Poco a poco quedan claras las prioridades reales de AMLO en la Presidencia. Empecemos por su Banco del Bienestar. Es imposible darle sentido económico a la construcción de 2 mil 700 “sucursales”. Independientemente de la frugalidad al hacerlas, el costo de operar una red así será un despilfarro. La dificultad de proveer acceso a servicios de pagos, ahorro y crédito a poblaciones numerosas manejando montos pequeños, a veces en zonas remotas, ha motivado el uso de teléfonos celulares para hacer transacciones financieras en países que buscan que la población se bancarice. El costo de enviar dinero en forma electrónica es casi cero, el de mover cash físicamente es altísimo por razones evidentes. “Bienestar” es lo último en lo que AMLO piensa al desarrollar esa carísima red. Quiere que la gente pobre vaya físicamente a donde haya logos y marcas que identifiquen que el dinero que recogen proviene de él y de su Gobierno, aunque para lograrlo tire a la basura decenas de miles de millones de pesos que podrían incidir en bienestar real. La carísima red tiene una finalidad puramente electoral.

El segundo ejemplo proviene de la negativa de investigar la abundante evidencia del ilícito enriquecimiento de Manuel Bartlett. Al surgir esta, AMLO pudo dejar irrefutablemente claro que su Gobierno combatirá la corrupción en serio, aun a costa de prescindir de un aliado importante. En vez de eso, prefirió establecer que quien está con él no es corrupto por el simple hecho de estarlo, e instruyó a su títere en la Secretaría de la Función Pública a armar una narrativa para exonerarlo, lo cual hizo sin chistar. Lo último que le importa es acabar con la corrupción, basta con alimentar la percepción de que lo hace. Se irá contra funcionarios de gobiernos previos cuando le urja distraer o necesite un catalizador para aumentar su popularidad, como ocurrió con la detención de García Luna, a pesar de no provenir de su Gobierno. Y como en el caso de Rosario Robles, violará el debido proceso cuando le dé la gana.

Todo tiene lógica electoral. Impulsar movilidad social está lejos de sus prioridades, pues lograrla pondría en riesgo la lealtad de su base, mejor fomentar dependencia. No quiere elevar la calidad de la educación pública, prefiere evitar conflictos con el magisterio y ganar su lealtad irrestricta. Enmendar el Seguro Popular existente implicaba arriesgarse a que gobiernos previos compartieran el crédito, prefirió arrancar de cero el Insabi, un nuevo sistema hecho sobre las rodillas, poniendo al frente a alguien sin experiencia alguna en temas de salud pública, naturalmente complejos, cuyo único atributo es ser tabasqueño. Otra vez, muestra total falta de respeto a conocimiento y experiencia. Al quitarle certidumbre fiscal al nuevo sistema, miles de mexicanos morirán ante la imposibilidad de pagar por la atención de enfermedades graves. Más que inepto e irresponsable, esto merece calificarse como criminal.

AMLO quiere emular los grandes modelos clientelares de Kirchner o Chávez, sin contar con la generosa renta que provenía de exportar soya o petróleo. Pemex pronto confirmará que resta más de lo que suma. Sus proyectos faraónicos jamás se llevarán a cabo (afortunadamente). Dada la falta de crecimiento y ante la negativa de hacer una reforma fiscal antes de las elecciones de 2021, la recaudación será mucho menor a la que necesita. Morena perderá la mayoría legislativa en estas, pues tendrá que hacer recortes cada vez más dolorosos para mantener la disciplina fiscal prometida. Aumentará el descontento entre quienes votaron por él pero no son parte de su base inmutable (quizá 20% del electorado). De seguir así, imposibilitará que su partido repita en 2024, lo cual incrementa la tentación de reducir la autonomía del INE, poblándolo con incondicionales.

López Obrador tiene el capital político para hacer los grandes cambios que México necesita, pero acumular poder es lo único que le importa. Fracasará por la ofensiva incompetencia de su equipo. La terca realidad lo abrumará.

Por lo pronto, toca defender el sistema democrático que tanto trabajo costó forjar.

Por: Guillermo Barquet

Una forma diferente de ver el núcleo familiar
El sol.
Nos da luz y calor.
Es el combustible para nuestra supervivencia.
Sin la energía del sol, casi nada crece o se mantiene con vida.
Así somos. Energía pura. Vital. 
Y así comparo nuestro lugar en la vida, como si fuéramos el sol de nuestro sistema solar.
"Yo soy la persona más importante. Soy la mayor concentración de energía. Soy el centro de la fuerza gravitacional."
Ok, ahora, tú siendo el sol, vamos a darle un quién es quién a los planetas.

En consulta, tocando este tema, una mujer joven, recién casó a su tercer hijo. Hablábamos de las responsabilidades que ella siente también con su mamá. Las mortificaciones con su marido salieron al tema. Entonces, al ponerla como el centro (Sol) le pregunté: "¿Quién es Mercurio para ti?" "Pues mis hijos" contesta ella. Mercurio, Venus y Tierra son sus hijos, supuse que Marte era su esposo, y pues no, Marte es su mamá... 
¡Ay canijo! Y al marido, ¿A dónde lo mandó? ¡A Júpiter! Literal...

Y entonces, ¿cómo queda el asunto? o sea ¿tengo que decidir quién es más importante en mi vida? Si y no. 
Vamos a imaginar que tu energía es limitada. Diosito te regala un tanque de gasolina al día y tú decides como gastarlo. Desgraciadamente, necesitas gasolina al final del día para los procesos de recuperación física (o sea tu sistema nervioso parasimpático lo ocupas para ayudarte a dormir bien y a digerir tus alimentos adecuadamente) necesitas energía para empezar a trabajar. Si tú andas repartiendo energía a lo loco, y no le permites a tu cuerpo recuperarse te puedes enfermar.

Siguiendo esta lógica, gran parte de tu tanque de gasolina se gasta en ti mismo. Necesitas energía suficiente para hacer tus cosas, para respirar, digerir, funcionar, resolver, etcétera.

Mercurio es la pareja. No le hagas al ensarapado. ¿Cómo puedes pensar que tu hijo va a estar bien si tú tienes problemas con tu pareja? He escuchado decir a personas que buscan embarazarse para mejorar la relación, hazme el favor. Cuando tú y Mercurio están a todo dar, Venus, Tierra y Marte van a funcionar bien. Ya sea uno, tres o cinco hijos, primero van ellos antes que los demás.

Luego viene tu mamá.
Resulta que mamá está en una "zona gris". Es una deuda moral tan grande que no podemos delegarla, pero tampoco vive dentro de nuestra casa, más si es parte del núcleo familiar. Por eso, mamá es el cinturón de asteroides. Papá es Júpiter, los hermanos son Saturno Urano y Neptuno. ¿Plutón sería la mascota? Probablemente. 

Todo en el universo tiene una simbiosis. No podemos vivir los unos sin los otros. Estoy seguro que el cinturón de asteroides protege a los planetas primarios. Estoy convencido de que cada planeta tiene una razón y todo funciona en un delicado balance.

Le platiqué a mi esposa la idea, el ver de una forma simple a la familia y la relación con los parientes. Esta manera la sorprendió, pero al preguntarle "Si tu hijo tiene una necesidad, y tu padre también, ¿A quien ayudas primero?" Sin dudarlo contestó.

Supongo, que si no estás casado, el orden de los planetas será diferente. Conforme avance tu vida, y tus prioridades cambien, ya tú sabrás quien representa a tu Mercurio.

¿Tu qué opinas? ¿Cómo es el orden en tu sistema solar?

La retórica es una herramienta de la política, pero si uno realmente quiere saber la agenda de un líder hay que ver dónde pone el dinero, pues como reza el dicho, “las acciones reflejan prioridades”. Por eso es ilustrativo que el presupuesto del Gobierno de México para el 2020 concentra sus prioridades energéticas en opciones contaminantes y elimina el impulso a las tecnologías verdes.

Por ejemplo, esta Administración dedicará vastos recursos al uso de combustóleo, gasolina, diésel y carbón para generar energía. Miles de millones también se destinarán a privilegiar el uso de combustibles fósiles “asequibles” para tener contento al “pueblo sabio”.

Hay que recordar que México se comprometió a reducir sus emisiones invernadero como parte de los Acuerdos de París. No obstante, bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador no se cumplirá con estos objetivos. Mientras que en América Latina el promedio global de generación de energía proveniente de fuentes renovables llega al 50%, México no logra ni el 25.

La Administración anterior dejó programadas licitaciones para proyectos de energía renovable y mejoras a la interconexión de la red eléctrica que AMLO suspendió y luego canceló.

La eliminación de estos contratos privó a México de 8 mil 600 millones de dólares en inversiones que aportarían empleos, recaudación fiscal; en pocas palabras, desarrollo.

En su lugar, AMLO destinará entre 10 y 12 mil millones de dólares a la refinería de Dos Bocas, que por su modelo financiero y mala productividad de Pemex producirá gasolinas más caras que las que importamos. También, la CFE evalúa la construcción de plantas carboeléctricas (la opción más contaminante) para generar electricidad. Si se realiza esta maravilla costará otros mil 120 millones de dólares.

El Presidente dice que refinar nuestras gasolinas es un asunto de soberanía. Es un punto válido, pero erra en la solución.

Si López Obrador enfoca su atención en explotar el potencial nacional solar, eólico e invierte en la interconexión eléctrica garantizará el abasto energético presente y futuro. Y lo lograría con el sol y los vientos nacionales que no pasan facturas ni contaminan. ¿Qué otra mejor opción soberana hay para el país?

Estudios internacionales consideran que México puede convertirse en el Arabia Saudita de la energía solar si se desarrollan proyectos en el norte del país.

Lamentablemente, el Presidente prefiere el aplauso y los votos del sureste ofreciéndoles opciones conocidas, pero malas, de esas que no hacen olas y son populares. Por ello considero que López Obrador es un Presidente conservador en el tema energético.

Así como lo oye, los conservadores se distinguen por rechazar cambios radicales, aunque sean necesarios, se ajustan a lo conocido para sacarle ventaja, aunque sea dañino o improductivo, y mantienen los privilegios de los agentes económicos dominantes en lugar de adoptar mejores prácticas.

Esto explica por qué los conservadores del siglo 19 trataron de restaurar el imperio como forma de Gobierno en México, y que las zonas productoras de petróleo o con refinerías en Texas sean republicanas. Los conservadores dejan el negocio donde está en lugar de abrir la puerta a quienes apuestan por opciones distintas.

Ser conservador es una opción ideológica y política que no se asocia generalmente al progreso acelerado (aunque sí tiene la virtud programática de la disciplina fiscal, con la que simpatizo). El Presidente de México llama a alguien “conservador” cuando lo descalifica y equipara casi como traidor.

Pues bien, Presidente, usted es profundamente conservador cuando se refiere a su política energética. No es insulto, pero sí constituye una descripción acertada del rumbo que ha escogido para el país.

Nicanor Moyeda Frías


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe una amiga que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Amigo Notario. Mi esposo falleció el año antepasado, he arreglado ya casi todo lo de la pensión y sus prestaciones que me correspondían, pero me comentan que para lo de las propiedades tengo que hacer un juicio ante notario porque mi esposo no hizo testamento nunca, pero como no tuvimos hijos y soy la única heredera pues he hecho desidia. Me gustaría me dijera qué se tiene qué hacer.”

Siento su pérdida. Espero en las siguientes líneas poder ayudarle y orientarle.

En primer término explicaré que según el Código Civil vigente en nuestro Estado, tienen derecho a heredar por sucesión legítima -que es cuando no existe testamento-, en el orden siguiente:

I. Los descendientes.

II. El cónyuge supérstite o quien vivía con el autor de la herencia, o el compañero civil supérstite.

III. Los ascendientes.

IV. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

V. A falta de las personas comprendidas en las fracciones anteriores, heredará la Asistencia Pública del Estado.

En su caso específico amiga, ustedes concurrirían a reclamar la herencia como cónyuge supérstite (usted) y en caso de que aún vivan sus suegros, ellos también heredarían.

Nuestro Código Civil establece que si a la muerte del autor de la herencia, le sobreviven cónyuge y padres, la forma de heredar los bienes del de cujus, sería de la siguiente forma: La herencia se dividiría en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge o compañero civil y la otra parte a los ascendientes.

Es importante este dato que no me comparte, pero que es sumamente importante, le recomiendo acudir con el notario de su confianza para una asesoría más personalizada.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes. ¡Enhorabuena Amigos!

Aunque por el momento aseguran que no hay un alza generalizada de precios en los diferentes productos, las autoridades gubernamentales ponen el ejemplo en el ajuste de los valores de servicios al contribuyente al ajustar al alza los impuestos.

Desde la acción de la autoridad, cunde el ejemplo y todo, absolutamente todo tiene un alza de precio por el efecto inflacionario y el alza a las gasolinas, encontrando en ello el argumento perfecto para justificar el movimiento al alza de los precios en todo, absolutamente todo.

Las multas de tránsito registraron un incremento del 5%, el 24 de diciembre; la Secretaría de Hacienda publicó la actualización de las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual forma parte del precio de la gasolina y de una serie de alimentos a los que se les aplica este recaudatorio gravamen.

Así se tiene que refrescos, botanas, panes de dulce que se considera alimentos chatarra, se les aplica el IEPS y con la actualización del impuesto el valor del producto se eleva.

Cambiar de año se ha convertido en sinónimo de un alza de precios porque todo lo ajustan conforme a la inflación y ahora el aumento salarial tiene un incremento que repercutirá en diversos productos y servicios.

El aumento de precios que han aplicado las grandes compañías al ajustar sus importes al alza es un “reacomodo” que se da cada que empieza el año desde que estaba en secundaria.

Hoy es lo mismo, en mi caso espero los primeros 15 días de enero a ver cuáles materiales aumentaron y se ajusta, se ve el resultado y aplica un ligero aumento.

Pero, la mayoría piensa en incrementos aplicados al salario mínimo que trae alzas en el seguro, la electricidad, gas, el personal, el mantenimiento, así que siempre se considera un alza de una determinada cantidad.

Pero, hay que pensar en los clientes, ya no se va a vender el producto porque está muy caro, pero otros negociantes van a bajar la calidad y eso es una estrategia que no se debe aplicar.

Un caso más es el de los laboratorios quienes dicen que suben sus precios por el valor del dólar que en ese tiempo costaba arriba de 20 pesos, pero, cuando bajó no disminuyeron el precio e incluso los medicamentos.

Total, hay productos que si justifican sus aumentos, por ejemplo, el caso de las tortillas que si fueran de nixtamal sería muy caro cocer el maíz, gas, molino y el personal.

Así que, justificados o no, enero se convierte en el mes más difícil del año para los consumidores porque casi todos los negocios aplican la actualización de valores en sus productos y servicios.

Hay poca disponibilidad de dinero porque se acabó durante las fiestas decembrinas y el primer mes de cada año además de pagar impuestos, con limitaciones financieras, el alza discrecional que se aplica a los servicios de parte de las autoridades representa la justificación idónea para encarecer productos y servicios, se requiera o no.

José Antonio Crespo | Desde la campaña misma de 2018, se manejan varios escenarios sobre lo que puede representar la autodenominada 4T. Es decir, qué puede pasar con el país según las posiciones ideológicas y cálculos de diversos ciudadanos, corrientes y analistas. Para simplificar, podríamos identificar cuatro escenarios básicos.

En un polo, el país se encaminará claramente hacia lo que ofreció López Obrador; un país casi escandinavo, con justicia social, mayor crecimiento del obtenido por el neoliberalismo, sin corrupción ni impunidad (erradicadas definitivamente), autosuficiencia energética y alimentaria, nuevos empleos (por millones) y un sistema de educación, salud y pensiones de corte noruego (lo ha dicho literalmente el Presidente), además de la pacificación del país y una democracia política genuina (pues lo que teníamos hasta ahora era mera simulación).

En el extremo opuesto aparece un escenario oscuro, que apunta a la decadencia dramática del país. Es el escenario venezolano, con fuerte decrecimiento económico, inflación desbordada, desempleo y mayor número de pobres, en vez de menos.

Y políticamente habría una centralización política donde los relativos avances democráticos quedarían borrados, dando paso a una nueva autocracia. La polarización entre dos bandos se incrementaría al grado de la confrontación en algún momento (como se ha visto en Venezuela y ahora en Bolivia).
Entre estos dos extremos existen puntos intermedios que apuntan más hacia el centro, pero los sintetizaremos en dos escenarios. Uno moderadamente optimista, que si bien reconoce que el país no será la nueva Escandinavia de América, sí podrá registrar avances sociales, mejor distribución del ingreso, un crecimiento moderado de la economía, preservación en lo esencial de los avances democráticos sin retroceder en lo que hay, y una mejoría visible, aunque no espectacular, en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Muchos lopezobradoristas moderados, incluso desde la elección misma, es lo que esperaban y lo siguen haciendo, como una opción no espectacular ni utópica, pero sí una ruta de avance respecto del neoliberalismo. Finalmente, tenemos un escenario de centro más pesimista, pero no catastrófico, donde las cosas seguirán esencialmente igual, si bien con un relativo deterioro en lo económico, social y educativo.

Menor crecimiento, menos inversiones, poca confianza en el Gobierno que impedirá que despegue el país. Aquí también hay cierta regresión democrática. El país da vueltas en círculo o retrocede, pero sin caer en el caos venezolano.
Mi posición ha sido la de desechar de tajo el escenario escandinavo, por utópico, pero tampoco creo en el escenario venezolano. Tiendo más a pensar que ocurrirá el escenario centro-pesimista, que es lo que esencialmente hemos visto en 2019. Leves mejorías en algunos temas, pero descalabros o retroceso en otros de gran relevancia.
No descarto del todo el escenario de optimismo moderado, si el Gobierno corrigiera mucho de lo que ha hecho, y se abriera a oír a los críticos y expertos en distintos temas (cosa que no ha hecho). En cambio, si en lugar de corregir los errores que ha cometido en alguna medida, el Gobierno profundiza en ellos, no extrañaría que nos adentráramos un poco más el escenario pesimista, sin poder precisar hasta dónde podría llegar.
Hago con todo votos porque haya rectificaciones y condiciones favorables en adelante, que modifiquen la ruta trazada en 2019 para enfilarnos hacia un escenario optimista de mejoría, aunque sea moderada. No basta con corregir la venta del avión presidencial (porque no fue posible hacerla); haría falta mucho más. Pero dado el estilo personal de AMLO, me parece algo poco probable.
*José Antonio Crespo es profesor afiliado del CIDE.

Nicanor Moyeda Frías

Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe una amiga que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Notario amigo, mis papás murieron hace más de 12 años y ellos dejaron una casa que yo me he encargado de su mantenimiento y pagos de contribuciones desde su muerte, pero no dejaron testamento. ¿Quiero saber qué tengo que hacer para escriturarme la casa, pues solo yo me encargo de ella y de pagar las contribuciones y mi único hermano nunca viene ni se ocupa, pues no tiene interés en la propiedad?”

En las siguientes líneas trataré de darle una orientación de acuerdo a lo que me platica en su correo.

Cuando una persona fallece se debe denunciar la tramitación del juicio sucesorio; y procede según exista o no un testamento; si la persona que ha fallecido otorgó testamento, es procedente la tramitación de la sucesión testamentaria, en la que se dispone de los bienes del difunto según haya dejado establecido en su testamento. Para el caso de que la persona no otorgó testamento, procede la sucesión intestamentaria o legítima, en la que habrán de concurrir al juicio todos aquellos que tengan o crean tener derecho sobre los bienes del difunto.

En la sucesión legítima, al no existir testamento o no haber dispuesto en el testamento de todos sus bienes el autor de la herencia, la ley se ve obligada a suplir la voluntad de quien fallece y se siguen ciertas reglas.

Según nuestro Código Civil vigente en el estado de Coahuila, tienen derecho a heredar por sucesión legítima en el orden siguiente:

•Los descendientes.

•El cónyuge supérstite (que esté vivo) o quien vivía con el autor de la herencia en la situación prevista por el la ley, o el compañero civil supérstite.

III. Los ascendientes.

IV. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

V. A falta de las personas comprendidas en las fracciones anteriores, heredará la Asistencia Pública del Estado.

Ahora bien, para el caso de que usted quisiera tramitar la sucesión de sus padres, al igual que su hermano, tienen derecho a heredar.

Al haber muerto sus padres, y sobrevivir usted y su hermano, ustedes dos son quienes tienen el mejor derecho para heredar.

Para el caso que me ha comentado quiero decirle que los derechos hereditarios no prescriben al no reclamarlos, en caso de que usted quisiera denunciar la sucesión de sus padres, habría que llamar a juicio a su hermano, pero el que no comparezca no significa que usted puede adjudicarse lo que toca a su hermano; los derechos hereditarios de su hermano quedarían a salvo para cuando el los reclamara.

El hecho de que usted haya pagado impuestos o derechos de ese bien por mucho tiempo, pudiera hacerse valer en la sucesión y que se le cubriera por estar pagando a cuenta de la sucesión esos gastos, pero no es un motivo para que usted pueda adjudicarse ese bien.

Mi recomendación es hablar con su hermano y ponerse de acuerdo para iniciar el juicio sucesorio, si él no puede asistir a la tramitación puede otorgar un poder para que alguien lo represente.

Espero haberle ayudado con esta breve explicación, le recomiendo acudir con el notario de su confianza para una asesoría más específica.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, ¡enhorabuena amigos!

Jesús Carlos Mena | Mañana se celebra el Día de los Reyes Magos, una fecha importante para los creyentes y sobre todo para los infantes, porque esperan que con la fecha lleguen regalos.

Cada 6 de enero, en varios países de América Latina, Europa y otras partes del mundo, se celebra el Día de los Reyes Magos, festividad en la que se recuerda la adoración de la que fue objeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos, como signo del reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el rey y salvador de la humanidad.

Ellos le llevaron tres ofrendas: oro, incienso y mirra. Los tres Reyes del Oriente encontraron al niño Dios y se postraron ante él.

También se conoce como la Epifanía que es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas. El inicio de esta festividad se remonta al siglo III en Oriente, para luego ser adoptada en Occidente en el curso del siglo IV.

Epifanía, voz griega que en algunos casos se ha utilizado como nombre de persona, significa “manifestación”, debido a que el niño Jesús fue presentado ante los paganos representados en la persona de los tres Reyes Magos.

Esta fecha tiene significados diversos como el que le da un creyente que profesa su fe católica o evangélica, además para los niños es sinónimo de regalos, para las tiendas la oportunidad de vender juguetes y para las panaderías vender la suculenta Rosca de Reyes.

Desde hace unas semanas en las panaderías de las tiendas departamentales y de membresía la Rosca de Reyes, hizo presencia de manera adelantada.

La celebración es tan importante para la sociedad mexicana, que las panaderías dejan de producir el pan francés, bolillo o baguette para abrir la capacidad de las panaderías para elaborar la Rosca de Reyes.

Hornear la Rosca de Reyes, antes y durante el mismo día todas las panaderías dejan de hacer el pan francés y el de azúcar y se dedican a elaborar roscas, lo mismo que los clubes de precios, súper mercados bodegas y restaurantes, pero la calidad deja mucho que desear.

Montañas de roscas que al día siguiente están al dos por uno y en algunas panaderías las venden sobre pedido con descuento y otras con masa de pan danés, lo importante es ganar.

El comercio en general después de la Quincena del Comercio, El Buen Fin y las ventas de Navidad, el Día de Reyes es la última oportunidad de vender.

Pasado el 6 de enero a sufrir en los negocios porque concluye el Maratón Guadalupe-Reyes y empieza la Cuesta de Enero, porque no hay quien compre, el dinero del aguinaldo se terminó.

En el mes de enero hay negocios que ofrecen hasta 50% de descuento en sus productos y artículos porque: “se me pasó la mano o no sé qué me pasó, lo cierto es que no tengo ni un centavo”.

De manera que el Día de Reyes para los comercios es su última oportunidad para vaciar sus bodegas, porque las ventas se reactivarán poco antes del 14 de febrero y el mismo día.

Algo fortuito que sucedió en el destino personal de Israel Vallarta, a quien Genaro García Luna y los funcionarios que con él laboraban, acusaron de dirigir la banda de secuestradores Los Zodiacos, de la que la francesa Florence Cassez formaba parte, hoy detona la noticia que lleva este 14 años preso pero sin recibir sentencia.

Esto es un gran descuido de nuestro sistema de impartición de justicia, pues si García Luna no hubiese sido detenido en Estados Unidos con graves acusaciones de proteger al cártel de Sinaloa, la situación de Vallarta no la conoceríamos hoy.

La hermana de Vallarta, Guadalupe, acusó que otros miembros de su familia fueron torturados para que se declarasen culpables del mismo delito. Ahora la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro de la SCJN, apela a su liberación considerando que debe aplicarse a Vallarta el mismo criterio que permitió la liberación de Florence Cassez, después de un grave diferendo diplomático con el Gobierno de Francia por la violación a sus garantías individuales, durante el montaje del show televisivo de su detención. Sin embargo, Florence nunca fue exonerada de los cargos de secuestro.

Tan malo es que Israel Vallarta lleve 14 años preso sin recibir sentencia, como que sea liberado como una compensación a un error y no por comprobarse su inocencia. Ambos extremos son preocupantes, pues tienen graves implicaciones.

La declaración de la secretaria de Gobernación parece dar a este caso un contexto político para exhibir a gobiernos anteriores y lo que quisiéramos los ciudadanos es eficiencia jurídica generalizada.

Liberar sin justificar la inocencia, puede abrir la puerta a prácticas corruptas. Si Vallarta, siendo protagonista de un caso tan sonado fue olvidado por los impartidores de justicia, ¿Cuántos miles de mexicanos, anónimos y quizá inocentes, viven la misma tragedia? Un olvido irresponsable que roba tiempo de vida de unos y destroza el patrimonio de sus familias.

Como ejemplo de que esto no es excepción, podemos tomar el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años de su vida encarcelados en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia respecto al homicidio que se les imputa, el de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en 2001.

Esto quiere decir que en 17 años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez ordenó su liberación a finales de agosto pasado. Esto nos describe un grave problema en la impartición de justicia en nuestro país: no hay respeto por la vida ajena. Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un grave delito de omisión.

La ligereza con que nuestro sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero también deben calificarse como irresponsabilidad.

Liberar a alguien sin comprobar su inocencia es tan aberrante como mantenerlo en la cárcel.

Unos son reos inocentes del delito que se les imputa y por otra parte, un fenómeno jurídico aberrante, como es la liberación de delincuentes cuya trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son liberados por jueces que argumentan errores en la integración de expedientes. Tal es el caso de algunos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lo que hoy vivimos en México es producto de graves anomalías en la impartición de justicia.

Incluso la nueva práctica de anteponer argumentos administrativos o de deficiencias jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla y reintegra en sus actividades a peligrosos sujetos.

Muchos de los asesinatos y delitos de alto impacto en contra de ciudadanos inocentes, se podrían haber prevenido si quienes los cometen no hubieran sido liberados.

Es urgente rehacer nuestro sistema de justicia para crear un mejor país, donde la justicia sea un asunto de valores y principios jurídicos. ¿Usted cómo lo ve?

Por: Manuel J. Jáuregui

Según la encuesta que realizó Grupo Reforma, estimados amigos, el 51% de ustedes piensa que en el 2020 la economía de su hogar será mejor que en el año que despedimos recién.

Compartiremos su optimismo y lo haremos nuestro, que con ser pesimistas no ganamos nada más que desanimarnos, y ustedes bien saben que el de-sánimo casi siempre se erige como la antesala de la rendición.

Y como amonestados estamos por el gran Churchill de nunca, nunca, nunca, pero nunca, nunca rendirnos, pues ¡adelante, mis valientes, que para morir nacimos!

Iniciamos el opus de hoy deseándoles, pues, un muy feliz 2020, que esperemos que sea en los hechos tan redondo y completo, tan equilibrado y contundente, como luce en el papel.

El año que iniciamos será uno interesante; es, por ejemplo, un AÑO OLÍMPICO, pues serán en Tokio los juegos de verano, un evento siempre emocionante que nos distrae de la brega cotidiana con la excelencia deportiva.

Y hablando de Japón, ¿qué les pareció la espectacular fuga del ejecutivo automotriz brasileño-franco-libanés, Carlos Ghosn?

Ya en libertad no duden ustedes que soltará mucha sopa sobre la insana injerencia del Gobierno japonés sobre el mundo de los negocios, sobre todo de la industria automotriz.
Promete ser una telenovela de no pocos capítulos.

En el otro extremo, tendremos justo después de los Juegos Olímpicos elecciones presidenciales en Estados Unidos que se espera que sean álgidas y ríspidas, pero quizá no tan sorpresivas como muchos piensan o creen.

Habrá, en el terreno de la ciencia y tecnología, noticias igualmente interesantes, pues la NASA enviará una sonda a Marte entre julio y septiembre con un nuevo explorador terrestre, equipado con 23 cámaras y micrófonos, para sumarse al rover Curiosity en la exploración remota de ese planeta de hostil atmósfera.

Aquí más cerca, el Gobierno de la 4T inicia el año con DOS grandes retos:
1. Cómo echar a andar la economía, y...

2. Frenar la creciente inseguridad que azota a muchas de las comunidades del país.
Claro que no son los únicos retos, pero ustedes estarán de acuerdo en que son los principales por lo pronto.

Y sí, hay otros: salta a la vista que el zipizape que traemos con Bolivia no deja nada bien parada a nuestra diplomacia “no intervencionista”.

Queda claro que mucho más que la Doctrina Estrada que siempre nos guió con anterioridad ahora pesan más otras consideraciones, y ha sido suplantada por los gustos y pasiones del grupo de influencia del momento que simpatiza con la izquierda rabiosa sin importar qué, y no le perdonan al Ejército boliviano haber capturado y fusilado al “Che” Guevara en 1967.
Lo que a continuación les diremos no tiene intención peyorativa alguna, pero de 1949 a 1951 Bolivia tuvo un Presidente que se llamaba Mamerto Urriolagoitia.

Digan ustedes, amigos lectores, si acaso vale la pena estropear relaciones con una nación tan democrática, tan tolerante, tan equitativa, que eligió a un Mamerto como Presidente.
¡¿Verdad que no?!

En esto de la diplomacia, como en otras cosas, hay que enderezar el rumbo, pues el destino y la historia tienen la manía de obligar la corrección “a fortiori” cuando no se hace por voluntad propia.

Lo que pasó hace medio siglo que quede enterrado en el pasado, pues nada tiene que ver con el presente y menos con el futuro.

México no es por naturaleza ni inclinación o tradición una nación pleitista, metiche, que se entromete en los asuntos internos de otras naciones.

Ello le había funcionado muy bien, y no existe razón alguna por la cual cambiarlo.

Dicho lo anterior coincidimos en que los dos temas del 2020 serán la economía, y la paz y el orden.

De manera que es de esperarse que, a más tardar la semana que entra, el Gobierno dé a conocer cuáles son sus planes, o cuando menos sus intenciones, respecto al abordaje de los retos en ambas “áreas de oportunidad”.

Ello, pues no queremos que ese optimismo con el que inician el Año Nuevo, amigos, acabe por tornarse en decepción.

Por: Sergio Aguayo

¿Tendrá consecuencias un almuerzo con barbacoa y consomé de borrego? Sí. Y explico por qué.

El jueves 19, la secretaria de la Función Pública le colgó a Manuel Bartlett una medalla de buena conducta. Al día siguiente, cinco políticos importantes almorzaron en Querétaro y algún colaborador, mesero o acomedido (que en el pasado los llamaban “propios”) tomó la foto típica observable en las redes. Tenían poco tiempo de haber ordenado sus alimentos.
El consomé ya reposaba sobre la mesa, pero a la dieta del cardiólogo le faltaba la carne, la pancita rellena de entrañas y, ¿por qué no?, algunas cervezas mañaneras.

Me detengo en tres de los cinco protagonistas. El Presidente tiene la sonrisa natural del satisfecho con haber hecho su tarea. Frente a él y formando un triángulo, están Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) y Manuel Bartlett (director general de la Comisión Federal de Electricidad).

Bartlett ocupa un primer plano y tiene expresión de prócer de la patria; se adelantó a los otros, porque su consomé es el único con una gruesa capa de cilantro, cebolla y (tal vez) chile verde cortado en finos trocitos. A un lado del plato, está la cáscara de limón exprimido; combina con la sonrisa forzada e incómoda de Santiago Nieto. La mueca podría deberse a su inquietud por los efectos del almuerzo sobre sus arterias o porque sabe que él -el cazacorruptos más mediático de la 4T- debió haber esclarecido el origen de las fortunas de Bartlett y su pareja sentimental, hijos y entenado. En lugar de eso, está como florero, posando para una foto incomoda.

El almuerzo se inyectó al encono nacional, porque el titular del Ejecutivo decidió publicar la imagen en sus redes sociales. Explicó dónde estaba, qué comería y al final lanzó un “¡buen provecho!” pensado para alborotar las vesículas adversarias y alebrestar a sus partidarios. Lo consiguió. La foto fue un electroshock sobre un sistema nervioso emocionalmente sobrecargado.

Fue un desplante de arrogancia, común en los gobernantes convencidos de que ellos sí controlan los hilos de la historia. Evoca actitudes de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa. El primero alardeó: debemos “acostumbrarnos a administrar la abundancia” y los sacadólares y la corrupción le asestaron un sonoro tapaboca. Salinas descalificó a la izquierda con aquel “ni los veo ni los oigo” cuando los zapatistas ya desinflaban la burbuja tecnocrática. Calderón aseguraba -en los inicios de su gobierno- que “esta guerra la vamos a ganar”. Sin comentarios.

¿Tendrá el actual Presidente la misma suerte, o será capaz de forzar la realidad en el molde de sus deseos? Imposible anticiparlo; nos faltan cinco años de vértigo e incertidumbre. Dicho esto, ¿por qué se la juega tanto por Bartlett? Uno puede entender el agradecimiento, porque Bartlett -seamos justos- apoyó sus candidaturas desde 2006, cuando todavía era senador priista. Han pasado los años y Bartlett sigue siendo un político tan tatemado como la costilla consumida por el jefe de Estado durante el almuerzo queretano.

¿Puede una medalla “patito” de buena conducta y un almuerzo con barbacoa borrar una biografía tenebrosa? No. Por supuesto que no. El fraude del 88 no se olvida y ahora tampoco su inexplicada fortuna o su gestión como secretario de Gobernación entre 1982 y 1988. En sus primeros tres años fue incapaz de detectar que al menos 50 mandos de la Dirección Federal de Seguridad -empezando por su titular, José Antonio Zorrilla- estaban al servicio del crimen organizado. ¿Incompetencia o complicidad? Nunca ha sido explicado satisfactoriamente.

Otra señal ominosa es el regreso de Elba Esther Gordillo al ruedo político. Ella es emblema del pasado autoritario y corrupto y hace un par de semanas salió con un video de muy buena factura. Celebraba que un partido cercano a su familia -lo encabezan su yerno y su nieto- ya cumplió con los requisitos mínimos para ser partido. Redes Sociales Progresistas viene -y así lo ha declarado- a apuntalar a la 4T del Presidente. ¿Veremos en el 2020 algún almuerzo limpiapasados incómodos?

El viejo régimen no se ha ido. Sigue robusto y vivo, empeñado en restregar en público las contradicciones de una transformación contradictoria, incierta y deseada.

Por: Carlos M. Urzúa

En marzo del año que recién finalizó, la Asociación de Emprendedores de México (Asem) presentó en el Senado de la República una propuesta que, si los legisladores aceptan, será llamada Ley de Pago en 30 Días. Su propósito es establecer un plazo máximo de tiempo para que las empresas reciban, por parte de otras empresas y del sector público, el pago puntual por sus productos y servicios.

El jineteo del dinero ajeno, esa suerte de prestidigitación hecha de manera cotidiana por muchas empresas y por todos los niveles de Gobierno en México, se ha convertido en casi un deporte nacional. Ese jineteo es ya tan común que podría decirse que su popularidad está a la altura de la charrería misma. Pero aunque esa práctica parezca inocua, la realidad es que es todo menos eso: el que una pequeña empresa que esperaba un cierto flujo de ingresos por sus ventas mensuales acabe por no obtenerlo puede representar, eventualmente, la diferencia entre su supervivencia o su desaparición.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha hecho varios estudios acerca de los costos más significativos que enfrentan, en todo el mundo, las empresas pequeñas y medianas (las Pymes, como las llamamos en México). De acuerdo con ese organismo, el mayor obstáculo es la falta de liquidez y el excesivo costo del financiamiento. Y justo para mitigar ese problema sugiere establecer leyes de pronto pago en todos los países. Ya las hay en el caso de los miembros de la Unión Europea, e incluso en varios países de Sudamérica, tales como Chile y Colombia.

De las más de 5 millones de empresas que existen en México, no llegan a 100 mil las que son grandes, entendiendo por ello las que tienen más de 50 empleados en su nómina. Luego les siguen las empresas medianas, con una plantilla laboral de entre 50 y 31 personas; las pequeñas, con entre 30 y 11 trabajadores; y, finalmente, las microempresas, con 10 o menos empleados. El número de estas últimas representa más de 90% del total; esto es, hay más de 4 millones y medio de microempresas mexicanas que sobreviven como pueden, al estar sujetas a los vaivenes económicos nacionales, a los vaivenes del propio patrimonio familiar o a los vaivenes de las autoridades del lugar donde residen.

Tratar de fomentar de manera efectiva el desarrollo de todas las empresas sería una tarea hercúlea para cualquier Gobierno. Es por ello que la atención gubernamental típicamente se dirige a las pequeñas y medianas empresas. La esperanza es que estas puedan, con la debida protección, crecer y hacerse grandes. Ese cuidado empieza, o debería empezar, proporcionándoles el menor costo legal posible para su constitución y desarrollo, un régimen fiscal simple y un suelo parejo para poder competir con las empresas de mayor tamaño.

Ignoro si ya ha sido redactada en el Senado la iniciativa para la Ley de Pago en 30 Días. Pero, si no es el caso, urge. Hay muchos ejemplos en el mundo que pueden consultarse para acelerar su promulgación. Los aspectos básicos son, por lo demás, un tanto obvios. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, ¿por qué requerir el pago en a lo sumo 30 días después de la emisión de la factura correspondiente? Y la respuesta sería que los tiempos del Servicio de Administración Tributaria (el SAT) son siempre mensuales, y además el límite de 30 días constituye la norma a nivel mundial.

La ley del pronto pago también debe ayudar a quienes sean proveedores del Gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. A principios de los 80 del siglo pasado, Estados Unidos instauró una ley similar que resultó ser de gran ayuda para las pequeñas empresas, y que además obligó a los gobiernos locales a ser más eficientes y transparentes.

Por: Manuel Espino

Aunque el vandalismo a tren y vía decreció 6.2%, el robo a carga del transporte ferroviario y a camino siguen siendo una tarea pendiente para el Gobierno federal, puesto que de enero a septiembre se incrementaron 3.6% en conjunto, si se compara con el mismo periodo del año pasado.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reportó un total de 3 mil 141 eventos de robo a carga y a vía en los últimos nueve meses, contra los 3 mil 30 registrados en 2018, principalmente en Puebla.

La Guardia Nacional ha realizado operativos en diversas entidades del país para combatir este delito. Como consecuencia ha frustrado asaltos y vandalismo; sin embargo, la tendencia continúa al alza, con base en las estadísticas de la dependencia.

Granos, semillas, autopartes, bienes de consumo (juguetes y herramientas), material de construcción, productos alimenticios, plásticos, papel, envases y embalajes son las mercancías más robadas por las bandas delictivas, entre ellas Sangre Nueva Zeta, encabezada por Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, organización a la que se le atribuyen los hurtos y acciones destructivas a tren en los límites de Puebla y Veracruz.

De los 3 mil 141 robos de enero a septiembre, 2 mil 358 fueron a tren y 783, a vía, de acuerdo con el Informe de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano de la ARTF, encabezada por Alejandro Reyes Álvarez, que además ubica al primer trimestre de 2019 con más casos (mil 95), seguido del tercer trimestre (mil 64) y del segundo (982). Faltan los datos correspondientes al cuarto periodo, que está por concluir.

Distribución de la incidencia. La incidencia de robo se concentra en los principales corredores ferroviarios: Valle de México-Veracruz; Valle de México-Ciudad Juárez; Nogales-Guadalajara e Irapuato-Manzanillo, por donde circulan las más de mil 200 unidades registradas ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, cuya mayoría pertenece a las empresas Ferromex, Kansas City Southern y Ferrosur.

En conjunto, estos cuatro corredores alcanzan 65.38% de todos los robos a producto/carga contabilizados entre julio y septiembre de 2019.

Las entidades con mayor número de casos fueron Tlaxcala (152), Jalisco (101), Sonora (71), Coahuila (67), Puebla (62), Sinaloa (55), Guanajuato (52), Querétaro (36), Estado de México (34) e Hidalgo (31).

La agencia reguladora resalta lo ocurrido con Jalisco y Sonora, donde se invirtieron los papeles. Sonora dejó la segunda posición con mayor número de incidencias de hurto, que mantuvo en el segundo trimestre de este año, “lo cual hace que durante en el periodo actual ese estado descienda a ocupar el tercer lugar con mayor índice de robo a producto/carga”.

Por su parte, Jalisco escaló a esa posición, con un incremento intertrimestral de 32.89 por ciento.

Sin embargo, Coahuila y Puebla presentaron incrementos importantes de 17.54% y de 47.62% en el número de eventos de robo a carga, respectivamente.

Entre las entidades con mayor número de casos de robo a componentes de vía en el tercer trimestre de 2019, Sonora ocupa el primer lugar, con 27 eventos, le siguen Veracruz, con 16; San Luis Potosí, con 13; Guanajuato, con 10, y Puebla, con 9.

Este tipo de robo sucede fundamentalmente en vías principales, refiere la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Destrucción de unidades. En lo que respecta a actos de vandalismo a tren y a vía, los concesionarios y asignatarios del Sistema de Transporte Ferroviario reportaron a la ARTF 6 mil 958 casos de enero a septiembre de 2019, igual cifra del mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre de este año, este ilícito disminuyó 32.35% con respecto al segundo, esto debido principalmente a la reducción en el número de sucesos de cierre de angulares y vandalismo a material rodante, de acuerdo con cifras del Informe de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Los estados con el mayor número de casos de ataques a material rodante en el tercer periodo de 2019 son Tamaulipas (225), Querétaro (130) y San Luis Potosí (109).

Adicionalmente, el rubro de apertura de unidades presentó un cambio sustancial, pasando de 51 casos en el segundo trimestre a 95 durante el tercer trimestre de 2019, lo que representó un incremento intertrimestral neto de 44 eventos.

En junio de este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las empresas ferroviarias acordaron la creación de un grupo especial de la Guardia Nacional que se hará cargo de custodiar trenes de carga en los principales corredores utilizados para el traslado de mercancías.

Por: Miguel Carbonell

Está terminando un año en el que México tuvo que enfrentar muchos problemas y en el que las cifras fueron decepcionantes. El crecimiento económico fue nulo y los datos de inseguridad rompieron récords negativos. Esperemos que el 2020 traiga consigo mejores noticias. Ojalá logremos lo siguiente:

1. Que el debate público discurra con menos insultos y descalificaciones. Se vale disentir, tener puntos de vista diferentes u opuestos, sin que por ello se olvide que todos vamos en el mismo barco y estamos obligados a convivir. Necesitamos hacer un debate público más constructivo y menos proclive al adjetivo descalificador.

2. Que la política de bajo nivel ocupe menos espacio y hablemos más de las políticas públicas que van a sacar adelante al país. ¿Cómo elevamos el nivel educativo de nuestros niños? ¿Cómo invertimos más en innovación y desarrollo? ¿Cómo disparamos el crecimiento de zonas estratégicas? ¿Cómo multiplicamos los empleos bien remunerados en el sector formal de la economía? ¿Cómo mejoramos los servicios de salud que recibe la población? Esas son las preguntas que hay que contestar, en vez de seguir encerrados en los dimes y diretes de nuestra pequeña clase política.

3. Que el combate a la delincuencia sea más eficaz. Con tasas del 99% de impunidad es mucho lo que se puede mejorar en la persecución de delincuentes y en la prevención de delitos. Hace bien el Presidente al señalar el escaso compromiso de algunos gobernadores en el tema. Deben entrarle en serio, desde lo local. El 92% de todos los delitos que se cometen en México es competencia de las autoridades estatales y municipales: ahí es donde debemos mejorar.

4. Que cuidemos la economía. México ha sufrido varias crisis económicas (1982, 1987, 1994) que nos deberían hacer valorar la fortaleza que ha tenido la economía mexicana en los años recientes; mantener finanzas públicas sanas, hacer un esfuerzo de contención de la deuda pública y mantener a raya el déficit mientras generamos incentivos para la inversión, es algo que debemos tener como propósito compartido para el 2020. La reciente firma del T-MEC puede ser la señal que los mercados estaban esperando para retomar el ritmo de inversiones en el país.

5. Que la noticia sea la cultura y no los muertos. México tiene un enorme acervo cultural: arquitectura, gastronomía, paisajes naturales, riquezas biológicas por su gran biodiversidad, literatura, muralismo. De eso deberíamos hablar más. La cultura ha demostrado una gran resistencia a todas las crisis y a todos los cambios de gobierno. La fortaleza espiritual de los mexicanos se finca en siglos de reflexiones compartidas y aprendizajes realizados. A veces no le damos la importancia debida a esa parte del país y nos fijamos más en la noticia del día, que suele ser tan efímera como irrelevante.

6. Que sea un año de muchas y buenas lecturas. Hacer de México un país de lectores es un propósito en el que todos debemos sumar. Quienes hayan visto el documental sobre Bill Gates en Netflix se habrán percatado de la enorme relevancia que la lectura tiene en la vida de ese genio de la computación y lo mucho que nos puede ayudar a desarrollar la imaginación y el talento de nuestros jóvenes. Apostemos a los libros y no a las pistolas.

7. Que aprovechemos cada mes, cada semana, cada día y cada minuto del año. El tiempo es la mayor riqueza que tenemos y es, paradójicamente, algo que no se puede comprar con dinero. Cada año nos espera con los mismos 525 mil 600 minutos a todos nosotros. La forma en la que vamos a aprovechar ese tiempo de vida es algo que no está escrito: depende de nuestros deseos y de nuestras voluntades. Pero que nadie se equivoque, el tiempo que malgastamos nunca vuelve. Hay que hacer que cada momento cuente, que tengamos experiencias relevantes y que sea un año, el que está a punto de iniciar, memorable por las mejores razones posibles. Felicidades para todos.

Por: José Antonio Crespo

¿Pudo el Presidente hacer un alto en estas dos semanas en su permanente comunicación con el pueblo? Sí, pudo hacerlo. Solo lo hizo en días claves, pero continuó el resto. El país no se detiene, y no puede prescindir de su presencia y dirección o se extravía. Y sobre todo, él dejaría de disfrutar eso que tanto lo motiva: estar en permanente campaña. Lo que sí hizo, tratándose de días navideños y de reflexión interna, fue convocar a los dos bandos políticos en este país (según él) a hacer un tregua. ¿Una tregua? ¿O sea que estamos en guerra? Sí, al menos en su óptica maniquea y decimonónica de liberales contra conservadores.

Desde luego que AMLO se ubica en el lado correcto de la historia, en el bando de los triunfadores, los liberales. En realidad, no está claro qué sea AMLO aunque él se defina como liberal. Pero el neoliberalismo (que él identifica también con el conservadurismo, pese a la contradicción evidente), es una variación del liberalismo tradicional, no su contraparte. Incluso persisten varias medidas liberales en este Gobierno, como la disciplina fiscal y desde luego el Tratado de Comercio con América del Norte.

Por otro lado, ser conservador (o más bien reaccionario, como llamaban a los “cangrejos” en el siglo 19), es regresar a lo que había antes, como sería un monopolismo estatal en materia energética, o financiar elefantes blancos, como en las épocas del viejo populismo priista. Así, no queda claro que este gobierno sea nítidamente antineoliberal, aunque sí lo es a nivel retórico, pues eso arroja beneficios electorales también a futuro (se trata de que no regresen al poder los partidos asociados al neoliberalismo-conservadurismo).

El conflicto con Bolivia y los insultos al Presidente por parte de un acelerado y burdo personaje, convocan a la unidad nacional (pues AMLO es México y México es AMLO, en el actual discurso oficial). Pero al mismo tiempo proponer una “tregua” implica no solo que estamos en guerra, sino que al terminar el periodo vacacional retornaremos a ella. ¿Por qué no mejor llamar a una reconciliación nacional? Porque polarizar entre buenos y malos es típico de los regímenes populistas, sean de izquierda o derecha, pues es lo que mejor les funciona políticamente. Es necesario mantener un claro enemigo para responsabilizarlo de todo lo que salga mal.

En una democracia se aceptan y legitiman las diversas posturas, la pluralidad política y partidista, la crítica de analistas y expertos, la disidencia, sin que ello implique que por ello sean enemigos del pueblo o traidores a la Patria. Por lo cual, los estadistas demócratas, al concluir la inevitable polarización de las elecciones, suelen convocar a todos los ciudadanos a buscar medidas para mejor enfrentar los problemas y encontrar soluciones eficaces a través de un debate racional y civilizado. Los líderes populistas, en cambio, plantean un cambio revolucionario (así sea por vía pacífica), lo que implica que los disidentes o críticos a ese proyecto son “contrarrevolucionarios” (conservadores, oligarcas, aristócratas, pirruris, etcétera), por lo que deben ser combatidos, descalificados, marginados (y moralmente derrotados).

Cierto que la polarización es alimentada por ambos “bandos”, pero, ¿no tiene el jefe de Gobierno más probabilidades de fijar una ruta de reconciliación, de influir sobre sus seguidores para entablar un debate respetuoso y civilizado, y así abordar racionalmente los problemas nacionales? ¿No tiene por tanto una mayor responsabilidad en ese viraje? Pero si el Presidente no lo quiere hacer, y en cambio le echa diariamente gasolina al fuego, pues no habrá para dónde hacerse; continuará la confrontación, si es que no se profundiza.

Nicanor Moyeda Frías


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe una amiga que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Amigo notario, estoy interesado en vender un terreno que compré hace ya varios años, pero no encuentro las escrituras, creo que las perdí en una mudanza. ¿Cómo puedo sacarlas de nuevo?, quiero tenerlas para comprobar que yo soy el dueño”.

Efectivamente las escrituras públicas son el título de propiedad que avala el dominio que tenemos sobre nuestros bienes.

La transmisión del dominio de un bien por medio de una escritura pública es la manera más segura de asegurar nuestro patrimonio y tener certeza jurídica sobre nuestra propiedad.

Otra de las ventajas de celebrarse estos actos en escritura pública es que el protocolo –el conjunto de escrituras públicas de las cuales damos fe los notarios- pertenece al Estado, cada año se encuadernan todas las escrituras y se forman libros para ayudar a su conservación y resguardo; los notarios podemos conservarlo por 10 años, y posterior a este tiempo se debe de enviar a la Dirección de Notarías.

Asimismo al tramitar la enajenación de un bien por medio de una escritura pública, los notarios inscribimos esos actos en el Registro Público de la Propiedad, que además de dar publicidad a la escritura, también conserva una copia certificada de estos instrumentos, y cualquier ciudadano puede consultarlo.

Ahora bien después de esta breve explicación deduzcamos las formas en la que usted pudiere obtener una copia de su escritura:

1. Acudir ante el notario público con el que se formalizó el acto en el que adquirió su casa y solicitar un segundo testimonio de esa escritura. Recordando que los notarios solo conservamos las escrituras de los últimos 10 años.

2. Si han pasado más de 10 años desde que se celebró la escritura, tendríamos que acudir a solicitar ese segundo testimonio a la Dirección de Notarías que se encuentra en la capital de nuestro estado, en la ciudad de Saltillo.

3. Acudir ante el Registro Público de la Propiedad y solicitar una copia certificada de la escritura.

Les deseo estén viviendo unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos, aprovechemos este tiempo para reflexionar y experimentar sentimientos como el perdón y la reconciliación. Que Dios bendiga a sus familias!.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, enhorabuena Amigos!

Por: Guillermo Nieto

El cannabis está revolucionando sectores como el de la salud, la economía, comercio, finanzas y cuidado ambiental. Uno de ellos es la industria químico-farmacéutica, que ante las cada vez mayores evidencias de la ciencia médica sobre los beneficios que esta planta y sus derivados tienen en la salud y el bienestar, están pasando del escepticismo a la curiosidad y desde ahí a un mayor interés por participar en lo que ya se anticipa como un multimillonario negocio de alcance global.

Los grandes laboratorios multinacionales, que concentran el mercado de fármacos y patentes, denominado Big Pharma, están dando pasos para ir más allá del seguimiento y la observación del fenómeno y anuncian cada vez más planes de inversión para participar en este jugoso negocio.

El concepto Big Pharma engloba a las compañías farmacéuticas más grandes e influyentes, que desempeñan un papel preponderante en esta industria a nivel mundial. Para entender con claridad la dimensión y el tamaño de estos gigantes resulta de utilidad el siguiente dato publicado en el portal visualcapitalist.com: la capitalización de mercado de las 10 principales compañías de Big Pharma alcanza los $1.7 trillones de dólares americanos más grande que la economía de México que alcanza $1.2 trillones de dólares americanos.

Big Pharma ha mostrado cautela para entrar de lleno a la industria del cannabis, sobre todo ante las trabas y dificultades regulatorias que aún persisten en muchos países, las cuales consideran riesgosa para la inversión en este mercado.

La cannabis tiene una historia milenaria, pues su uso con fines medicinales se remonta a por lo menos 6 mil años. No obstante, en algunos círculos aún se debate sobre los usos curativos y medicinales, a pesar de las abundantes pruebas y protocolos de investigación que han demostrado sus beneficios.

Estudios sobre las propiedades terapéuticas del CBD confirman su utilidad para combatir enfermedades como epilepsia, esquizofrenia, esclerosis múltiple, migrañas, artritis y efectos secundarios del cáncer. Asimismo, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de EU (FEED) obtuvo una patente para el uso del CBD en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas e inflamatorias, incluyendo el Alzheimer.

También, la revista británica especializada Farmacología Clínica determinó que el aceite de CBD y semillas de la planta son eficientes en el tratamiento de convulsiones, tumores, inflamaciones, cáncer y depresión.

Ante estas evidencias 33 estados y el Distrito de Columbia en la Unión Americana han legalizado el cannabis para uso médico. Toda esta investigación está detonando la incursión de Big Pharma en el negocio, lo que contribuirá a revolucionar otras industrias periféricas.

De acuerdo con visualcapitalist.com una mayor legalización y regulación del cannabis permitirá a Big Pharma ventas anuales aproximadas a los $6 mil millones de dólares en 2019 de cannabis medicinal en todas sus presentaciones, para un mercado estimado en 24 millones de pacientes.

El sitio informa además que siete de los 10 principales titulares de patentes de cannabis de Canadá y EU son grandes compañías farmacéuticas multinacionales. Muchos de estos gigantes farmacéuticos han conformado asociaciones con compañías de cannabis, como Novartis y Tilray, en una tendencia cada vez más clara para distribuir cannabis medicinal en todos los países del mundo donde se ha regulado el uso de estos fármacos, una tendencia claramente al alza dadas las favorables perspectivas del negocio, pero sobre todo las evidencias de su impacto favorable en la salud y el bienestar de la población.

Los productos que cuentan con protocolos y evidencias científicas de respaldo son hoy la punta de lanza para un inminente ingreso masivo de Big Pharma en este mercado. Ello, sin duda, ayudará a una mejor comprensión y confianza del público en el cannabis como opción cierta para combatir diversas dolencias y enfermedades, marcando un hito importante para la industria.

*Guillermo Nieto es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (ANICANN)

Por: Maximiliano Reyes

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “el plan es que nadie se vea obligado a emigrar” y con convicción, se ha avanzado para dar cumplimiento con el deber social hacia los migrantes, un enfoque que está siendo replicado por países vecinos.

No es coincidencia que su primer acto como Presidente fuera la firma del Plan de Desarrollo Integral (PDI) en conjunto con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras. La apuesta estaba clara: un desarrollo sostenible para aquellos que por necesidad migraran.

El Plan representaba un reto porque cambiaba el paradigma de la cooperación internacional, y el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fue fundamental porque la propuesta reflejaba las causas del fenómeno migratorio y proponía proyectos concretos enfocados al desarrollo.

La implementación no tuvo precedente. Los programas exitosos de esta Administración Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro fueron replicados en El Salvador y Honduras, reflejo del compromiso real de México con las personas migrantes. En tan solo mes y medio, ya se tienen registrados más de mil 700 beneficiarios en dichos países, un acto de responsabilidad compartida que atrajo las miradas de la comunidad internacional hacia México.

El apoyo y respaldo de países, organizaciones internacionales y agencias de cooperación al PDI hizo que el paradigma migratorio cambiara a nivel mundial por una experiencia e implementación exitosa a nivel regional. La antigua concepción de que solo los países avanzados podrían ayudar a los demás países en desarrollo fue totalmente desechada gracias al claro y eficiente ejemplo del Plan que se difundió como un paradigma.

Los resultados concretos dan prueba de que el PDI funciona. La posibilidad de tener un empleo en sus regiones de origen, benefició directamente a los migrantes y a sus comunidades, creando oportunidades para su pleno desarrollo y empleo, Lo cual también contribuyó a una reducción en los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y como lo mencionó el Presidente desde la campaña, los migrantes que decidieron venir han podido obtener oportunidades en territorio nacional.

El cambio de la política migratoria de México tuvo tres elementos decisivos: un enfoque de desarrollo sostenible, seguridad humana y responsabilidad compartida. Ellos fueron difundidos por México tanto en la elaboración del PDI como en el Pacto Global para una migración regular, ordenada y segura, aprobado en Marrakech.

La nueva forma de ver el tema migratorio ha permeado la relación de Estados Unidos con los países del norte de Centroamérica, por ello ha elaborado un programa que en su título contiene dos palabras innovadoras a sus políticas del pasado: “crece” y “desarrollo”, ambas ejes centrales del paradigma transformador mexicano sobre migración. Dicho plan contiene un capítulo sobre seguridad que ha sido la base de las acciones que en años pasados nuestro vecino del norte ha llevado a cabo con los centroamericanos, sin embargo, los demás capítulos se centran en el crecimiento de las sociedades de los países y en el desarrollo de nuevas oportunidades para sus ciudadanos.

Es claro que el enfoque mexicano ha sido retomado porque ha dado los resultados esperados en menos tiempo de lo esperado. Y de manera satisfactoria contribuyó a desarrollar las comunidades del sur a través de la generación de oportunidades en sus lugares de origen, al tiempo que regularizó los flujos migratorios.

Tras el golpe de Estado, Jeanine Áñez pretende que México entregue a miembros del Gobierno de Evo Morales, asilados en la Embajada y Residencia de México en La Paz, Bolivia, y en espera de un salvoconducto reiteradamente negado para salir de ese país.

Utiliza para lograrlo el argumento falaz de que hay órdenes de aprehensión contra los asilados, mientras ejerce presión, violando el derecho internacional.

Quién imaginara que las presiones ejercidas sobre la embajada de México son mayores a las que en su tiempo ejercieron gobiernos golpistas en Chile, Uruguay, Argentina y otros del “Cono Sur” durante dictaduras militares.

Áñez, la cara más visible del golpe de Estado quien se autoproclamó Presidenta, va más allá: acusa a nuestro país de ayudar a evadir la justicia a quienes se encuentran asilados en la embajada de México. Falso y desconocimiento del derecho internacional.

Las presiones sobre la Embajada de México no dejan de aumentar: cerco de vigilancia y seguridad, presiones permanentes sobre el personal diplomático, detención del vehículo de la embajadora de México, María Teresa Mercado, y revisión del mismo.

Acción ilegal: la Embajada y la Residencia son territorio nacional y los vehículos y equipo utilizados son propiedad nacional de México. Bolivia negó el amago a nuestra embajadora y la canciller Karen Longarik acusó al Gobierno de México de injerencia.

Completa con otra falsedad la cancillería boliviana, al advertir que la seguridad en torno a la Embajada mexicana en La Paz fue reforzada por “amenazas de violencia” supuestamente emitidas por parte de grupos afines a Evo Morales.

Áñez va más allá, acusa a la Cancillería de injerencia en asuntos internos de Bolivia. Desconoce el derecho internacional en materia de asilo que establece que el país que otorga asilo a perseguidos está dentro de su derecho de hacerlo, y juzga, por sí mismo, si procede o no el asilo.

México ha ejercido y sostenido ese derecho en situaciones de grandes tensiones como fue el caso del golpe contra Allende, encabezado por Pinochet en septiembre de 1973, o el del exilio español en la década de los 30 durante la Guerra Civil y ascenso de la dictadura de Francisco Franco.

El primer país con el que entró en conflicto el régimen golpista de Bolivia fue México por haber dado asilo a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Hay que recordar que Bolivia es el país que en América Latina ha sufrido más golpes de Estado, experiencia que debería tener el nuevo régimen.

Cuando Evo Morales estaba en México, Áñez pretendió silenciarlo, exigiendo a nuestra Cancillería que lo sometiera a un régimen de vigilancia y censura, que no emitiera declaración alguna, invocando un tratado que ni México ni Bolivia firmaron o ratificaron nunca. Ignorancia o utilización de argumentos no válidos para presionar.

México no cedió frente a tan falaz petición, que pone en evidencia el desconocimiento, por parte del nuevo régimen boliviano, de las políticas de nuestro país, de acuerdo con nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de una política exterior de Estado que se mantiene. A falta de argumentos válidos, el régimen en el poder en Bolivia utiliza presiones.

Crecen de día en día las tensiones por la vigilancia y el asedio a nuestra Embajada, por parte del nuevo régimen boliviano, aumenta la vigilancia y se dice que se utilizan drones. La Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene en alerta permanente, ya que existe el riesgo de una incursión armada.

Mientras tanto persiste un secuestro “policiaco y militar” de la Embajada de nuestro país en Bolivia. Rodeada por militares y policías, día y noche, espiando, fotografiando y violando el derecho internacional.

La madrugada del miércoles hubo gran movilización policial en torno a la Embajada de México en Bolivia. El asedio es mayor a los que hubo con dictaduras de América Latina, considera la SRE.

Lo que parece que no sabe el nuevo régimen de la señora Áñez es que México tiene políticas en las que no cede a las presiones. Baste recordar lo ocurrido en Chile en 1973. Entonces en Chile como ahora en Bolivia, el golpe de Estado contó con el apoyo de Estados Unidos.

México, con el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, entonces salvó la vida de no pocos chilenos. ¿Ahora en Bolivia, México tampoco cederá?

Por: Manuel J. Jáuregui

Como Pegaso, el corcel alado de la mitología griega, el tiempo ha volado, querido amigos, y nos encontramos hoy a una escasa semana de despedir para siempre un 2019 que demostró desplegarse varios códigos postales más allá de interesante.

Dícese de la existencia de una antiquísima maledicencia china que consiste en desearle al malquerido “que viva en tiempos interesantes”, y por interesantes debemos interpretar: de peligro e incertidumbre.

Eso hemos tenido los mexicanos y un poco más, dentro y fuera de México.

Coincidirán con nosotros, amables lectores, en que para nuestro país dos son los grandes temas que internamente dominaron el escenario nacional en este 2019 al que estamos a punto de tocarle Las Golondrinas.

Por un lado, la terca y persistente inseguridad que como cáncer crece y nos invade, trastocando nuestra paz social y, por el otro, la caída en picada de varias de las más importantes gráficas relacionadas con la economía mexicana.

Grandes e importantes temas estos, ambos, que de no ver alterado para bien su rumbo en el venidero año impactarán negativamente en el nivel de vida de los mexicanos. No exageramos al afirmar que el permitir que sigan deteriorándose tanto la economía como el orden y la paz social resulta insostenible, pues amenazan con colapsar a nuestras instituciones y con ello nuestra democracia y forma de vida.

El tema de la inseguridad está bastante a la vista, con las ejecuciones a niveles récord (lo cual en sí mismo es mucho decir), asesinato de policías promediando uno diario, descoordinación prevalente y evidente ineficacia en la prevención y combate a la narcodelincuencia rebasando a las instituciones de seguridad del Estado.

Por si esto no fuese suficiente para preocupar, deben sumarse a ello las cifras de nuestro desempeño económico las cuales indican –precisamente– que este es malo, rayando en pésimo.

La industria de la construcción, tradicionalmente en México el mayor empleador de mano de obra, lleva dos años consecutivos a la baja, pero una baja estrepitosa, que en zonas del país (como la Capital) sobrepasa los dos dígitos, siendo lo peor que no se vislumbra en el horizonte ninguna medida oficial que se pueda tomar como paliativo, que el cual incluso parcialmente pudiese generar la recuperación de algunos de los estimados 600 mil empleos perdidos tan solo en este rubro en el último año.

El consumo interno se ha contraído, el crecimiento económico –en promedio– está en cero, pero en ciertas zonas del país está a la baja, lo cual –por supuesto– indica una caída de empleos adicional.

Venta de coches a la baja, inversión a la baja, confianza a la baja, ¡hasta la producción de Pemex se ha caído!

Está en un 9% en el último año, y ello cuando este Gobierno había prometido que subiría este año. Actualmente el monopolio gubernamental está produciendo apenas poco más de un millón y medio de barriles de crudo diarios, cifra ridícula que es menos de la mitad de lo que la paraestatal producía en el 2004.

Incluso los pronósticos de crecimiento para el 2020 están siendo constantemente revisados a la baja y esto, pensamos nosotros, como consecuencia de que el Gobierno ante el alud de datos adversos no muestra propósito de enmienda alguno.

Es decir: no existe evidencia en los hechos de que se quiera corregir el rumbo, pero sí de que se dobla la apuesta por insistir en continuar con las mismas políticas que han demostrado escasa efectividad (en este y en muchos otros terrenos).

Pero bueno, estamos habiendo festejado la Navidad, busquemos consuelo donde se encuentre: pronto tendremos una sola Liga Nacional de Beisbol. ¡Aleluya!

Por: Sergio García Ramírez

En la frontera entre dos años -o dos tiempos de la vida de México— leemos el testamento del 2019. Ahí constan varios legados. Me ocuparé de algunos, que son prenda del “terrorismo penal”.

Un ilustre reformador dijo al término del siglo 18: el sistema penal revela “los grados de tiranía y de libertad (…) de las naciones”. Esa advertencia está vigente. La justicia penal constituye el más dramático escenario del encuentro entre el ciudadano común y el Estado poderoso. Esgrime la espada que puede caer sobre el culpable y sobre el inocente.

En estos meses abundaron las reformas penales. Algunas promovieron ardientes controversias. Otras pasaron inadvertidas. Pero ya comenzamos a olvidarlas. Las oculta el alud de novedades —ocurrencias o desgracias— que cada mañana sepultan la memoria del día anterior. Pero ahí están y comienzan a operar. No podemos ignorarlas.

En 2018 supimos -en alguna medida- lo que vendría en 2019. En noviembre de aquel año se emitió el Plan Nacional de Seguridad y Paz. Contenía la semilla de la siembra futura. Pronto llegaron las primeras andanadas a través de una reforma constitucional de gran calado, iniciada en el mismo 2018. Así comenzaron las novedades en esta tierra de conquista para el autoritarismo.

1. La primera gran reforma constitucional -“madre de todas las reformas”- se planteó el 20 de noviembre de 2018. El aniversario de la Revolución sería la fecha de arranque de la involución. En el corazón de la iniciativa, aprobada con enmiendas -porque hubo resistencias democráticas y reivindicaciones liberales-, figuraba el cambio del modelo de la seguridad pública.

La propuesta se elevó sobre un diagnóstico irrefutable: la situación desastrosa que guardaba el país (y sigue guardando, agravada) en materia de seguridad. Frente a esa crisis, que recibía el nuevo gobierno, era indispensable y justificado reorientar el rumbo. Pronto y a fondo.

Se propuso crear una nueva institución: la Guardia Nacional. Esta criatura de la institucionalidad redentora suscitó un gran debate. Al final se afianzó su presencia y la de las Fuerzas Armadas (por un periodo de cinco años) en el ámbito de la seguridad pública, aunque este es el espacio natural de la policía civil. La Guardia Nacional es un cuerpo de raíz y perfil militares, pese a las proclamas que lo niegan. En fin de cuentas, se militarizó la seguridad pública. He aquí un legado del 2019. ¿Llegó para quedarse?

2. En el mismo torrente fluyó una figura sombría que constaba en la Constitución desde 2008: la prisión preventiva “oficiosa”. En ese año aprobamos reformas constitucionales pobladas de claroscuros. Sobre ellas comenté: son un vaso de agua fresca para saciar la sed de justicia, al que se agregaron unas gotas de veneno. Entre estas figuró la preventiva oficiosa.

En general, la prisión preventiva es una restricción de la libertad que se aplica a un imputado antes de que se dicte condena. Se justifica cuando hay riesgo de que se sustraiga a la justicia o altere la marcha del proceso. Por ello, debe atender a las circunstancias específicas de cada sujeto y de cada proceso. Esto no ocurre en la preventiva oficiosa, cuya aplicación se ha extremado en 2019. Constituye una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los “presuntos inocentes”, expresión que ya parece extravagante. Otro legado del año que concluye.

3. Siguió el torrente autoritario. Llegó la privación de dominio. Nació en la cuna de 2008 y creció con desmesura en el lecho de 2019. La Constitución se niega a reconocer que esa privación es una medida penal, consecuencia de la (supuesta) comisión de un delito. Erróneamente dice que se trata de una medida ajena al procedimiento penal. Y por ser ajena a este, no debe plegarse a las garantías previstas para las causas penales. Basta un indicio para que el poder público prive a una persona de la propiedad o la posesión de un bien, que a partir de ese momento puede ser enajenado o adjudicado a discreción de la autoridad administrativa. Oscuro legado en el testamento de 2019.

4. La ley secundaria hizo sus propias aportaciones al torrente. En la crónica figuran la “ley garrote” de Tabasco, del 31 de julio de 2019, que atropella derechos fundamentales; las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, del 1 de agosto del mismo año, que elevan radicalmente las sanciones de diversos delitos (aumentamos las penas de los delitos como alternativa de la ineficiencia para prevenirlos; pero la impunidad campea), y las reformas de la legislación fiscal y penal que convierten ciertas infracciones fiscales -inaceptables- en delincuencia organizada, lo que implica aplicación de la preventiva oficiosa. Todo esto consta en el testamento del 2019, cargado de sombras.

Hay mucho más qué decir, pero no espacio para decirlo. Ojalá que las vicisitudes que nos abruman no nos hagan olvidar esos legados. Ahí están. Actúan. Implican retrocesos notorios en el sistema penal y amenazas evidentes para el orden democrático y los derechos del ciudadano. Más que eso: revelan una oscura tendencia que camina hacia el abismo. Los caminantes somos nosotros.

Por: Gerardo Blanco

Este año que se acaba fue relativamente tranquilo en cuanto a actividad electoral se refiere. Solo hubo elecciones en seis estados del país que fueron Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En resumidas cuentas, podemos decir que Morena extendió su control político-electoral adquirido en la elección de 2018, al ganar los cargos más importantes que se compitieron, como son los ejecutivos locales de Puebla y Baja California. Esto lo convirtió en el tercer partido con más gubernaturas al llegar a seis; arriba está el Partido Acción Nacional (PAN) con nueve y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 12. (Movimiento Ciudadano (MC), dos; Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos y Candidatura independiente, una.

Sin embargo, el 2020 será aún más sereno, ya que solo habrá elecciones en Coahuila e Hidalgo. En este último se renovarán los 84 ayuntamientos; por lo que hace a nuestro estado se elegirán a los integrantes del Poder Legislativo, esto es, 25 diputaciones (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional).

En cuanto al escenario de Coahuila, hay que recordar que, en la elección de 2017, por primera vez en la historia el PRI perdió la mayoría en el Congreso del Estado, haciendo que esta Legislatura se caracterice por la pluralidad de fuerzas y por la alternancia en la presidencia de la propia asamblea.

Pronosticar los resultados electorales del próximo año en Coahuila, como toda contienda electoral meramente democrática, resulta soberanamente complejo. Sin embargo, hay circunstancias y matices que deben tomarse en cuenta: 1) Las elecciones donde solo se votan diputaciones locales suelen tener baja participación ciudadana, hecho que beneficia a determinados partidos políticos; 2) Al no coincidir con elecciones federales la maquinaria política, mediática y económica nacional influye menos en una elección local; 3) Es la primera elección en la que participará Morena como partido en el poder; 4) Competirán tres partidos políticos locales de nueva creación que no podrán formar alianzas; 5) Mucho dependerá de los convenios de coaliciones que acuerden las distintas fuerzas políticas que, al parecer, serán distintos a los que tradicionalmente se han acordado en años anteriores; 6) La mayoría de las y los ciudadanos, de acuerdo con diversas encuestas nacionales, están satisfechos y conformes con el desempeño del Gobernador; 7) Algunas diputadas y diputados buscarán reelegirse por primera vez.

Si bien únicamente se jugará el poder en estos dos estados, el comportamiento electoral que en ellos se presente pude ser un fiel reflejo de lo que sucederá en los comicios de 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados, además de que habrá elecciones en las 32 entidades de la República, de las cuales en 15 se elegirán gubernaturas.

La importancia de este año electoral es que, dependiendo de los resultados mismos, se establecerá el poder partidista para el futuro inmediato.

Uno de los escenarios es que Morena consolide su fuerza popular y conserve o aumente el número de asientos en la Cámara baja, lo que le permitiría establecer las directrices de la agenda legislativa, cooptar designaciones políticas clave, y consolidar un Poder Legislativo que, en vez de fungir como contrapeso, funcione como un permanente aliado del Ejecutivo. También pudiera acrecentar su dominio local con más gubernaturas, congresos locales (actualmente tiene mayoría en 19) y ayuntamientos.

Por otro lado, está la gran oportunidad de los partidos tradicionales para recuperar adeptos. Es evidente que hay electores decepcionados, disgustados o en simple desacuerdo con la política implementada por el Gobierno federal en este año de gestión.

Lo que suceda en el terreno político-electoral en el 2020, pero más en el 2021, será la antesala de cómo se conformará y comportará nuestro sistema de partidos en los próximos años. En otras palabras, si seguiremos transitando hacia un escenario de partido hegemónico o, por el contrario, hacia el multipartidismo y la pluralidad.

Por: José Antonio Crespo


Al recibir a Morena a Evaristo Hernández Cruz en Morena, un priista tabasqueño al que López Obrador había acusado de corrupto, este dijo a la prensa: “todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena, nosotros pensamos que se le debe perdonar… Al momento en que se sale del PRI, se limpió” (Proceso, 2/febrero/16).

Eso ocurrió en 2016, pero marcaba la pauta que seguiría en su partido y su eventual Gobierno. Pasar de cualquier partido a Morena implicaría cruzar el Ganges y quedaría purificado. Lo que se traduce en que se repite la pauta utilizada por el viejo PRI de aplicar la ley de manera selectiva y más con motivos políticos que jurídicos; duro contra los enemigos personales y una interpretación flexible al amigo y aliado.

El combate a la corrupción –piedra angular Morena y AMLO– deviene por tanto en mero recurso retórico para ganar algo de legitimidad. Ese viejo esquema que utilizó el viejo PRI, simple y sencillamente no funcionó. Si se sigue de nuevo esa desgastada fórmula, los resultados serán los mismos que hasta ahora.

En septiembre publiqué un artículo en estas páginas sobre el caso de Manuel Bartlett, en el que se leía: “En 1995, AMLO había tildado de corrupto a Bartlett, pero al abandonar el PRI el lopezobradorismo lo recibió con los brazos abiertos. Ahora AMLO protege a su aliado; confía plenamente en Bartlett y descalifica las denuncias, pues provienen de gente deshonesta, conservadores que quieren dañar a su Gobierno. Pese a lo cual la Función Pública abrió una investigación a Bartlett. Habrá que ver cómo se fundamenta el caso, pues existe la sospecha de que al haber lanzado López Obrador una línea de exoneración a Bartlett, veremos algo semejante a lo ocurrido con la casa blanca en el Gobierno de Peña Nieto, a manos del entonces secretario Virgilio Andrade. Podría ser una fuerte mancha para este Gobierno cristalino” (No te preocupes, Manuel. El Universal, 30/septiembre, 2019).

Y en efecto se siguió el mismo formato que en el caso de la casa blanca, que fue fuertemente criticado por toda la sociedad, y desde luego por los morenistas hoy en el poder (incluyendo a la hoy secretaria de la Función Pública).

Aplica pues nuevamente la doble vara que utilizan todos los partidos sin excepción; lo que se condena con dedo flamígero en los demás, se justifica con lujo de maromas, y se defiende a capa y espada cuando se trata del partido o político favorito.

¿Quién iba en 1988 a decirles a los hoy devotos de AMLO que defenderían hasta la ignominia a Manuel Bartlett? En cambio las críticas que desde la izquierda formula Cuauhtémoc Cárdenas se condenan como anatema.

Más allá del alegato jurídico del informe desplegado por la Función Pública, lo que está en cuestionamiento es el hecho de que dicha Secretaría es parte del Ejecutivo, por lo cual este se convierte en juez y parte.

Y al dictarse una línea presidencial sobre cuál debe ser la resolución de esa Secretaría, esta la cumple fielmente, lo mismo que ocurrió con Virgilio Andrade. Y su alcance de investigación se limita al actual sexenio. No importa ni le compete lo que haya ocurrido antes de eso. Así, una fortuna (presuntamente) mal habida no será objeto de investigación si no fue adquirida durante el Gobierno en curso.

Es un duro golpe al mantra sagrado de “no somos iguales”. Desde luego, a AMLO eso no le preocupa demasiado, pues cuenta con su enorme ejército de incondicionales que todo aplauden, y los cuales están ahora entregados a la defensa de la prístina imagen de Bartlett. Cosas veredes, Manuel. Sería bueno que los encuestadores nos informaran cuántos y qué sectores creen en la veracidad del informe de la Función Pública, para calcular el impacto político de este episodio.

Por: Jorge Volpi

Si por algo debería ser recordado Genaro García Luna es por haber sido el principal artífice de la guerra contra el narco, la cual al día de hoy se ha cobrado un cuarto de millón de muertes. Pero, más allá del inmenso daño que le hizo a México, la figura que hoy le sirve de espejo es la de ese hombre al que él persiguió con saña y que desde hace 14 años se encuentra preso sin siquiera haber sido sentenciado: Israel Vallarta Cisneros.

Los dos, el antiguo secretario de Seguridad Pública y el supuesto secuestrador, enfrentan hoy procesos judiciales en circunstancias que no podrían ser más distintas: mientras García Luna goza de todas las prerrogativas de un sistema de justicia eficaz, empezando con la presunción de inocencia, Vallarta, a quien debería aplicársele ese mismo precepto, continúa en un proceso viciado de origen.

Cualquiera que se demore en revisar su expediente –lo hemos hecho en distintos momentos Héctor de Mauleón, Anne Vigna, Emmanuelle Steels, Léonore Mahieux o José Reveles– detectará el cúmulo inaudito de atropellos en su contra.

Para empezar, fue detenido la mañana del 8 de diciembre de 2005 y no fue presentado ante una autoridad judicial hasta el día siguiente, horas después de protagonizar el montaje preparado por García Luna en complicidad con Televisa y TV Azteca: este solo hecho bastaría para liberarlo.

Más de 20 horas que Vallarta pasó incomunicado, sin defensa posible, torturado salvajemente para incriminarse por los secuestros de Ezequiel Elizalde –una víctima que acaso fuese un victimario–, Cristina Ríos y su hijo.

Después de eso, fue obligado a participar en esa representación preparada por Luis Cárdenas Palomino –quien lo torturó en vivo esa madrugada: cualquiera puede verlo–: eso que llamamos montaje, que no fue sino la grotesca puesta en escena de una captura y una liberación que jamás ocurrieron de ese modo.

Si hoy pensamos que la transmisión de Carlos Loret y de Sergio Vicke fue eso, un montaje, se debió a una mentira adicional de García Luna para eludir el fantasma de las largas horas en que Vallarta fue torturado y secuestrado por la autoridad.

Todos estos hechos, acaso los más escandalosos del caso, no son los más desasosegantes en su proceso. Si Vallarta fue detenido, se debió a una chapucera investigación policiaca que se empeñó en ligarlo con el secuestro de Valeria Cheja para cumplir una venganza privada. Ella hoy lo reconoce como su secuestrador, pero solo después de que la Policía le mostrara una foto con su rostro y luego de que ella –como las demás víctimas del caso– lo reconocieran en una amañada cámara de Gesell en la que no había otra persona que él mismo.

Además, a la Policía jamás le importó seguir las demás pistas señaladas por las víctimas que iban en otras direcciones y nunca persiguieron ni detuvieron a sus supuestos cómplices, con los que ninguna prueba los liga. Permanece acusado de crimen organizado sin tener ningún cómplice.

Una vez que el caso se politizó por la intervención de Nicolas Sarkozy, el destino de Vallarta fue aún peor: obsesionado por no liberar a Florence Cassez, García Luna propició la siguiente cadena de montajes para demostrar la culpabilidad de la francesa: inventó la banda del Zodiaco, comprometió en ella a cinco de sus parientes, torturándolos con la misma sevicia que a él –dos de ellos continúan presos, los otros tres fueron declarados inocentes– y se valió de nuevo de todos los medios –y de los medios– para presentarlos como criminales ante esa opinión pública que hoy aún duda de su inocencia.

¿Inocente o culpable? Nada en un expediente plagado de irregularidades lo vincula de manera directa a los secuestros fuera de las declaraciones siempre cambiantes de las víctimas, las cuales no lo reconocieron sino hasta varios días después, tras ser manipuladas por la policía.

Pero, más allá de lo que se piense sobre su participación en los secuestros, a mí no me quedan dudas de que debe ser liberado aplicándole el mismo principio que permitió salir de la cárcel a Florence. Hoy que tanto el Presidente como la secretaria de Gobernación se han interesado por su caso –que en una nuez revela todos los vicios de nuestro sistema– la única salida justa sería que tanto Israel como su hermano y su sobrino queden libres cuanto antes.

Nicanor Moyeda Frías

Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe un amigo que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“¿Qué tal notario amigo? Quiero rentar una casa que tengo, pero quiero hacerlo con un contrato bien hecho para evitar problemas posteriores y también que sea ante notario para dar formalidad, quisiera saber qué tan complicado es eso”.

Muchas gracias por escribirme, iniciaré explicando algunas peculiaridades del arrendamiento que es tan común en nuestra sociedad.

El arrendamiento lo define nuestro Código Civil de Coahuila como el contrato por el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, llamada arrendador, a conceder el uso o goce temporal de un bien, y la otra, llamada arrendatario, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

En el contrato de arrendamiento se transmite temporalmente el uso de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero, el arrendador es quien da la cosa en arrendamiento y por tanto el que cobra las rentas, y el arrendatario es el que recibe el bien en arrendamiento y paga una renta.

Se requiere que quien da en arrendamiento el bien sea el propietario, el usufructuario o quien tiene facultades para administrar ese bien. Ambas partes contratantes deben de tener capacidad legal para contratar.

En el contrato debe otorgarse por escrito, en el cual debe de identificarse el bien, se debe establecer el precio de la renta y también el tiempo que durará el arrendamiento.

Son obligaciones del arrendador (el que da el bien en arrendamiento) las siguientes:

•Entregar el bien

•Conservar el bien

Son obligaciones del arrendatario (el que recibe el bien en arrendamiento):

•Pagar la renta

•Usar debidamente el bien

•Conservar el bien

•Avisar de las reparaciones necesarias

•Permitir ciertos actos al arrendador

•Devolver el bien

En el último punto una de las obligaciones de quien recibe el bien en arrendamiento es devolver el bien.

Equivocadamente se ha llegado a pensar que un bien arrendado con el paso del tiempo puede convertirse en propiedad de quien lo ha recibido para su uso. Digo equivocadamente porque una de las obligaciones del arrendatario es devolver el bien.

Nuestro código prevé que se otorgue por escrito el contrato de arrendamiento y bajo ciertas circunstancias particulares se otorgue en escritura pública –ante notario-.

Algunas personas para asegurarse de poder probar que el bien se ha dado en arrendamiento y que sus inquilinos usan el bien en ese carácter, celebran contratos de arrendamiento y solicitan a un notario que sean ratificadas las firmas ante él, algunos otros otorgan contratos de arrendamiento en escritura pública e incluso se solicita que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad.

Le recomiendo acudir ante el notario de su confianza para obtener una asesoría más personalizada y celebrar ese arrendamiento y que pase ante la fe de un notario público.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, ¡enhorabuena amigos!

Por: Manuel J. Jáuregui

Justo a tiempo para los paisanos viajeros deseosos de venir a México a visitar parientes durante las fiestas navideñas, el Departamento de Estado estadunidense acaba de lanzar una alerta de viaje en la que recomienda tajantemente no viajar a cinco estados mexicanos: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Ello mientras coloca a todo México en un estado de alerta Nivel 2, esto es, “ejerzan mayor cautela” debido a un mayor riesgo de homicidio, secuestro, robo de automóvil y asalto. Al mismo tiempo recomienda a sus ciudadanos “reconsiderar” viajar a estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Debido esto, afirma el Departamento de Estado estadunidense en la alerta que difundió este martes 17 de diciembre, la más reciente, a una mayor incidencia de crimen en estas entidades.

Como podrán observar, amigos lectores, resultaría más fácil enumerar las entidades mexicanas en las que no hay mayores índices de crimen que en las que sí los hay. O sea que, respecto a la discusión interna que llevamos actualmente en México en torno a la creciente ola de inseguridad en nuestra sociedad, un observador externo, en este caso Estados Unidos, opina que sí, que en efecto, la inseguridad está creciendo en México.

De manera pues que –como consecuencia de esta alerta de nuestros principales socios comerciales–habrá que cuestionar la efectividad de las famosas reuniones de seguridad, pero sobre todo, la obligatoriedad no solo de la asistencia de los mandatarios estatales (debiendo bastar la de los secretarios de Seguridad de cada estado), sino de que estas se celebren siempre en la capital, convirtiéndolas en símbolo del centralismo, pero más que eso, por los resultados, o falta de los mismos, en símbolo insuperable de la inutilidad.

Mucho esmero y trabajo le dedicó el Gobierno federal a exhibir la inasistencia a estas juntas de varios gobernadores, haciendo parecer como si esta inasistencia fuese la causa de la ausencia de resultados del mismo Gobierno federal a nivel nacional en materia de Seguridad. Ello, cuando la verdadera causa es, y ha sido, una ausencia de una estrategia tangible, congruente, coordinada, integral, vertical, amplia, eficaz y eficiente por parte de la “Cuarta Te”, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y el Poder Judicial para combatir el crimen en todas sus manifestaciones y en cada zona de México donde se presenta y trastoca el orden público.

Da la impresión de que este Gobierno se ha preocupado más en demostrar que otros gobiernos estaban equivocados con su forma de matar las moscas en sexenios pasados, y que han perdido el tiempo y no han encontrado la forma en que ellos desean matarlas en su sexenio (incluso a veces hasta parece que dudan si las quieren o no matar).

Adentrados ya en el segundo año de la Administración actual, inútil es perder el tiempo buscando a quién echarle la culpa de nuestros males, siendo un mucho más provechoso empleo del mismo echar mano de remedios probados. Lo que importa no es quién asiste a las reuniones, sino qué decisiones se toman en ellas, y más que eso, cómo se implementan estas.

Crucial, nos parece, es decidir, de una vez por todas, quién hace qué y ser consistentes. Es decir, o todos coludos o todos rabones.

No se puede –ni se debe–, por ejemplo, traer al Ejército como perro guardián, que lo sacan cuando la casa está sola y lo guardan cuando llega la visita.

Al Ejército deben darle su lugar, su respeto, reconocer su valía y si lo necesitan –como así es– para guardar la paz y el orden, díganlo sin empacho y adelante, que primero es México.

Lo que no se puede es andarse con medias tintas, bordando holán y en ratos sí y en ratos no: para pacificar al México violento de hoy se requiere echar toda la res al asador, reconociendo lo que se puede y lo que no se puede, y en lo que no se puede, pedir ayuda modesta y humildemente, que de nuevo primero es México. Hoy, mañana, en el 2020 y más allá.

Por: Jorge Suárez-Vélez

Presenciamos uno de los momentos de cambio más trascendentes en la historia. Se acelera la revolución tecnológica que apenas comienza y que cambiará cómo producimos, cómo aprendemos, cómo sanamos, y cómo, cuánto y de qué vivimos.

Las décadas recientes han sido inmisericordes con quienes no se adaptaron al nuevo entorno, pero viene una realidad más implacable. Se acentuará la división entre ganadores y perdedores. Ganarán quienes desarrollen sistemas educativos flexibles, eficientes y de calidad que permitan que un joven se convierta en quien es. Que dejen atrás dogmas y evolucionen con la ambición de erigir una meritocracia incluyente –no definida por códigos postales– que consolide a quienes tienen capacidad de trabajo, curiosidad intelectual, ambición y tesón para enfrentar el reto que la coyuntura histórica presenta, pero provea sólidas destrezas mercadeables a quienes no tienen la capacidad o el interés de hacerlo.

Venimos de muy atrás por décadas de negligencia educativa. Competimos contra países como Corea del Sur, que logró un sistema envidiable a partir de inversión inteligente y décadas de sacrificio; o como Estados Unidos, cuyas dominantes instituciones educativas nos llevan siglos de ventaja.

Este año, Harvard ganó alrededor de 160 mil millones de pesos solo invirtiendo patrimonio acumulado en sus 383 años. Tiene menos de 20 mil estudiantes (dos tercios de posgrado).
Podrán invertir en laboratorios, desarrollarán tecnología que patentarán y medicamentos cuyas regalías acrecentarán su hacienda; atraerán a los mejores profesores, científicos e investigadores del mundo. A nivel licenciatura, recibieron 37 mil solicitudes en 2019, para admitir a menos de 2 mil alumnos. Cerca del 99% egresarán recibidos en cuatro años, 4 de 5 tendrán beca parcial o total.

Nuestras universidades, mucho más nuevas, no sueñan con patrimonios comparables, ni aspirantes de ese nivel. Casi no tenemos preparatorias académicamente exigentes. Nuestra desigual y mediocre educación preuniversitaria hace que los pocos con acceso a una buena escuela privada tengan admisión casi automática en las universidades más selectivas –Colmex, Libre de Derecho, ITAM– cuyos niveles de aceptación son mucho más altos que en Estados Unidos, Inglaterra, China o Corea.

En esos países, los “filtros” (y el estrés extremo) empiezan años antes de la universidad. El SAT estadunidense o el Suneung coreano son exámenes estandarizados que definen quién va a la universidad y a cuál. Este último dura 8 horas, lo presentan medio millón de estudiantes a la vez. Ese día el país se detiene para evitar hacerles ruido. Dos de tres irán a la universidad, uno de 50 a las mejores. En México los filtros se presentan ya en la carrera. Por ello, las escuelas más exigentes sufren tantas deserciones y los menos se gradúan.

Solo competiremos si nuestras mejores universidades educan a nuestros mejores estudiantes, con niveles de exigencia que les den herramientas para forjar carreras sólidas y acceder a programas de maestría y doctorado en el extranjero que transfieran conocimiento y tecnología que nos es vital.

El injusto ataque al ITAM, mi alma mater, confunde problemas no relacionados. Hoy somos más sensibles a problemas de estabilidad emocional y salud mental que afectan a los jóvenes. Muchos estudios confirman que estos provienen de factores tan diversos como la pérdida de las relaciones cotidianas (jugar videojuegos versus jugar en la calle con el vecino, platicar con quien nos sirve un café versus ordenarlo con el celular, etc.), hasta de la despersonalización y acoso en las redes sociales. Es acertado invertir en apoyar a los más vulnerables. Pero sería un grave error resolverlo reduciendo exigencia y rigor académico que le urgen al país, o desarticulando una meritocracia que premia a quien trabaja, e incluso provee posibilidades de movilidad social a quien se esfuerza.

No hay meritocracia perfecta. Quien tiene recursos siempre tendrá un punto de partida aventajado. Pero emparejarnos en la mediocridad es pésima idea.

Por: Jesús Carlos Mena Suárez


Proteger un alimento requiere de envolturas que den una presentación atractiva a los productos, pero, al transformarlos no se piensa en el medio ambiente y es que no solo las bolsas contaminan, también los electrodomésticos que se tienen en casa lo hacen y tampoco dicen cómo deshacerse de ellos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México cada mes se generan 29 mil toneladas de basura electrónica, o e-waste, y cómo deshacerse de ellos.

En telefonía móvil en México, existen más de 11 millones de equipos que son de segundo uso de vida, en un mercado con 106.8 millones de teléfonos inteligentes o smartphones y 13.6 millones de feature phones.

¿Qué destino tienen los smartphones reemplazados?

La renovación del dispositivo principal no implica que todos los celulares se destinen a nuevo uso. Entre el total de los equipos que sí lograron llegar a una segunda vida, 29.7% “hereda” a algún familiar o amigo cercano su dispositivo, 28.6 % lo guarda, 15.6% lo vende, y 26:1% potencialmente podrían tener una segunda vida al ser robado o extraviado dice The Competitive Intelligence Unit.

Al mismo tiempo, pocas personas se preguntan lo que pasa con sus aparatos cuando ya no los usan y lo que pueden hacer con ellos. Cuando los llevas a reciclar, estos productos enfrentan procesos de desensamble y se convierten en materia prima para otras industrias, dijo Álvaro Núñez, consultor y conferencista internacional en e-waste.

Cada mexicano produce entre siete y nueve kilogramos de basura electrónica al año y si esta se multiplica por los 120 millones de habitantes da un resultado que va de los 840 a mil 80 toneladas, de acuerdo con datos de las UNAM actualizados a 2016.

En el mundo cada año se generan más de 40 millones de toneladas de residuos eléctricos, conocidos como chatarra electrónica y uno de los destinos intermedios es Ghana en África desde donde un ejército de trabajadores desemsamblan los refrigeradores, pantallas, computadoras, impresoras, teléfonos inteligentes, hornos de microondas, tostadores y una larga lista de electrónicos que desechamos en casa y en torno al que solo el 15.5% en 2014, se recicla con métodos eficaces y seguros desde el punto de vista medioambiental, expone la ONU.

De manera que este año en Coahuila y en México fue la bolsa de plástico la que se identifica como contaminante y no existe otro material que lo sustituya por las barreras que tiene para proteger los alimentos, pero, y los electrodomésticos tienen materiales tóxicos también y no hay un proceso de las autoridades que regule su desecho.

La mercadotecnia nos dice que hay que cambiarlos por el consumo de energía y nos convencen, pero, adónde van esos refrigeradores, televisores o equipos electrónicos: a las tiendas de segunda mano.

Y los celulares que todos quieren tener el último modelo, los que los cambian proveen sin saber a países del tercer mundo o en vías de desarrollo, donde no está tan avanzada la tecnología, como Ghana, en África.

Hay tiendas donde se venden todos los celulares de todas las marcas y los que ya no sirven los mandan a Ghana, donde rescatan partes y lo demás ¿a dónde van a parar?, son materiales tóxicos que me imagino van a dar al mar o a Ghana, que lo convirtieron en el basurero del mundo.

Por: Gerardo Blanco

La propuesta de reforma presentada por Morena para reducir el 50% del financiamiento público de los partidos políticos fue rechazada esta semana en la Cámara de Diputados. En la narrativa de cierto sector de Morena se platea un diagnóstico que a todas luces resulta superficial, parcial, sesgado.

Aducen que la ciudadanía está descontenta con el desmedido presupuesto que se les otorga a las fuerzas políticas. Por una parte, tal apreciación puede ser correcta, sin embargo, un análisis con mayor rigor dilucida que la ciudadanía verdaderamente se encuentra molesta por la falta de resultados de los partidos políticos y gobernantes, la ineficiencia en la construcción e implementación de políticas públicas que se traduzcan en auténticos beneficios sociales, y por el permanente aumento de los abusos, excesos, impunidad y corrupción de los gobiernos en turno.

Esta semana la presidenta del partido en poder, Yeidckol Polevnsky, mandó una carta al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para informarle que su partido decidió renunciar al 75% del financiamiento público ordinario correspondiente al ejercicio 2020, equivalente a mil 240 millones 458 mil 596 de pesos para que sean destinados, según la propia dirigente, al sector salud o a programas sociales.

De bote pronto puede parecer una medida consciente y apegada con el sentir popular, mas esto no es así. Contrario a lo que se podría pensar, esta pérdida no le afecta a Morena para su funcionamiento habitual, contemplando que es el partido en el poder y que desde este controla el espectro social por medio de una fuerte política asistencial.

El problema radica en que los partidos políticos en el poder, en cualquiera de los tres órdenes de Gobierno, en periodo de elecciones implementan los programas sociales con fines electorales, lo que resulta altamente redituable para cooptar un alto número de votos.

Pero cuando además se trata, en este caso, de programas basados en la entrega de dinero en efectivo, algunos de ellos sin reglas de operación ni padrones de beneficiarios, que permite manipularlos para concéntralos en sectores poblacionales que garanticen triunfos en las urnas, más contralorías internas y órganos de auditoría poco independientes, parciales y ineficientes, el caldo de cultivo para entramar una estructura encaminada a controlar el electorado, está garantizado.

Los programas sociales son el reflejo de la incapacidad gubernamental para construir políticas de estado que ataquen de fondo las causas de los problemas políticos, económicos y sociales que agobian al país. Estos solo funcionan como paliativos o calmantes que buscan atenuar, más no erradicar, la precariedad y desigualdad que impera en la sociedad mexicana.

Las reformas en materia electoral se deben consensar con todos los participantes, en este caso los partidos. Importa mucho el contexto en el que se determina cambiar las reglas del juego político. Con esto quiero decir que, eventualmente, se necesita disminuir el financiamiento de los partidos, de acuerdo; sin embargo, en el contexto actual de un partido altamente dominante no es los más recomendable, ya que solo propiciaría que este aumente sus posibilidades de perpetuarse en el poder.

En este sentido, es importante pensar en reformar de manera integral las reglas concernientes al financiamiento de los partidos políticos. Hay que poner la mirada, por ejemplo, en acotar al máximo el uso de dinero en efectivo, tanto en aportaciones a los partidos como en los gastos que estos realizan en las campañas electorales.

A su vez, reducir – incluso eliminar– los montos del financiamiento privado, ya que, en este rubro, suelen participar los grandes empresarios que solo tiene interés en que su apoyo se redi-túe en un beneficio mayor a futuro a costa del dinero público y al margen de la ley. O, incluso, la delincuencia organizada, que busca cooptar a las autoridades para emprender sus actividades con la protección de poder. Aunado a todo esto, sería importante robustecer las facultades de fiscalización del INE.

Por lo pronto, no reducirles el financiamiento a los partidos políticos resulta una muy buena noticia.

Nicanor Moyeda Frías


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe una amiga que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Amigo notario, por las fechas de fiestas, mi madre ha invitado a mis hijos a pasar unos días en Estados Unidos. Esta ocasión no podré acompañarlos, pero me dicen que tengo que hacer un trámite ante notario para que ellos puedan viajar con mi madre al país vecino.”

Entre las facultades de los notarios se encuentran el de consignar actos o dar fe de hechos cuando así se le solicite.

Las actas fuera de protocolo o también conocidas como actas notariales sirven para hacer constar un hecho que suceda en presencia del notario, se autoriza con su sello y su firma.

Estas actas fuera de protocolo se entregan en original a quien la solicita y además se envía una copia a la dirección de notarías.

El reglamento de la ley de migración establece que cuando algún menor viaje con alguien que no sean sus padres o quienes ejerzan sobre él la patria potestad, deberán presentar un documento a través del cual quienes ejerzan la patria potestad o tutela autorizan su salida de territorio nacional y que este documento sea otorgado ante fedatario público.

Por costumbre también en Estados Unidos al tratar de ingresar a ese país un menor sin la compañía de sus padres, también le es solicitada una autorización de los padres para viajar a ese país.

Como vemos tanto en nuestro país, como en Estados Unidos, las autoridades verifican que los menores viajan con autorización de quién debe darla; esto también debemos de reconocerlo como una medida de seguridad para los menores.

En su caso específico yo le recomiendo acudir con el notario de su confianza y le solicite asesoría para el otorgamiento de ese permiso.

El documento debe contener el nombre completo del menor (como aparezca en su pasaporte), los datos de a dónde habrá de viajar y acompañado de quién lo hará, y que conste la autorización de quienes la otorgan.

Ese documento notariado del cual usted ha escuchado, trata pues de una acta fuera de protocolo donde habrá de constar el permiso suyo y del padre, si es el caso, para que sus hijos viajen con su abuela a Estados Unidos, dicho documento habrá de portarlo la abuela para el caso de que se le sea solicitado.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, enhorabuena. Amigos!.

Por: Gerardo Blanco

En un estado democrático la ciudadanía debe ser un ente vigilante y participativo en las decisiones gubernamentales. Sobre este tema se han escrito toneladas de tinta. Podemos acudir al filósofo alemán Immanuel Kant, quien abundó sobre la necesidad de la visibilidad de poder en los regímenes democráticos.

Esta idea también fue abordada por el jurista italiano Norberto Bobbio cuando escribió, en su libro Democracia y Secreto, que la democracia es idealmente el Gobierno de un poder visible, es decir, el Gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión del pueblo.

Los senadores y senadoras de la República son electos por medio del voto popular. Esto, entre otras características, los convierte en servidores públicos obligados a explicar y justificar, tanto jurídica como políticamente, todas sus determinaciones relacionadas con el encargo, en aras de privilegiar la rendición de cuentas.

En los gobiernos democráticos la publicidad es la regla, el secreto la excepción. Bajo esta lógica, resulta inútil que las sesiones del Parlamento sean públicas si sus integrantes no se conducen con transparencia. Es improductivo seguir una sesión pública de la Cámara de Senadores, cuando sus miembros toman las decisiones de manera oculta.

Atendiendo a estas directrices, es importante preguntarse: ¿es legítimo que los representantes populares en el Congreso tomen decisiones en lo oscuro? o ¿es democrático que los senadores designen servidores públicos del alto rango por medio del voto secreto? La respuesta a esas preguntas es un rotundo no.

Sin embargo, la realidad es la cara opuesta. Recientemente las y los senadores hicieron el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo un procedimiento que pondera la secrecía del voto, el cual terminó por ser cuestionado por la oposición, alegando múltiples irregularidades, como presuntos votos dobles y un conteo deficiente de los mismos.

Con esto solo se obtuvo la designación de una presidenta poco legitimada, encargada de dirigir, ni más ni menos, el órgano más importante del país en materia de derechos humanos.

La misma historia ocurrió esta semana. El Senado de la República, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el Artículo 76 constitucional, designó a quién ocupará la silla que se encontraba vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De la terna previamente enviada por el presidente López Obrador, los senadores eligieron por medio del voto secreto a Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra.

¿Por qué el Senado consideró que A era mejor perfil que B o C para desempeñarse como ministra de la SCJN? ¿Qué criterio los llevó a considerar que A es la persona más preparada respecto a conocimientos constitucionales, al funcionamiento del sistema de justicia y de derechos humanos? ¿Qué elementos los lleva a pensar que A es quien mejor puede garantizar la independencia judicial máxime cuando se desempeñaba como funcionaria del Gobierno federal? ¿Por qué determinaron designar a A cuando la mejor comparecencia ante el Senado la hizo B? Y así se pueden agregar un sinnúmero de preguntas más.

En la época en la que a muchos se les llena la boca hablando de parlamento abierto, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, todavía nos encontramos argucias jurídicas que propician procedimientos opacos, lo que provoca que los representantes populares prescindan de la obligación de explicar las razones y motivos que los conducen a tomar sus determinaciones, dejando a la ciudadanía como sujeto pasivo imposibilitado de ejercer su derecho a vigilar el quehacer político.

Las características del estado autocrático es la toma de decisiones al amparo de la mirada pública. Si en México pretendemos erradicar la debilidad institucional, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho, hay que empezar por implementar procedimientos abiertos que conduzcan a los representantes populares –cualquiera que sea su naturaleza– a justificar sus actuaciones, y en consecuencia, que puedan ser evaluados y cuestionados a partir de estas.