue entregada la red de fibra óptica de la CFE a Televisa y Telefónica; la resolución de la SCJN sobre la guardería ABC; la ocupación de la fuerzas federales de la mina en Cananea; el caciquismo en San Juan Copala; el día más violento del año y sus 85 ejecuciones, o el descaro de Fidel Herrera y lo que el llama su “poder absoluto”. Ahora su ausencia será permanente.

Conocí —es un decir— a Monsiváis desde niño, en los años sesenta, a través del “sabio Monsi”, cuando Tsekub Baloyán descendía en un batiscafo para salvar a Chanoc, su novia Irina y al sabio Monsiváis, de la furia de un calamar gigante para lo que tuvo que ocupar un rayo láser, regañando al joven sabio: “no chille sabio, todo fue culpa del robot que diseñó usted para enviarlo a Marte”, a lo que Monsi respondió: ¿y quién le dio Cañabar?, el crudo aguardiente que libaban en el “Perico marinero” prestigiada cantina del pueblo de Ixtac. Así lo seguí, al lado de Chanoc y de Tsekub en su lucha contra las fuerzas del mal, y en diversas andanzas, incluidos viajes al espacio sideral.

Después del 68, en la preparatoria y la facultad, comprendí el porqué de la buena fama de la inteligencia y basta memoria de el sabio Monsi, plasmada en la historieta concebida por Martín de Lucenay, Pedro Zapiain Fernández y Conrado de la Torre, y la gráfica de Ángel Mora, pues sus ideas y escritos se convirtieron en un referente imprescindible para mi generación, que encontró en Carlos Monsiváis, además de una incuestionable visión crítica de la realidad mexicana, a un verdadero agitador de conciencias.

Más adelante, los militantes de izquierda encontramos en Carlos Monsiváis a un crítico implacable del poder y de las burocracias autoritarias de todo signo, y en la gestión pública, en distintos momentos de nuestras primeras experiencias de gobierno desde la izquierda, y en especial en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en el momento más difícil en la historia reciente del país, tras el fraude electoral de 2006, al borde de una ruptura social, nos brindó su amistad y solidaridad.

Monsiváis acaba de partir y ya nos hace falta. Solamente espero, al igual que muchos mexicanos y mexicanas, que como dice el viejo bolero ranchero: “Ojalá que te vaya bonito” donde quiera te encuentres.

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08 Junio 2010 03:37:11
San Juan Copala, caciquismo y complicidad
Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Agencia El Universal


Al momento de que estas líneas sean publicadas deberá estar avanzando la caravana que pretende romper el cerco paramilitar y llevar un mensaje de paz y ayuda humanitaria a San Juan Copala, comunidad enclavada en la región baja triqui de la sierra mixteca, que es objeto de una de las expresiones más crueles del caciquismo imperante e impune al cobijo del gobierno de Oaxaca, y que sólo a lo largo del último cuarto de siglo ha cobrado la vida de más de 600 personas.

La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.

Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.

En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.

Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).

En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.

Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.

La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.

Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.

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18 Julio 2009 03:52:32
Saldos de la elección
La elección del 5 de julio dejó tras de sí un sinnúmero de lecciones para todas las fuerzas políticas y para la sociedad.

El alto abstencionismo y el incremento significativo del número de votos nulos constituyen una llamada de atención que debe entenderse como un profundo cuestionamiento al régimen político, a los partidos y a la situación imperante en el país.

La reforma electoral no cumplió con su objetivo central. Más allá de los obstáculos impuestos a las coaliciones y a la participación de candidatos independientes, resultó insuficiente para contener y regular el papel del dinero y la participación de los poderes fácticos; fue incapaz de regular el papel de los medios de comunicación y, por el contrario, éstos incrementaron su activismo, triangulando contratos, encubriendo propaganda como noticias, promoviendo candidatos y partidos afines.

El PAN sufrió un desplome electoral. Con excepción de Sonora, perdió sus principales posiciones al pasar de 206 diputados en 2006 a 127 en 2009; perdió las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí, así como las principales ciudades en los estados de Jalisco, México, Morelos y otras entidades. Esta derrota debe considerarse como plebiscito reprobatorio de Felipe Calderón, ya que el propio PAN hizo de la elección un referéndum al fincar su campaña en torno al apoyo al “Presidente en su lucha contra el crimen”.

La derrota del PAN refleja una recomposición en sus relaciones con los poderes fácticos, y si bien los medios de comunicación se beneficiaron con mil 200 millones de pesos de propaganda oficial, éstos no fueron suficientes para evitar el corrimiento de los poderes fácticos hacia el PRI, ante la incapacidad del panismo para garantizar estabilidad a sus intereses.

El PRI capitalizó el desgaste del PAN, el descontento con la crisis y la ausencia de una izquierda con una propuesta clara, mas su posicionamiento no obedece necesariamente a una mayor aceptación en el electorado. Por el contrario, las estructuras corporativas se impusieron y propiciaron a la conformación de una nueva mayoría en la cámara bajo el control de los gobernadores priístas, quienes impusieron el peso del dinero y sus cacicazgos, en un vuelco al pasado.

El PRD sufrió una regresión electoral, al caer a 12% de la votación nacional. Ello representa una caída en su representación, que pasará de 127 a sólo 72 diputados. En Campeche cayó hasta el sexto lugar; en siete entidades se ubicó en el quinto sitio, y en ocho más ocupa el cuarto lugar. Manteniendo el primer lugar en cuatro de las seis entidades que gobierna.

Los resultados son más desalentadores en el ámbito local, pues el colapso en las elecciones municipales conllevó a que de la noche a la mañana el PRD dejara de gobernar a 8 millones de mexicanos, lo que cierra un año lamentable para los gobiernos municipales que encabeza, ya que de julio de 2008 a julio de 2009 el PRD pasó de gobernar 409 municipios a 346, y de gobernar 25 millones mexicanos a 17 millones.

El PRD requiere revisar con serenidad sus resultados y hacer un análisis de fondo del largo proceso de distanciamiento del partido de sus militantes y su electorado, en el que cabe reconocer que, más allá de la falta de unidad interna, fracasó la línea política y la estrategia electoral. Se careció de una propuesta clara y el discurso no impuso una agenda, fue ambiguo y eludió la diferenciación con los otros partidos. Incluso la propaganda en los medios, lejos de promover la propuesta partidaria y a los candidatos, se desperdició en la promoción personal.

Una crisis de esta magnitud no se resolverá en la lógica de las purgas y renuncias. Se tiene que reconocer que se agotó el modelo de partido seguido hasta ahora. Ejemplo de ello es la migración de militantes hacia otros partidos, que da cuenta de la exclusión de la militancia, pues al menos 648 miembros del PRD participaron como candidatos de otros partidos, incluidos el PAN y el PRI.

Tampoco es posible superar esta crisis sin una renovación que conduzca al desmantelamiento de los grupos de interés, para dar lugar a la afirmación de la identidad partidaria, a establecer un nuevo vínculo con la sociedad y a construir alianzas con las izquierdas del país, que permitan avanzar hacia un frente político-electoral de las izquierdas de cara a las elecciones de 2012. El PRD debe tener claro que, si se divide y no retoma la iniciativa unitaria, perderá su viabilidad como proyecto alternativo.

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Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
04 Julio 2009 03:13:18
Democracia o represión
El país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. Más allá de la profunda crisis económica y del rezago social acumulado a lo largo de décadas, todos los indicadores apuntalan un riesgo real de ingobernabilidad, sin que se advierta en el horizonte algún intento por construir un espacio de entendimiento que enfrente la polarización política y el fracaso de un modelo económico que se ha colapsado.

La economía no sólo no crecerá sino caerá por lo menos en ocho puntos, lo que significa que el desempleo abierto pasará de 2 millones 400 mil mexicanos sin trabajo registrados al cierre de junio, a cerca de 3 millones de desempleados en 2010, ya que tan sólo este año se perderán un millón de empleos. La actividad industrial se ha desplomado en más de 13% durante el primer cuatrimestre, al igual que la industria manufacturera, que ha caído en 18%. Esto alentará el crecimiento de la economía informal —la que representa ya 29% de la actividad económica del país y da ocupación a más de 12 millones de mexicanos—, así como los flujos migratorios hacia Estados Unidos donde, dicho sea de paso, las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde ese país se desplomaron en 11%.

La violencia y la inseguridad crecen. Delitos que habían sido controlados, como el secuestro, se disparan, en tanto la violencia ligada al crimen organizado rebasa las 12 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, de las cuales 769 se registraron en junio, el mes más sangriento de los últimos años.

La militarización y la presencia de las fuerzas federales avanzan en el territorio nacional, sin frenar la violencia. El Ejército mexicano asume responsabilidades que competen a la autoridad civil, y lo mismo persigue dirigentes sociales en Guerrero que hace decomisos de piratería.

Los poderes fácticos consolidan sus posiciones y privilegios. En tanto el titular de Hacienda señala una caída de 20.6% en los ingresos del sector público en mayo y de 28% en la captación de impuestos y derechos por la venta de productos petroleros, las grandes empresas evaden al fisco. La evasión alcanzará los 172 mil millones de pesos, particularmente por concepto de IVA y por los regímenes fiscales especiales calificados como “gastos fiscales”. Así, empresas como Wal-Mart, Bimbo y Coca-Cola seguirán pagando entre 1% y 2.5% de impuestos sobre sus ganancias, a lo que se suman las millonarias devoluciones de impuestos a empresas de este tipo.

Los grupos empresariales militan activamente en la política con candidatos propios en distintos partidos, lo que sería un signo positivo de no ser, como en el caso del duopolio de las televisoras, por el uso indebido de una concesión pública para denostar la política, los partidos y las instituciones públicas, intentando erigirse en “guía moral” de la sociedad.

La corrupción y la impunidad prevalecen como signo del régimen político. Además de los negocios al amparo del poder público, se soslayan y protegen actos arbitrarios de las viejas estructuras corporativas y cacicazgos priístas en diversos estados, y sucesos que agravian a la sociedad, como el incendio de la guardería en Hermosillo, donde no se deciden a fincar responsabilidades.

La derechización y las tentaciones autoritarias se profundizan. Tras la intención de “guanajuatizar” al país se encuentra no sólo la prohibición de besarse en lugares públicos, penalizar el aborto, perseguir a la diferencia, sino la búsqueda de una legitimidad fundada en el autoritarismo. De ahí la intención de dotar de atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública, lo que viola la norma constitucional y restituye la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos políticos del país, al otorgárseles facultades, por ejemplo, para restablecer el orden público.

Esta situación presenta una disyuntiva sobre los escenarios del desenlace de esta crisis: si al igual que a finales de los años 50 y especialmente en 1968, los reclamos democráticos —como todo indica— se toparán con las puertas cerradas del autoritarismo, o si es posible avanzar hacia construir una salida democrática que conduzca al cambio de régimen político, en el que además de replantear el modelo económico se redefinan las reglas de la convivencia política, en el marco de una lucha contra la desigualdad. Democracia o represión, el eterno dilema en nuestro país.

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Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
20 Junio 2009 03:43:55
Canallada
Iztapalapa enfrenta hoy una nueva afrenta del gobierno federal y sus aliados. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que retira la candidatura a Clara Brugada es una decisión arbitraria, que vulnera nuevamente la independencia del PRD y la voluntad de los militantes perredistas a quienes se pretende imponer una candidatura a modo en esa delegación.

Se trata de una verdadera canallada, de una decisión adoptada con alevosía, que deja en indefensión a la candidata y favorece a una minoría que adolece del respaldo partidario. Una decisión que da cuenta, además, de la profunda crisis de las instituciones públicas del país, en este caso el Tribunal Electoral, que —lejos de garantizar los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley— se ha convertido en un tribunal de consigna y en el brazo político de una coalición de intereses que pretende socavar el avance de la izquierda e impedir que ésta encabece la transformación de nuestro país y la defensa de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Esta coalición de intereses es la misma que designó a los magistrados del tribunal, lo que los ha subordinado de origen y les ha dado impunidad, avalando conductas corruptas como las operaciones fraudulentas en la adquisición y arrendamiento de inmuebles de la institución, al igual que a otros magistrados denunciados por recibir prebendas del candidato priísta en Baja California para acreditar la legalidad de su candidatura a gobernador.

Los magistrados carecen de autonomía y de autoridad moral. Sus integrantes obedecen a quienes los designaron: son sus antiguos colaboradores, viejos burócratas que participaron en la operación fraudulenta de 2006.

Esta resolución constituye un agravio a los habitantes de la ciudad de México, un intento de minar al Gobierno de la ciudad. Se trata de un acto que abona en contra del proceso electoral, que alienta la abstención y muestra que las instituciones no funcionan. Es una provocación que revive el conflicto interno del PRD, un fraude anticipado contra los ciudadanos de Iztapalapa. El tribunal abona así no sólo al demérito de la democracia y de las elecciones, sino al deterioro, a la descomposición y a la corrupción de las instituciones públicas.

Pero también tenemos que decir que no es un asunto exclusivo de los grupos de interés de la derecha y del Estado. Esta decisión ha contado con la colaboración y complicidad de miembros del partido que, lejos de defender un proyecto y la autonomía de nuestra organización, buscan complacientemente negociar el futuro de nuestro proyecto.

Ahora resulta que se llama traición la defensa del interés mayoritario del PRD en el Distrito Federal y en Iztapalapa. No sorprende que Jesús Ortega defienda la resolución del tribunal, esa es su “fuente de legitimidad”, como tampoco podemos acusar traición a principios que nunca se han tenido. Ortega y su grupo en Iztapalapa deben asumir su responsabilidad, él y su grupo generan una nueva situación de fractura, al pactar a espaldas del partido una candidata ajena a la militancia. El tribunal les ha brindado de nueva cuenta un servicio, que pronto habrán de corresponder.

En esta campaña asumí un compromiso para evitar una regresión electoral del PRD y de la izquierda. He realizado un campaña nacional que postergó la resolución de nuestras diferencias. Mas la respuesta es otra vez la obsesión por crear una izquierda cómoda y acomodada en el control de una burocracia que abandonó el proyecto de transformaciones que nos propusimos de origen. Ante esta afrenta es imposible quedar impasible y actuaré congruentemente en apoyo a mi partido en el Distrito Federal y a mis compañeros en Iztapalapa.

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Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
23 Mayo 2009 03:28:17
Política ficción
Las declaraciones del ex presidente Miguel de la Madrid a la periodista Carmen Aristegui ponen al descubierto el profundo y largo proceso de descomposición política en el que se encuentran el régimen político y sus viejas instituciones.

Más allá de los señalamientos de la carencia de ética, de la corrupción y los negocios ilícitos que permitieron el enriquecimiento de la familia Salinas, incluso bajo la presunción de las ligas de algunos de sus miembros con el crimen organizado, De la Madrid hace una afirmación que define con nitidez la naturaleza del régimen político mexicano: la impunidad es inherente al régimen y una condición para que pueda reproducirse.

De inmediato, los ofendidos operadores del sistema se abocaron a controlar los daños. El mismo Salinas atribuyó las declaraciones del ex presidente a su “desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades”, que lo han llevado a una “senilidad prematura”, mientras Francisco Rojas, Emilio Gamboa, Ramón Aguirre, Enrique y Federico de la Madrid, obligaban a De la Madrid a desdecirse y confirmar su “enfermedad”.

El ex presidente ha abierto una caja de Pandora, de la que emergen declaraciones y ajustes de cuentas entre distintos personajes del régimen, que lo mismo hablan de asesinatos políticos desde el sistema, protección a narcotraficantes desde el Poder Ejecutivo federal, robo de las partidas secretas, negocios ilícitos y corrupción en todos los órdenes de gobierno, coalición de servidores públicos para frenar a la oposición de izquierda, pago de favores políticos con la exoneración de delitos, así como de la existencia de un pequeño grupo oligárquico que dirige en su beneficio los designios del país, desde el aparato gubernamental y desde el control indistinto de algunos partidos políticos, particularmente del PAN y del PRI.

Vale la pena traer a la memoria la entrevista de Denise Maerker, a Carlos Salinas de Gortari en septiembre de 2005, cuando le cuestionaba acerca de su intervención en los videoescándalos y en el denominado complot que pretendía inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador en su candidatura a la Presidencia de la República.

Salinas señalaba: “Me usan como cortina de humo para evadir temas de fondo… mi agenda es la batalla por las ideas y el trabajo social… a los candidatos les interesa la próxima elección. A mí lo que me interesa es la próxima generación”. “Carlos Ahumada: política ficción. Complot: política ficción. Revelar investigaciones truncas genera la política ficción y fabrica que el complot, que la impunidad, que la alianza, que estar en la reunión: política ficción, ¿para qué?, para lo mismo... Todo eso es política ficción”.

Más allá de la anécdota del mea culpa y posterior “arrepentimiento” de Miguel de la Madrid, de la manipulación informativa que enfatiza en la “enfermedad del ex presidente” y desdeña los actos de corrupción política denunciados, lo cierto es que la impunidad ha corroído en sus entrañas al Estado mexicano, que vivimos un severo proceso de deterioro y descomposición de las instituciones públicas, y que éstas, lejos de atender el interés nacional, se vuelcan a la protección de los intereses y privilegios de una red de complicidades que detenta el poder por el poder mismo.

Lo lamentable de esta situación es que, de nueva cuenta, a pesar de la evidencia denunciada, en el país de la impunidad no pasará absolutamente nada, porque la corrupción, la impunidad y el cinismo en las instituciones públicas son política ficción.

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Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

09 Mayo 2009 03:53:12
20 años no es nada
Con el “Llamamiento al pueblo de México” emitido el 21 de octubre de 1988 para construir el PRD, se encauzaba la inconformidad popular tras el fraude electoral que ese año llevó a la Presidencia de la República a Salinas de Gortari.

El “Llamamiento” es un documento fundacional con plena vigencia. En éste se sostenía que “si los poderes del continuismo han resuelto pasar por encima de la legitimidad republicana, es nuestra responsabilidad… luchar por establecer la vigencia de la Constitución y el respeto a las leyes”, para lo que se “requiere que formemos una organización que sea la expresión política del cambio social y cultural… un partido nuevo que en alianza con otros partidos y organizaciones… sea expresión de la pluralidad y de la inmensa masa ciudadana todavía no organizada”. Que “sea un instrumento de la sociedad, y no tan sólo de sus miembros o dirigentes”. Lo que se tendrá que dar “en sus normas democráticas, en su vida interna, en la transparencia de sus recursos, en la autonomía de sus componentes regionales, en la libertad de tendencias y corrientes en su seno, en la unidad y en el respeto a las decisiones colectivas y, sobre todo, en la conducta personal de cada uno de sus miembros”.

A partir de ese momento inició una intensa labor de organización en todo el país para cumplir con los requisitos de ley para alcanzar el registro, el cual fue negado por el salinismo, lo que condujo a una alianza no deseada necesariamente por el cardenismo con la izquierda partidaria y a la disolución del Partido Mexicano Socialista, entregando su registro al nuevo partido.

Nadie puede negar la importancia de Cuauhtémoc Cárdenas en este proceso y en los cambios democráticos en el México de finales del siglo XX. El liderazgo de Cárdenas fue el factor de unidad entre el nacionalismo revolucionario, las izquierdas y un sinnúmero de ciudadanos ajenos a la militancia partidaria. Pero al mismo tiempo impuso una modalidad de dirección política regida en torno a su figura, sin contrapesos, que marcaría en adelante las formas de conducción del partido y el realineamiento de las corrientes en función de su cercanía al líder.

En sus inicios el PRD enfrentó una virulenta reacción del Estado que, junto a una campaña mediática que lo estigmatizó como un partido radical, acabó con la vida de alrededor de 600 de sus miembros. Sin embargo, el PRD no sólo se sobrepuso a la represión, sino que se convirtió en una fuerza nacional, alcanzando, una década después, triunfos importantes, al ganar el gobierno de la ciudad de México y de otras entidades del país.

La historia del PRD es de claroscuros. La de la conformación del principal partido político de la izquierda mexicana, que es un referente para millones de mexicanos y que enfrenta a la vez una escabrosa vida interna. Un partido al que le fue arrebatada nuevamente la Presidencia de la República en 2006, que es incapaz de capitalizar su arsenal político acumulado. Un partido al que la búsqueda de votos lo ha conducido a alianzas pragmáticas y a la creación de estructuras paralelas, como las Brigadas del Sol, que si bien realizaron una exitosa promoción del voto también dieron lugar a uno de los principales errores en la organización: la remuneración a los promotores del voto y representantes de casilla, dando al traste con la militancia partidaria, para dar paso a una militancia corporativa, que ha llevado a que el partido se convierta en forma de vida para muchos de sus miembros.

Veinte años después este modelo de partido se ha agotado. Insistir en él mantendría el pragmatismo y la corrupción que de manera consustancial acompañan al corporativismo. Es necesario recuperar el espíritu democrático que lo fundó; confirmarse como un partido democrático, con independencia y autonomía. Un partido que confronte los abusos del poder; cuya prioridad sea la democratización de la sociedad y de las instituciones del Estado; que defienda la dignidad del individuo; promueva la igualdad, la libertad y la solidaridad como valores rectores de la vida ciudadana, el reconocimiento a la diversidad y el respeto a la naturaleza. Un partido que se asuma como un instrumento al servicio de las transformaciones sociales.

Nuestros adversarios apuestan al colapso de un sol eclipsado por sus conflictos; sin embargo, pese a nuestras diferencias, veo con optimismo el futuro del proyecto que nació el 5 de mayo de 1989, pues como dice el tango de Gardel: “Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón”.

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Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
11 Abril 2009 03:37:40
Vía crucis
Semana Santa se ha convertido en nuevo escenario de la irresponsable cruzada que desde la Comisión Nacional del Agua promueve su titular, José Luis Luege Tamargo, contra la ciudad de México.

Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.

Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.

Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.

Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.

La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.

El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.

México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.

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Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
14 Marzo 2009 03:12:24
Desvergüenza
Ante la crisis económica, distintos gobiernos —el caso de México— han optado por promover campañas de información para transmitir mensajes positivos que generen tranquilidad en la opinión pública, evitar pesimismo en la sociedad y crear la visión de un futuro prometedor pese a la crisis, llegando incluso a mentir u ocultar la gravedad del problema.

Nuestro país vive una situación peculiar, ya que difícilmente puede crearse un ambiente alentador ante el cúmulo de información que a diario registran los medios respecto del clima de violencia e inseguridad que vivimos, a lo que se suma la desvergüenza con que los responsables de atender la crisis económica asumen su responsabilidad.

A las consabidas declaraciones de Agustín Carstens de que a México no le dará “pulmonía”, sino un “catarrito” por la recesión económica que se avecinaba en EU, que se ha convertido ahora en un gran tsunami que viene “del exterior”, se suman las del titular de la Sagarpa, quien en días pasados aseguró que “la crisis no ha tenido una repercusión negativa en el campo mexicano”, que “se afianza la seguridad alimentaria de los mexicanos” pues se reporta al cierre de 2008 una producción de 196.3 millones de toneladas, y que “la gente del campo no está abandonando las parcelas, sino que están trabajando casi en la totalidad de los 3.5 millones de hectáreas que forman el ciclo otoño-invierno”.

Más allá de las fantasías de Alberto Cárdenas, que olvida que la superficie agrícola cultivable del país es de más de 22 millones de hectáreas (76% de temporal y 24% de riego), la realidad del campo es distinta: el país depende crecientemente de las importaciones de alimentos, resultado de la insuficiente producción doméstica. En 2008 se importó 42% de los alimentos que consume el país: 70% del arroz, 50% del trigo, 33% del maíz y 13% de la leche.

En los dos últimos años, las importaciones agroalimentarias alcanzaron la cifra récord de 40 mil millones de dólares en alimentos. De ellos, 10 mmdd equivalieron a las importaciones de granos y oleaginosas. Lejos de la ilusión agroexportadora, México es importador de alimentos. El saldo de la balanza comercial agroalimentaria 2007 y 2008 ha sido de menos 7 mil 500 mdd, por lo que el sector agroalimentario es responsable de la mitad del déficit de la balanza comercial total de México. En 2008 la superficie cultivada de maíz disminuyó en un millón de hectáreas y la de frijol en 500 mil hectáreas respecto de 1997. Un millón de hectáreas de riego permanecen ociosas por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, crédito y rentabilidad de los cultivos.

Si bien las exportaciones agroalimentarias han aumentado, éstas se concentran en una minoría de agricultores ricos y empresas exportadoras, buena parte de ellas extranjeras, que operan con un alto costo social: explotación de jornaleros agrícolas que laboran en pésimas condiciones, sin seguridad social y bajos salarios, y un alto costo ambiental: abatimiento y contaminación de acuíferos y suelos agrícolas, ensalitramiento de áreas de riego. La desigualdad y la pobreza aumentan: de acuerdo con Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México, entre 2007 y 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 4.3 millones de personas, alcanzando a 13.8 millones de mexicanos, mientras 7 millones más se convirtieron en pobres patrimoniales.

Un buen gobierno —cuando existe— debe infundir confianza y no mentir. La derecha vive y nos quiere hacer vivir en el país de nunca jamás, donde todo y nada son posibles. Mientras, en México no sólo hay pobreza, sino comienza a haber hambre.

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Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM
28 Febrero 2009 04:21:29
Autismo
Hay un lugar común al que siempre se recurre en momentos difíciles: las crisis son oportunidades. Más allá de que si preguntamos a un obrero, a un ama de casa o a un campesino qué oportunidad se les presenta cuando la crisis pone en riesgo su empleo, su salario y patrimonio familiar, las crisis descubren las fortalezas y debilidades de quienes corresponde enfrentarlas.

A lo largo de las últimas décadas y en especial en los últimos años, hemos atestiguado no sólo una errática conducción de la economía embelesada por el fundamentalismo neoliberal, sino además una actitud política que, pretendiendo minimizar los momentos críticos que enfrenta el país, engaña y subestima a los propios mexicanos.

Ejemplos abundan, desde la afirmación de que “aunque no lo parezca le vamos ganando la guerra al crimen organizado”, hasta el pequeño catarrito contraído “desde fuera” que ha conducido a la más profunda crisis económica que hayamos conocido los mexicanos que desde los 80 hemos convivido con distintas crisis, que convertidas en “oportunidades” se han traducido en grandes negocios para unos cuantos —ahí está la privatización de las empresas públicas que traería inversiones, mejora en las prestación de servicios, tarifas más bajas y competitivas— y en una secuela de pobreza acrecentada, que ha convertido a México en uno de los países más desiguales del mundo.

A la par de ocultar o minimizar los alcances reales de esta situación, el desempeño público se ha convertido en un juego de simulación y engaño, que se acompaña además de la tentación al endurecimiento y a acotar libertades. Se necesita de un culpable que, además de ser el detractor de los esfuerzos del sistema, justifique acciones de endurecimiento y oculte las debilidades propias, que lo mismo puede ser un opositor o el crimen organizado.

Al crimen hay que combatirlo con toda la fuerza de la ley. Garantizar la integridad de los ciudadanos y sus bienes; es la responsabilidad primigenia del Estado. Mas ello no debe conducir a satanizar a quien disiente ni a criminalizar la pobreza o a los jóvenes, ni a restringir libertades y crear un Estado policiaco. Es necesario superar el autismo en que se han anegado los responsables de enfrentar la crisis, dejar de minimizar las debilidades propias y la ausencia de proyecto para superarlas, y asumir los alcances reales de esta crisis, que llevará al mayor desempleo registrado en la historia reciente del país, a una fuga de capitales que supera ya los 50 mil millones de dólares, a una mayor devaluación del peso, en un escenario de debilitamiento de las instituciones públicas y de un gobierno que pierde aceleradamente las endebles bases de legitimación que le otorgaron los poderes fácticos, que ya asumen que el “pobre señor presidente”, “de hecho, no de derecho, está a punto de terminar su mandato”.

El país no necesita de declaraciones destempladas como la de salvarnos de un presidente narco, México exige un nuevo pacto, un pacto refundacional. Nadie puede apostar al desplome del país. El colapso no necesariamente da paso a un escenario de avance democrático ni de consolidación de la izquierda. Por el contrario, puede crear un caldo de cultivo propicio para la emergencia de posiciones conservadoras y tentaciones autoritarias.

Un nuevo pacto implica, más que el rediseño de las instituciones, una revisión de las bases constitutivas de la nación, la descentralización en el ejercicio del poder, un cambio cultural, ético y profesional en el ejercicio de la función pública, y el reconocimiento no sólo del derecho del adversario a coexistir y competir en una sociedad plural, sino a asumir decisiones y construir acuerdos ante las situaciones criticas. Una condición para avanzar en esa dirección es dejar atrás el autismo gubernamental que se ha convertido en el verdadero peligro para México.

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Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

11 Octubre 2008 05:40:00
El regreso del Estado
“La crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del muro de Berlín para el comunismo... Observamos que las instituciones de la economía basadas en el mercado se vienen abajo y corren a pedir la ayuda del Estado”. Lo dice Joseph Stiglitz, economista de la Universidad de Columbia, y le sobra razón.

La crisis hipotecaria en EU —que desestimó el gobierno federal— terminó arrastrando al sistema financiero global, causando una profunda recesión que no sólo ha colapsado a las bolsas generando especulación, inflación e incertidumbre en el empleo, sino que ha evidenciado que el modelo neoliberal no funciona y que es necesario rediseñar el sistema regulador de la economía desde el Estado.

El primer paso lo ha dado la administración Bush al impulsar la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, que busca fortalecer los mercados financieros y promover el flujo de crédito a la economía de EU al proporcionar hasta 700 mil millones de dólares al sistema financiero mediante la compra o aseguramiento de activos para evitar el riesgo o el fracaso de las instituciones. El propio Bush ha reconocido la intervención estatal “para ayudar a evitar que la crisis en Wall Street se convierta en una crisis en las comunidades de todo el país”.

Sin embargo, como sostiene Nouriel Roubini, economista de la Universidad de Nueva York: “Wall Street en su forma tradicional ha dejado de existir y se ha transformado en algo nuevo que irá tomando forma... El plan de rescate recuperará cierta confianza en el sistema, pero las cosas nunca volverán a ser iguales... El plan de rescate no le saldrá gratis, el Estado recuperará mayor control de la economía, porque si algo ha demostrado la crisis es que el capitalismo es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los capitalistas”.

El replanteamiento de la intervención del Estado ha alcanzado a las economías capitalistas desarrolladas, como demuestra la nacionalización del grupo belgo-holandés Fortis y del cuarto banco británico Bradford & Bingley.

México no escapa a esta situación, como lo prueba la intervención del banco central al subastar 2 mil 500 millones de dólares para frenar la especulación cambiaria que llevó al dólar a la cifra de 14 pesos por unidad, así como las medidas anunciadas para impulsar el crecimiento y el empleo, basadas en la inversión pública.

Si bien estas medidas (insuficientes al no reducir el gasto superfluo gubernamental) reiteran acciones antes divulgadas como la ampliación del gasto en infraestructura, anunciada desde el inicio del sexenio sin que se haya ejecutado, o el apoyo a pymes que desde gobiernos anteriores ha realizado Nafin, dos medidas obligarían a retirar las iniciativas que promueven la privatización del sector energético del país: la virtual autonomía de gestión que se da a Pemex, al eliminar los Pidiregas para convertirlos en deuda pública de la empresa, y el anuncio de la construcción de una refinería, que demuestra lo que por meses hemos sostenido: que existe capacidad económica suficiente para construir la infraestructura y modernizar a la empresa sin privatizarla.

Lo cierto es que el modelo económico neoliberal no sólo ha colapsado al sistema financiero internacional, sino que además ha ampliado la brecha de pobreza y desigualdad, y frente a un escenario nada alentador en el futuro inmediato, hay un hecho incuestionable: el Estado está de regreso y es necesario redefinir su papel y sus responsabilidades sociales como parte de los desafíos de la democracia.

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Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
27 Septiembre 2008 03:40:01
40 años después
Amanecía el 2 de octubre de 1968. Los diarios anunciaban: “Crecimiento mayor a 7% en 68”; “Cancela Nixon su visita a México”; “La UNAM reanuda labores y estudiantes asamblea”. Un desplegado clamaba: “México entero con Díaz Ordaz”.

Ningún medio daba cuenta de la reunión que sostendrían representantes del gobierno federal y del Consejo Nacional de Huelga, ni de la concentración que se celebraría en Tlatelolco en respuesta a la advertencia de Díaz Ordaz: “No queremos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario... Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”. Para su gobierno existía un plan internacional de subversión, concebido en La Habana y en Praga, en el que participaron mexicanos de organizaciones políticas de izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Comunista, entre otros.

En conferencia de prensa, el 27 de julio, tras los primeros actos de represión, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, regente del DF, atribuyeron los sucesos a “agitadores de ideología comunista” que se proponían “desprestigiar a México” aprovechando la cercanía de los Juegos Olímpicos. El gobierno no entendía que el movimiento estudiantil canalizaba la asfixia impuesta por un régimen autoritario que en las últimas décadas, al cobijo de un crecimiento económico sostenido y una falsa estabilidad política, impedía cualquier espacio de participación política al margen del aparato de control corporativo del poder.

Las heridas derivadas del aplastamiento a la huelga ferrocarrilera de 1959, de la represión al movimiento magisterial en los 60 y del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia continuaban abiertas.

El 13 de septiembre se realizó la marcha del silencio y se demandó el dialogo público. El 14, el CNH recibió un comunicado oficial que aceptaba el diálogo, pero la noche del 18 el Ejército tomó CU y luego el Casco de Santo Tomás. La represión aumentó.

La mañana del 2 de octubre se celebró el encuentro entre gobierno y estudiantes. El primero no aceptaba condiciones —el diálogo público—. Ante la eventualidad de romper pláticas, aceptaron consultar con Díaz Ordaz la propuesta. Por la tarde la respuesta: la matanza en Tlatelolco. El 3 de octubre, la prensa acreditaba: “Recio combate al dispersar el Ejército un mitin de huelguistas”; “Tlatelolco, campo de batalla”; “Durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron recio combate”.

Los Juegos Olímpicos se celebraron. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad por los sucesos. Pero el país había cambiado, a pesar de la obstinación del régimen. Años después Echeverría insistiría: “La composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas... integrados por jóvenes surgidos de hogares en proceso de disolución, niños de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación que la generalidad, son estos grupos fácilmente manipulables”.

Pese a su miopía, el país cambió. Como estableció José Revueltas: “Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, la ley o el derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales, en los años de cárcel que a cada uno de nosotros le corresponda. Está decidida porque ‘en el cielo de nuestro destino (político) con el dedo de Dios se escribió’... Y todos sabemos quiénes son ese Dios, quién es ese Tlacaltecuhtli sexenal, que ata los vientos y desata tempestades. Pero ¿podrá detener el tiempo de la historia?”. Cuarenta años después no pueden.

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30 Agosto 2008 04:00:01
Pemex, viable sin privatizar
Si algún mérito tienen las iniciativas acogidas por los legisladores del FAP en materia energética es conjugar experiencias, capacidades y talentos en un ejercicio sin precedente, cuyo valor adicional fue recoger los diagnósticos y propuestas presentados en el debate en el Senado al margen de visiones partidistas, así como los resultados de la consulta pública nacional y de encuestas de opinión en las que se manifestó el rechazo a la privatización y a la intervención de empresas transnacionales en las actividades de Pemex.

Es una iniciativa plural que incorpora las visiones de dirigentes políticos a quienes se busca presentar confrontados (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador); de académicos (John Ackerman, Rolando Cordera, Rene Drucker); periodistas (Rafael Barajas, Eduardo del Río, Helguera); especialistas (Mario Di Constanzo, Eduardo Beltrán); el mundo de la cultura (Guadalupe Loaeza, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska); ex funcionarios federales (Carlos Tello, David Ibarra, Javier Jiménez Espriú); constitucionalistas (Arnaldo Córdova), e incluso antiguos adversarios (Manuel Bartlett).

Considera reformas jurídicas y propuestas que mantienen la rectoría y la exclusividad del Estado en la industria petrolera para articular un plan de acción inmediata, que sin privatizar permita crear un fondo de recursos (300 mil millones de pesos) para llevar a cabo un programa de inversiones públicas para que Pemex corrija el actual régimen fiscal al que es sometido; atienda labores de exploración, refinación y petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico; y adopte acciones que garanticen transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción en contratos, adquisiciones y licitaciones, así como en las relaciones entre empresa y sindicato.

Garantiza que la reforma se apegue a la norma constitucional, promoviendo medidas correctivas al deterioro de la industria y sus finanzas; la creación de una comisión que elabore una política energética de Estado y defina la seguridad energética; el aprovechamiento de los recursos para el desarrollo del país, limitando la plataforma de exportación y promoviendo nuevas fuentes de energía. Se busca dotar a Pemex de los recursos que no ejerce, al modificar los controles que le impone el Ejecutivo. Establece una reforma hacendaria que elimina el actual régimen de derechos y libera las rentas de Pemex para la inversión, el desarrollo y la investigación.

Se pretende reanudar las exploraciones, recuperar la petroquímica, construir refinerías e incrementar la capacidad de las existentes, fortalecer el IMP como pilar en investigación, desarrollo e innovación de la industria, e incorporar a las universidades públicas y centros académicos en este proceso. Redefine los términos de la explotación en aguas profundas y yacimientos fronterizos, sin ceder a la presión de las transnacionales, e impide la intervención de tribunales foráneos. Cancela contratos de riesgo bajo cualquier forma que viole la Constitución, la adjudicación directa y la invitación restringida en los contratos por obras y prestación de servicios a empresas privadas, e impide que particulares se apropien de la renta petrolera en las actividades del sector.

Se trata de recuperar el carácter original de la empresa, acotar a la burocracia, acabar con la discrecionalidad, así como con la corrupta dirigencia sindical, para disponer de recursos para inversión, desarrollo tecnológico e incremento en la productividad, sin violar la Constitución, privatizar ni empeñar un patrimonio fundamental de nuestra nación. Hagamos votos para que los legisladores estén a la altura de su investidura y de la responsabilidad histórica que les corresponde cumplir en estos tiempos cruciales para definir el destino de México.

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Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM


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