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Miguel Angel Granados Chapa
Miguel Angel Granados Chapa
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nació en Pachuca, Hidalgo el 10 de marzo de 1946. Parte de la formación académica de este periodista se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó de manera simultanea las licenciaturas en Periodismo y Derecho, para después obtener el Doctorado en Historia por parte de la Universidad Iberoamericana.

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14 Octubre 2011 04:00:56
De coalición a coalición
Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aun hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priísta el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidos. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de generan entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un poso de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son esas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la república. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de coordinación política o de la mesa directiva del Senado ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitó pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aun lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos, que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del estado, y ejerza la autoridad del estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos.

Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado “Democracia constitucional”. Son cuarenta y seis los formantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etc. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa buscar impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro país.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, pueden negar la terrible situación en que nos hayamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.

Con todo, pudo cantarle. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Se que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.
13 Octubre 2011 04:00:18
Enrique Ebrard, Marcelo Peña
Antes de que caiga el telón no quiero dejar de presentar a ustedes a dos protagonistas de la escena pública que, por primera vez en su vida tienen que pugnar, aunque con ventaja sobre sus contendientes, por una posición que les permita gobernar. Ambos se han sentado en sillas de gobierno, pero no llegaron a ellas merced a un esfuerzo propio, sino impulsados por mecenas políticos y financieros que en todo tiempo aseguraron su porvenir. Ahora no están en ese caso. Tienen que ganarlo.

Abundan las coincidencias en su personalidad y su conducta. Tanto que una y otras son confundibles y pueden, por lo tanto, ser intercambiables. Se trata de Enrique Ebrard y Marcelo Peña. A pesar de que sus estrategias buscaban conducirlos sin obstáculo ni adversario a la candidatura en sus partidos, en este momento tienen que bregar por ella. Enrique Ebrard iba a construirse, por la ley natural de las cosas, por la movilización que inició a partir de su gubernatura, en el aspirante presidencial del PRI. Iba a lograrse ese objetivo mediante el impulso inducido que en la cultura autoritaria priísta de que la acaso nunca podamos escapar se llama “la cargada”.

Se pretendió que el lanzamiento abrumador ocurriera el 15 de septiembre, apenas trasladara el Gobierno local a Eruviel Ávila. Se le proclamó ¡presidente! Pero tuvo que atenerse al establecimiento de reglas mínimas. La reunión de dirigentes de su partido de donde hubiera brotado la declaratoria de candidato único, frenó el empeño de, por ejemplo, Joaquín que anunció la postulación indiscutida del mexiquense en cuatro actos ya organizados, a los que tuvo que renunciar.

No pudo tampoco el gobernador convertir la reunión del consejo político nacional, el sábado pasado, en su plataforma de lanzamiento. Se está ateniendo a un mecanismo en que resulta posible comparar sus propuestas con las de Manlio Fabio Beltrones, que desde siempre, y consciente de su fortaleza y sus debilidades, espera que el PRI determine, como lo demandó sin éxito Reyes Heroles en 1975, que se formule primero el programa y luego se elija al hombre que propugne su realización. Quizá Enrique Ebrard aceptó el procedimiento a sabiendas de que su fuerza real no está en las palabras, los argumentos, la visión de México que cada quien exponga, sino en el poder real de la televisión y el dinero. Aunque desde ahora se le suponga victorioso, tiene que pasar por la contienda pública.

Es es el caso también de Marcelo Peña, que ha aprendido que si algún ejemplo ha de seguir, no es Manuel Camacho ni Andrés Manuel López Obrador, sino el mexiquense. Ha estado usando los modos de propaganda en que se adiestró el ex gobernador. Y si bien no cuenta con el favor de Televisa ni con los recursos con que hay que obtenerlo, sus frecuentes y aun cotidianas apariciones lo han proyectado al espacio público nacional como no sería posible de no pagar por ello. El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad. En el mismo plano, pero con desigual dimensión, ha pretendido crear diversos entornos que no es más que uno. Hace meses comisionó a su personal de confianza a promover la Fundación Equipo, Equidad y Progreso, y hace menos convino con Nueva Izquierda, el ala derecha del PRD. El montaje de un espectáculo llamado Demócratas de izquierda.

Esa proyección pública le ha hecho suponerse de la talla de Andrés Manuel Lopez Obrador y contender con él por la candidatura perredista. En el año 2000, cuando era candidato del Partido del Centro, convino por el aspirante de la izquierda en la inducción de sus exiguos votos a cambio de un cargo en el gobierno local.
López Obrador cumplió su palabra y fue más allá cuando el secretario de seguridad pública quedó en desgracia ante su jefe formal Vicente Fox y lo impulsó hacia su sucesión como secretario de desarrollo social. Combatieron por la candidatura Marcelo Peña y Jesús Ortega. La tensión entre ambos se alivió para convertirse en alianza frente a López Obrador, quien se mostró siempre contrario a la calificación de traidor que un buen número de sus seguidores endilgan a quien, paradójicamente, podría ser candidato “de la izquierda” gracias al apoyo de Morena, comprometido por López Obrador.

Enrique Ebrard y Marcelo Peña han coincidido en hacer de las relaciones sentimentales no el coto sagrado que las personas respetables les otorgan. Al confesar a su esposa Mónica Pretelini el ser padre de hijos fuera de matrimonio, el gobernador mexiquense estableció con ella una distancia que sólo concluyó con la muerte de la señora. Televisa proveyó a Enrique Ebrard de una nueva esposa, una rutilante estrella de la pantalla. Marcelo Peña se divorció de la madre de sus hijos, y tiempo más tarde contrajo matrimonio con una persona del espectáculo y las relaciones públicas. El vínculo terminó también en separación.
Tras un breve periodo de soltería, Marcelo Peña que como Enrique Ebrard dedican esfuerzo considerable a su fisonomía, hizo público su nuevo romance. Declaró su relación con la señora Rosalinda Bueso, Era embajadora de Honduras cuando el presidente Manuel Zelaya, quien la había nombrado, fue depuesto. Acaso llevado por su vocación internacionalista -ésa fue su carrera en el Colegio de México- el regente la protegió y brindó los medios para que permaneciera en México.
Incorporada a la nómina del gobierno capitalino, de esa relación surgió otra no se si más profunda pero sí más vistosa. Se casaron el viernes.
12 Octubre 2011 04:00:41
El rector José Narro Robles
El rector de la UNAM anunció el viernes pasado su decisión de presentarse a la reelección. Su segundo periodo concluirá en 2015. Es difícil que la Junta de Gobierno de esa institución no le otorgue esta duplicación del plazo para el que lo seleccionó en noviembre de 2007, en reemplazo del doctor José Ramón de la Fuente.

La Universidad nacional es la mayor institución de educación superior en la República. Lo es no sólo por sus dimensiones humanas y físicas. Lo es también porque la calidad de su docencia, que se acusa en algunas disciplinas y carreras, sino porque en atención a su ley orgánica, junto con la enseñanza realiza la investigación más sobresaliente y abundante en todo el país. Ninguna otra institución universitaria practica una difusión cultural de la magnitud de que ella es capaz.

Pero una institución de esa magnitud requiere un gobernante con claro sentido de la conducción política. Narro ha mostrado tenerlo. El viernes pasado, para no ir más lejos, comunicó a los medios su decisión de continuar al frente de ka UNAM luego de una larga conversación con directores de escuelas, facultades e institutos, que en rigor no dependen del rector y por lo tanto no están sujetos a sus determinaciones. Lo están en mayor medida, en cambio, los directores administrativos, pero en la Universidad nacional no priva la cultura del asentimiento automático, porque la organización académica se funda en sistemas de méritos. De esa suerte, Narro dio un primer y firme paso hacia la reelección.

El rector de la UNAM despliega su tarea hacia el interior de la institución, de la que la ley lo define como jefe nato, pero también debe volcarse fuera de la propia institución. Revelan un desconocimiento grave de la Universidad los que reprochan a su rector ocuparse de los asuntos externos con descuido de lo que ocurre en su casa. Farol de la calle y oscuridad de su casa: se ha utilizado ese refrán para deturpar acciones que una institución nacional no podría dejar de emprender.

Pero se equivocan quienes suponen esas maneras de cumplir deberes y responsabilidades legales y sociales como excluyentes. Son perfecta y necesariamente compatibles. Por ejemplo, el crecimiento académico y físico de la UNAM, que en este cuatrienio ha tenido como evidencia mayor la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en León, Guanajuato. Cierta mezquindad, respecto de esta edificación, como antes el desarrollo de otros campus, revela desconocimiento del carácter nacional de la Universidad. Con ese alcance fue creada en 1910 por Justo Sierra y con ese carácter le han querido mantener sus rectores insignes. En buena hora que las universidades públicas de los estados relevaron en amplia medida a la UNAM de su casi exclusiva labor de formar profesionales, para cuyo propósito parvadas de estudiantes salían de sus lugares de origen para radicarse en la capital de la República. Pero en esa migración quedaba patente ese mismo carácter nacional: la UNAM era de todos.

El rector Narro contribuyó también, entre muchos cambios académicos, a ampliar los márgenes de representación interna de la UNAM. Y tuvo conciencia de la significación que tenía el centenario de la UNAM, a cuyos festejos imprimió el sello que correspondía a la institución: fueron otorgados, como actos más visibles, en ceremonias al mismo tiempo rituales y emocionantes, doctorados honoris causa que dieron cuenta de lo que la Universidad y su rector aspiran a ser, lo que respetan y consideran honroso.

El presupuesto de la Universidad, de las instituciones de enseñanza superior en general, y su natural extensión, los recursos para ciencia y tecnología, es una de las preocupaciones centrales en el pensamiento de Narro Robles. Si bien no ha conseguido partidas multianuales, ha logrado constituir un movimiento que se estimula a sí mismo y afina los instrumentos analíticos y legales para dar solidez a una demanda que hasta ahora se responde con ánimo clientelar y cuando mejor a un sentimiento filantrópico. Narrro ampliará el espacio para perseverar en su propósito durante su segundo término. Y tan sólo por ello su intención debería darse por bien recibida.

Pero desde otras perspectivas cabe igualmente considerarse afortunada la decisión de este médico saltillense de sesenta y tres años de buscar la prolongación de su tarea. En los meses recientes ha emprendido una iniciativa en pro de la seguridad con justicia y democracia. Organizó una reflexión colectiva sobre esos temas y luego animó a universitarios con quienes ha trabajado a lo largo de los años en la preparación de un documento al respecto que, si bien ha tenido la aquiescencia de poderes públicos y centros de decisión social, se enfrentó más a la reticencia del Poder Ejecutivo federal que a su aceptación, extremo que mostraría una flexibilidad política siempre ausente en esta materia.

En algunas responsabilidades de la vida pública la reelección puede tener un efecto sano. La sola experiencia de vida, el fructífero paso de los años asienta la prudencia y aguza la pertinencia del juicio. Ése puede ser claramente el caso de Narro Robles. Ha recorrido una senda dual, tanto en la administración pública (el IMSS, la SS, el DDF, Gobernación), pero sobre todo ha servido a la Universidad que rige y a la que se propone continuar gobernando. Fue secretario general de la misma y director de su Facultad, la de Medicina.

Narro ha admitido que le gusta soñar. Tiene a su alcance no sólo esa capacidad sicológica; también puede realizarla.
07 Octubre 2011 04:00:51
7 de octubre, día crucial
Hasta en por menores protocolarios todas las certidumbres están rotas. Hoy, conforme al decreto que la creó, el Senado debía entregar la medalla Belisario Domínguez. Otras veces la ceremonia respectiva se ha aplazado, en función de la agenda presidencial. Pero esta vez ni siquiera se ha designado a la persona que la reciba. Hoy también, debían reunirse por segunda vez el presidente Calderón y el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Pero la cita se cumplirá, es de esperarse, una semana después, el próximo viernes. Hoy, en fin, comienza el proceso electoral, conforme lo estipulan la Constitución y el código respectivo y lo precisa el órgano que rige las elecciones, el IFE. Pero aunque la fecha es inexorable, todavía al atardecer del viernes se ignoraban las condiciones en que empezará dicho proceso: Si con seis o con nueve consejeros electorales, y quiénes ocupen esos cargos.

En el Senado ayer ni siquiera se reunió la comisión que discierne la máxima distinción conferida por esa cámara. Las candidaturas pueden se presentadas libremente, pero en la mecánica del otorgamiento son las bancadas las que a partir de los méritos de los candidatos resuelven quién será el recipiendario.
Generalmente son las cualidades, el historial de las personas presentadas el que las fracciones considera. Esta vez, sin embargo, factores coyunturales han estorbado la decisión y en un caso hasta quizá logren su aplazamiento durante al menos seis semanas.

La ministra Olga María Sánchez Cordero fue presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La personalidad de la candidata y el valor del aval que le dio el impulso inicial ha chocado con el sectarismo de una porción del grupo panista, que la rechaza por la posición de la jueza constitucional en torno a los derechos de las mujeres. La más reciente de ellas fue su alegato contra la constitucionalidad de declaraciones sobre la protección a la vida a partir de la concepción, llevadas a su respectiva constitución por las legislaturas de Baja California y San Luis Potosí.

Ha obtenido mayor consenso la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es una figura polémica si las hay, pero cobró aceptación aun dentro de la bancada del PRI, partido al que perteneció. Sin la mínima reducción de sus prendas personales, y aun para acrecentarlas, es inevitable recordar la filiación de Cárdenas. Su padre cuenta entre el escaso puñado de presidentes de la república valorado por la sociedad, y no arrojado a las sombras del desprecio. Pero Cuauhtémoc Cárdenas no se limitó a ser hijo de papá. En realidad esperó el fallecimiento del general para desplegar sin cortapisas su interés por la vida pública. Su fidelidad al patrimonio histórico con que fue honrado lo condujo a encabezar la mayor escisión del partido gubernamental y con ella el comienzo de elecciones verdaderamente competitivas. Una figura de su dimensión, el ingeniero Heberto Castillo, fue honrado post mortem, el año pasado con la Belisario Domínguez.

Pero ocurre que el 13 de noviembre próximo, apenas dentro de cinco semanas, se efectuarán elecciones en Michoacán, que Cárdenas gobernó como priísta y, con su impulso ha sido regido por el PRD, el partido fundado en torno suyo, en la década reciente. Si bien el ingeniero guarda distancia con ese partido, por tratarse de su propia entidad ha estado presente en la campaña. Espíritus prácticos o mezquinos suponen o temen que recibir el blasón senatorial influya en la propaganda perredista. Se desequilibraría de ese modo, alegan, la cerrada contienda electoral, como si no fuera ya peculiar por la candidatura de la hermana del Presidente de la República. De modo que aun la asignación y hasta la entrega se aplazarían hasta después de los comicios locales.

Se ha postergado también, y durante once meses, la designación de tres consejeros electorales. Las tres formaciones no pudieron en ese prolongado lapso, construir un acuerdo que devuelva su integralidad al consejo general del IFE, que ha rengueado porque no es lo mismo el trabajo de cinco que de ocho (quienes junto con el consejero presidente encabezan el órgano electoral). La anormalidad del consejo se ha reflejado en empates en asuntos que requerían decisiones, en la obvia mayor carga de trabajo para los consejeros actuantes y en una división en seno del cuerpo, que lo hacen víctima de ataques de origen diverso, especialmente de los concesionarios de radio y televisión, materia espinosa en que el Tribunal electoral adoptó una peligrosa decisión, que el IFE debe instrumentar: No sólo se entregaría el control de la función electoral a una porción de los sujetos regulados, sino que se haría ante la Cámara industrial de que forman parte, ajena por entero según la ley a la materia en que ha litigado con éxito.

En la tarde del jueves estaba por consolidarse un golpe de mano de la bancada priísta en san Lázaro, con exclusión del PAN y el PRD. Se procuraría en la esperablemente prolongada sesión imponer la terna compuesta por Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y David Gómez. La presencia del primero, pero no sólo la suya, indicaría que se busca ampliar al órgano electoral la presencia de Enrique Peña Nieto. Él goza ya de gran influencia en el tribunal federal, y requiere hacerla crecer en el IFE. Enrique Ochoa fue protagonista de los trámites (que incluyeron una cena en casa de la presidenta del TEPJF) para exonerar a Peña Nieto por difundir su imagen en todo el país.
06 Octubre 2011 04:00:17
Peña Nieto y las encuestas
Quizá la primera vez que el nombre de Enrique Peña Nieto apareció en el cuestionario de una encuesta de preferencias electorales fue el 29 de noviembre de 2004. En el PRI estaba en curso el procedimiento para seleccionar al candidato de ese partido al gobierno mexiquense. El aspirante principal, indiscutible, por la prolongada presencia de su nombre en el priísmo de ese estado, era el de Carlos Hank. En él se concentraba la memoria muy bien conservada de su padre, el consolidado poderío económico de su primogénito y la delgadez de las figuras que aparecían en el entorno.

En el citado sondeo de Berumen y asociados, el hijo del profesor aparecía a la cabeza de los preferidos, con casi veinte por ciento (19.5). En segundo lugar figuraba Isidro Pastor, dirigente del PRI en la entidad, dos puntos abajo. Y luego, la chiquillada: aspirantes primerizos o experimentados que sin embargo no había dejado impronta en su carrera. Entre ellos figuraba Peña Nieto con cinco por ciento.

Pero el gobernador Arturo Montiel tenía su propio proyecto al margen de esas cifras. Él mismo había sido un político mediano en el ámbito local, del que sólo saldría de la mano de Humberto Lira Mora, quien lo condujo a posiciones de alcance federal tanto en el partido como en el gobierno. A base de triquiñuelas, del apoyo del gobernador César Camacho y de mucho dinero, propio y de quienes harían negocios con él, Montiel ganó a Lira Mora, en 1999, a la mala, la candidatura del PRI. Por la misma vía llegó al gobierno del estado.

Asumido como hombre de poder, Montiel resolvió en un solo acto su futuro y el de su sobrino. Nacidos ambos en Atlacomulco, concitaron el apoyo de los diversos núcleos a los que se agrupa para comprender el poder mexiquense, el Grupo Atlacomulco. Muy temprano decidió que Peña Nieto lo sucediera en el palacio de gobierno de Toluca. Y que él mismo aspiraría a ser Presidente de la República.

Lo primero fue fabricar una candidatura de unidad, que dejara al margen las posibilidades públicas de cada aspirante. Contra toda lógica, o conforme sólo a la de Montiel, los aspirantes se inclinaron por el sobrino de su tío. Sólo había tenido una breve carrera administrativa de escaso rango. A la sazón era diputado local y, por supuesto, cabeza de la fracción priísta, sin que tampoco hubiera aportado experiencia o interés en las tareas o doctrinas legislativas. Montiel lo había impulsado a ese cargo para ponerlo en condición de aspirar a la gubernatura, pues el estatuto priísta demanda haber tenido un cargo de elección popular previo al de gobernador.

Salvo un arrebato de Pastor, que a la postre volvió al redil, Peña Nieto fue sin conflicto el candidato de su partido, al margen de encuestas como la de Berumen y asociados. Quién sabe de qué artes suasorias se valió Montiel frente a Hank; el hecho es que lo desplazó y dejó paso franco a su sobrino. Y a sí mismo.

Mediante contratos ultrasupermillonarios con Televisa, ambos pequeños políticos locales se transformaron. No se convino sólo la transmisión de anuncios, pues entonces era posible adquirir espacio en los medios electrónicos con fines propagandísticos. Los muy bien tasados servicios de Televisa fueron ofrecidos y cumplidos con gran amplitud. Incluyeron una profusa cobertura de los actos de campaña, los abiertos de Peña Nieto, que recorría el estado en pos de la gubernatura; y los nada disimulados de su tío, que asombrosamente, y por esa poderosa razón quedó situado en el elenco de los presidenciables priístas. Es cierto que sus integrantes no deslumbraban a nadie, ni nadie imponía su personalidad o su carera como inicial argumento. Pero el que Montiel fuera parte de ese grupo mostraba su audacia y el impulso que Televisa imprimía a sus actividades.

El contrato con el consorcio televisivo fue integral, incluyendo el modelaje de una apariencia y una figura pública. De ese modo, Peña Nieto se transformó en unos cuantos meses de un jovencito favorecido por la influencia familiar, en un candidato vencedor, y apenas resuelta la sucesión presidencial de 2006, y sin que de su desempeño pudiera desprenderse prenda alguna que lo justificara, en candidato presidencial “el que encabeza todas las encuestas” según se le define como una verdad axiomática que anuncia un futuro inexorable.

Aun de su infortunio personal sacaron provecho los jefes de piso de Televisa que han hecho de su vida una telenovela. A la súbita muerte de su esposa, su viudez fue pronto remediada como si una cláusula previera lo fortuito. Una actriz popular, atractiva y simpática, fulgurante figura del canal de las estrellas es hoy parte de la escenografía en medio de la cual vive Peña Nieto.

Recordé a vuela pluma esta breve vida, y su metamorfosis, ante la impertinente exigencia que han levantado hasta el ex gobernador mexiquense relevantes miembros de la sociedad civil y agrupaciones que demandan, algunas de largo tiempo atrás, una reforma política que incluya la reelección de legisladores y alcaldes a fin de mejorar su desempeño y estimular la rendición de cuentas.

Peña Nieto influye de modo muy notorio en la Cámara de diputados donde está en curso el dictamen sobre una minuta aprobada en el Senado con casi unanimidad sobre dicha reforma política. Precisamente por eso no ha marchado adelante. Los firmantes de la solicitud aparecida ayer, que con razón imputan el freno a la reforma a Peña Nieto, anuncian una consecuencia electoral contraria al PRI por el conservadurismo del mexiquense en esta materia. Ya veremos.
05 Octubre 2011 03:59:59
Ex gobernadores priístas
Es una verdad sabida que en el nuevo sistema político mexicano, después de que desapareciera la Presidencia de la República como el órgano articulador de las decisiones de poder, los gobernadores adoptaron un papel crucial en ese proceso. Aun los pertenecientes al PAN ganaron con la nueva relación entre los estados y la Federación un importante margen de autonomía que, sin embargo, es poco perceptible comparado con el que benefició a los provenientes del PRI.

Eso les ha traído lenidad y respeto a los intereses entramados durante sus gobiernos. Claro que todavía no se llega al extremo de atraer al comité nacional del PRI a Ulises Ruiz o Mario Marín, pero no porque no hayan aprobado controles de confianza, sino porque sus sucesores están examinando con el rigor legal debido, en Oaxaca sobre todo, las cuentas de los Ejecutivos mencionados. Están en entredicho y haría el partido un mal negocio en asociarlos a su operación cotidiana si es que en un plazo previo ésta puede sufrir interrupciones por dificultades personales que afectan a Ruiz y a Marín.

Pero salvo ellos, el PRI ha mostrado contar con estándares de elegibilidad muy poco exigentes, si se trata de incorporar a la campaña presidencial a quienes han sido gobernadores. Si nos contentáramos con ver el fenómeno superficialmente, podría decirse que los nueve inspectores (no se les dio ese nombre pero actuarán como tales) fueron llamados por el líder nacional, Humberto Moreira en función de que los conoce (gobernaron simultáneamente sus entidades casi todos), participan de un estilo común, y no tienen tarea en el horizonte inmediato. Al PRI, sin embargo, no le faltan recursos al punto de que deba reclutar su personal de alto nivel entre quienes se hallen dispuestos a realizarlo pro bono, en aras de una causa, a modo de compensación por los impulsos que antes recibieron de su partido.

Los nombramientos obedecen a los intereses que los gobernadores gestionaron o generaron durante su sexenio. Al PRI no le interesa el desastroso estado en que los responsables o inspectores dejaron a sus entidades. Los premia porque salvo Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa, ninguno de ellos perdió elecciones, y porque mantienen los vínculos con las fuentes de financiamiento local, que ellos auspiciaron, por las cuales fueron favorecidos y a las que es necesario recurrir de nuevo.

Sólo dos del sexteto por ahora escogido fueron elegidos en tiempos del antiguo régimen. Enrique Martínez y Martínez, de Coahuila y René Juárez, de Guerrero. Aquel eligió a su sucesor Humberto Moreira y luego lo llevó ante Enrique Peña Nieto, necesitado de un presidente del PRI sujeto enteramente a sus órdenes, que no debiera su cargo a la militancia, como Beatriz Paredes. Aunque a su vez René Juárez perdió la gubernatura de Guerrero ante un candidato del PRD fue suficientemente hábil como para conseguir el nombramiento de funcionario y la puesta en práctica de actitud que impedían saber que allí se produjo la alternancia.

Los cuatro restantes dejaron en sus entidades una estela de muerte, muy probablemente asociada a la corrupción, que se requiere cachaza, en el PRI y en cada uno de ellos, para retornar a la vida pública, aunque se haga en lugares distantes de lo que resultaron desastrados. Es difícil, salvo por el número de muertes ocurridas en sus entidades, establecer clara diferencia entre el mencionado Aguilar, de Sinaloa; José Reyes Baeza Terrazas, de Chihuahua; Ismael Hernández, de Durango, Eugenio Hernández, de Tamaulipas y Fidel Herrera, de Veracruz. En todos los casos durante su mandato, y en algunos de ellos inmediatamente después (lo que indica que las raíces estaban podridas) la delincuencia organizada ha llegado a los peores extremos. Lejos de ponerlos en cuestión por su deplorable desempeño, el PRI los acoge y los coloca de nuevo en circulación. Será que además de tareas de organización desempeñarán labores propagandísticas: Van a ser la imagen de cuerpo presente de lo que su partido ha hecho en sus entidades y de lo que hará en el país en cuanto retorne a Los Pinos.

Lo hicieron frecuentemente cuando dizque gobernaban, y sin capaces de repetir la excusa ahora en que terminaron sus responsabilidades formales: los gobiernos de los estados no tienen culpa de la matazón que en sus territorios se manifiesta porque combatir a la delincuencia organizada es función del gobierno federal. El argumento es endeble porque sólo se sabe si se trata de delincuencia organizada, al cabo de una averiguación que el gobierno local tiene que realizar por homicidio. No lo han hecho Aguilar, Baeza, los Hernández, Herrera, Juárez, durante los años en que se presume que ejercieron el poder ejecutivo. No podrán apartar de sí estigmas como, en Tamaulipas, el asesinato del candidato del PRI, ocurrido. En otro momento, en otro país, en otro partido, Eugenio Hernández sería repudiado por la gravedad de la ofensa que al dejar impunes a los asesinos contribuyó a inferir a sus compañeros.

Los ex gobernadores mencionados quedarán sujetos en sus andanzas regionales a la secretaría de operación política, a cargo de un antiguo colega de una mayoría de ellos, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante su exento Hidalgo no llegó a padecer oleadas de asesinatos en las calles y caminos, como en Chihuahua, Sinaloa, y Veracruz. Pero el estado se pobló de zetas, que deambulan tranquilos que fueron capaces de sufragar el costo de un templo católico en Pachuca.

Los nuevos inspectores mostrarán lo que saben hacer.
04 Octubre 2011 04:00:29
Morena y las encuestas
Se realizó el domingo en el Auditorio Nacional la asamblea constitutiva de una singular agrupación, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Al encabezar el acto Andrés Manuel López Obrador, su constructor y dirigente principal, reveló las peculiaridades y contradicciones de una organización hecha a mano (y a pie), no sólo con sentido electoral, pero que está lista para participar en los comicios presidenciales venideros.

No hay duda de que ningún movimiento en torno de ningún candidato o aspirante a suceder a Felipe Calderón contiene la potencia que se conoce en el Morena y de que se percibió una alegre porción anteayer. No es imposible convocar a diez mil asistentes a reuniones en el Auditorio Nacional. Lo hicieron en septiembre pasado el presidente de la república y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, abusando ambos de la libertad propagandística que otorga un mal dibujado propósito de evitar los personalismos pagados con recursos del erario. El hito, por lo tanto, no consiste en la pletórica asamblea congregada por López Obrador, sino en la valiosa heterogeneidad de su movimiento: El domingo, por un lado, acudió una muestra de las multitudes (cuatro millones dice su dirigente) que integran el Movimiento. Por otro lado, fueron presentados los consejos ejecutivo y consultivo. Compuestos en su mayor parte de mexicanos excepcionales que entregan su tiempo y su energía a un proyecto en cuya confección han participado también muchos de ellos No son políticos a la antigua usanza, de los que se acomodan “picando piedra” es decir haciéndose un lugar cerca del candidato presidencial para que éste los coloque en posiciones de gobierno a la hora del triunfo. Este es un extremo tan lejano en este momento, que pecarían de ingenuos quienes se aproximaran con sus talentos y experiencias en pos de una chamba en Morena. Allí, en el sentido laboral de la expresión, no hay vacantes, aunque haya espacio para todas las personas que estén convencidas de que es inadmisible la situación actual de México y de que es posible modificarla.
Morena es un abigarrado conjunto de fuerzas y de expresiones. No todos sus integrantes son ciudadanos hasta ahora ajenos a la política. Hay en ese movimiento miembros de los partidos que apoyaron en 2006 a López Obrador. Es posible esa doble militancia porque Morena no es una organización con capacidad para presentar candidatos, aunque sí para hacerlo en elecciones como lo hará encargándose de la organización y vigilancia de los próximos comicios, según convenio que incluyó al PRD, el más renuente de los tres partidos mencionados.

Morena corresponde a una antigua concepción de López Obrador, creyente desde siempre en la participación directa de la gente en sus propios asuntos. Desde joven administrador pública en La Chontalpa, hasta la conversión del PRD en un movimiento capaz en 1997 de obtener triunfos que modificaron el funcionamiento de la República (una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, y el gobierno capitalino). Logró también encabezar la oposición más permanente a una elección tenida como fraudulenta) y ha salido con la gente a la calle en contra de la desnacionalización de Pemex (que se frenó entre otros factores por esa movilización).

Distante y aun opuesto a la dirección de su propio partido, ahora López Obrador está a la cabeza de un Morena susceptible de actuar en refuerzo de partidos políticos, sin López Obrador. Deliberadamente se ha dejado en la penumbra, o ni siquiera se han pactado, los mecanismos que hagan práctica la formula que han pactado López Obrador y Marcelo Ebrard: Será, de entre ellos, candidato quien esté mejor situado en las encuestas.

Así llanamente hablando, la fórmula es absurda. Los sondeos de opinión pública actúan en una realidad virtual, mientras que la decisión de quién sea el candidato de la izquierda tiene que adoptarse en la realidad real, la de la gente que votará conforme le satisfaga un líder o un partido No objeto la investigación demoscópica como instrumento para percibir algunos rasgos de esa realidad real. Lo que digo, en el caso particular concreto de las encuestas que escogerán entre López Obrador y Ebrard es que dejarán en la inmovilidad a todo un Movimiento, cuyos miembros están listos para actuar y no podrán hacerlo, en espera de que el azar les permita ser escogidos para contestar un cuestionario y de ese modo influir en el resultado, que ha de pasar por la mediación de los sondeadotes.

El azar es realmente azaroso. Aunque desde que cundieron los sondeos electores he tenido un domicilio fijo, soy titular de por lo menos dos numero telefónicos, el de mi oficina y el de mi casa, y ahora el de un móvil) y, hasta hace poco al menos, era un activo participante de la vida callejera, jamás me he topado con quien realice una encuesta. Jamás se me ha preguntado mi preferencia electoral. Y supongo que esta peculiar, y a mi juicio extraña marginación le ha ocurrido a millones de personas. ¿Pueden unos partidos y unos aspirantes confiar su destino en este azaroso azar?

La exposición al público, lo que no puede hacerse sino a través de los medios, es factor, dicen los expertos para contar entre las preferencias electorales. Si eso es verdad, ¿tenía Ernesto Cordero una presencia en los medios como secretario de Hacienda menor que la muy desordenada que se aprecia hoy? ¿Y es únicamente esa exposición pública la que lo hace crecer en las preferencias como se dice que está ocurriendo?

Tengan cuidado con las encuestas, todos. Pueden ser desdichadas.
30 Septiembre 2011 04:00:14
Lorenzo Meyer, absuelto
Lorenzo Meyer es una de las figuras más completas y respetadas de la esfera pública mexicana. Ha hecho una carrera académica digna de reconocimiento dondequiera, por el rigor de su investigación y la penetración de sus análisis. Hace poco más de 20 años resolvió emplear semejantes instrumentos, así como una escritura accesible, a la práctica del periodismo. Como lo saben bien los lectores del Grupo Reforma, su columna de los jueves aborda los más relevantes temas de la actualidad y los examina, sin pedantería ninguna, desde el ángulo de las ciencias sociales. Pero eso no obsta para que asuma una posición propia, nunca neutra. Como ciudadano, es pública su identificación con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, a la que tiene pleno derecho.

El doctor Meyer (que obtuvo ese grado, así como la licenciatura en el Colegio de México, y un posgrado en ciencia política en la Universidad de Chicago), salió avante hace un mes de un litigio civil por daño moral, a que lo arrastraron Carlos Marín, director del diario Milenio, y esa publicación. El juez trigésimo primero de lo civil en el Distrito Federal sentenció que “las pruebas no permiten declarar procedente la acción”, por lo que absolvió “a los demandados de todas las prestaciones”. El juzgador habla en plural porque junto con el académico y periodista la acción civil pretendió alcanzar a la emisora MVS, donde se transmitió el episodio que, sin mencionarlo siquiera, irritó a Marín y lo hizo demandar a Meyer después de un ridículo afán de exhibirlo obligándolo a disculparse públicamente para no ser llevado a los tribunales.

El 21 de junio del año pasado, cercana ya la jornada electoral en Oaxaca, Carmen Aristegui difundió una grabación en que el gobernador Ulises Ruiz formulaba un reprimenda a Raúl Castellanos, su antiguo jefe de prensa, comisionado a la sazón con el candidato priísta Eviel Pérez Magaña. Colérico, Ruiz se extrañaba de que en Milenio se hubiera hecho una entrevista a Gabino Cue, lo que en apariencia contravenía acuerdos entre el gobierno oaxaqueño o su partido y ese diario y su extensión televisiva.

Como todos los lunes, acompañaban a la periodista tres de los intelectuales que con mayor información y conocimiento examinan el entorno: Denise Dresser, Sergio Aguayo y el propio Meyer. Al concluir la grabación, los participantes en la mesa comentaron lo escuchado. Meyer se limitó a decir que en revelaciones de esa naturaleza, que mostraban la relación del poder y alguna prensa: “Salen nombres de periódicos, de órganos periodísticos”.

Marín ni siquiera fue aludido. Sí lo fue el órgano periodístico de la familia González de Monterrey, pero sólo aludido, es decir no mencionado por su nombre. La bravata de Marín, el pedir que Meyer se pusiera de rodillas para pedirle perdón, se convirtió efectivamente en demanda judicial cuando el politólogo, historiador, internacionalista y periodista rehusó de manera expresa disculparse ante el presunto agraviado.

Meyer contó con la eficaz defensa de la doctora Perla Gómez, experta no sólo en la legalidad que rige ese genero de conflictos, sino también una especialista en encontrar el perfil acosador de demandas como ésta y otras que ha atendido. Ha de decirse también que, siendo una relevante académica en varios temas, entre ellos el derecho a la información, la doctora Gómez es también una hábil postulante, capaz de conducirse con éxito en los vericuetos de los juzgados. El hecho es que, como queda dicho arriba, el 29 de agosto pasado concluyó el caso con una sentencia absolutoria. La emisora MVS fue exonerada, y es de gran importancia señalarlo, porque de haber procedido en sentido contrario, habría incurrido en censura a sus colaboradores, que tienen derecho a su propia opinión.

Es posible que los demandantes apelen la sentencia que les fue adversa y el juicio continúe en segunda instancia. Pero por lo pronto, un mes más tarde parecen haberse allanado con la resolución judicial. Sería deseable que así permaneciera, aunque el ardor con que Marín adoptó la defensa de su honor impide considerar este margen.

Desde que el presidente Miguel de la Madrid hizo reformar el código civil, en 1982, al comienzo de su mandato, para incluir el daño moral como atentado a la reputación y el buen nombre de las personas, han menudeado las demandas por ese concepto. Las más de la veces nacieron de la mala fe, del afán de meter en honduras judiciales a quienes, como los periodistas afectados, debieran dedicar su tiempo, sus recursos y su energía al cuidadoso ejercicio de su profesión y no a encontrar la manera de eludir añagazas. No faltó el ánimo mercenario, cuyo propósito era obtener de jueces venales indemnizaciones cuyo monto no guarda relación alguna con la honra que se pretender hacer brillar.

Por fortuna, en mayo de 2006 la asamblea legislativa emitió una ley supletoria de la barbaridad contenida en el código civil. Su extensa denominación iluminas las zonas de la vida ciudadana a que se refiere: Es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Se enumeran así bienes jurídicos que forman parte de la personalidad, es decir del patrimonio espiritual de cada quien, aun el susceptible de ser tasado pecuniariamente pero sin dar lugar a los abusos. Las inercias y los intereses de una porción de la judicatura capitalina han impedido aplicar la nueva ley a cabalidad, en provecho de pícaros que han hecho durar juicios hasta por siete años.
29 Septiembre 2011 04:00:55
Beatriz Paredes
Anda de buenas Beatriz Paredes en estos días. Su amigo y jefe político Enrique Peña Nieto la ungió ya como candidata del PRI al Gobierno capitalino. Y ayer la Suprema Corte dejó viva una, y con ella las 18 reformas a constituciones estatales de tono conservador que sólo fueron posibles por la actitud omisa, o cómplice de una mujer que pasaba por liberal y mostró que no lo es.

Elegida presidenta de su partido tras el desastre electoral de 2006, Beatriz Paredes aparecía como una de las figuras decisivas en el rumbo del PRI y aun del país. Cuando muy tempranamente se esbozaron las posibilidades presidenciales de esa organización, figuró en el horizonte una triada que la incluía sin duda en ese rango, junto con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Pero, a pesar de haber conducido una victoriosa campaña electoral en 2009, la ex gobernadora de Tlaxcala no perseveró y rindió sus armas ante el gobernador del estado de México, del que se convirtió más que en aliada en subordinada. Por instrucciones suyas firmó en octubre de 2009 un acuerdo con el PAN para asegurar que no hubiera coaliciones de ese partido con el resto de la oposición. Peña Nieto necesitaba estar seguro –lo estuvo de todos modos, por otras vías- de que la sucesión en su estado no se convertiría en un obstáculo para su promoción presidencial.

El pacto no funcionó al final, por la volubilidad del Presidente Calderón, pero el documento quedó como prueba de que el Gobierno federal panista y el del Estado de México y los dirigentes de sus respectivos partidos actuaban de consuno a favor de Peña Nieto. Al firmar el acuerdo, y al mantenerlo en secreto, Beatriz Paredes quedó exhibida como mera pieza del mecanismo que haría Presidente al mexiquense.

Con notoria prematurez, Peña Nieto no actúa sólo como el Gran elegido sino que comenzó a hacerlo como Gran elector. En pago a favores recibidos dio su voto a Paredes para que sea la candidata priísta al Gobierno de la Ciudad de México. Tras esa decisión del mexiquense se asoma la soberbia de que generará en provecho de su partido un “efecto Peña Nieto” como el que provocaron en su oportunidad Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de cada uno, independientemente del resultado formal de sus elecciones, fue un impulso poderoso a otras candidaturas, ya sea a cargos legislativos o al Gobierno de la capital, que Santiago Creel disputó muy cerradamente a López Obrador hace once años.

Beatriz Paredes ya intentó gobernar a la Ciudad de México. Hace cinco años sufrió una derrota aplastante a manos de Marcelo Ebrard, que obtuvo más de dos votos por cada uno de los ganados por la después lideresa priísta; los porcentajes fueron 46.37 versus 21.58. Vamos, aun Demetrio Sodi, candidato del PAN, superó a la priísta al obtener el 27 por ciento de los sufragios. Un tercer lugar, con tales diferencias, resultaba del “efecto Madrazo”, que también cayó a esa posición inédita. Pero la derrota implicaba asimismo la fragilísima estructura partidaria y también la reiteración del persistente ánimo de rechazo al PRI que en elecciones locales había ya golpeado a Alfredo del Mazo y a Jesús Silva-Herzog Flores, así como a decenas de candidatos a diputados federales y locales y delegados o jefes delegacionales.

La organización priísta en la Ciudad de México ha empeorado desde entonces. Está dividida y la porción mayor milita en la oposición interna a Beatriz Paredes. En este momento el priísmo capitalino está acéfalo y, en preparación a la decisión peñista de hacer jefa de Gobierno a la ex lideresa nacional priísta, lo encabeza como delegado especial el senador Jesús Murillo Karam, perteneciente al más estrecho círculo de Peña Nieto, en cuya elección hace seis años fue figura relevante. Pero requerirá un gran esfuerzo para al menos desarticular el antiparedismo, ya no digamos para levantar una estructura formal que apoye con éxito a la temprana candidata del ex gobernador mexiquense.

A la satisfacción de saberse ya ungida, Beatriz Paredes acaso agregó ayer un respiro de alivio al terminar el debate en la Suprema Corte de Justicia. Ella no era parte del asunto a resolver, pero sí lo fue en la creación de las condiciones que provocaron la acción de inconstitucionalidad que se ventiló en ese tribunal del lunes al miércoles.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, el conservadurismo social, encabezado por los obispos y el Partido Acción Nacional, emprendió una estrategia para impedir que una reforma liberal y moderna de ese alcance se multiplicara en las entidades. Para ello dieron en reformar las constitucionales locales a fin de inscribir en ellas el derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores panistas no hubieran sido suficientes para construir este blindaje. Se sumaron a ellos, con fervor semejante al de los blanquiazules, diputadas y diputados priístas que hubieran debido actuar de otra manera de haber contado con un liderazgo que, por un lado, evidenciara el carácter de la maniobra y, por otro, hiciera valer principios éticos en defensa de los derechos de las mujeres, una causa a la que siempre se supuso estaban afiliados ese partido y su presidenta.

La Corte discutió si la reforma de marras, en Baja California, era conforme a la Constitución de la república. Siete ministros resolvieron que no se apega a ella, y cuatro votaron en sentido contrario. Pero se requerían ocho votos para derogarla, y por lo tanto la adición conservadora queda vigente.
28 Septiembre 2011 04:00:33
Militares en Baja California
Como si el secretario de gobierno de Baja California fuera un subordinado suyo, a quien reprendió en público, el general Alfonso Duarte levantó una sanción contra el funcionario civil, a quien había prohibido el ingreso a instalaciones militares. La reprimenda estaba fuera de lugar, ajena a toda ley, y por ello mismo el perdón extendido a Cuauhtémoc Cardona carece de sentido. O subraya la subordinación de la autoridad civil a la militar en aquella entidad.

La noche del Grito, mientras conversaba en la recepción oficial del festejo con el gobernador José Guadalupe Millán, el general Duarte vio de lejos a Cardona, que es secretario general de gobierno desde que Francisco Blake Mora dejó el cargo el año pasado para convertirse en secretario de Gobernación. Duarte hizo venir ante sí al número dos de la jerarquía política y administrativa del estado, y como si tratara de un pupilo en falta, al mismo tiempo que lo delataba ante el gobernador le espetó sus defectos: grosero, borracho e irrespetuoso, a quien por lo mismo no quería ver jamás en oficinas bajo su mando. La grabación que captó el episodio muestra a un Cardona sumiso, a quien también se le ordenó retirarse, y a un gobernador silencioso, acaso pasmado por el tono y el contenido del ex abrupto del jefe de la 2ª. región militar.

Éste disfruta de una muy buena reputación por su combate al narcotráfico, que emprendió desde que fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali. Pero ninguno de sus lauros lo autoriza a invadir esferas de acción civiles. Según Duarte, Cardona llegó tarde a la fiesta militar por los Niños Héroes, a pesar de que estaba investido con la representación de Osuna, y cuando llegó mostraba evidencia de estar ebrio.

Una conducta como la descrita por Duarte es, sin duda, merecedora de un reproche oficial, que sólo puede ser formulado por su jefe, el gobernador que, en cambio, cohonesto su comportamiento. Repuesto ya del susto por el regaño del general Duarte, Osuna emitió horas después un comunicado en que confirmaba en su cargo a Cardona, aunque lo obligó a demandar disculpas..

El gobernador había pasado ya por una circunstancia semejante, en que él mismo fue obligado a rendir cuentas ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, que lo hizo comparecer en su oficina a propósito de una sonora denuncia formulada por un antecesor de Duarte al frente de la segunda región militar, el general Sergio Aponte Polito.

Llegado a Tijuana en 2006, en uno de los peores momentos de la inseguridad tijuanense, Aponte Polito emprendió labores por sí mismo, sin ocuparse demasiado de coordinarlas con las autoridades locales. Como si el Ejército fuera autoridad ministerial o policiaca, y no elemento de apoyo a quienes en efecto la ostentan, estableció un contacto directo con la población. Generó un mecanismo de denuncia ciudadana que era, al mismo tiempo, una promesa y un reproche. Se ofrecía un número telefónico y se instaba al público: Llame. Nosotros sí vamos.

Esa forma de obrar permitió al general Aponte no sólo realizar un activismo que se hizo notorio, sino tomar conocimiento directo de la actuación de autoridades locales en la materia, especialmente la Procuraduría estatal de justicia, a cargo entonces como ahora de Rommel Moreno. Ante acusaciones genéricas del comandante militar, el jefe del ministerio público le pidió en público pormenores. Y vaya que los recibió. Un buen número de funcionarios de la Procuraduría, incluida una asesora del propio titular, fueron señalados por el dedo admonitorio de Aponte Polito. Fue la suya una voz que clamaba en el desierto. El procurador Moreno desestimó las acusaciones. Si acaso provocó la renuncia de alguno de los funcionarios mencionados por el militar, pero ninguno recibió sanción alguna.

La denuncia del general Aponte Polito no adquirió tampoco formalidad alguna. Constó en una extensa carta dirigida al diario El mexicano. Lo más que se hizo fue atenuar las tensiones provocadas por la requisitoria del militar entre éste y el gobierno local, haciendo salir de Tijuana al comandante castrense. El gobernador Osuna tuvo que acudir al llamado del general Galván para explicar lo ocurrido. Aponte Polito, por su parte, fue nombrado presidente del tribunal superior militar.

En su carta, como en la conducta de Duarte, Aponte se arrogaba una cierta autoridad, al menos de supervisión, sobre las autoridades civiles. En eso radica la porción más preocupante de esos episodios, que no son por cierto comparables estrictamente por la diversidad de las circunstancias. Pero ambos revelan una sensación de superioridad que riñe con la sujeción del Ejército a normas específicas, que deben ser acatadas, so riesgo de incurrir en descontroles de mayor trascendencia.

No se ha explicado suficientemente, por ejemplo, de dónde partió la orden de allanar el domicilio de Jorge Hank Rohn, al inicio de una acción que terminó mal para la procuración de justicia. Fue inequívoca la participación de tropas militares en el asalto a la casa del empresario de casinos. Entraron en ella sin orden de cateo ni de aprehensión y fingieron flagrancia para introducirse al recinto privado. Luego de la exoneración de Hank debimos conocer la suerte jurídica de los allanadores, que lejos de cumplir su deber incurrieron en delitos. La libertad de acción que al hacerlo mostraron es indicativa de una situación peligrosa, que es la sujeción del gobierno civil a requerimientos militares superiores.
27 Septiembre 2011 04:00:05
Tolerancia y derecho a la vida
Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.

Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.

Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.

Por ejemplo, la Conferencia episcopal mexicana, y la arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, iglesia maronita, Iglesia nacional presbiteriana, la metodista, la Fraternidad de iglesias evangélicas pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.

Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.

El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de abortó. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.

Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: Por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido… por el orden jurídico de una entidad determinada”

La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.
13 Septiembre 2011 04:00:05
Cordero, locuaz y silencioso
Una vez libre de su responsabilidad como secretario de Hacienda, Ernesto Cordero renunció al cargo que desempeñó durante dos años ocho meses, algo que universalmente le era solicitado. No quedará librado a sus propias fuerzas. Indebidamente, el comité panista en el Distrito Federal le prestó sus instalaciones en la colonia Roma. No había hecho con ningún otro de los aspirantes, y eso significa una ventaja leve o intensa en un acto que puede resultar costoso. Si bien el de anteayer no es exactamente equiparable al destapamiento de Josefina Vázquez Mota, ésta pagó con sus propios recursos su inicio de campaña, aunque haya quedado disfrazado por el de gestión de cuentas como jefa del grupo parlamentario blanquiazul en San Lázaro. Tampoco Santiago Creel empezó su recorrido en una instalación oficial, ni del congreso, ni del partido. Cordero lo hizo porque tal vez busque significarse como un aspirante que no se mide con el mismo rasero que los demás.

Dos compañeros suyos en el gabinete, Heriberto Félix Guerra y Alonso Lujambio, renunciaron a su aspiración de ser postulados por su partido. Javier Lozano que tanto se ha caracterizado por su autoritarismo se quedó en la Secretaría del Trabajo y desde allí acompañará a Cordero en su puja por ser lo que hizo Felipe Calderón en 2005.
De modo que quedan en la palestra (así llaman al gimnasio en el norte de Italia) los legisladores con licencia Creel y Vázquez Mota. Es de cuidar que el poblano, antiguo militante priísta, no aproveche su cargo en el gabinete para apuntalar las finanzas de Cordero.

El ex secretario de Hacienda entró en una nueva etapa de su breve carrera política, la primera que le supone contender contra adversarios, ya sea en elecciones constitucionales, ya en la contienda interna panista. Hasta ahora su avance político ha dependido de sólo una voluntad, la de Felipe Calderón, ya sea cuando éste buscó ser candidato del PAN, ya cuando enfrentó a Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo en la pugna constitucional de 2006. Su falta de experiencia en estas lides puede ser un peso difícil de sobrellevar.

Sus primeros andares no han sido afortunados. Dejemos de lado su vínculo con Miguel Ángel Yunes y con Fernando Larrazábal. El domingo mismo ante un apoyo notorio de políticos importantes de su partido, se mostró novato en el habla. La oratoria no es aquello que más le enseñaron, o que con mayor provecho estudió en el ITAM y en la escuela de Economía de la Universidad de Yale, ni entre los corrillos de los militantes primerizos en Acción Nacional. Sus discursos iniciales particularmente el del domingo lo revelaron neófito. Y también machista.

Con una metáfora en desuso que ya ni en el Pri se estila, habló de apretarse bien los pantalones (pero no lo dijo ya como secretario de Hacienda y respecto de mermas en el poder adquisitivo de la población como lo hicieron antecesores suyos) Su metáfora es machista. Habló de apretarse los pantalones como sinónimo de valentía, de fajárselos bien. Es una obvia alusión al pensamiento primitivo que atribuye sólo a los varones y ni de lejos a las mujeres, el valor como prenda personal y menos aún como un rasgo del carácter femenino. No discutiremos aquí, porque sería perder el tiempo la frecuencia y la intensidad con que las mujeres son valientes, a diferencia de los varones, a los que se puede imputar, a menudo, incapacidad de enfrentar circunstancias adversas.

Por lo demás, con bravatas no es conveniente enfrenar al PRI, el de antes o el de hoy.

Al propio Cordero se le puede calificar como carente de ese atributo, la valentía. No obstante que apenas el 7 de agosto fue recibido en Monterrey, en triunfo, por el alcalde de la capital regiomontana, se abstuvo de manifestarle solidaridad una vez que el comité nacional panista lo urgió a pedir licencia en el gobierno municipal a fin de facilitar las indagaciones que tanto la procuración de justicia local, como la dirección nacional del Pan, cada una en su esfera, han emprendido respecto de los casinos de la zona metropolitana de Monterrey.

Menos todavía que la semana pasada Cordero se mostró solidario con Larrazábal. Fue más obvio su silencio ahora porque su responsable de comunicación (que demostró ser lo contrario) lo cobijó en el mutismo que Cordero ha elegido como única manera de no quedar involucrado en un asunto que puede tener graves implicaciones.

Es posible que Cordero quede en disputa con Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel Miranda, únicamente, si como parece el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez se retira de la contienda. Una señal de que puede hacerlo es el pedido que le formuló el gobernador de Guanajuato, José Manuel Oliva (su colega y correligionario en el estricto sentido de la expresión, porque ambos se ubican a la derecha de la derecha de su partido) Al principio de la refriega electoral las identidades ideológicas de Oliva y González Márquez los aproximaron al punto de que pareció apoyo del guanajuatense al gobernador de Jalisco. Pero no sólo no ocurrió así, sino que Oliva se convirtió en propagandista de Cordero, como se percibió anteayer domingo. Oliva quiere que su compañero jalisciense se ausente de la contienda interna. Si eso significa abandono del sector que sigue a González Márquez, este tendrá en efecto que cancelar la búsqueda de su postulación.

En consecuencia Cordero quedará sólo frente a aspirantes distantes de Calderón, que al actuar por su cuenta pueden derrotarlo, una u otro.
09 Septiembre 2011 04:00:44
Ebrard; equívocos y pretextos
Marcelo Ebrard cesó a Martí Batres por expresiones que nunca fueron dichas por el ya ex secretario de desarrollo social del gobierno de la ciudad de México, el líder de Alianza Social, una de las corrientes del PRD, ni siquiera mencionó el nombre de su hasta entonces jefe, y menos aun acompañado de descalificaciones insultantes. El propio Ebrard, o quien le comunicó lo dicho por Batres el viernes pasado, no podrían aducir una prueba, simplemente porque no la hay. Es imposible probar lo que no ocurrió.

Si obró de buena fe, quien dio cuenta a Ebrard del dicho atribuido a Batres, tal vez confundió la declaración de este, expresada en términos generales, con la opinión más específica manifestada por Dolores Padierna, secretaria general de partido al que todos ellos pertenecen. Ella sí fue explícita en deplorar lo ocurrido, y el daño que a sí mismo se había inferido el jefe de gobierno, desde su perspectiva de dirigente de otra corriente perredista y número dos del partido.

Sí es verdad que el joven ex funcionario expresó su desacuerdo con el saludo que Ebrard, pues lo consideró una incongruencia. Lo fue en efecto, pues hasta hace unas semanas el jefe de gobierno había rehusado estrechar la mano del presidente Calderón, pues el partido a cuya postulación presidencial aspira lo ha declarado ilegítimo. Lo hizo el máximo órgano de gobierno del PRD en 2006, y no ha habido modificación a esa postura. Hace unas semanas Ebrard estuvo presente en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por Calderón. Pero cuando llegó la despedida y el Presidente estrechaba una a una la mano de los gobernadores, el del Distrito Federal se apresuró a salir y no dio ocasión a que Calderón “se tomara la foto” con él.

Ahora hizo deliberadamente lo contrario. Por supuesto que el hecho en sí mismo carece de importancia. Pero constituye un símbolo, que acerca a Ebrard a Calderón y lo aleja de una porción relevante del PRD que mantiene la posición radical del congreso de ese partido. El presidente de esa organización, Jesús Zambrano, y el propio Ebrard justifican la presencia y el saludo a Calderón en una razón que es por lo menos insuficiente, o distinta del móvil que condujo al gobernante de la ciudad de México a proceder como lo hizo.

La reunión de marras no fue un acto institucional. No se rindió allí el quinto informe de gobierno del presidente del presidente de la república. Éste había sido presentado la víspera, conforme a la norma constitucional, por escrito y ante el Congreso de la Unión, en la apertura de sus sesiones ordinarias.
Calderón ha estilado, desde que se modificó el precepto que rige aquella sesión, organizar un ceremonia que tiene relieve político pero ningún sustento legal, un acto de relaciones públicas en que habla ante un auditorio cómodo, no el turbulento de la Cámara de diputados en que parte de la oposición al Ejecutivo lo interrumpía pretendiendo interpelarlo. Este 2 de septiembre, como ha ocurrido antes, Calderón habló de corrido, sólo interrumpido por aplausos.

Siendo un acto informal, una reunión de amigos, Ebrard no estaba obligado a asistir, si persistiera en la actitud que observó expresamente a lo largo de casi cinco años. Alega que si lo hizo fue porque además de encabezar un gobierno local, en este momento ocupa la presidencia de un órgano también informal, sin base jurídica, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Cada uno de ellos fue invitado a título personal, por lo que no necesitaban ser representados.

El hecho es que, por un equívoco o a partir de un pretexto, Ebrard despidió a Batres, en el primer episodio de la sucesión en el gobierno capitalino, fenómeno que corre y correrá en paralelo con la presidencial. Del resultado de ésta, es decir de quién sea el candidato a la Presidencia se derivará, conforme a la lógica política, quién sea el candidato a mantener al PRD y sus partidos acompañantes en el gobierno capitalino. Si la elección interna se realiza conforme a lo pactado, y a fin de que nadie gane todo o pierda todo, habrá un acuerdo, no necesariamente explícito, para distribuir el poder, obviamente si la izquierda consigue retenerlo.

Otra cosa será si se revienta el débil lazo que mantiene juntas a las corrientes perredistas. De haber dos candidatos presidenciales, ninguno de los cuales tendría posibilidades de victoria, pues sólo unida tendría la izquierda margen para alcanzarla, el mismo escenario se reproduciría en la capital. Enfrentadas entre sí, ninguna de las corrientes prevalecería sobre otra. Sólo compartirían la derrota.

López Obrador y Ebrard se empeñan por no reflejar entre sí los antagonismos que bullen en las filas de sus partidarios. El ex jefe de gobierno evitó hacer del despido de Batres un casus belli y Ebrard negó que apartar de sí a Batres significara un desafió a López Obrador o hasta una ruptura con él. Si esta se produce, no será por ahora.

Ebrard compuso su gabinete no conforme a un pacto con su predecesor sino, como hicieron sus dos antecesores (a pesar de que ellos tenían fuerza personal para obrar con mayor libertad), para reconocer la existencia de corrientes que necesitan ser equilibradas por una voluntad concertadora. Corre ahora el riesgo de que ese frágil equilibrio en que ha sustentado su gobierno se altere ahora.
Eso le restaría capacidad de maniobra para gobernar durante el breve lapso en que permanecerá al frente del gobierno y sobre todo para apuntalar sus posibilidades de ser candidato.
08 Septiembre 2011 04:00:11
Cordero: Secretario o presidenciable
Hoy será presentado a la Cámara de Diputados el paquete que contiene los criterios generales de política económica para el año próximo y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. La documentación ha sido preparada en la Secretaría de Hacienda bajo la dirección de Ernesto Cordero, que como hizo el año pasado, primero que vivió al frente de esa secretaría, entregará personalmente el instrumento donde se define la política fiscal. Como hizo el 14 de septiembre de 2010, ha de acudir después a San Lázaro para explicar en vivo los contenidos del paquete. Asimismo a lo largo de octubre y la primera quincena de noviembre debe encabezar las negociaciones con los grupos parlamentarios con miras a la votación en cada una de las cámaras.

Sin embargo, puesto que aspira a ser candidato presidencial de su partido, es posible que Cordero ya no está en su oficina cuando se cumpla ese calendario, incluido el día de hoy, si es que presentara su renuncia la noche del miércoles 7, mientras se escriben estas líneas. Puede ser también que continúe en su cargo a lo largo de todo el cronograma, habiendo abandonado su aspiración presidencial. Su futuro inmediato está amenazado por vicisitudes que podrían dejarlo sin ninguna opción, es decir sin su actual cargo en el gobierno y sin la postulación a que aspira.

Como preprecandidato no tiene delante de sí un camino allanado por el simple hecho de ser ostensiblemente el aspirante a quien apoya el Presidente de la República. Calderón refrendó esa actitud en su favor la semana pasada, cuando hizo que Alonso Lujambio, el otro secretario de Estado, dependiente suyo, que permanecía en la búsqueda de la postulación, renunciara a su empeño. Por ser un novato en la vida pública, que sólo ha tenido tres cargos relevantes en la administración pública federal (subsecretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social y ahora responsable de las finanzas nacionales), es una figura poco reconocida por el público. Y como tampoco lo colocan muy por debajo de los dos legisladores que se mueven en busca de ser postulados, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. Últimamente parece haber incrementado sus posibilidades, pero si los sondeos se realizan entre los simpatizantes del PAN sus resultados son inocuos, porque en febrero ganará la candidatura quien haya tenido más votos entre los miembros de ese partido, activos y adherentes.

Para colmo, el azar ha militado contra su aspiración presidencial. Hace exactamente un mes, el 7 de agosto fue recibido con gran alborozo en Monterrey por la corriente que domina al PAN en Nuevo León. Le alzaron los brazos en señal anticipada de triunfo el alcalde capitalino Fernando Larrazábal, que antes lo fue en el municipio vecino de San Nicolás, y Zeferino Salgado que reemplazó en aquel cargo a Larrazábal y ahora es delegado de la SCT en aquella entidad. La algarabía de entonces se ha trocado en pesar para los dirigentes del grupo San Nicolás, encabezado por una triada compuesta por esos dos ex alcaldes y por Raúl Gracia Guzmán, amigo personal de Felipe Calderón, que los indujo al apoyo manifiesto y entusiasta a Cordero, que no ocultaba su satisfacción por la bienvenida que le prodigaron. Hoy, debido a la crisis política en que ha devenido la de seguridad, a Salgado se le recuerda haber recibido el préstamo de un helicóptero de Juan José Rojas Cardona, oscuro personaje de gran presencia en la industria de los juegos de azar. Y Larrazábal está en tal predicamento, que acaso a esta hora ha solicitado licencia a su cargo, como se lo pidió con cierto ánimo de exigencia el comité nacional del PAN.

Esa súbita caída en desgracia del alcalde regiomontano ha servido para que Cordero muestre un lado oscuro de su talante. Ahora reniega del apoyo del grupo San Nicolás y, como dice el dicho, si ha visto a Larrazábal, no se acuerda. En vez de hacerle una seña de solidaridad, se ha sumado a la demanda del sector panista que urge a su más notorio partidario en Nuevo León a hacer mutis. Es una actitud reprobable desde cualquier ética y riñe también con la estética, pues se ve feo que pretenda desconocer su nexo con Larrazábal, cuya evidencia plástica, por casualidad, recorre en estos días toda la República porque figura en la portada de la revista Proceso, el semanario de mayor presencia nacional.

Si Calderón y Cordero resuelven mantener a este último en Hacienda, hasta que el 15 de noviembre sea aprobado el presupuesto de egresos, última fase del correspondiente proceso legislativo, la aspiración presidencial de Cordero puede sufrir mella por el encontronazo con la fracción priísta, que no recibirá de buen modo a quien ha iniciado acciones legales en torno al endeudamiento del Gobierno de Coahuila, que durante cinco años fue encabezado por Humberto Moreira, su actual líder.

Por otro lado, la situación económica y financiera de las principales potencias, salvo China, está sujeta a una fragilidad inestable que afecta inevitablemente a México. El propio Cordero ha reconocido una cierta desaceleración de la economía mexicana, a diferencia del artificial optimismo a que están obligadas las autoridades responsables de la economía nacional. Pero no podría ocultar lo evidente: Si la producción de bienes y servicios en Estados Unidos ha reducido su velocidad y puede llegar al estancamiento y a la recesión, es imposible que sus efectos no se trasladen a México, dos terceras partes de cuyo comercio transcurren en el mercado norteamericano.
07 Septiembre 2011 04:00:25
Agarrar y sacar delincuentes
De nuevo el Presidente ha expresado su hartazgo ante decisiones que estorban a su administración En diálogo con ciudadanos, en un tono más que coloquial, hizo una generalización insostenible, en cualquiera de los dos extremos por los que se la examine “No es porque la traiga contra los jueces, pero ya también empieza uno a cansarse, porque uno los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan”.

Rotundamente no corresponde a la verdad el que con frecuencia la Policía Federal, la Ministerial o las Fuerzas Militares (Ejército y Marina) “agarran” a criminales, es decir los capturan. Lo contrario es más frecuente. Un ejemplo a la mano, presente asimismo en la conversación electrónica que el Ejecutivo sostuvo con algunos de sus gobernados, es el de Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia que disfrutó de la lenidad que conduce a la impunidad durante más de un año. Afirmar en su caso que la PGR lo “agarró” una y otra vez, o que lo intentó siquiera, es falso.

Moreno Díaz fue durante al menos una década beneficiario de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar conductas indebidas en la administración pública. En 1998 fue inhabilitado por un periodo de diez años por una falta administrativa sin trascendencia Y sin embargo, continuó prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad, siempre en ascenso. En aquel año era coordinador de transmisión y transformación y un decenio después, precisamente el periodo en que no debía trabajar para la CFE (ni para ninguna otra oficina del sector público federal) había llegado al lugar número dos de la jerarquía directiva del organismo público debió ser muy competente en su desempeño profesional o formar parte de una red de apoyos e impulsos mutuos; sólo así se explican su permanencia y su trayectoria.

En agosto del año pasado una información del diario texano The Houston Chronicle permitió saber que en San Diego, Cal., se ventilaba un proceso contra la empresa Azunza, por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esa compañía, mediante intermediarios que también estaban siendo enjuiciados, obtuvo contratos en la CFE por cuantías enormes. La dimensión de las ganancias obtenidas en el trato con el organismo mexicano era tal que permitió el pago de comisiones por cerca de tres millones de dólares a un solo funcionario.

Se trataba de Moreno Díaz. La información precisaba que Azunza entregó al número dos de la CFE un yate valuado en un millón ochocientos mil dólares, un automóvil Ferrari, cuyo precio ronda los trescientos mil dólares, y depósitos en cuentas personales del funcionario y de su familia por más de setecientos mil dólares. No era un chisme, no una conjetura, no el resultado de una investigación periodística que debía ser confirmado por la justicia. Era simplemente el reporte de diligencias que avanzaban en los tribunales norteamericanos.

Si la secretaría de la Función pública o la Procuraduría General de la República reaccionaron al respecto, lo hicieron con lentitud. Se permitió además a Moreno Díaz manejar su situación conforme a sus intereses. Se le autorizó una licencia para atender el asunto y el 15 de septiembre se le pidió o se aceptó su renuncia. No fue despedido, pero parecía inminente una acción ministerial en su contra. Sólo la hubo ¡un año después!. Y el resultado de ella es que, por lo menos al mediodía del martes seis de septiembre, Moreno Díaz se halla prófugo de la justicia. Probablemente ha escapado al extranjero de donde será en extremo difícil hacerlo volver. Si se confirman los cargos en su contra, tendrá dinero suficiente para pagar asistencia jurídica que lo mantenga a salvo.

Hay que decir, en honor de la verdad, que la antigua contraloría federal, llamada hoy Secretaría de la Función Pública investigo los bienes del ex director de operaciones. Halló una diferencia descomunal entre sus ingresos legales y declarados y su fortuna: Treinta y tres millones de dólares. Esa opulencia permite suponer que el soborno de Azunza fue sólo un episodio menor en la vida de Moreno Díaz, y que conductas semejantes ha de haberlas repetido una y otra vez. A pesar de eso, sólo fue detenido el sábado. Pero Moreno Díaz estaba informado de la perezosa averiguación en su contra, y oportunamente, hace un mes, el tres de agosto obtuvo la suspensión provisional de cualquier mandamiento judicial para detenerlo. Por eso la jueza Taissia Parcero ordenó su libertad unas horas después de su captura. Y aunque más tarde el juez Jesús Fraustro Macarino informó que había negado la suspensión definitiva y por lo tanto ya era lícito detener al inculpado, éste se había puesto fuera del alcance de la justicia. Se le detuvo el tres de septiembre en el aeropuerto de Toluca. Es probable que desde allí o de otra terminal aérea haya huido del país.

Así que mucho entusiasmo, mucha dedicación para “agarrarlo”, no hubo. No se le capturó una y otra vez. Y, por lo contrario, sólo una vez “lo sacaron”. Es preciso investigar la indolencia del juez que demoró en notificar que había quedado sin efectos la suspensión que protegía a Moreno Díaz Pero también es necesario descubrir la trama de intereses que le permitió prosperar en la CFE. El momento es propicio. En marzo el director de ese organismo bajo tres presidentes, Alfredo Elías Ayub fue relevado por Antonio Vivanco, que coordinaba a los asesores presidenciales, y debe limpiar la casa Así no se podrá culpar a los jueces por las omisiones propias.
06 Septiembre 2011 04:00:17
Cordero: Malas compañías
Candoroso o carente de escrúpulos, Ernesto Cordero está dispuesto a recibir toda clase de apoyos, aun los menos recomendables, con tal de ser candidato presidencial del PAN. El 17 de junio recibió en Palacio Nacional a 70 alcaldes panistas y cuatro diputados locales de la misma filiación. Viajaron desde Veracruz a verlo, traídos a este acto de cargada política que parecía exclusivo del PRI, por Miguel Ángel Yunes, el ex director del ISSSTE y candidato derrotado por Javier Duarte, hoy gobernador de esa entidad. Aunque era obvio que su visita en la sede del poder ejecutivo obedecía al propósito de expresar al secretario de Hacienda su simpatía como aspirante a la postulación presidencial, Cordero los atendió acompañados por personal bajo sus órdenes, en una deliberada confusión de sus papeles de miembro del gabinete federal y precandidato.

Unas semanas más tarde, Cordero viajó a Monterrey dentro de su gira de proselitismo. Allí fue recibido, el 7 de agosto, por el alcalde de esa ciudad, Fernando Larrazábal y el delegado de la secretaría de Comunicaciones y transportes, Zeferino Salgado. El primero de ellos, está hoy envuelto en un grave conflicto político penal, la crisis del juego en Nuevo León. Por su parte, Yunes, una y otra vez señalado con evidencias documentales de conductas públicas ilícitas, se lió en una reyerta con Elba Ester Gordillo, su antigua protectora, en que ambos sacaron sus trapitos al sol. La presidenta del sindicato magisterial podría proveer a Cordero de suficiente información sobre Yunes. Imagino que el secretario de Hacienda mantiene buena comunicación política con ella. ¿O no la profesora, aunque distanciada del Presidente, apoya en la contienda por la gubernatura de Michoacán a Luisa María, la hermana de Felipe Calderón?

LarrazÁbal y Salgado forman parte de la neocúpula, como llaman en Monterrey a la triada que desplazó del mando panista a los grupos tradicionales. El tercer miembro de ese núcleo, y quien organizó el apoyo del alcalde y el director del centro SCT al secretario de Hacienda es Raúl Gracia Guzmán, que es una suerte de delegado presidencial en Nuevo León. Aunque se desempeña en una posición en apariencia menor, miembro del consejo estatal de la judicatura, participa en decisiones relevantes y protesta contra medidas que lesionan a su grupo. Tuvo una diferencia, por ejemplo, con Fernando Canales Stelzer, secretario del Ayuntamiento de san Pedro, por el despido de un funcionario amigo de Gracia Guzmán. El episodio es parte de las permanentes tensiones entre los grupos que se disputan el poder panista en aquella entidad. Quizá haya sido el propio Gracia Guzmán, para no contaminar a su candidato con el pleito interno, quien le haya sugerido que antes de participar en el mitin que le prepararon sus cofrades Larrazabal y Salgado se reuniera con la paleocúpula; Alejandra Sada, José Luis Coindreau, Fernando Margain y el mencionadl Canales Stelzer, hijo de quien ha sido el único gobernador panista en Nuevo León y fue en el gobierno de Vicente Fox secretario de Economía y de Energía.

Gracia Guzmán y Calderón fueron diputados en la LVIII legislatura, en que el ahora presidente de la república coordinó a la fracción panista. De ese vivero Calderón ha nutrido su equipo: Cuatro secretarios de estado, dos de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, una de educación pública, Josefina Vázquez Mota, y quien era su suplente y ahora es titular de la reforma agraria, Abelardo Escobar, formaron parte de esa legislatura. De allí provinieron también el primer secretario particular de Calderón, César Nava, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y el embajador Emilio Goicoechea. Otros varios legisladores son delegados de secretaría de estado, y otros representantes informales del Presidente.

Ése es el caso de Gracia Guzmán. Con Larrazábal y Salgado forman el grupo san Nicolás (la neocúpula), que domina en el PAN estatal y en ese municipio, donde se le conoce como la Santísima Trinidad. Larrazábal y Salgado fueron presidentes municipales de esa demarcación, y los sucedió Miguel Ángel García Domínguez, ahora secretario de desarrollo humano en la alcaldía de Monterrey, cuyo nombre ha salido a relucir con motivo de presuntas negociaciones entre ese gobierno local y dueños de casinos irregulares, que después entregaron dinero a Manuel Jonás Larrazábal, actualmente arraigado mientras la procuraduría estatal consigue formularle una acusación que lo haga procesar penalmente.

No es la primera vez que miembros de ese grupo se ven mezclados en tratos turbios con la industria del juego. Cuando Salgado fue alcalde de san Nicolás aceptó recibir en comodato un helicóptero de parte de la empresa Entretenimiento de México, SA de CV, propiedad de Juan José Rojas Cardona, a quien se denomina “el zar de los casinos” en la zona metropolitana de Monterrey. Fue tal el escándalo por ese préstamo de uso, que el ayuntamiento de san Nicolás fue obligado a devolver la aeronave. (Proceso, 4 de septiembre)

No obstante haber protagonizado ese episodio (o por eso mismo), Rojas Cardona se dice víctima de extorsiones. La semana pasada participó en un foro organizado por diputados que dan seguimiento al problema de los casinos, en función del incendio deliberado del Royale, que provocó la muerte de 52 personas. Rojas Cardona “acusó a gobiernos municipales y al estatal, que encabeza Rodrigo Medina, de fomentar la corrupción en contra de los empresarios de esa industria (Reforma, 3 de septiembre).
01 Septiembre 2011 04:00:57
Los Larrazábal
Hasta ahora se conocía la actividad de dos miembros de la familia Larrazábal, por generaciones residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, pero ahora con un pie, o dos mejor dicho, en Monterrey. Fernando es el alcalde de esa ciudad y pertenece al PAN. Su hermano, que permanece en Oaxaca, ha aspirado a ser gobernador de esa entidad postulado por el PRI. Ahora se ha hecho público el trabajo de Marcos Jonás, el tercero de esos hermanos: Con abundancia gráfica, Reforma lo mostró recogiendo dinero en efectivo en casinos. No se sabe si era sólo mensajero, empleado encargado de la colecta de cuotas por protección, o si la practicaba por su cuenta.

Sus hermanos tienen biografías singulares. Jaime ha tenido desempeños menores en la burocracia oaxaqueña. A lo más que llegó fue a secretario particular del gobernador interino Pedro Vázquez Colmenares y a secretario de desarrollo urbano con José Murat, de quien después se distanció. Arquitecto, se dedica a la construcción. Durante el gobierno de Ulises Ruiz fue asesor de Eviel Pérez Magaña, a quien acompañó en su gira electoral que terminó en derrota ante Gabino Cue.

Vivió en la ciudad de México durante algunos años, trabajando para la administración de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, que lo llevaron a la Asamblea de representantes del Distrito Federal, en 1991. También fue diputado federal, que transitó por San Lázaro sin gloria ni pena.

El triunfador de esa familia es Fernando quien, como se dice, instaló una paletería en el Ártico, es decir ha prosperado en sus negocios en la capital de los emprendedores Simultáneamente ha tenido una breve carrera política, siempre ascendente. A diferencia de su hermano Jaime, que se formó en la universidad local oaxaqueña, Fernando es ingeniero graduado en el Tecnológico de Monterrey. Es socio, con su primo Adrián Lafitte Bretón, en la Constructora Labre. Ese su pariente ha participado también en política. Es diputado local. Era suplente cuando hace unos meses el propietario Enrique Pérez Villa fue elegido lider del PAN regiomontano. Larrazábal controla también la empresa Abastecedora técnica de materiales y equipos.

El concomitante ejercicio de tareas públicas y privadas le ha permitido agrandar una fortuna que ya era abultada cuando fue alcalde de san Nicolás de los Garza. Pasó de 16 millones de pesos a 56 millones. Comprende por lo menos seis inmuebles en ese municipio, en Monterrey y Guadalupe, y en el estado de Morelos. Es probable que los tenga también en su estado natal, donde Jaime cuida de sus intereses.

Luego de su debut como gobernante municipal el presidente Fox lo nombró director del Comité administrador del programa federal de construcción de escuelas, cargo del que no salió bien librado. Su principal escollo fue erigir en tiempo limitado, para que Fox pudiera inaugurarla con fines electorales en junio de 2006, la Biblioteca José Vasconcelos. Un hermoso proyecto del arquitecto Enrique Kalach se convirtió en desastrosa realidad.
Después de su inauguración, muy festejada por la pareja presidencial, el edificio tuvo que ser cerrado al público, pues mostraba graves defectos. El principal de ellos, sin embargo, no era de naturaleza funcional sino pecuniaria. El costo de la obra saltó de novecientos a dos mil trescientos millones de pesos. La determinación de esas irregularidades redundó en la inhabilitación de un cierto número de funcionarios, al cabo de una indagación realizada por la secretaría de la Función pública. No se implico formalmente en ningún momento a Larrazábal.

Una probable causa de su exoneración fue el nexo que mantenía con la pareja presidencial. Tiempo más tarde vino a saberse, a través de Reporte ïndigo, que el ahora alcalde de Monterrey estableció una compañía constructora en Texas, dos de cuyos socios remiten a aquella relación. Se trataba de Carlos Rojas Magnon, amigo eminente de Fox, y administrador de la casa presencial apartado de sus funciones por el costo excesivo de menaje para Los Pinos. Y de Guillermo Sahagún, hermano de la señora, envuelto en más de una operación mercantil al amparo de su apellido. También se supo entonces de una cuenta millonaria en el Texas capital bank, cuyos fondos quizá no fueron incluidos en la declaración patrimonial de Larrazábal .

Éste volvió a Nuevo León a continuar su brega política, que lo llevó a la legislatura local, donde coordinó a los diputados panistas. En el 2009 participó con ardor en la disputa interna por la postulación de su partido al gobierno de Nuevo León. Cuando el comité nacional del PAN decidió en mala hora dar un dedazo a favor de Fernando Elizondo (que no lo necesitaba, pues hubiera triunfado en la contienda panista, por sus méritos y su fuerza), Larrazabal se irritó. Para aplacar sus ánimos alebrestados, que se temió se tradujeran en una defección, se le ofreció la candidatura a la presidencia municipal regiomontana. Aceptó a regañadientes, pero actuó de tal modo que el resultado sorprendió a todos: Elizondo perdió la gubernatura, principalmente porque se le regateó el voto de sus afines en la capital, que en cambio votaron alborozados por Larrazábal.

El alcalde salió de inmediato, ayer mismo, a deslindarse del señalamiento a su hermano. Tiene razón al afirmar que él tiene responsabilidades personalísimas en el ayuntamiento regio, pues él y no su familia fueron elegidos hace dos años. Pero al hablar de esa manera quiso enfrentar prematuramente el que se le imputen los cobros realizados por su familiar. Nadie ha dicho que eso pudiera suceder.
31 Agosto 2011 04:00:27
El PRD y el Trife
Acudir al Tribunal electoral del poder judicial de la Federación ha solido generar conflictos en el PRD. Esa instancia judicial resolvió que Jesús Ortega fuera el presidente del partido hace cuatro años, en vez de decretar la nulidad del proceso interno. Y con ello radicalizó las rivalidades entre los grupos contendientes. El propio tribunal resolvió que la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, hace dos años, no fuera Clara Brugada, lo que dio origen a nuevas pugnas internas. Sin embargo, merced al activismo de Andrés Manuel López Obrador y tras complicadas maniobras políticas, Brugada quedó al frente de esa demarcación. Antes, el Trife (como sigue llamándosele por economía de esfuerzo) había obligado al PRD a presentar en Tlaxcala una candidatura que no quería impulsar.

Ahora ese partido se enfrenta a serias dificultades, derivadas de nuevo de otro fallo de la sala superior del TEPJF. El jueves pasado ese órgano resolvió a favor de militantes encabezados por el senador Carlos Sotelo, que son inválidos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional perredista, que prorrogaron indebidamente el mandato de sus consejos, congresos y direcciones. Los integrantes de esos órganos deberían ser sustituidos en marzo pasado, pero se alargó la vigencia de su elección hasta diciembre próximo. El tribunal electoral dispuso que no sea así, y fijó el 15 de noviembre como límite para la integración de nuevos órganos. Paradójicamente, autorizó al consejo nacional, declarado ilegal, que restaure la legalidad interna mediante la convocatoria a elecciones.

Anteayer lunes, la comisión política nacional acordó acatar (no le quedaba otra salida) la resolución del tribunal, aunque hacerlo no será sencillo. La dificultad consiste en que conforme a los estatutos de partido son los comités seccionales los que deben elegir a consejeros y congresistas, y no existen tales comités. De modo que, a marchas forzadas, deberán organizarse esos órganos, cuyo número es apabullante: Como su nombre lo indica, debe funcionar uno por cada sección electoral, que suman 65 mil en total. Ante la gigantesca labor de organización que ello implica, la dirección perredista podría optar por una elección directa de sus líderes estatales y nacionales. Pero el PRD ha vivido experiencias amargas en ese tipo de comicios, y seguramente se llegará a ese extremo sólo en caso de necesidad última.

El tiempo de que dispone el PRD está regido por la legislación electoral, es decir que no puede ya aplazar la integración de nuevos órganos. En el colmo de la desorganización, si no sale bien librado de este brete, ese partido podría quedar inhabilitado para participar en los comicios del año próximo. Es una posibilidad remota, pero las querellas interiores y la desorganización que priva en ese partido podrían generar ese desenlace extremo.

Aunque a las corrientes que con Sotelo a la cabeza le asistía la razón jurídica y el tribunal así lo reconoció, el legislador colimense actúa movido por fines personales y de grupo, no en aras del imperio de la ley en su partido. Sotelo fue durante largo tiempo uno de los dirigentes de nueva izquierda, la corriente hasta ahora mayoritaria. Pero rompió con los chuchos y formó su propia tribu, a cuyos intereses conviene una recomposición de los órganos directivos, a efecto de contar en ellos con alguna representación. Su propósito era impedir la realización del Congreso nacional citado para el 20 de agosto. El tribunal hacía programado el desahogo del caso en fecha previa, pero a última hora lo aplazó para el viernes pasado. Con esa demora el tribunal generó nuevos problemas, pues si el Congreso se reunió fuera de la ley, sus acuerdos son nulos. Y cuando el procedimiento se reponga, al filo de la contienda interna por la candidatura presidencial, la cuestión de la validez de los acuerdos congresionales significará un nuevo escollo para el partido.

Otro asunto de interés para el PRD aguarda en el tribunal. Alejandro Encinas inició el 19 de agosto, junto con los dirigentes de la coalición que lo postuló al gobierno del estado de México, un juicio de revisión constitucional sobre la legalidad de los comicios del 2 de julio en esa entidad, en un proceso que formalmente ha concluido al punto de que el candidato del PRI, Eruviel Ávila, es gobernador electo y se dispone a relevar a Enrique Peña Nieto en el primer minuto del próximo 16 de septiembre.

Encinas ha organizado una argumentación sólida que muestra la inequidad del proceso electoral, por la intervención abierta del gobierno estatal, la parcialidad de los medios de comunicación y, lo que es más importante, del consejo general del Instituto electoral del estado de México. Pero quizá la pieza más contundente de su alegato consiste en mostrar el exceso de gasto en que incurrió la coalición Unidos por ti, integrada por el PRI, el Partido
Verde y el Panal. Sólo en materia de propaganda esa alianza habría superado el tope fijado por la autoridad electoral en 180 por ciento. Y conforme datos ofrecidos por la propia coalición, el monto del gasto en total sobrepasó en 680 por ciento el límite autorizado, y llegó a 1,600 millones de pesos.

La sala superior pone el acento en establecer si esos abusos son o no determinantes del resultado final. Es fácil decretar que no lo son, por más abultado que sea el exceso. Pero al resolver en esa dirección, se consagra el principio antidemocrático de que es “más rentable violar la ley que cumplirla”, según ha escrito el propio Encinas.
30 Agosto 2011 04:00:47
Hank Rohn y la ilegalidad
Un tribunal federal dejó el jueves pasado en completa libertad a Jorge Hank Rohn. La jueza Blanca Evelia Parra Meza había dado el primer paso en esa dirección el 15 de junio, luego de que el ex alcalde de Tijuana y 10 empleados suyos habían sido detenidos 11 días atrás, acusados de acopio de armas. La Procuraduría General de la República impugnó ese fallo, pero la resolución de primera instancia fue confirmada. Por lo menos respecto de ese caso, el primero por el cual fue llevado ante la justicia, el hijo del profesor Carlos Hank González puede respirar con alivio.

Pero la sociedad no puede hacer lo mismo. Se lo impiden varios factores. Uno inmediato es la reiterada incapacidad del Ministerio Público Federal para sostener acusaciones que han conducido a prisión a los imputados. En el caso de Hank Rohn y su personal el lapso de detención fue breve. Pero Gregorio Sánchez, el ex alcalde de Cancún detenido en mayo del año pasado, y cuyo caso citamos porque también lo perdió la PGR la semana pasada, fue recluido durante más de un año, al cabo del cual resulta que no cometió los delitos que se le atribuyeron.
Más a menudo de lo que quisiera subrayo y lamento la negligencia o corrupción que lleva a la procuración federal de justicia a la frustración de sus acusaciones. Pero es que con la misma o mayor frecuencia los tribunales desestiman los expedientes ministeriales porque carecen de indicios para librar órdenes de aprehensión o iniciar procesos.

En el caso de Hank la Procuraduría General de la República acaso tenga una atenuante, que de cara al interés general es su contrario. La PGR se vio obligada a una misión imposible: legalizar una actuación militar notoriamente falta de sustento, y que no puede dejarse pasar como si no hubiera ocurrido. En la madrugada del 4 de junio, miembros del Ejército irrumpieron en el domicilio de Hank Rohn en Tijuana. Puesto que no portaban órdenes de cateo ni de aprehensión, fingieron que perseguían a unas personas en flagrancia. El parte castrense del que tuvo que partir el Ministerio Público contenía un relato inverosímil que fue contradicho con eficacia por la defensa de Hank.

Se trató de un allanamiento ilegal. Ésa es hoy la verdad jurídica firme que coincide con los hechos de la realidad. Pero hay problemas pendientes. En un cuerpo sujeto a severa disciplina, como el Ejército federal, alguien tuvo que dar la orden de entrar en la casa de Hank Rohn y aprehenderlo. Si nadie emitió ese mandamiento, estamos frente a un peligroso caso de descontrol que no debería ser desestimado por la propia autoridad castrense. Pero hasta ahora no se ha alegado que los soldados actuaran por su cuenta. Perpetraron la invasión a un domicilio particular en acatamiento a sus superiores. No es posible soslayar ese hecho, que no puede quedar sin castigo. Si se pasa por alto lo ocurrido, y si se tiene en cuenta la eminencia económica, social y política de la víctima –además de ser presidente municipal de Tijuana, Hank Rohn fue candidato priísta al Gobierno del Estado--, lo que le sucedió el 4 de junio puede afectar a cualquier persona. Se requiere que la autoridad militar, y aun la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas explique lo sucedido, al margen del procedimiento penal ya zanjado.

El 15 de junio, cuando la instancia federal dejó a Hank Rohn libre por primera vez, la procuraduría local lo retuvo, imputándole responsabilidad en la muerte de la joven Angélica María Muñoz, que a la sazón (agosto de 2009) era, o había sido su nuera, o novia de su hijo Sergio Hank Strauss. El Ministerio Público local pretendió arraigar al ex alcalde, pero un juez no encontró elementos para hacerlo. Hay allí otra ilegalidad que no debe ser pasada por alto. Si la procuraduría local ha encontrado elementos, por ahora insuficientes, para acusar de ese homicidio a Hank Rohn, debe perseverar en su propósito de llevarlo a juicio. No es admisible que simplemente hubiera querido montarse en la circunstancia que vivía el empresario del juego y después olvidarse de la acusación que murió en ciernes.

Cuando Hank Rohn fue detenido el 4 de junio una inexacta noción popular de la justicia permitió suponer que al fin debería responder de las muchas culpas que se le atribuyen. En consecuencia, se generalizó un ánimo de desesperanza en Tijuana porque esa imaginaria posibilidad se frustró al quedar en libertad el imputado. Su temperamento y el poder de su dinero han hecho que su vida personal y sus negocios transcurran en el lindero de lo legal y de lo ilícito. El enorme predio en que construyó su casa y un fraccionamiento de lujo era un terreno federal cuyo uso estaba determinado en la concesión del hipódromo que su padre obtuvo para él, y cuyo destino logró alterar con gran provecho.

Más grave aún –porque los delitos patrimoniales son siempre de menor relevancia que los que privan de la vida—ha sido la no insensata creencia de que Hank Rohn ordenó la muerte de Héctor Félix, cofundador del semanario Zeta, y posteriormente de uno de sus editores, Francisco Xavier Ortiz Franco. No ha habido procurador de justicia, pertenezca al PRI o al PAN que se haya atrevido a incluirlo en una averiguación previa por esos homicidios. El jefe de su servicio de seguridad paga en prisión por la autoría material del asesinato del Gato Félix, pero el autor intelectual se libró del reproche penal que alcanzó a su subalterno. Hank Rohn es así beneficiario de la ilegalidad, en la que él incurre y aun de la que lo hizo víctima
26 Agosto 2011 04:00:17
Beltrones y el entusiasmo libanés
Se cita con frecuencia la frase del presidente López Mateos: “Quien no tenga un amigo libanés, ¡que lo busque!”. La expresión consta en un muro del club social y deportivo de esa comunidad en la ciudad de México. El miércoles comió allí el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, invitado por la mesa directiva del Centro Libanés. Fue recibido con entusiasmo que acaso va más allá de la cortesía y que muestra que el senador sonorense no tiene necesidad de buscar amigos en esa comunidad, pues ya los tiene.

El discurso del presidente del Centro, Napoleón Fillat Martínez fue particularmente caluroso, y aplaudido, como lo fueron también las palabras del legislador, y aspirante a la postulación presidencial de su partido. El hecho más significativo de la reunión fue la presencia de Carlos Slim, con mucho el miembro más eminente de esa comunidad. En la actual coyuntura preelectoral, el que haya estado con Beltrones el hombre más rico del mundo no significa necesariamente el que éste apoye a aquel. No será extraño verlo en alguna otra reunión con algún otro presidenciable o candidato. Pero un hombre tan ocupado como Slim podría haberse excusado de participar en el encuentro del miércoles, o mostrado alguna reticencia ante el modo de recibir a Beltrones. No lo hizo.
Fillat Martínez es un joven abogado, por lo que se ve ganoso de participar en la vida pública. Preside la Asociación democrática de abogados y recibió de otra agrupación de ese gremio, el Colegio de abogados Foro de México, la presea Eduardo García Máynez, llamada así en honor de uno de los grandes juristas mexicanos. Escribió un capítulo titulado “La obra pública municipal”, en un libro coordinado por Jorge Fernández Ruiz, notable profesor de derecho administrativo y miembro del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM.
Actualmente Fillat Martinez es director de prevención del delito de la Secretaría de seguridad pública del Distrito Federal.

No es extraño que los presidenciables busquen, o se hagan invitar a reuniones de las comunidades de migrantes más activas y presentes en la vida mexicana, la judía y la libanesa. No lo hacen únicamente, por lo demás, quienes aspiran a la Presidencia de la república. También muestran su interés por relacionarse con esas comunidades candidatos como Luis Felipe Bravo Mena, quien como parte de su campaña por el gobierno mexiquense se reunió en junio, precisamente un mes antes de la elección, con el comité central de la comunidad israelita mexicana.
Seguramente el panista tuvo presente que más de la mitad de esa comunidad en todo el país habita en el estado de México, especialmente en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan.

Así lo hizo notar, por su parte, el gobernador Peña Nieto durante su visita a Israel, en enero del año pasado. Fue recibido con el protocolo reservado a los jefes de estado y de gobierno nacionales, inaplicable a un gobernador estatal.
Se entrevistó con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Un año más tarde, recibió en Toluca al Gran rabino azhkenazi de Jerusalén, Yona Metzger. En esa ocasión, además de David Korenfeld, secretario de aguas del gobierno mexiquense y ex alcalde de Huixquilican, estuvo presente, ya en su carácter de persona privada, el ex procurador Alberto Bazbaz, de quien Peña Nieto tuvo que prescindir a causa del escándalo provocado por la muerte de la niña Paulette Gebara.

Las comunidades libanesa y judía no son homogéneas políticamente. Por lo tanto, los políticos en campaña que las procuran no andan allí en busca de votos. Lo que les interesa es el aval de los miembros de esas comunidades, que tienen una presencia relevante en el mundo de los negocios. Tampoco pueden esperar de ellos aportaciones financieras relevantes, por un lado porque la legislación electoral impone límites y condiciones al financiamiento privado, y por otro lado porque esas comunidades tienen tal fuerza por sí mismas que no requieren asegurarse el favor gubernamental por esa vía abierta..

Se sabe que, pragmáticamente, grandes empresarios de esas comunidades diversifican sus aportaciones y las entregan a más de un partido. El más próspero entre ellos, al mismo tiempo el hombre más rico del mundo, así procede y también administra su presencia y su acompañamiento a candidatos en esa misma dirección. Hace una década era notoria su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Tenían, sí, intereses públicos en común, como el apoyo a la resurrección y prosperidad del Centro histórico de la ciudad de México, pero adicionalmente los aproximaba el ejercicio de una intuición y una sensibilidad común. Luego se distanciaron, pero aun así el ex jefe de gobierno se ha mostrado cuidadoso en no denostarlo, como hace en cambio con quienes llama miembros de la mafia del poder.

Como quiera que sea, a Beltrones le vino muy bien ser invitado al Centro Libanés. Se aproxima la definición del modo y momento en que el PRI resolverá la sucesión presidencial y el senador sonorense intensifica su presencia en la atención pública. Dentro de dos semanas quedará en posición ventajosa frente a Peña Nieto, pues su papel como presidente de la mesa directiva senatorial le permite ser visto y hacerse oír de manera natural. En cambio, cuando el 16 de septiembre Peña Nieto deje de gobernar a los mexiquenses, perderá reflectores.
Es seguro que, según las lecciones de su tío y protector (que así procedió hace seis años) su pacto con Televisa se extienda más allá de su gestión. Pero ya no será lo mismo.
25 Agosto 2011 04:00:34
Balas y bolas en Torreón
Los dueños del futbol mexicano, ante sus tribulaciones en Torreón, debieran acudir en busca de consejo a esos penetrantes teóricos de la ciencia política que son Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. El primero es autor y el segundo repetidor de esa fórmula mágica para esclarecer situaciones confusas: No se hagan bolas. Respetar ese sabio consejo pondría paz en las canchas de futbol y en Bucareli, donde igualmente priva la confusión.

Alarmados por la balacera del sábado al anochecer en la metrópoli Lagunera –que por fortuna no privó de la vida a nadie, ni originó un tumulto que hubiera tenido saldo mortal--, los dueños del futbol demandaron al gobierno federal una solución que, de aplicarse tal como lo barruntaron, no sólo no resolvería el problema planteado la semana pasada, sino que probablemente generaría otros más.

Los potentados del balompié mexicano quieren que se incremente o se instale la presencia de fuerzas federales fuera de los estadios. No tienen en cuenta que precisamente la presencia policial en las inmediaciones del estadio Corona fue la chispa que prendió un fuego que por ventura fue fugaz e inocuo, si bien generó pavor entre los jugadores y el público en general. Según ha expuesto el jefe de la policía torreonense, Adelaido Flores, el ataque fue fortuito, resultado del encuentro casual de una patrulla municipal y un convoy de tres vehículos en que viajaba gente armada. No se pretendió agredir al estadio, ni al jefe policiaco, como irresponsablemente espetó el subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez.

De no haber estado allí la patrulla municipal no se habría producido el enfrentamiento, provocado por la insolencia criminal, que se pasea por la Comarca Lagunera sin temor alguno. El patrullaje policial debe abarcar la ciudad entera, sin desatender el foco de eventual conflicto que puede resultar de la aglomeración en torno del futbol. Pero disponer que la Policía, cualquiera que sea, se estacione a unos metros del estadio respectivo, no sólo implica que se privatice un servicio público, en beneficio del comercio futbolístico, sino que significa colocar un blanco fijo ante tiradores de cualquier calaña.

De atender el gobierno federal el pedido de los ceresos de la patada –como parece que ya lo hicieron el martes en Monterrey, donde fuerzas militares infundieron confianza en los espectadores—tendrían que hacerlo también en las inmediaciones de los foros donde se tocan conciertos musicales y se reúnen multitudes, y aun a las afueras de los cines y los teatros, o los centros comerciales que tanta gente atraen, o los establecimientos escolares de asistencia masiva. La experiencia de la vigilancia bancaria debería ser útil para enfocar la nueva situación: Los gobiernos estatales o municipales no tienen por qué concentrar sus fuerzas de seguridad en las sucursales bancarias. Dentro de esos lugares, y también en el entorno inmediato, los bancos cuidan y pagan la seguridad de sus clientes. Lo cual, por supuesto, no exime a las autoridades de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en la vía pública en general. El pingüe negocio futbolero debe incluir entre sus costos la seguridad de su clientela, pero no trasladar la responsabilidad y el importe respectivo a las autoridades que apenas se dan abasto para medio ejercer vigilancia en bien de los ciudadanos en general.

Salvo que el presidente del PRI Humberto Moreira imagine o sepa que el ataque provocador del sábado es parte de la campaña propagandística en su contra, y lo denuncie específicamente, lo ocurrido en Torreón es parte de la ingobernabilidad suscitada por la frivolidad y la codicia del gobernador con licencia. Con sobrada razón, ahora se mira detenidamente el descomunal endeudamiento en que incurrió Moreira, y en los dolosos modos de acumular esa deuda, que acaso sirvió a los coahuilenses como se argumenta, pero no deja de ser ilegal y por lo tanto punible. Poco antes se reparó, no con la atención necesaria, en los manejos pecuniarios de Vicente Chaires, un ayudante adosado a Moreira durante quince años. Tanta ha sido la proximidad profesional entre ambos que es difícil aceptar que el gobernador ignoraba los pasos de su asistente cercano.

Esos relevantes episodios no han velado por completo el principal reproche que gran parte de la sociedad coahuilense enderezó contra Moreira desde los tiempos en que su auge político era únicamente local. La inseguridad se extendió por todo el estado con sus diversas manifestaciones. La muerte violenta y los varios tipos de privación ilegal de la libertad han afectado a cientos de familias. No ha sido suficiente la coartada de los gobernantes estatales, de que la persecución de los principales y más frecuentes delitos corresponde al fuero federal. Fondos destinados a las policías municipales, otro flanco débil en este fenómeno, fueron regateados por el gobierno estatal, o se atoraron en sus arcas durante un tiempo. Lo denunciaron varios alcaldes, entre ellos Eduardo Olmos, priísta como Moreira, que pronto lo pensó mejor y se retractó. Es de esperar que no haga lo mismo respecto del telefonema a Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal. Lo llamó al comienzo de la semana pasada para solicitarle ayuda ante un inusual activismo de bandas locales, que la policía a sus órdenes no estaba en capacidad de contener. Rosas ni siquiera acusó recibo, no obstante que el alcalde Olmos dejó recado con el secretario particular del omiso funcionario federal.
24 Agosto 2011 04:00:44
Aniversarios luctuosos
Hace tres años, en una aparatosa ceremonia efectuada en el Palacio Nacional, el empresario Alejandro Martí lanzó la excitativa que le dio celebridad: “Si no pueden, váyanse”. Nadie hizo caso a su indignada petición. Ninguno de los destinatarios renunció a su cargo. Todos disimularon, como si la exigencia se dirigiera a otros. Ha transcurrido tanto tiempo desde aquel aplaudido reclamo -lo aplaudieron aun sus destinatarios, a sabiendas de que lo ignorarían y nadie más exigiría su cumplimiento- que un buen número de los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ya no están en sus cargos, pero no por pudor ante su ineficacia, sino porque vencieron los plazos para los que habían sido elegidos o nombrados.

De los funcionarios suscriptores del Acuerdo sólo se fue Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República. Pero no lo hizo como resultado de una sanción impuesta por su jefe el Presidente de la República. De haber sido así, su cese no se hubiera traducido en un exilio dorado. Es el embajador ante la Corona británica, con las comodidades y aun los lujos que se deparan a algunos representantes diplomáticos, no a todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Tres años después, los ardores de Martí han menguado. No me refiero (no tengo derecho alguno a hacerlo), a su dolor por la pérdida de su hijo Fernando. Ésa es una sensación imperecedera, inextirpable. Lo digo porque al parecer la exigencia del dueño de la afamada cadena de tiendas de ropa y equipo deportivo, y de centros de acondicionamiento físico no insiste en que los inútiles se marchen. Ahora se limita a descalificar a algunos de los protagonistas. Se hacen tontos, dijo de los gobernadores que eluden el cumplimiento de sus responsabilidades, por cuya causa ha crecido descomunalmente la cuantía de los delitos del fuero común. Parece no considerar que no se ha hecho cabal justicia en el secuestro y asesinato de su hijo, enredadas como están la Procuraduría del DF y la Secretaría Federal de Seguridad Pública en señalar los procesados que cada una de dependencias sostiene que cometieron tal crimen.

Al contrario, Martí participó junto con otros dirigentes de organizaciones civiles, en una reunión concentrada en señalar la negligencia, omisiones y complicidades de los aparatos estatales de Gobierno. Nadie objeta el contenido de esa denuncia, sostenida en la contundencia de las cifras aportadas por México evalúa, una oficina encargada por propia decisión del examen numérico de diversos fenómenos sociales, incluida la criminalidad. Es justo, y útil, el reproche a los gobernadores indolentes. Pero de allí no debería desprenderse una exculpación de las autoridades federales, tan semejantes a las estatales en su falta de respuesta a esenciales necesidades colectivas.

Allí tiene usted, por ejemplo, el caso de los 72 migrantes cuyos cadáveres fueron desenterrados de una fosa clandestina en el municipio tamaulipeco hace un año, el 23 de agosto de 2010. No fueron los primeros ni los últimos hallazgos. En ese mismo punto del noreste mexicano aparecieron decenas más de personas en semejantes circunstancias. El Gobierno federal se ha ufanado, en material de propaganda engañosa, en sugerir que el asunto está resuelto. Han sido detenidos 81 miembros de la banda asesina, algunos de los cuales, dicen las autoridades, han producido información que identifican al jefe de esa pandilla, como el autor intelectual de esos homicidios. En su carácter de líder de la banda habría dado la orden de privar de la vida y esconder bajo tierra los cadáveres de las infortunadas personas que cayeron en sus manos.

Pero el caso dista de estar cerrado. Es obvio que el principal responsable no ha sido capturado, y las decenas de sus subalternos que han sido llevados a juicio o permanecen arraigados no han recibido sentencia. Formalmente, podrían ser exculpados por los jueces, si las acusaciones del Ministerio Público Federal son endebles. Hay una desgraciada rutina en tal sentido. No es preciso enumerar la multitud de casos relevantes en que la Procuraduría General de la República no sólo queda en ridículo al no probar sus imputaciones, sino que agrava la indefensión de la sociedad: La impunidad que viene de la ineptitud ministerial es un nutritivo caldo de cultivo para la delincuencia organizada.

De cualquier modo, es una aportación digna de aprecio la que México evalúa, con el acompañamiento de organizaciones civiles atendidas por los medios de información, presente las terribles cifras en que se condensa la inseguridad pública. Los delitos del fuero común (homicidio, secuestro, robo con violencia, extorsión) han crecido de modo abrumador. Casi todos quedan sin castigo. La inseguridad ciudadana crece por ello día con día. Ni vidas ni bienes están protegidos, sino expuestos a la codicia y la audacia de bandas organizadas, distintas de las dedicadas preferiblemente al narcotráfico, al trasiego de armas, a la trata de personas.

Imputar responsabilidades a un nivel de gobierno no ha de servir para exculpar a otro. Todos los funcionarios involucrados, sean del ámbito federal o estatal incumplen de tal modo sus obligaciones, que habría que dirigirles de nuevo el exhorto de Martí hace tres años. Si no pueden, que se vayan. Y si no se van, que los ciudadanos presionen para hacerles cumplir sus responsabilidades. Que no queden exentos de sanción, formal o dictada por la opinión pública.
23 Agosto 2011 04:00:29
Impunidad en Guerrero
Menos mal que lo hizo al presentar a una banda de presuntos secuestradores, detenida en una operación conjunta de fuerzas federales y locales (entre éstas la Policía Ministerial que de él depende). Que si no, la invocación del procurador de Guerrero Alberto López Rosas a la moral de los delincuentes que castigan a Guerrero habría sido más ridícula (si en esto cabe alguna gradación) de lo que es. Habría parecido una coartada, una humilde petición a los bandoleros de su tierra para que se porten bien pues el ministerio público no es capaz de perseguirlos y llevarlos a los tribunales.

En eso consiste la tarea de un procurador de justicia, no en apelar a impensables códigos de conducta. López Rosas pidió a los delincuentes a los que debe llevar a proceso, no a instarlos a honrar su palabra (por ejemplo cuando obtienen el pago de un rescate y asesinan a sus víctimas), sino que también apeló a su sentido patrio. Le solicitó que piensen en la sociedad de la que forman parte y eviten dañarla.

La guerra entre bandas locales en Guerrero se intensificó después de que la pandilla de Arturo Beltrán Leyva se escindió de la de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y pelearon por el dominio del territorio y las rutas de la droga y el dinero. Las disputas fueron más frecuentes y crueles a raíz de la muerte de Beltrán Leyva, en diciembre de 2009 y la posterior y sospechosa detención de La Barbie. Uno de los errores de la estrategia seguida por la administración de Calderón consiste en ignorar que cuando los generales y coroneles de las tropas enemigas son abatidos o capturados, los sargentos riñen por el mando, Eso ha ocurrido por doquier. Ocurre también en Guerrero, por lo que la violencia se ha recrudecido. Poco después de concluido el primer semestre de este año la cifra de ejecutados superó al millar. Y si bien las autoridades estatales y municipales descargan sobre las federales la impunidad que permite la contumaz repetición de los delitos que corresponde perseguir a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública, eso no descarga a aquéllas de la responsabilidad que en esa materia está fijada en la ley.

Tan aterradora es la impunidad en Guerrero, y especialmente en Acapulco, que porciones de la sociedad protestan por la inseguridad que se deriva de tal falta de castigos. El viernes pasado decenas de gasolinerías estuvieran cerradas durante unas horas, en demanda de que las autoridades sean eficaces en su lucha contra la violencia. Y un sector de taxistas y otros prestadores del servicio público de transporte se aprestan a hacer lo mismo. Aunque se les alude como parte de la delincuencia organizada (en tanto que vigilantes y delatores, o como distribuidores de droga) nada justifica que la oleada de homicidios de choferes de autos de alquiler no merezca una atención específica y las consiguientes acciones penales.

La designación de López Rosas como procurador despertó expectativas que no se han satisfecho, si bien hace apenas cinco meses de su desempeño. Como alcalde de Acapulco, como legislador, y antes como luchador social, el ahora procurador ganó fama pública de hombre honrado y diligente. Está en riesgo de perder la parte de su reputación que concierne a la eficacia y, lo que es más grave para todos, a su honestidad política. La clave para que eso ocurra o no está en su actitud frente al asesinato de Armando Chavarría.

El sábado veinte se cumplieron dos años del homicidio de quien era en ese momento líder del Congreso local y principal aspirante a la gubernatura de estado. Un comando lo sorprendió la mañana de esa fecha al salir de su casa. Fue un crimen político, aunque el gobernador de entonces, Zeferino Torreblanca y sus procuradores se empeñaron en desviar la atención hacia otros móviles. A los guerrerenses no les cupo duda en ningún momento que Chavarría fue ultimado en función de sus aspiraciones y posibilidades de suceder a Torreblanca. Fue, en tal sentido, un crimen semejante al que privó de la vida a Rodolfo Torre en Tamaulipas. Aunque en el caso de Chavarría se cortaron de cuajo sus expectativas, mientras que a Torre se le permitió llegar a las vísperas de la elección, en ambos casos se temía que gobernaran y se les hizo blanco del fuego que cortó su existencia.

En Tamaulipas pasó ya un año, cumplido en junio pasado, sin que la investigación ministerial rinda frutos. Y eso que es gobernador el hermano de la víctima, interesado genuinamente en que los asesinos sean identificados y castigados. Lo contrario ha sucedido en Guerrero. Fue manifiesta la negligencia con que Torreblanca emprendió, o dijo emprender la averiguación sobre la muerte de Chavarría. Y no es menor la que en los hechos ha mostrado su sucesor. Ángel Heladio Aguirre Rivero tiene menor interés en llegar al desenlace de ese caso del que formalmente cabía atribuirle a su antecesor. Torreblanca y Chavarría eran miembros del mismo partido y si bien disputaron, Chavarría fue secretario de gobierno con Torreblanca. A Aguirre, el destino del dirigente político asesinado no le va ni le viene, puesto que como priísta que es, y como gobernador interino, estuvo situado en posiciones abiertamente antagónicas a las de Chavarría. Pero no es el caso del procurador, que era afín políticamente a la víctima. Su conciencia ética, la que lo lleva a recomendar buena conducta a delincuentes, debe forzarlo a cumplir su deber.
22 Agosto 2011 04:00:47
Sicilia, Wallace, Martí, Morera
La insólita fuerza del Movimiento por la paz con justicia y dignidad logró, por su componente ético y su capacidad de integración de distintos reclamos sociales, forzar a los tres poderes de la Unión a un diálogo sobre la grave emergencia nacional, del que surjan soluciones que sólo pueden ser acordadas con, y puestas en práctica por el Estado mismo. Conforme esa fuerza moral y esa capacidad de movilización social se han delineado, han surgido desde reticencias hasta francos ataques a demandas que inicialmente parecieron ser bien acogidas.

El propio Movimiento quedó en riesgo de quedar pasmado en la sola agitación social, pero superó ese escollo y reanudó sus encuentros con el Congreso y el Ejecutivo. Ante la inminencia de ese restablecimiento de vínculos con los poderes, militantes de otro movimiento civil previamente instalado en la escena pública, No más sangre, reprocharon esa línea de acción a Sicilia. Ya antes, grupos que se agotan en la protesta y la denuncia habían censurado el propósito del pacifismo de Sicilia de encontrar caminos que derroten a las graves deficiencias y deformaciones que han puesto casi en la postración a la sociedad mexicana.

Desde otros ángulos, se desató una campaña destinada a desprestigiar al poeta que inspiró el Movimiento por la paz, y a la conducción del mismo. Se buscó presentarlo como un líder vulgar, de una movilización social sin ninguna singularidad o, al contrario, como mero cascarón de proa de intereses ocultos. La implicación más burda de esa descalificación conducía a tener al escritor como agente de la delincuencia organizada, en cuyo papel proponía con insistencia el repliegue de las Fuerzas Armadas que combaten a las bandas del narcotráfico.

Desde el gobierno federal se procuró abrir otro flanco desde el cual debilitar la preeminencia social que por su personalidad y su intuición ha adquirido Sicilia. El secretario de Gobernación convocó a los dirigentes de agrupaciones civiles que han recibido atención pública por su activismo en contra de la violencia, uno de los blancos del pacifismo. Dado que el Movimiento impulsado por Sicilia concentró por un momento su esfuerzo en combatir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, Gobernación y buscó apoyo para esa reforma en dirigentes significados por la búsqueda de justicia en asuntos propios, que por lo mismo no parten de una visión amplia del origen de la criminalidad en la gestión de sus propias causas. El Gobierno federal se propuso aminorar así la fuerza del pacifismo siciliano. Al reunir en torno suyo a personas como Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, el secretario Blake Mora buscó recordar que los reclamos de esas personas son anteriores a los de Sicilia y, aunque sólo fuera por eso, tienen tanto o más derecho que el escritor a ser interlocutores del Gobierno. Ya lo han sido de tiempo atrás y su activismo ha conseguido legislación puntual en torno a delitos en que concentran su atención, el secuestro en particular.

El propósito de Bucareli parece resumirse en la vieja tesis de la manipulación política: Divide y vencerás, y en mostrar que el Gobierno federal no ha esperado a las presiones pacifistas para atender demandas ciudadanas. Habrá que recordarle a su vez al secretario Blake, que entonces estaba lejos de los conflictos nacionales, en su Baja California natal, que hace tres años -cumplidos precisamente ayer domingo- fue suscrito un Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, una suma de compromisos más retóricos que prácticos, en cuya presentación participaron algunos de los activistas que ahora son, en los hechos, tenidos como leales al Gobierno, y que ese acuerdo generó muy escasos resultados, como lo reconoció la señora Morera, antes cabeza del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia y hoy presidenta de la asociación Causa en común.

Puesto que son personas de buena fe, las señoras Morera, Wallace y Alejandro Martí, que tuvieron dolorosas pérdidas en su ámbito familiar y transformaron su pesar personal, como lo hizo Sicilia, en activismo civil, no serán instrumentos del Gobierno para dividir los esfuerzos de la sociedad en contra de la violencia, tanto la suscitada por las bandas delictuosas como la causada por el Gobierno mismo. Al contrario, es claro que depondrán las diferencias que guardan entre sí o las convertirán sólo en pareceres diferentes, porque al fin y al cabo los anima el mismo propósito: Lograr que los mexicanos vivan seguros y tranquilos. Sería ingenuo ignorar que la cercanía de algunos de esos dirigentes con el aparato gubernamental -la señora Wallace y el señor Martí figuran en una lista de ciudadanos sin partido a los que el PAN podría impulsar a la candidatura presidencial- pueda influir en su visión de los fenómenos sociales. Pero no son quintacolumnistas destinados a estorbar los pasos del pacifismo siciliano.

Los esfuerzos que todos ellos encabezan no contienden entre sí, ni disputan espacios de representación social. El de Sicilia es un movimiento, renuente a adquirir organicidad que puede esterilizarlo; no es una asociación civil como el resto. Éstas tienen objetivos específicos. El Movimiento recoge preocupaciones de mayor latitud y que fueron resumidas por Emilio Álvarez Icaza en San Lázaro el jueves pasado: Cambio de enfoque a la estrategia de guerra; atención integral a víctimas, fortalecimiento del tejido social; y mejor democracia representativa, democracia participativa y democratización de los medios.
19 Agosto 2011 04:00:33
Coahuila y su deuda
Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867.

Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.

Las vías para hacerlo fueron dos: Emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: El dinero federal que se recibirá en los próximos años.

Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.

Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de doscientos millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de restructurar la deuda actual), el líder de los diputados priístas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.

Citó una hilera de obras públicas, costeadas según sugirió, por el dinero prestado por los bancos: Escuelas, tecnológicos, una Ciudad universitaria, veinte museos, catorce bibliotecas, seis casas de la cultura, cuatro teatros y una Gran plaza en cada una de estas ciudades: Torreón, Acuña y Piedras Negras. Probablemente la lista no es ex exhaustiva, porque de serlo su costo no alcanza ni remotamente los treinta y tantos mil millones de pesos en cuestión. Y en caso contrario, el gobierno de Moreira y su prestanombres tendrían que responder qué hicieron con los recursos federales que recibieron de 2005 a 2010, pues el flujo originado en el centro del país no disminuyó durante ese periodo.

Se aduce también que se acrecentaron los recursos para el combate a la pobreza. Aun de ser cierto que se entregó más dinero a los destinatarios de los programas respectivos, si para sufragarlos fue necesario endeudarse, la decisión fue contraproducente. Hoy Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita: cada uno de los coahuilenses debe once mil seiscientos treinta y tres pesos.

Si Moreira y su vicario respiraron aliviados después de la aprobación del nuevo monto de deuda, su contento debe haber sido efímero. Ayer mismo, la firma Ficht, contratada por el gobierno coahuilense para calificar la calidad de la deuda, la degradó. No tenía una posición para dar envidia a nadie, pues apenas llegaba a A plus, pero ahora salió de ese rango para quedar en triple B. No es una descalificación inocua, pues la degradación implica el pago de intereses más altos. De esa suerte, no es improbable que cuando asuma el gobierno Rubén Moreira una de sus prioridades sea renegociar los adeudos. Y ni modo de arrojar la culpa al predecesor, pues se trata de su propio hermano.

A pesar de que la deuda de los estados en general, la de lo gobernados por priístas en particular, y la de Coahuila singularmente, tiene una importancia mayúscula, no puede soslayarse el interés partidario que mueve a funcionarios panistas y dirigentes del partido en el gobierno a poner el acento en la conducta de Moreira. Es un adversario difícil al que conviene poner en su sitio y aun desprestigiar porque de su descrédito puede derivar el de su partido, extremo deseable en vísperas electorales. Pero la verdad es la verdad, quienquiera la diga. No es buen recurso lógico, y puede que tampoco lo sea político el responder una acusación con otra, para conducir la atención de los observadores más a la respuesta que a la afirmación original. La mala conducta del gobierno federal, sin embargo, no cohonesta la del líder del PRI.
18 Agosto 2011 04:00:49
Horror en Tultitlán
Un nuevo riesgo, el hostigamiento social consentido, fruto de una sorda xenofobia, asomó su horrible rostro en las rutas de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, de suyo erizadas de obstáculos. Como primer resultado del acoso comunitario, un joven guatemalteco fue asesinado en circunstancias tan terribles como inaceptables, y un albergue tendrá que cerrar sus puertas y ser instalado en otro lugar.

Tultitlán es un centro de confluencia ferroviaria en el Estado de México, hoy ubicado a la vera de la autopista México-Querétaro, pero al que se puede llegar también desde Ecatepec y Tlalnepantla. Es uno de los suburbios surgidos o hechos crecer por la industrialización mexiquense de mediados del siglo XX. Allí se edificó un templo a San Juan Diego, con motivo de su canonización, hace pocos años. Y adosado a él, en lo que fue su salón parroquial, funciona desde enero de 2009 un albergue para migrantes, uno de los 43 que ha esparcido por el país una oficina del Episcopado mexicano, la Dimensión pastoral de la movilidad humana.

El refugio para migrantes hace observar reglas rigurosas para el adecuado cumplimiento de su cometido. Sólo admite a pasajeros por cuarenta y ocho horas.
Se les proporciona alimentación, lavado de ropa, instalaciones sanitarias donde asearse y evacuar sus cuerpos, así como llamadas telefónicas gratuitas a los Estados Unidos, para que mantengan contacto con quienes los esperan allá. Deben observar un comportamiento respetuoso a los demás, que en general es cumplido sin problema.

Pero cada día más el albergue se ve excedido en sus posibilidades de ofrecer sus servicios humanitarios. Sólo cuenta con cuarenta camas, y decenas de migrantes más tienen que dormir en colchones sobre el suelo, pues ha habido temporadas en que demandan auxilio hasta trescientas personas al día. Los que cumplen el plazo de alojamiento y no pueden continuar su camino, o aquellos para los que ya no hay cupo, forman un cinturón de miseria alrededor del refugio. En torno de ellos, que viven con mayor precariedad que los hospedados, se activa un mercado de personas. Hasta allí llegan polleros a cuyo ilegal servicio se acogen los más desesperados y los que pueden reunir la cantidad mínima, el enganche exigido para su traslado. Hasta allí llegan también los agentes de la policía municipal a extorsionar a los que duermen en la calle, o en los patios del ferrocarril que ahora son propiedad privada. El espectáculo no ha de ser edificante, y los lugareños se quejan no sólo de la fetidez que emana de los campamentos improvisados, sino también de la conducta de los desgraciados entre los desgraciados, a quienes acusan de cometer delitos y de faltar respeto a los transeúntes. En más de un sentido, las afueras del albergue, y sus inmediaciones se convirtieron en asiento de apestados.

No es imposible que entre los migrantes se incluyan delincuentes o personas inclinados a cometer ilícitos para sobrevivir. Los migrantes no son ángeles, sino en general personas necesitadas de trabajar, seducidas por el sueño americano. Julio Fernando Cardona Agustín, guatemalteco de 19 años, era uno de ellos. Como pedigüeño en Tultitlán, reunió el sábado seis de agosto algunos pesos, para reemprender el camino. Pero, al parecer eligió gastarlos con amigos bebiendo cerveza (como lo relata Rolando Herrera en su excelente reportaje en Reforma de ayer).

Ya eran las primeras horas del domingo siete cuando volvía a las cercanías del refugio, donde pernoctaría. En el camino fue interceptado por los agentes municipales de la patrulla 203. Otros muchachos como Cardona lo acusaron de haberlos asaltado, y exigieron su detención. A la mañana siguiente fue descubierto el cuerpo del migrante guatemalteco, asesinado a golpes. Puesto que hubo testigos de su detención, se supuso que los agentes municipales lo habían ultimado. Pero al parecer el desenlace es todavía peor. Acaso envenenados por el ambiente hostil contra los migrantes, los denunciantes decidieron hacerse justicia por propia mano: “compraron” a Cardona, es decir pagaron mordida a los policías captores y se quedaron con el detenido. Por quinientos pesos lo tuvieron a su disposición. Y lo asesinaron brutalmente.

Ha ido configurándose un espeso clima de encono contra los migrantes, en una porción del vecindario, y entre autoridades, como el presidente municipal priísta. Quizá también en el personal de la empresa Ferrosur. El hecho es que el tres de julio una tropa armada, con uniformes negros que ostentan las siglas de las policías federales, allanó el albergue y pretendió llevarse a refugiados allí y hasta a personas que trabajan en la casa Juan Diego. Llegaron a bordo de vehículos de la empresa ferroviaria. Esta compañía y otras, resultado de la privatización ejecutada por el presidente Zedillo -que luego aceptó un asiento en el consejo de administración de uno de consorcios norteamericanos beneficiarios de su decisión de vender esa porción del patrimonio nacional- han dado muestras de su hartazgo por el fenómeno migratorio en que cumplen un papel de modo involuntario. Alguna de esas empresas ha modificado la configuración de los vagones de su propiedad para imposibilitar que los aborden migrantes.

Los sacerdotes que mantienen el albergue de Tultitlán se han rendido. Su primera posición fue resistir y permanecer allí. Pero ahora acordaron el traslado del refugio. No han sido escuchados por su feligresía: “Todo lo que hagan a estos pequeños me lo hacen a mí”, enseñó Jesucristo.
17 Agosto 2011 04:00:07
Seguridad al estilo Peña Nieto
El poeta y sicoterapeuta Efraín Bartolomé y su esposa, la arqueóloga Guadalupe Belmontes tuvieron el honor de recibir en su domicilio, en el breve plazo de cinco días, tres veces al procurador Alfredo Castillo. A decir verdad, a la primera no acudió él mismo, sino sus representantes personales, que con brutalidad asaltaron la casa de la pareja el jueves en la madrugada. Horas después, el propio funcionario presentó sus excusas al matrimonio, y dejó su pluma Mont Blanc en prenda de la devolución de objetos robados por los agentes ministeriales que andaban en busca de Oswaldo García Montoya, jefe de La mano con ojos y no lo encontraron por la sencilla razón de que los ciudadanos atracados no tienen nada que ver con el presunto delincuente. El lunes, Castillo viajó de nuevo de Toluca a Tlalpan. El propósito de su visita fue devolver el reloj Omega Speedmaster que alguno de los intrusos de la madrugada del jueves se llevó consigo.

Quizá vuelva una vez más Castillo a visitar a los afectados. Falta por devolver una cámara digital, la memoria de una computadora y un abrecartas de plata también sustraídos sin derecho. Pero, lo más importante, también falta que se haga saber cuáles de los integrantes del piquete policial robó esos objetos. A estas horas, el procurador debe saber quiénes fueron los ladrones. Investigarlo es extremadamente fácil: El universo de los sospechosos es minúsculo, compuesto apenas por un puñado de agentes que confundieron su vocación o la ejercen simultáneamente. El hecho mismo de que una de las piezas robadas haya sido localizada indica que alguien la devolvió, acaso el mismo que sin derecho la llevó consigo. Si a casi una semana del asalto la procuraduría no puede identificar al ratero que cobra en su nómina, es una oficina a cuya cabeza está un incapaz. Y si lo sabe y no lo dice, es un encubridor.

Tal vez ocurre que, como a Facundo Cabral, al procurador Castillo le “encanta ser amigo de los ladrones”, y de los delincuentes en general. Para suponerlo hay que ver la animada charla que sostuvo con García Montoya, el detenido cuya captura costó el asalto no sólo a la casa de los Bartolomé Belmontes, sino también al de la maestra bióloga Patricia Magaña y la de sus padres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por queja de algunos afectados más, o de oficio, está investigando la violación del domicilio de un número mayor de habitantes de la colonia Torres de Padierna.

Ufano de la captura, el procurador Castillo hizo comparecer no todavía ante un juez a García Montoya, sino ante las cámaras. El compayito es todo un comediante. En vez de haber sido marino, y desertor, y agente judicial y de policía, y luego sicario que con sus propias manos mató a trescientas personas y ordenó la muerte de otras tantas, y jefe de banda del narcotráfico, hubiera debido explotar sus dotes histriónicas. Con gran fluidez, y hasta divertido, narró sus hazañas en un video hecho conocer a los medios por Castillo, que a veces aparece como sólo su patiño. García Montoya le avisa, si bien a posteriori, que estuvo a punto de matarlo. Es que lo creyó un traidor: Le envió con un propio cuatrocientos mil dólares para que lo dejara trabajar. Y al notar que el servicio pedido no se cumplía, pretendió hacer pagar a Castillo su incumplimiento. Pero luego supo, porque “al andar en la maña todo se sabe”, que el mensajero incumplió el encargo y se quedó con el dinero. Al no haberlo recibido el procurador, no había faltado al compromiso que se le propuso. ¿Y el intermediario? Lo maté, dice con cachaza el jefe de La mano con ojos.

En un intercambio de elogios, propio de una plática entre amigos que se aprecian, una voz en el video, que puede ser la de Castillo mismo, reconoce ante El compayito que sus habilidades para delinquir y no ser aprehendido “nos hicieron ser mejores”. A lo cual García Montoya contesta interesado si no tendrá por ello una compensación, respuesta que mereció la risa de los presentes en el animado diálogo.

García Montoya informó también, con la soltura de lengua a la que tendrá que reprimir ahora que es huésped del Altiplano, el penal de alta seguridad situado no lejos de Toluca, que dejó órdenes en previsión de ser detenido, un riesgo que, dijo, era inminente. Instruyó a sus subalternos que mataran a media docena de personas. Una de ellas, se apresuró a conjeturar la avispada procuraduría mexiquense, fue ejecutada el lunes temprano. Su cuerpo, al que se le cercenó la cabeza, apareció colgado bajo un puente en Huixquilucan. Para fortuna de los asesinos, o al menos de quienes colgaron el cadáver decapitado, no funcionó la cámara que la eficiencia municipal ha colocado en la vía pública de ese enclave urbano.

La procuración de justicia mexiquense, durante el sexenio que está por terminar, se ha caracterizado por la omisión y el abuso. La multiplicación de feminicidios es muestra de lo primero. La represión en Atenco en mayo de 2006, ejemplo de lo segundo, sigue agravada por la impunidad de los agentes que violaron a mujeres detenidas sin causa y violentaron los derechos humanos de otras personas.

Detener a un prominente jefe del narcotráfico, al costo que sea, desnuda a la procuración de justicia de Enrique Peña Nieto. Profesa. agravado, el credo de su tío y padrino Arturo Montiel, para quien los derechos humanos eran para las personas, no para las ratas. Y aunque no sean ratas, tales derechos no valen cuando estorban a la feroz acción ministerial de Peña Nieto.
16 Agosto 2011 04:00:43
Precandidatos: Simulación y dinero
Ernesto Cordero y Mario Delgado tienen muchos rasgos en común. No sólo su apariencia y su complexión física, sino también sus modos de hacer política. Impulsados por sus jefes, respectivamente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, acometen con modos semejantes la imposible hazaña de ser candidatos, a la Presidencia de la República, uno, a la jefatura de gobierno del DF el otro.

Tecnócratas formados para hacer que los números cuadren aunque la gente resulte postergada, cada uno de ellos –no sé si por su lado o de consuno– descubrieron la política y se creyeron facultados para ejercerla. Han tenido experiencias administrativas similares: ocuparon la titularidad de dos relevantes oficinas de primer nivel en sus gobiernos. Cordero ha sido secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, mientras que Delgado lo fue de Finanzas en el gobierno capitalino y ahora lo es de Educación. Acaso tenía para el primer cargo una somera preparación. Carece por completo de aptitudes para el segundo. No le ha hecho falta porque no se trata de regir el magro sistema educativo de la Ciudad de México (donde la enseñanza básica está a cargo de la Federación), sino de mostrarse ante el público para que su nombre sea conocido, con fines electorales.

Desprovisto del mínimo pudor, Delgado no vaciló en usar su propio apellido en la publicidad de una campaña contra la obesidad. De ese modo, se subrayaba la importancia de ser Delgado, netamente propaganda personalizada. No pierde, además, la oportunidad de pagar gacetillas en los diarios que se dejan. Por ejemplo, cuando entrega becas, la información hace pensar que las paga de su propio peculio. Este domingo llegó al colmo, al hacerse destapar por la comediante Carmen Salinas como su favorito para gobernar el Distrito Federal.

Como Delgado, Cordero utiliza su cargo para hacer campaña política. Su acción más descarada a ese respecto consistió en recibir en su papel de ministrador de recursos a los gobiernos locales, a un grupo de alcaldes panistas de Veracruz acarreados por Miguel Ángel Yunes para proclamarle sus simpatías en la liza electoral interna del PAN.

Aunque asegura diferenciar entre su promoción personal y su propósito político personal, Cordero emplea tiempo y recursos públicos para el segundo fin, y sin miramientos combina o mezcla los dos papeles que ahora desempeña. Este fin de semana anunció que anunciará medidas respecto de la deuda de los gobiernos estatales y viajó a León e Irapuato para que el gobernador Juan Manuel Oliva le deparara actos multitudinarios de bienvenida en que, por completo fuera del tiempo reglamentario, se le ofrecieron firmas que sustenten, llegado el caso, su postulación en la contienda panista.

Cordero y Delgado, como Enrique Peña Nieto y Ebrard, son ejemplo de mal uso de recursos públicos en provecho personal. Con ellos pagan la costosa cobertura mediática de sus actividades. En esos gastos gubernamentales descansa la abrumadora presencia de Peña Nieto ante la opinión pública y en ellos radica la expectativa de Ebrard de figurar como “mejor posicionado” que Andrés Manuel López Obrador cuando se midan las posibilidades electorales de cada quien.

Se trata de gobernantes o administradores de la cosa pública que son al mismo tiempo precandidatos. La ambigüedad de su posición es causa y efecto de la simulación, uno de los peores rasgos del sistema político mexicano y de quienes lo encabezan. Es verdad sabida que la política entraña puestas en escena, fingimientos similares a los del teatro. De modo que la simulación no es lacra exclusiva de nuestra manera de organizar y ejercer la política. Pero aquí se llega al extremo de practicar la simulación como arte del engaño, como conducta dolosa tendiente a crear falsas realidades, a esconder las verdaderas.

Otro modo de la simulación, especialmente lesivo de la convivencia democrática, es hacer propaganda electoral tras la mampara de los informes de desempeño. Una aspiración largamente expresada en la sociedad mexicana, alcanzada muy parcialmente como es la rendición de cuentas, el diálogo de los representantes con los representados para hacerles saber lo que hacen en su nombre, se ha pervertido hasta extremos grotescos. Acabamos de verlo este domingo con un acto principal de promoción política de la diputada Josefina Vázquez Mota, cabeza de los legisladores blanquiazules en San Lázaro. Pero no mucho tiempo atrás lo vimos, en niveles todavía más ofensivos y de tan grandilocuentes ridículos, en el informe semejante de Carlos Navarrete, el senador perredista que busca ser candidato a la jefatura del gobierno capitalino.

Amén de la superchería de hacer propaganda más que de informar, es notable el dispendio de quienes acuden a esta práctica. La precandidata panista gastó más de cinco millones de pesos en una escenificación efímera. Tuvo a bien informar que el grueso de ese costo, más de tres millones de pesos, fue enfrentado por los 76 diputados federales que la apoyan. Un millón y pico fue aportado por empresarios amigos de la aspirante. Ella sacó de su peculio más de ochocientos mil pesos para este propósito. A su vez, Navarrete informó que con recursos propios pagó los más de seiscientos mil pesos que costó su aparatoso informe, cuyas dimensiones y espectacularidad hizo más fuerte el contraste entre la forma y el fondo.

Es verdad que los legisladores están muy bien pagados y que Vázquez Mota ha sido secretaria de Estado durante una decena de años, pero ¡qué ahorrativos son!.
12 Agosto 2011 04:00:52
Garzón en México
El suspendido juez Baltasar Garzón está en México. El miércoles anunció la próxima celebración del foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, organizado por la Cámara de diputados, que se realizará antes de que termine la presidencia de Jorge Carlos Ramírez Marín en la mesa directiva.

El solo título del encuentro, y la presencia principal de Garzón, muestran las coincidencias de instituciones y corrientes sociales acerca de la violencia que priva en nuestro país y la riesgosa y hasta ahora inútil estrategia gubernamental para contenerla. El movimiento iniciado por Javier Sicilia trata de lograr la paz con justicia y dignidad y pugna por una ley de seguridad que parta del respeto a los derechos humanos, en vez de propiciar su agravio. Y la Universidad Nacional acaba de ofrecer a las instituciones involucradas, unos muy valiosos Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia.

Garzón, que durante su desempeño en la Audiencia nacional española libró fuertes y exitosos combates contra el narcotráfico, consideró que los miles de muertos con violencia y también los miles de desaparecidos en el lustro reciente significan un costo elevadísimo para la sociedad mexicana. Por supuesto, no está –como nadie puede estarlo-- en contra de que se combata al crimen organizado.
Pero, puntualizó, “hay que hacerlo con un diseño claramente estratégico, con una convicción democrática absoluta, con unos límites claramente definidos. Los espacios sin derecho no son aceptables” Agregó que “ni un solo ejemplo histórico de extralimitación de esos márgenes ha sido al final positivo. Ha sido peor para sus propias instituciones, para la credibilidad democrática de las mismas y para los ciudadanos”.

A pesar de que hace ya más de un año fue suspendido de sus funciones de juez de instrucción, y está sometido a procesos por prevaricato (delito que comete quien se excede en sus funciones), Garzón no ha perdido la autoridad ética que adquirió a lo largo de casi un cuarto de siglo al servicio de la justicia. El fiscal de la Corte penal internacional, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo lo designó su consultor principal aprovechando su obligado receso en la carrera judicial española, que Garzón inició poco después de su graduación como abogado en la universidad de su natal Jaén en 1978. Hace apenas un mes, el siete de julio fue elegido miembro del Comité europeo para la prevención de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.

Garzón se hizo notorio en España por su activismo contra el narcotráfico y contra la organización separatista y terrorista ETA, así como contra agrupaciones, partidos y periódicos a los que imputó complicidades o servir como canal de financiamiento de ese grupo que busca la independencia de Euzkadi por la vía violenta y hoy está al borde de la extinción. Pero su fama alcanzó dimensiones mundiales por su embate contra las dictaduras sudamericanas de los años setenta. En 1998 ordenó la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, y dos años más tarde, como parte de una acusación contra un centenar de militares argentinos, obtuvo la extradición de México a España del Ricardo Miguel Cavallo, un torturador que aquí se disfrazaba de honorable empresario.

La ya prolongada trayectoria de Garzón, que le ha valido reconocimiento internacional, también le ha significado la inquina de intereses poderosos.
Cercano al Partido socialista obrero español (PSOE) que lo hizo parlamentario en 1993 (para lo cual obtuvo licencia durante su breve estancia en el Congreso de los diputados), se volvió en su contra cuando años más tarde puso al descubierto el terrorismo de estado que practicaron los Gal (Grupos antiterroristas de liberación). No eran más que una fuerza parapolicial, organizada desde el ministerio del Interior, cuyo titular José Barrionuevo fue encarcelado precisamente por transgredir la ley, pues el Estado debe combatir al terrorismo pero no asimilarse a él utilizando sus propios instrumentos. Igualmente se echó encima a los poderosos de las finanzas cuando descubrió un fondo secreto de pensiones organizado en el extranjero por el Banco Bilbao Vizcaya (que con la suma de Argentaria es poseedor en México de Bancomer).

El año pasado, sin embargo, Garzón llegó a un límite que los poderes fácticos de España no le permitieron traspasar. Por un lado, llevó a proceso a decenas de negociantes y políticos del Partido Popular que en Madrid, Valencia y la Costa del sol tejieron una trama de lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de influencias. Y, por otro lado, pretendió realizar lo que hubiera sido la hazaña de su vida: enjuiciar al franquismo por los miles de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes. Fue denunciado por prevaricato por agrupaciones de la extrema derecha española, y su imputación tuvo efectos. La propia Audiencia Nacional, de la que Garzón forma parte, lo suspendió en sus funciones el 24 de mayo de 2010, mientras duren los procesos en su contra.

En este viaje a México, Garzón envió a su amigo Pablo Salazar Mendiguchía un mensaje de solidaridad en su infortunio, preso como está en Chiapas. Habló con Pablo Salazar López, hijo del ex gobernador víctima de la persecución de su sucesor Juan Sabines, y le dijo estar cierto de la inocencia de su padre. Esa abierta posición contrasta con el hermetismo miedoso de los compañeros políticos de Salazar Mendiguchía, incluyendo a los que recibieron de él impulso en su carrera.
11 Agosto 2011 04:00:26
TEPJF: ¿Vuelta atrás?
Antes de ayer se había planteado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dilema clásico en la elección de un líder. La disyuntiva era entre continuidad o cambio. La primera estaba encarnada por la presidenta saliente, María del Carmen Alanís. La segunda por Pedro Penagos o Constancio Carrasco. A última hora, sin embargo, el dilema encontró una tercera salida, que puede ser la muy positiva de partir del consenso, pero puede también significar una vuelta atrás, un regreso al pasado que marcó para mal el funcionamiento del órgano que encabeza la justicia electoral en nuestro país.

Es que el nuevo presidente del Tribunal Electoral Federal, Alejandro Luna Ramos, formó parte de la plantilla de magistrados que calificó la elección presidencial del 2006 y declaró electo a Felipe Calderón. Fue, por lo tanto, uno de los suscriptores del instrumento de calificación en que se acumularon argumentos sobre las irregularidades del proceso que concluía con esa toma de posición del órgano calificador. Tras la lectura de los fundamentos de ese dictamen (no sentencia porque en ese momento los magistrados ejercían no una función jurisdiccional, sino una de política constitucional), uno supondría que la conclusión inevitable era anular la elección. Pero se produjo un non sequitur y se declaró electo a Calderón, ocasionando con ello una fractura en la sociedad mexicana que en vez de aliviarse con el paso del tiempo se ha ahondado y complicado.

Poco después de emitir ese fallo, los magistrados del TEPJF fueron sustituidos por haber terminado el plazo para el cual fueron elegidos por el Senado. Todos, menos Luna Ramos. Él había llegado a ese órgano jurisdiccional en octubre de 2005, para cubrir la vacante dejada por la muerte de don José Luis de la Peza. Desde el momento mismo de su designación se planteó lo que acaso es un falso problema, pero que puede ser objeto de interpretación: ¿Iba el nuevo magistrado a ser un mero suplente, que concluiría su encargo como el resto de sus compañeros al cumplirse diez años (que era el término del finado De la Peza)? ¿O su nombramiento tendría también una duración decenal, en cuyo caso permanecerá en el cargo hasta 2015? Se fechó de este modo su designación y por lo tanto quedó convertido en una suerte de magistrado de transición.

Sea de ello lo que fuere, el hecho introdujo en el tribunal una herencia del ayer, pues Luna Ramos formó el pleno con los magistrados que no se atrevieron a sacar la consecuencia de que Vicente Fox descompuso el proceso de 2006 con múltiples intervenciones ilegales. Simplemente las hicieron constar. Luna Ramos es, por lo tanto, el único magistrado que participará en dos elecciones presidenciales, y su modo de actuar en la primera debe ponernos alerta respecto de su conducta en la segunda.

Luna Ramo fue miembro del PRI en sus mocedades. Y se ocupó entonces, de 1968 a 1970, de asuntos electorales en la ciudad de México. Es difícil afirmar y aun aceptar que esa huella juvenil es perenne y lo marca desde entonces. Pero su participación en asuntos cruciales para la vida democrática del país muestra que mantiene una eventual inclinación hacia ese partido. Le correspondió ser ponente en el juicio de revisión constitucional planteado por la oposición en Hidalgo, con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Y aunque se adujeron indicios (que no pruebas, pues conforme lo dijo en su momento Luís Cabrera, a los tramposos se les tacha de eso, y no de torpes que mantengan el lodo en las manos después de amasar el fraude) que revelaron una intervención indebida del gobierno y el uso de recursos públicos, desestimó los alegatos oposicionistas y sentó de ese modo (con el voto unánime de sus compañeros, es cierto, pero a partir de sus razonamientos) una suerte de jurisprudencia negra: Rompan los poderosos los límites de la ley, que si su conducta no es determinante del resultado y encuentran tribunal que la cohoneste, pueden irse tranquilos con su botín.

La elección de Luna Ramos sólo sorprendió a quienes veían como únicos participantes en la votación a Alanís y Penagos. No fue el caso de Reforma, que subrayó la incertidumbre en que el tribunal llegaba a su momento clave, y supuso que Luna Ramos, presidente interino por unos días, se quedaría en la silla.

El rito electoral obligó a la ex presidenta y al magistrado Galván, ex presidente también, proceder con escaso donaire. Cuando se abrió el turno electoral y se pidió a Alanís proclamar el sentido de su voto, dijo su nombre.
Nadie más lo repetiría. Ocurrió lo mismo a Galván, que también sufrió el desaire de que el único voto en su favor fuera el suyo. Entre ambos el magistrado Constancio Carrasco inició la votación favorable a Luna Ramos, seguida después por Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar, Pedro Penagos y el propio Luna Ramos. No obstante que con esas expresiones en su favor tenía ya asegurada su elección (se requieren cuatro de los siete votos posibles, y está prohibida la abstención) el nuevo presidente careció de la elegancia que en casos de esa índole permite y aun obliga a escoger a un destinatario diferente de su propia persona.

Los magistrados de la votación solitaria fueron de ese modo censurados por sus compañeros. No reelegir a María del Carmen Alanís es una desaprobación a su tarea, particularmente por el énfasis puesto en la administración en vez de hacerlo en la función jurisdiccional, como ofreció hacerlo su sucesor. ¿Y quién elegiría a un presidente que lo fue y renunció?
10 Agosto 2011 04:00:00
La Sosa Nostra, presente
La primera sala de la Suprema Corte de justicia resolverá hoy la revisión de un amparo negado a Alfredo Rivera, un caso prototípico de acoso judicial contra la libertad de expresión. El juicio civil por daño moral que dio lugar al juicio de garantías comenzó hace exactamente siete años, en agosto de 2004. El cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo demandó a Rivera por la autoría del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, alegando daño a una reputación que desde hace casi tres décadas está en entredicho.

Ahora mismo, la comunidad universitaria hidalguense ha sido movilizada a favor de los intereses pecuniarios personales de Gerardo Sosa. Es una muestra más de que cuanto se dice en el libro de Rivera corresponde a la verdad. Sosa Castelán, que ha sido diputado federal priísta, precandidato al Gobierno del Estado y sobre todo factor dominante de la UAEH, de la que fue rector sin los méritos académicos para serlo, ha sometido a esa institución en su provecho..

Político poderoso, que ahora se aproxima al PAN, pero hizo su carrera en el PRI, Sosa Castelán ha solido contar con el favor, el temor y el apoyo de los gobiernos hidalguenses, salvo en los años recientes en que sus intereses políticos chocaron con los del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, y de quien lo reemplazó el primero de abril, Francisco Olvera.

El año pasado el gobierno estatal clausuró una gasolinería ubicada a la salida de Pachuca, camino a Tulancingo. Se argumentaron motivos de seguridad cuyo cuidado está a cargo de Protección Civil. La clausura provocó la protesta de autoridades universitarias, pues se daba por hecho que la franquicia de ese expendio de combustibles pertenece a la Universidad. Todavía la semana pasada el rector, el secretario general y los líderes de la federación estudiantil y de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos suscribieron una nueva demanda al Gobierno estatal para que la gasolinería sea reabierta. El viernes pasado miembros de la agrupación de alumnos tomaron varias calles importantes en la ciudad y estrangularon el tránsito. Era sólo el preámbulo de una protesta mayor, que iba a tener lugar ayer martes según anuncios repetidos. Pero el gobernador Olvera, de quien Sosa esperaba esa actitud desde que asumió el cargo, anunció el domingo que ordenará la revisión del caso. Y por lo pronto la marcha –a las que la sociedad pachuqueña teme pues ese género de movilizaciones suele terminar en vandalismo y agresión franca a personas y establecimientos comerciales-ha quedado en suspenso.

Ocurre, en embargo, que de la franquicia no es titular la Universidad sino un particular, el contador Óscar Pacheco, a quien se tiene como prestanombres de Sosa. Generar apariencias escudándose en la universidad para la gestión de intereses privados ha sido una costumbre largamente observada por Sosa en su beneficio. Por ejemplo, creó la Fundación Universidad que consiguió de esa casa de estudios autorización para, por ejemplo, manejar los estacionamientos de los predios universitarios. De pronto, sin embargo, la Fundación Universitaria fue suprimida y en su lugar se creó la Fundación hidalguense, sobre la cual Sosa tuvo aun mayor control.
Exponer este género de conductas patrimonialistas, así como su práctica autoritaria, que es enteramente contraria a las libertades que han de privar en las universidades públicas es lo que hizo Rivera en su libro, aparecido en mayo de 2004. En agosto siguiente Sosa inició en su contra (y otros demandados) un juicio de responsabilidad civil por daño moral. No debió haber prosperado y sin embargo, en primera y segunda instancia el autor fue condenado, a través de razonamientos inadmisibles como el que hace una actividad ilegal la de publicar libros. A Rivera se le atribuyeron también actos que no cometió. En efecto escribió el libro, pero no lo publicó, distribuyó ni comercializó, actos por los cuales también se le sanciona.

A través de un despacho cuyos servicios han de ser onerosísimos, Sosa ha mantenido durante siete años un sostenido acoso judicial contra Rivera, que no hubiera podido pagar la asistencia jurídica que ha recibido de la doctora Perla Gómez, de no ser porque el caso se benefició de fondos destinados a la defensa de la libertad de expresión y luego por la liberalidad altruista de la abogada, que actúa probono.

Para protegerse de las sentencias civiles, Rivera demandó amparo, que le fue negado. Al solicitar la revisión, la doctora Gómez pidió también que la Corte atrajera el caso. Es que el asunto envuelve cuestiones que el máximo tribunal ha venido atendiendo por su trascendencia jurídica y social. En mayo pasado, una mayoría de cuatro a una desechó el proyecto de sentencia preparado por la ministra Olga María Sánchez Cordero. Ésta propuso que se amparara a Rivera mediante la aplicación de una ley especial y posterior a la reforma al código civil, cuyo sentido es realmente proteger el honor de una persona y no permitir que se tase la reputación en cantidades fijadas arbitrariamente por el juez.

Como ha hecho antes, la primera sala podría resolver este caso con base en el criterio de que las figuras pública están expuestas al escrutinio social en mayor medida que los particulares. Si se confirmaran las sentencias civiles, Gerardo Sosa quedaría en posición no sólo de víctima sino que haría un negocio redondo si se obliga a Rivera a pagar una indemnización que acrecentaría el mal habido patrimonio de Sosa.
09 Agosto 2011 04:00:29
Isabel Ayala
La señora Isabel Ayala Nava, de 54 años, y su hermana Reina, de 58, fueron asesinadas en Xaltianguis, un poblado en la zona rural de Acapulco, al mediodía del tres de julio. Se habían situado, como acostumbraban, a las afueras del templo del lugar, a vender comida y otras mercancías.

Su muerte puede una de las muchas que se practican en Guerrero, al lado de las todavía más numerosas que perpetra el crimen organizado o suscita el combate oficial contra el narcotráfico. Esa entidad es una de las que mayor violencia criminal padece: Según el ejecutómetro del Grupo Reforma, el viernes pasado el número de asesinatos sobrepasó el millar en lo que va del año. Es un rango semejante al de Chihuahua y Nuevo León. Pero la cifra crece todos los días: Durante el fin de semana cayeron ocho personas más, seis de ellos en el propio Acapulco.

El gobierno de Zeferino Torreblanca, que para fortuna de los guerrerenses terminó el último día de marzo pasado, fue incapaz de dotar a sus gobernados de la paz y la tranquilidad que anhelan y en función de las cuales le dieron su voto seis años. Pero la nueva administración, que refrendó la estancia del PRD en el gobierno en la persona de un priísta, Ángel Helado Aguirre, hace padecer a los guerrerenses la misma abulia, en el mejor de los casos, que genera impunidad. La mayor parte de los asesinatos producidos en los siete meses concluidos de este año, cuatro de los cuales corresponden al gobierno de Aguirre, son incluidos en la suma de los ejecutados y su averiguación y persecución presuntamente son realizadas por la Procuraduría general de la república. Pero esa formalidad no corresponde a la realidad, pues el ministerio público federal se asemeja al local en el incumplimiento de su deber, otros muchos homicidios, como el del arquitecto Francisco Xavier Serrano, y el de las hermanas Ayala Nava debieran ser materia del fuero común, es decir, responsabilidad del gobierno local.
Pero en los hechos nadie se ocupa de ellos. Aquel, que era un turista en ese puerto, fue asesinado el 11 de julio en Zihuatanejo, a donde había acudido a descansar y divertirse. Las hermanas Ayala Nava residían en la porción rural acapulqueña y es probable que su asesinato obedezca a móviles políticos, que no han sido admitidos por nadie.

Isabel Ayala fue la última compañera de Lucio Cabañas. Subió con él a la sierra de Guerrero y procrearon una niña, nacida el 29 de septiembre de 1974. Dos meses después el jefe de la Brigada de ajusticiamiento del Partido de los pobres fue muerto, no se aclaró nunca si por su propia mano, para no ser hecho prisionero, o por un ataque artero.

En el momento de la muerte de Cabañas, que encabezó la más importante insurrección armada en Guerrero, su mujer Isabel estaba presa en el Campo Militar No. Uno. Sin estar sometida a causa penal ninguna, allí permaneció hasta 1976, de suerte que su hija vivió los primeros 22 meses de su vida en esa instalación militar, convertida entonces y más de una vez después, en cárcel ilegal.

En ese mismo 1974 se intensificó la guerra sucia contra la guerrilla, debido al secuestro del candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa, liberado a balazos por el ejército. La guerra sucia del gobierno de Echeverría conoció entonces alcances que excedían la peligrosidad de los alzados. Por supuesto que el jefe del Estado mexicano, el poder ejecutivo, tenía la responsabilidad de enfrentar el desafío armado. Pero no lo hizo con los instrumentos legales de que disponía. La tropa militar no hacía prisioneros: mataba sobre el terreno a sus enemigos, o los retenía brevemente para después ejecutarlos.

La estrategia militar incluía arrasar a las comunidades donde se presumía que Cabañas podría hallar refugio y aprovisionamiento, y también matar o hacer que desaparecieran presuntos cómplices suyos, que hacían vida pública abierta. Ese fue el caso, entre cientos, de Rosendo Radilla Pacheco, un hombre tan del sistema priísta que había sido líder de la Confederación nacional campesina en Atoyac de Álvarez, de donde fue también alcalde.

El 26 de agosto de 1974, delante de su hijo, fue detenido por miembros del Ejército, que lo llevaron consigo a un cuartel militar, según testimonios de otros detenidos allí, y luego lo sacaron. Radilla había compuesto corridos sobre la insurrección armada y eso bastó para ultimarlo sin sentencia, según se presume.

Su caso permaneció en la impunidad hasta que la alternancia del 2000 permitió airear su desaparición. Llevada ante la Comisión interamericana de derechos humanos y por ésta ante la Corte penal respectiva, después de muchos y fatigosos afanes jurídicos fue emitida una sentencia que obliga al Estado mexicano a reparar el daño y a reiniciar investigaciones sobre el destino de Radilla.

Aunque sea con reticencias que poco a poco han sido vencidas, el cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana permitirá revivir las circunstancias de la guerra sucia, en la que se inscribe la desaparición de Radilla, que nunca fue llevado ante un juez. Tal vez se descorran velos sobre las responsabilidades del Estado mexicano, de los gobiernos federal y local de entonces, y mandos militares que se excedieron en el acatamiento a órdenes que no fueron emitidas por escrito y permitían por ello interpretaciones y excesos. Isabel Ayala fue en alguna medida protagonista, testigo y víctima de sucesos que interese mantener ocultos. ¿Sería por eso que la mataron? ¿Será por eso que, bajo amenazas, su hija Micaela busca asilo?
05 Agosto 2011 04:00:13
Ex gobernantes impunes
Todavía hace siete meses Hosni Mubarak era el todopoderoso presidente de Egipto.
Había permanecido casi treinta años en el poder, al que llegó después del asesinato de su predecesor Anuar Sadat. Hoy, junto con sus hijos, Mubarak está sometido a proceso. Metido en una jaula al comparecer ante el tribunal, debe responder por la muerte de centenares de sus compatriotas, caídos durante la breve rebelión que lo depuso. También se le juzga por corrupción, pues en la treintena de años de mando absoluto acumuló fortunas, cuya más visible expresión son las colosales residencias de su familia en Europa.

Mientras en Egipto Mubarak se apoderaba del mando, en Guatemala se perpetraba un etnocidio, una prolongada y feroz matanza, una crudelísima guerra en que el Ejército tomó por enemigos a los pueblos indígenas. En apenas un atisbo de justicia, pues no se ha tocado a los más altos mandos castrenses de entonces, este martes cuatro oficiales fueron condenados a más de seis mil años de prisión, que es la cifra resultante de sumar la pena que correspondería por privar de la vida a cada una de sus víctimas. En realidad sólo podrán estar presos, como máximo, ochenta años cada uno.

El general Manuel Antonio Noriega, en fin, será devuelto a su Panamá natal por el Gobierno francés, para que en su tierra se le juzgue por delitos de lesa humanidad y varios asesinatos políticos. Hombre fuerte de su país en los mismos años ochenta, desde el poder se hizo narcotraficante, delito que ocultaba tras la bandera del nacionalismo. Juzgando que ponía en peligro los intereses norteamericanos en torno al Canal, el gobierno del primer Bush atacó por aire a Panamá en busca de Noriega, el 7 de mayo de 1989. Aunque a la postre fue hallado y tomado prisionero, la carga aérea contra Panamá causó la muerte de miles de personas. Condenado en ausencia en su patria, se le imputarán nuevos cargos después de haber estado preso en Estados Unidos y en Francia.

Son casos, en curso actualmente, que muestran que no debe haber impunidad a favor de gobernantes que roban y matan. En algún momento, próximo o remoto a la comisión de sus delitos, en casi todos los países del mundo el que la hace la paga, cualquiera que haya sido su investidura y su poder. En México no. A pesar de que se conoce en términos generales que ex presidentes como Luis Echeverría y Carlos Salinas, amén de haber propiciado y/o tolerado que se privara de la vida a cientos de sus compatriotas, y a pesar de que la fortuna que ostentan y de la que disfrutan no pudo resultar de sus ahorros como funcionarios públicos durante toda su vida, uno languidece en espera de la muerte y el otro anda de sarao en sarao sin que nada les preocupe.

A punto de cumplir noventa años -los acabalará en enero próximo- y ya venida a menos la recia condición física que lo caracterizó durante la mayor parte de su vida, Echeverría sufrió casi tres años de reclusión domiciliaria cuando se le juzgó por delitos cometidos cuando fue secretario de Gobernación y, sobre todo, mientras ejerció la Presidencia de la República. Pero el tiempo transcurrido desde las matanzas del dos de octubre de 1968 y diez de junio de 1971 y la débil legislación mexicana impidieron que los esfuerzos del Comité 68 y la Fiscalía especial que investigó los crímenes de la guerra sucia fructificaran y derivaran en sanciones penales significativas. Menos aun se le ha intentado juzgarlo por enriquecimiento ilícito, pues nunca se ha iniciado una averiguación previa a raíz de la fortuna inmobiliaria de que se hizo mientras fue titular del Poder Ejecutivo.

A Carlos Salinas nadie osa tocarlo, ni por la multitud de muertes producidas por su propia guerra sucia contra el perredismo, ni por su riqueza personal. Luis Téllez, ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que fue subsecretario de Planeación Agrícola en su gobierno, y con Calderón llegaría al gabinete, emitió el hasta ahora más claro veredicto sobre el enriquecimiento de Salinas: “Se robó la mitad de la partida secreta”.

Ni por esa probable (y reprobable) conducta, ni por la que ejerció al privatizar bancos y numerosas empresas del Estado Salinas ha recibido señalamiento formal ninguno, y en cambio ha sido capaz de influir para que el único expediente judicial en contra de su hermano Raúl, el que versa sobre su enriquecimiento, no haya sido resuelto. Concluido el sexenio de su heredero Ernesto Zedillo, durante el cual se autoexilió por si acaso se intentara alguna acción ministerial en su contra, Salinas volvió a México como “facilitador”, según él mismo se definió. Fracaso en esa condición al intentar que Elba Esther Gordillo pactaran una reforma fiscal pero tuvo éxito al impulsar a Carlos Ahumada a corromper y revelar la corrupción en el PRD.

Más recientemente, con la aparición de su tercer libro, pretendió erigirse en constructor de la agenda pública y formar parte del debate académico y periodístico sobre la actualidad nacional. Frustrado ese intento, está en lo suyo, promover su imagen e influir en el PRI. El lunes pasado asistió al informe de la gobernadora Ivonne Ortega, y posó para las cámaras muy alegre porque los nuevos gobernadores del PRI, tan iguales a los viejos gobernadores del PRI, lo buscan para lucirse a su lado. En una toma en que aparece flanqueado por los Robertos, Borge y Sandoval, de Quintana Roo y Nayarit, su verdadero talante queda manifiesto por la presencia de Emilio Gamboa y Fidel Herrera, símbolos vivientes, como Salinas mismo, del sistema de botín.
04 Agosto 2011 04:00:32
Minivía, supernegocio
Se cumple un año del comienzo de las obras para construir la Supervía poniente, una carretera urbana de peaje, que según las autoridades enlazará a Santa Fe con el sur, donde desembocará en las avenidas Luís Cabrera y San Jerónimo. Por muchas razones, un importante número de personas y agrupaciones se han opuesto a la realización de ese proyecto. La Comisión de derechos humanos del Distrito Federal recomendó al jefe del gobierno capitalino Marcelo Ebrard ordenar la suspensión de ese proyecto. Como si con ello se le ofendiera, el gobernante del DF se negó a aceptar la recomendación y como respuesta al agravio que resiente haber, en una reacción pueril se ha enojado con la oficina del ombudsman. Su irritación infantil lo condujo a no presentarse hace unos meses al informe de la CDHDF y a recomendar a sus validos se ausentaran también.

La razón por la que el funcionario se empeña en seguir adelante con el proyecto es meramente financiera, en provecho de unos cuantos. Carece de utilidad pública o, si la hubiera, ésta podría satisfacerse por medio de obras que no afecten el medio ambiente (y por lo tanto dañen el derecho de los capitalinos a vivir en un entorno sano). Pero es posible que ninguna de esas alternativas colmara las expectativas de las empresas beneficiadas con un título de concesión como el que se ha expedido. Y en ello radica el quid del asunto: es preciso dar a ganar a un consorcio poderoso una importante suma de dinero en la administración del camino carretero cuyo uso se condicionará al pago de una cuota que sin duda podrá incrementarse en provecho del concesionario, para que el gobierno capitalino cumpla los onerosos términos de la autorización expedida hace ya dieciocho meses.

El acto mismo de concesionar estuvo marcado por una grave infracción a la ley. Ésta ordena que el gobierno de la ciudad se abstenga de otorgar una prerrogativa de esa índole si no se le prueba que el beneficiario cuenta con el capital suficiente para llevar adelante la obra respectiva, o está en condiciones de obtener el crédito correspondiente. En cambio, se permitió al concesionario blandir el título del caso como garantía para el préstamo que requería. Se trata de un típico negocio de saliva, que no obstante no pudo desahogarse pronto. Apenas hace unos días, finales de julio, la Bolsa mexicana de valores informó del crédito logrado por Constructora vía rápida poetas. Y hasta eso es un préstamo insuficiente, conforme al costo calculado por la autoridad y el concesionario. Se dijo que el proyecto demandaría erogar seis mil millones de pesos, y el crédito concedido suma cuatro mil millones de pesos. Participaron en la operación dos instituciones del gobierno federal: el Fondo nacional de infraestructura y Banobras, lo que quiere decir que se pagarán réditos blandos como cumple a la banca de desarrollo. También participa en el crédito Banorte, el negocio financiero de Gruma que por lo visto mantuvo su compromiso aun después de asociarse al Banco Ixe.

La empresa concesionaria se configuró para este propósito (y carece por lo tanto del historial y la experiencia que suele demandarse a los contratistas de obra pública), Sin embargo, las dos empresas que la constituyeron tienen una posición diferente. Una de ellas en el Grupo COPRI, cuya participación en el mercado se concentra en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y la filial mexicana del consorcio español OHL
COPRI participó hace un sexenio en un proyecto que en vano ha querido compararse con la Supervía. Al hacer esa comparación se pretende generar una coartada o denunciar contradicciones entre quienes nada dijeron de la construcción del Puente de los Poetas y aun lo aplaudieron, sólo porque lo emprendió López Obrador, y ahora se oponen al camino de cuota, porque lo impulsa Ebrard. No hay semejanza entre uno y otro: No se cobra por transitar por los puentes que permiten salir de Santa Fe. Y su costo, sufragado por COPRI misma, no puso en riesgo las finanzas capitalinas, como ocurrirá si los concesionarios de hoy no ven satisfechas sus expectativas, que sencillamente consisten en obtener utilidades en cualquier circunstancia. El gobierno capitalino poseía enorme predios donde fue imposible edificar el reclusorio poniente, ya que el entorno urbano resultaría lastimado. Por ello los permutó por el costo de los puentes que honran a Paz, Pellicer y Sabines. No había espacio para penalidad alguna ni erogaciones indebidas del gobierno y los usuarios de la vía.

A su vez, OHL es parte de la creciente presencia española (la reconquista la llaman algunos en tono zumbón) visible en la banca, la energía y los proyectos de infraestructura. La controla un hombre del antiguo régimen que se acomodó a los nuevos tiempos, sin tener que renegar del pasado: Juan Miguel Villar Mir, ministro de hacienda y vicepresidente del gobierno bajo Carlos Arias Navarro en 1976, recibió apenas en febrero pasado, junto con el “real aprecio” de Juan Carlos, el título de marqués. El vasto consorcio que encabeza enfrenta la crisis que se observa en la economía española en general con las cuantiosas utilidades que generan sus filiales aquí y en Brasil.

Su hombre en México es José Andrés de Oteyza, secretario de patrimonio y fomento industrial con el presidente López Portillo. La filial que dirige ha obtenido, por asignación directa ventajosos contratos y concesiones de los gobiernos del DF y estado de México en donde su desaprensión propició peligros accidentes tratados con llamativa lenidad.
03 Agosto 2011 04:00:16
PGR: Los establos de Augias
El descabezamiento de la Procuraduría General de la República es la viva imagen de su deterioro. Se ha anunciado la depuración de la dependencia mediante el reemplazo de 21 delegados en otras tantas entidades de la República. Pero por lo menos tres más fueron removidos en las semanas recientes. De igual manera, hace un mes que renunció la subprocuradora Dilicya Samantha García Espinosa de los Monteros, que ejerció su cargo sólo 3 meses, luego de su nombramiento por la procuradora Marisela Morales. Antes de que ella misma cumpliera un mes en su cargo, y en su ausencia como señal de desdén, el almirante Wilfrido Robledo dimitió de la cabeza de la Policía Federal Ministerial, nombre legal y verdadero de lo que se insiste en llamar, como si eso la dotara de prestigio, Agencia Federal de Investigación, AFI.

Es grande la tentación de comparar a la procuraduría federal con los establos de Augias, el rey que en la mitología griega era poseedor de grandes hatos de ganado a los que albergaba en instalaciones que hedían cada día más porque el estiércol de las vacas no era removido nunca. Hasta que apareció Hércules que, en cumplimiento de su quinta hazaña dejó esas instalaciones flamantes, en un solo día. Claro que no realizó la operación a mano, tarea imposible, sino que se las ingenió para desviar dos ríos hacia los establos, cuyos caudales dejó fluir de manera que la corriente realizara la limpieza que aumentó la fama universal del forzudo e inteligente héroe.
Para nuestro infortunio, no hay un Hércules a la mano que logre depurar al personal de la PGR de modo cabal, para imprimir eficacia al órgano del Ejecutivo federal encargado de la persecución de los delitos. Una y otra vez, ante la evidencia de corrupción y negligencia, por citar sólo dos de los lastres que afectan a esa institución, se anuncian purgas que “ahora sí” higienizarán las oficinas de todo nivel del Ministerio Público Federal. Pero son anuncios las más de las veces carentes de contenido o que surten efectos sólo provisionalmente.

Cada procurador se asombra o enfurece, supongo, cuando conoce el estado en que recibe la dependencia a su cargo. Y por ello resuelve lavarla. En este mismo sexenio, el primero de los tres titulares designados por el presidente Calderón emprendió una espectacular Operación limpieza. Entre 2008 y 2009 fueron removidos veinticinco funcionarios del más alto nivel, entre ellos el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, que está en prisión sujeto a proceso por los nexos con el crimen organizado que se le atribuyen. Su vacante fue ocupada por la actual procuradora, que ascendió al rango inmediato superior no obstante que su desempeño al frente de la SIEDO (la subprocuraduría a cargo de investigar a la delincuencia organizada) fue notoriamente insuficiente y fallido. Quizá por eso se la designó, pues al parecer en esta administración el objetivo no es lavar la casa, sino achicarla y dejarla en condiciones precarísimas, que le impidan realizar sus funciones constitucionales.

De varios modos parece que de eso se trata. Esta misma semana la revista Proceso muestra como su material principal el grado de penetración que agentes de la DEA realizan en perjuicio de la PGR, aunque con su avenimiento. Dadas las magras condiciones en que sobrevive la Policía Federal Ministerial, que en un breve lapso se llamó policía federal de investigación, la DEA toma a su cargo un número creciente de indagaciones, capturas e interrogatorios. Cuando se marchó en abril pasado Robledo, denunció en un documento interno el deplorable estado de la Policía a que dirigió unos cuantos meses. Además de su diagnóstico, es público que esa corporación es ya una oficina marginal en el ámbito policiaco, arrinconada por la Policía Federal.

El auge organizativo de este cuerpo representa una victoria del secretario Genaro García Luna. Eran conocidas sus diferencias y aun querellas con el procurador Eduardo Medina Mora, en un conflicto que se resolvió con el reemplazo del procurador y su envió a la corte de Saint James, a orillas del Támesis. Desde el principio de esta administración, y valido de su ascendiente sobre Calderón, García Luna se encaminó hacia su ideal organizativo, la Policía Única. Consiguió que su jefe confiara el mando de las dos policías federales, la AFI y la PFP a una sola persona, Ardelio Vargas, después diputado priísta y hoy secretario de Seguridad en Puebla, dentro del gobierno aliancista (panista-panalista en realidad) de Rafael Moreno Valle.

Aunque no prosperó la unificación de las policías, García Luna ganó para la suya la facultad de investigación y la de capturar a quienes lo ordene la justicia, funciones hasta ahora reservadas al Ministerio Público a través de su órgano policíaco. Hoy éste languidece, descabezado no sólo por negligencia, sino como parte de una estrategia cuyos perfiles se dibujan cada día con mayor nitidez.

¿Cómo serán sustituidos los veintitantos delegados a los que se ha despedido en los días recientes? Algunos de ellos fueron nombrados por el procurador Arturo Chávez Chávez apenas unas semanas antes de ser cesado.
Al parecer fueron designaciones desatinadas. Nada garantiza que las que ahora se emprendan serán de signo contrario. Tradicionalmente, el reclutamiento del personal de alto nivel de la PGR se realizó con base en recomendaciones, no necesariamente desinteresadas, o para satisfacer compromisos políticos. No hay una vía de incorporación y ascenso basada en méritos medibles. Debe haberla..
02 Agosto 2011 04:00:23
Santos en México
El presidente Juan Manuel Santos concluye hoy una visita de estado que comenzó ayer. El mandatario colombiano, sin embargo, está en México desde el sábado, día en que realizó actividades privadas, entre ellas un desayuno con empresarios. Y luego, junto con su familia, se reunió con su anfitrión y la suya en citas amistosas, que dan cuenta de la estrecha vinculación personal que en breve tiempo han establecido los dos presidentes conservadores.

El sábado mismo, Calderón congratuló con Santos por el rotundo triunfo del equipo colombiano de futbol frente al de Francia, que vieron por televisión. Y el domingo volaron a Yucatán, a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Santos fue acompañado por sus hijos María Antonia, Martín y Esteban, y Calderón por su hijo Juan Pablo.

El 22 de junio pasado, en la reunión sobre seguridad regional celebrada en Guatemala, el presidente colombiano, asumiéndose como ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, instó en plan coloquial a Calderón a perseverar en su lucha contra el crimen organizado: “Yo se que a usted lo acusan y le dicen: Mire el problema en que nos ha metido, porque la violencia subió, porque los homicidios aumentaron. Claro, en ciertas zonas, como nos ha sucedido en Colombia”. Pero a la larga el Estado debe triunfar. “Por eso lo felicito, presidente Calderón, porque ha sido un ejemplo”. Y lo felicitó también por la aprehensión del Chango Méndez, ocurrida la víspera. Y deseó que pronto fuera también detenido… y no sabía cómo se llamaba El Chapo Guzmán, cuyo nombre le fue finalmente “soplado”.

Debido a la identidad de sus ideologías y de las estrategias armadas con participación norteamericana frente al narcotráfico, Calderón había mantenido una relación cercana con el presidente Uribe. Ese antecedente no perturbará el vínculo con el nuevo mandatario, con apenas un año en el gobierno, a pesar del distanciamiento, negado pero cierto, entre Santos y su predecesor, de quien fue ministro de Defensa. Uribe acaba de visitar en el cuartel militar donde se halla preso a Andrés Arias, quien fue su ministro de agricultura. Arias era, según los observadores de la política local, el delfín de Uribe y quizá por ello le dio carta abierta para aplicar una suerte de Procampo colombiano, el programa Agro Ingreso Seguro. El ministro ahora detenido alteró los términos de adjudicación de recursos y en vez de destinarlos a los agricultores en pequeño los entregó a los grandes propietarios, que han sido un poderoso grupo de interés en Colombia.

También en temas internacionales Santos procura separarse de la línea que aisló a Colombia de su contexto geopolítico más inmediato. Su gobierno ha establecido que en territorio venezolano ya no hay campamentos de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia. En consecuencia, su trato con el presidente Hugo Chávez ha superado la constante rispidez con la que Uribe caracterizó esa relación.

En materia de seguridad, en cambio, Santos ha mantenido continuidad con la línea uribista. Precisamente una de las materias que dan sustancia a su viaje a México es la suscripción de nuevos convenios de seguridad y extradición. En el primer aspecto Santos también ha dado señales de simpatía con su semejante mexicano. Hizo que la Policía nacional entregara una condecoración al secretario de seguridad pública Genaro García Luna, si bien la desaprensión de este mismo y de su jefe convirtió el acto en una abierta violación constitucional porque no se reclamó oportunamente la necesaria autorización del Congreso.

El nuevo tratado de extradición contiene una cláusula que acaso tenga utilidad en la persecución de delitos como el narcotráfico, que a menudo son transfronterizos. El instrumento ahora en vigor prohíbe la extradición de nacionales, y esa prescripción desaparecerá en su nueva redacción. Sin embargo, aunque su aprobación por el Senado mexicano sea remota, ese tratado puede contrariar el espíritu y la letra del artículo 15 constitucional en el caso de Lucía Morett, pues en él se reúnen elementos de persecución política y eventual extradición.

El 1 de marzo de 2008 esta graduada de la UNAM fue víctima y testigo de un ataque por aire y tierra de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ella se hallaba en el campamento como parte de un viaje hecho por una delegación mexicana a un congreso de juventudes bolivarianas en Quito. En la repentina e ilegal agresión colombiana (que vulneró la soberanía de Ecuador, cayeron destrozados por el fuego colombiano los estudiantes Sören Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Verónica Velásquez y Juan González del Castillo. Lucía Morett quedó herida de gravedad.

Después de tres años, aun no repuesta totalmente, Lucía vive una secuela jurídico política que en los hechos la ha privado de su libertad. El Gobierno mexicano en vez de protegerla como debe hacer con sus nacionales en riesgo cuando se hallan en el extranjero se sumó a la versión colombiana que hizo del grupo de jóvenes una célula subversiva. La PGR mantiene abierta una averiguación previa sin sustento promovida por activistas de la extrema derecha mexicana en connivencia con el presidente Uribe. Mientras el ministerio público no declare cerrada su indagación, Lucía puede resultar de pronto aprehendida por delitos que no cometió. También puede ser detenida por la Interpol, que a pedido de Bogotá mantiene vigente una orden mundial de captura. El inadmisible colmo sería que conforme al nuevo tratado fuera también extraditada.
29 Julio 2011 04:00:57
PRD michoacano
¿En qué se parecen Jesús Zambrano y el mismísimo Andrés Manuel López Obrador a Luis Carlos Ugalde? En que proclamaron triunfador a un candidato antes de que esa situación estuviera por completo definida. Zambrano el mismo 26 de junio en que concluyó la jornada perredista para elegir candidato a gobernador de Michoacán alzó la mano al senador Silvano Aureoles. Era una proclamación prematura de esa victoria. Menos apresurado, pero igual anticipación, fue el apoyo expresado el domingo pasado en el puerto de Lázaro Cárdenas por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al propio candidato que, en efecto, obtuvo más votos que sus contendientes.

Sin embargo, la elección de Aureoles fue cuestionada por el diputado local Enrique Bautista, que alcanzó el segundo mayor número de votos. Actualmente, una comisión de arbitraje estudia el caso, y su conclusión podría hacer quedar mal a los tempranos festejadores del triunfo de Aureoles. Y es que las irregularidades alegadas por Bautista son de tal peso que los árbitros podrían concluir que es preciso reponer el procedimiento electoral, para restaurar el principio de equidad seriamente afectado por la prepotencia con que actuó el ex alcalde de Zitácuaro.

Conforme lo dispone el estatuto interno del PRD, el impugnador de la elección acudió a la Comisión Nacional de Garantías, el tribunal interno de ese partido, lo cual abría además la posibilidad de presentar recursos ante la justicia electoral federal. Mas, a favor de una resolución pronta al litigio así planteado, cuya demora afectaría a ese partido, que por primera vez en muchos años está en riesgo de perder una elección, Bautista se avino al arbitraje, una fórmula válida cuando obtiene el asentimiento de las dos partes. Por lo tanto, el impugnador retiró su recursos ante la CNG perredista y renunció a contender ante los tribunales, cualquiera que sea la conclusión de los árbitros.

Ellos son tres abogados expertos en asuntos electorales: Iván Castillo, Joel Reyes y Fernando Vargas. Han estudiado los cuestionamientos y esta semana escucharon a las dos partes. La semana próxima emitirán el laudo que ponga fin al disenso. Si la decisión confirma el triunfo de Aureoles, podrán válidamente Zambrano y López Obrador (¡quién los creyera actuando en la misma dirección!) proclamar esa victoria. Quedará de ese modo consolidada una candidatura que satisface, por su vulnerabilidad, a Luisa María Calderón, quien pasado mañana será elegida candidata del PAN a suceder a Leonel Godoy.

El señalamiento principal contra Aureoles es el dispendio en que incurrió durante la campaña interna del PRD, que fracturó de modo irremisible el principio de equidad que debe regir toda contienda electoral. Fue tan ostentoso el derroche, que es probable que en el solo mitin de apertura de su campaña haya sobrepasado el límite máximo fijado por la autoridad local perredista, que ascendía a 750 mil pesos. Sin apoyo documental, pero sí con cálculos fundados en la evidencia pública y su constancia periodística, el gasto de ese acto fue superior a cuatro veces el tope establecido. Quizá llegó a tres millones. Los asistentes llegaron a Morelia en 250 autobuses, fletar cada uno de los cuales cuesta por lo menos 8 mil pesos, lo que suma dos millones de pesos. La impugnación de Bautista añade medio millón más por la comida a 10 mil personas, a cada una de las cuales se regalaron gorras de a 20 pesos y playeras de a 10. Si se agregan además los costos del sonido, el escenario, la propaganda y otros similares, se llega a los tres millones. Ponga usted que se exagera, y que bastó la tercera parte para pagar el mitin inicia. Sólo en esa jornada se habría sobrepasado el tope de campaña. Pero en el resto de ella el gasto no desmereció el lucido estreno. La comitiva del senador con licencia se trasladaba en siete poderosos vehículos, claramente identificados por la propaganda respectiva.

Ese gasto desproporcionado, además de la iniquidad que representa, plantea preguntas que la impugnación de Bautista no formula, pero que los árbitros deberían no eludir. La procedencia de los recursos dilapidados es asunto crucial, en todas partes y con mayor razón en Michoacán, donde se presume que el narcotráfico influye con sus abundantes medios en la política electoral. ¿O es dinero propio del candidato, de cuya abundancia da muestra su patrimonio inmobiliario?

Ningún partido puede admitir que haya sospecha alguna sobre el origen del financiamiento de una campaña interna. Menos puede hacerlo el PRD. Y menos aún en Michoacán, la entidad emblemática del cardenismo, a cuya corriente pertenece Bautista, que por ello reclama el imperio de la ética en el proceso electoral. Hay indicios claros de que recursos públicos llegaron a su campaña procedentes de dependencias del gobierno estatal, al punto de que el gobernador Godoy prescindió de los servicios de colaboradoras suyas inclinadas desde el gobierno hacia la causa de Aureoles.

Bautista cursó la carrera de relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana y de economía en la UNAM. En su actividad privada se ha distinguido como importante productor y exportador de aguacate en Uruapan. Ha sido diputado federal y miembro de los gobiernos cardenistas, el de Cuauhtémoc y el de Lázaro, y también del de Godoy. Es diputado local con licencia. Aureoles, por su parte, se formó en la Universidad de Chapingo. Alcalde de Zitácuaro, diputado federal y senador, fue asimismo secretario local de desarrollo económico.
28 Julio 2011 04:00:09
Marina en busca de coartada
El secretario de Marina lanzó anteayer, en una solemne ceremonia de graduación de oficiales de la Armada, una grave insinuación respecto de los móviles de los organismos de derechos humanos que denuncian los abusos de miembros de esa corporación. Sugirió que son voceros de la delincuencia organizada, utilizados para “tener el campo abierto a su ruindad”.

La defensa de los derechos humanos ha tenido que vencer, a lo largo de las décadas recientes, la resistencia de las autoridades denunciadas por violaciones a esas prerrogativas de las personas. Las agencias policiacas promovieron la creencia de que la protección de tales derechos era un obstáculo a su labor (como si antes de que se pusiera en boga e institucionalizara esa lucha cívica tales corporaciones fueran eficaces) y llegaron al extremo de señalar complicidades entre las organizaciones ciudadanas de derechos humanos con la delincuencia. Un gobernador del Estado de México basó parte de la propaganda que según su plan lo llevaría a la Presidencia de la República en un lema que apenas disimulaba una convicción fascista: Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.

Tal reticencia y aun repudio a la actuación de oficinas civiles o públicas de derechos humanos se ha recrudecido al calor de la guerra contra el crimen organizado. Primero el Ejército y después la Marina, fueron involucrados en ella por la segunda administración panista de la historia, y por consecuencia quedaron en el primer plano de los señalamientos contra su conducta, que no infrecuentemente resulta en atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

Impreparados, o formados sólo superficialmente en el respeto a los derechos humanos, los miembros de esas corporaciones militares suelen contar con el solapamiento de las instituciones respectivas. La Secretaría de Marina, en particular, que avanzó a tierra firme y mantuvo su predominio en las zonas costeras en materia de seguridad, se ha distinguido por su afán de negar que sus miembros agravien a personas contra la ley. A veces, forzadamente, tiene que avenirse a las evidencias y aun así encuentra el modo de hurtar el cuerpo a las acusaciones directas en contra de su personal.

Un ejemplo muy a la mano, pues el caso es materia de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida hace apenas cuarenta días, es el de José Humberto Márquez Compeán, detenido y muerto en marzo del año pasado en el municipio de Santa Catarina, NL. Si bien fue capturado por la Policía Municipal, se tuvo evidencia de que llegó a manos de marinos, que por ello quedaron como presumiblemente responsables de la muerte violenta del detenido. Aunque aceptó la recomendación de la CNDH, como finalmente ha tenido que hacerlo en otros casos, la Secretaría de Marina insiste en la inocencia de sus miembros señalados como causantes de la privación de la vida de Márquez.

En su discurso del martes, el almirante Mariano Francisco Saynez se cuidó de dejar aparte a esa comisión nacional, a la que encomió, respecto de otras instancias defensoras de los derechos humanos. Dijo el secretario de Marina, luego de asegurar que el respeto a esas prerrogativas de la persona forma parte del patrimonio moral con que la Armada se enfrenta a la delincuencia organizada:

“los grupos delictivos tratan de manchar el buen nombre y prestigio de la Marina utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales que, al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra, y así tener el campo abierto a su maldad”.

Como su jefe del presidente de la República al hablar de la corrupción de jueces que protegen a delincuentes, el almirante Saynez haría bien en concretar su apreciación y precisar a qué grupos ciudadanos ligados al crimen organizado se refiere, Si se piensa en los diferendos que la Secretaría de Marina tuvo apenas en junio pasado con Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, es de temer que el secretario se refiera a los esfuerzos de esas organizaciones, que denunciaron la desaparición de personas, con violencia y contra la ley. A una denuncia de la benemérita agrupación civil con sede en Londres, la Marina negó “categóricamente”, el 14 de junio, que “personal naval haya participado en dicho aseguramiento”. Se refería al secuestro de seis personas de cuya ilegal detención Amnistía puso sobre aviso a la opinión pública. Sin embargo, al día siguiente esa dependencia admitió (“se reconoce”, dijo hablando en tercera persona, como si el asunto no fuera de su incumbencia) que algunos de sus miembros “tuvieron contacto con seis de las personas presuntamente detenidas”. Y enseguida sugirió que después de ese “contacto”, quizá grupos delincuenciales se apoderaron de esos desaparecidos a fin de imputar su destino a las autoridades.

En esos días estaba en curso una redada contra personas detenidas en sus domicilios, a los que miembros de la Marina entraron por la fuerza y se las llevaron sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión. Entre el primero y el 23 de junio fueron objeto de ese inhumano trato quince personas. Por si fuera poco, el 3 de julio siguiente la misma suerte padeció una persona más. Su esposa denunció públicamente tal ilegalidad. Como castigo a esa audacia, el domicilio de la denunciante fue baleado con armas de alto poder.
27 Julio 2011 04:00:43
Obstáculos a la reforma política
Mañana se reunirán representantes del Movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad con legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Será el modo en que se inicie la participación del Poder Legislativo en la atención a las demandas de la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia, y la concreción de que la exigencia ciudadana así representada no se limita al diálogo con el Ejecutivo, sino que lo mantendrá con los tres poderes del Estado. Queda por fijar el momento en que la encarnación del “daño lateral” -que eso es, entre otros significados, el movimiento por la paz- sea recibida por los ministros de la
Suprema Corte.

La reunión de esa activa porción de la sociedad civil con el Presidente Calderón no produjo resultados espectaculares. Pero sí determinó la organización de una comisión de seguimiento a las demandas ciudadanas y la fijación de un plazo de tres meses, que está en curso. De hecho, funcionarios presentes en el diálogo del alcázar de Chapultepec –mismo recinto donde se realizará el encuentro de mañana- como la procuradora Marisela Morales, se reunió en las horas y días siguientes con los deudos de algunas de las víctimas para atender sus reclamos específicos. No siendo en modo desdeñables diligencias de esa naturaleza, no son las metas que persigue el movimiento de Javier Sicilia. No se trata de que el poeta y sus más cercanos acompañantes se conviertan en gestores de los ofendidos ante las autoridades hasta ahora renuentes a escuchar a las víctimas y a sus familiares. Se persigue la creación de una conciencia pública, de que participen los representantes del Gobierno, en torno a la emergencia nacional en que se halla nuestro país, perceptible desde la llanura ciudadana y medible a través de una sola de sus varias expresiones: La acumulación cotidiana de personas muertas por la violencia criminal y por la desatinada represión estatal. No ha vuelto a emitirse una nueva cifra oficial sobre las víctimas, pero es seguro que ya se acerque a cincuenta mil, como lo ha calculado el semanario Zeta desde Tijuana. Se trata también de que el movimiento por la paz contribuya con su visión a que se modifique la estrategia gubernamental frente al crimen organizado, que lejos de cumplir sus objetivos ha sido contraproducente.

El encuentro de mañana es más complejo del que reunió a Calderón con quienes le reprochan la impunidad respecto del daño que han resentido y la esterilidad del esfuerzo armado contra la delincuencia. Es preciso, para evitar malos entendidos, que las partes lleguen a la cita del jueves con plena claridad respecto del resultado que esa reunión puede producir. Si no hay claridad respecto de lo que puede esperarse del diálogo entre pacifistas y legisladores cundirá el desencanto por la aparente inutilidad del intercambio de posiciones.

Un ejemplo de que se requiere un vocabulario común y una plataforma de información básica para ambas partes lo representa la reforma política. Hubo quienes, después de la irrupción de un grupo en torno de Javier Sicilia en el edificio del Senado, sede en este receso de la Permanente, creyeron que en la reunión de mañana se darán a conocer los términos en que se suscitará o agilizará la participación ciudadana. Obviamente no será así. Ni siquiera será posible que los senadores y diputados informen a sus interlocutores cuándo, si lo habrá, se realizará el periodo de sesiones extraordinarias en que se apruebe la reforma política. Los ciudadanos que forzaron hace quince días el que se programara la reunión de mañana instaron a los legisladores -lo hizo el propio Sicilia-a que abandonen la molicie en que viven y trabajen para afinar las modificaciones exigidas y esperadas.

No es un asunto de laboriosidad. No es flojera ni abulia lo que ha frenado -y de hecho frenó ya respecto del 2012- las candidaturas independientes, las nuevas formas de participación ciudadana (plebiscito, referéndum, iniciativa popular). La causa de que la minuta llegada del Senado a San Lázaro se haya atorado allí es, en el fondo, un disenso interno en las bancadas del PRI. Y no un desacuerdo ideológico, de los que se pueden zanjar en una discusión. Es un conflicto de intereses que no se deshará sólo por la buena voluntad de los legisladores que mañana se expongan a nuevas recriminaciones sobre su pereza.

La reforma política acordada en el Senado es uno de los campos de enfrentamiento entre las dos corrientes, hasta ahora las únicas, que disputan la candidatura presidencial del PRI, extremadamente codiciada ahora, ante la posibilidad de que quien la ostente sea el sucesor de Felipe Calderón. Aun si la minuta senatorial que contiene reformas consideradas necesarias por el movimiento por la paz y otras agrupaciones hubiera llegado oportunamente a la Cámara, y no en la víspera de la clausura del periodo ordinario, difícilmente hubiera transitado hacia su aprobación. Lo impiden posiciones específicas del gobernador Enrique Peña Nieto. Busca que dicha reforma incluya la cláusula de gobernabilidad que permita al partido que obtenga la presidencia contar con la mayoría en el Congreso. Quiere también excluir la reelección continua en el Poder Legislativo.

Salvo que Peña Nieto desistiera de llevar adelante. Con las bancadas a su servicio en san Lázaro , esas propuestas. o que la mayoría senatorial se aviniera a recibir de regreso la minuta para hacer suyas las modificaciones de los diputados, la reforma política es imposible.
26 Julio 2011 04:00:40
PGR: ¿Ineficaz o qué?
En traspiés sucesivos la Procuraduría General de la República, quien quiera que sea su titular, da muestra de una ineficacia abrumadora. O de algo todavía más grave: El uso político de sus atribuciones, o la corrupción de quienes las ejercen.

La semana pasada surgieron nuevas evidencias de la falibilidad del Ministerio Público Federal. Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún (o del municipio de Benito Juárez, QR, para acatar la formalidad jurídica) salió del penal de san José del Rincón en Nayarit. No está en libertad plenamente, porque la PGR se las arregla para mantenerlo es una situación discutiblemente legal: Está detenido, y sujeto a un procedimiento que permite su localización, pero no está arraigado ni sujeto a un proceso penal ante la justicia penal federal. En los días siguientes, otro perseguido por el ministerio público, el legislador desaforado Julio César Godoy, se benefició de un amparo en que por cuestiones de forma se le protege contra la vetusta orden de aprehensión que ha sido puesta en entredicho por la defensa del hermano del gobernador de Michoacán.

Desde que el año pasado la PGR incriminó a Sánchez por diversos delitos y consiguió una orden de aprehensión que lo sacó del proceso político en que era candidato al gobierno de Quintana Roo, se barruntó que la actuación ministerial podría estar regida por una intención política, que afectaba medularmente las posibilidades de triunfo de la alianza del PRD, el PT y Convergencia. Ese móvil parece confirmado ahora, en que Sánchez ya es una figura políticamente inocua. Cierto es que la PGR no renuncia a hacerlo retornar a la prisión, y para no dejarlo enteramente libre –y claramente evidenciada su motivación extralegal—lo mantiene en un limbo jurídico, bajo acusaciones que aparecen con un perfil más opaco y aun oscuro que las que lo retuvieron por catorce meses en prisión.

Si hubo un diseño político en la aprehensión de Sánchez, sus metas se cumplieron puntualmente, pues su captura trastrocó completamente el escenario electoral quintanarroense. Sánchez era un candidato competitivo, y aunque no gozaba de universal buena fama y había en su trayectoria momentos que hacían dudar de su reputación, no era remoto que venciera al candidato priísta, Roberto Borge, un muchacho inexperto que forma parte de una presunta nueva clase política, que se diferencia de la antigua únicamente en que sus integrantes son casi púberes y ostentan una fachada convincente aunque el contenido de la cabeza respectiva no corresponda a las exigencias de los ciudadanos.

Sánchez era, o es, un empresario próspero, que hizo fortuna en apenas década y media de radicar en Cancún. Un enriquecimiento así de veloz no es inusual en un centro de atracción de turismo y de migrantes. Los priístas que han gobernado esa entidad ininterrumpidamente desde su creación hace casi cuatro décadas no han estado lejos de ese patrón, sin que se les hayan fincado nunca responsabilidades, salvo el caso de Mario Villanueva Madrid. Sánchez gozaba de fama y aun apreció público, entre otras razones por que aparecía como un predicador al gusto de las nuevas generaciones. Tanto asentimiento había logrado que ganó la alcaldía de Benito Juárez y después, no obstante estar preso, influyó en los resultados de los comicios en que se le impidió participar: Su reemplazante en la candidatura al gobierno estatal, Gerardo Mora, inscrito a última hora en la contienda, logró más de la cuarta parte de los votos emitidos (26.19), diez puntos arriba de la candidata del PAN, Alicia Ricalde Magaña. Y es indudable que el hermano de ésta, Julián Ricalde Magaña alcanzó la presidencia municipal de Cancún gracias a la huella que en ese cargo dejó Sánchez.

Al salir de la cárcel la semana pasada y no obstante la indefinición y el agravio a que halla sujeto, con el marcador electrónico que permite seguirle los pasos, Sánchez se ha mostrado muy conforme con su suerte. Parece un ex reo de algún sistema autoritario después del “lavado de cerebro” que es una de las prácticas abominables de ese tipo de regímenes, por cuyo efecto el ofendido alaba a su ofensor.

Por lo pronto, como ocurrió tras la detención de Jorge Hank Rohn –que se encuentra en la etapa de apelación, de la que la PGR confía en salir más airosamente que en la primera instancia--, el Ministerio Público se esconde tras una coartada, que consiste en atribuir las decisiones que le son adversas a la aplicación de un criterio jurídico distinto. Pretende que se olvide que en la averiguación previa y en el proceso, tras la consignación, no es un sujeto pasivo, sino una parte que tiene la capacidad y aun el deber de influir sobre los juzgadores ante los cuales actúa.

Por si fuera poco, en la misma semana en que se conoció su nuevo fracaso, la PGR sufrió otro revés, en el caso de Julio César Godoy. Éste, como Sánchez, fue candidato postulado por el PRD. A pesar de que la inicial orden de aprehensión fue expedida antes de la elección legislativa de la que Godoy emergió como diputado federal, la PGR no pudo evitar ese resultado, ni el que a la postre rindiera protesta. Logró en cambio que su Cámara privara del fuero al legislador inculpado. Ahora, una nueva decisión judicial favorable a Godoy ha puesto de manifiesto la fragilidad de las actuaciones ministeriales. No sólo ante los tribunales, sino ante la prensa la PGR muestra su ineficacia. Inicialmente se declaró vencida: “No hay elementos para continuar con el caso Godoy”, admitió el jueves 21. Pero se desdijo al día siguiente.
15 Julio 2011 04:00:36
Telenovelas por encargo
Además de transmitir avisos comerciales explícitos –con exceso respecto de la frecuencia y duración permitidas por la ley, Televisa vende tiempo de todos los modos imaginables. Se ha probado ya que transmite infomerciales, es decir, presuntas noticias para la promoción de personas en campaña política, a pesar de la expresa prohibición legal. Asimismo se incluye en un paquete sobre promoción turística de estado la entrevista a modo con el gobernador respectivo. Igualmente se comercializan menciones de productos, personas, partidos o lugares en los programas de entretenimiento. Ahora está comprobado que sus telenovelas pueden ser también una mercancía.

La secretaría de seguridad pública, cuyo titular Genaro García Luna padece una manía obsesiva por la difusión de su trabajo, contrató con Televisa la producción y transmisión de una telenovela. Le costó poco más de 118 millones de pesos. El equipo, como fue titulada la serie de marras, se transmitió en quince capítulos, a partir del 9 de mayo, en el horario estelar del Canal dos, el de mayor difusión entre la multitud de opciones con la que cuenta el consorcio de la familia Azcárraga. No se había pactado horario específico para la transmisión, por lo que pudo haber sido programada a cualquiera hora de cualquier canal. Pero además del vínculo político que procura mantener Televisa con el gobierno federal, dio a la SSP un trato preferencial, porque se trata de un cliente asiduo, que el año pasado pagó treinta y ocho millones de pesos por la difusión de sus campañas, incluida la presentación de los presuntos delincuentes capturados por la Policía federal. El pago resulta dispendioso y era innecesario erogar su monto, porque el poder ejecutivo dispone de la mayor porción del tiempo del estado –el que en campañas electorales administra el Instituto federal electoral- que resulta de una disposición fiscal. Como el resto de los medios electrónicos concesionados, Televisa está en obligación cubrir un impuesto especial, que desde el momento mismo de su fijación ha podido ser pagado en especie, y cuya cuantía se redujo considerablemente hace nueve años, en tiempos de Fox, cuando su esposa se entendía a las mil maravillas con los mandamases del consorcio televisivo.

En respuesta a una solicitud de información presentada por el diario capitalino El Universal, a regañadientes la SSP se vio obligada a exhibir el contrato que signó el año pasado con Televisa. Hasta ahora se había admitido que esa secretaría puso a disposición de la televisora sus instalaciones y equipos, así como parte de su personal, para la producción de la telenovela que se ajustaba al intento del presidente Calderón y el secretario García Luna por enaltecer la imagen de la Policía federal, a cuyos integrantes su jefe osó llamarlos héroes. en el día instituido para honrarlos.

No fue que Televisa se sumara con alto espíritu cívico a esa campaña. Es que ya tenía un contrato con Televisa para la realización de ese producto, en cuyos intermedios (o cortes como se les llama en la jerga comercial electrónica se anuncian bienes y servicios que dejan un alto ingreso a la televisora, ahora ya no sabemos si el principal). Televisa había confiado a Pedro Torres la producción, y la selección del elenco, que incluyó a Alberto Estrella como el protagonista.

El contrato estipula el pago de noventa y cinco millones y medio de pesos, iva incluido, por los servicios de preproducción, producción y postproducción, y diecinueve millones y medio (también considerando el impuesto al valor agregado) por la difusión de la serie, identificada en el contrato como una campaña denominada Policía federal. Héroes anónimos. De ese modo, los quince capítulos tuvieron un costo total de ciento dieciocho millones ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta pesos. Puede calcularse como muy elevada la ganancia de Televisa si se estima que las locaciones, los vehículos, las armas y otros equipos, así como el personal fueron provistos sin costo alguno por el cliente, que no vaciló en dar acceso a zonas de ingreso restringido a trabajadores que nada tienen que ver con la función de esa secretaría, y teniendo en cuenta la significativa cotización que alcanzan los avisos comerciales a las diez de la noche.

Según el propio periódico citado, sólo en tres semanas del año pasado –del 24 de noviembre al 14 de diciembre- la secretaria de seguridad pública pagó a Televisa trece millones de pesos, por “diversos servicios publicitarios”, que pudieron transmitirse sin costo para la SSP en los tiempos del estado de origen fiscal. En meses anteriores se había cubierto la suma de 25 millones de pesos, de los cuales diez sirvieron para difundir mensajes sobre el cuarto informe de gobierno.

Televisa ya había encontrado el modo de ganar dinero con la sola producción de telenovelas, o de ahorrar los costos respectivos haciéndolos recaer en gobiernos estatales. Los titulares del Ejecutivo en cada lugar son invitados al comenzar la grabación de la serie y a la presentación del producto final, lo que les permite aparecer en los noticiarios de espectáculos y también en los generales. Ese fue el caso de los gobernadores de Campeche, Fernando Ortega: Chiapas, Juan Sabines (que ordenó participar también en una producción de TV Azteca); Hidalgo, Miguel Ángel Osorio; Jalisco, Emilio González Márquez: Nuevo León, Natividad González: Veracruz, Fidel Herrera; y Yucatán, Ivonne Ortega. Ellos pagaron el costo de transportes, alojamiento, comidas, etcétera.
14 Julio 2011 04:00:53
El turno de Michoacán
Exactamente 4 meses antes de las elecciones para renovar el poder ejecutivo local, mil ochocientos miembros de la Policía Federal llegaron a Michoacán para, según se anuncia, combatir a Los caballeros templarios, el grupo delincuencial que ha reemplazado a La Familia Michoacana. Según el Gobierno federal, esta organización ha quedado diezmada. Además de la muerte de Nazario González, llamado El Chayo (más hipocorístico que apodo) y la captura de José de Jesús Méndez, motejado El Chango, en los años y meses corridos desde diciembre de 2006, fueron detenidos más de 700 miembros de La familia. No se informa cuántos de ellos fueron llevados a proceso y cuántos fueron sentenciados.

En Michoacán comenzó en aquella fecha, apenas unos días después de la toma de poción de Felipe Calderón, la actuación del Ejército, en combinación con las fuerzas de seguridad locales. El hecho mismo de que el refuerzo de la presencia federal, con casi dos mil hombres más, se concentre en Apatzingán y en el resto de la Tierra Caliente habla del fracaso de la guerra a balazos. Lo mismo dice la sustitución de La familia por los templarios, que bien podría ser no una división que deriva en enfrentamiento sino una estrategia de esa banda para embozarse y evitar la captura de Servando Gómez, apodado La tuta, sobre el cual van los efectivos llegados a Michoacán. Todos esos hechos comprueban lo bien sabido: Que la delincuencia organizada es una hidra de mil cabezas a la que no basta cortar de tajo algunas de ellas porque de ese modo no se le priva de la vida.

El arribo de la Policía federal significa en más de un sentido un regreso al comienzo, aunque cambien los uniformes de los encargados de brindar seguridad a los michoacanos. La misma expectativa generada deliberadamente por el Gobierno federal en 2006 es la que acompaña cuatro años y medio después a este refuerzo.. Pero, por ello mismo, es difícil que el augurio de días mejores por la reforzada presencia policial, suscite confianza en la población, que en ese lapso ha sufrido estremecimientos como el ataque con granadas a la multitud reunida para festejar el Grito en 2009 y la acumulación de muertes con violencia ocurridas día tras día Una circunstancia agrava el panorama: La permanente tensión entre el Gobierno federal y el local, que se expresó en la fallida operación ministerial conocida como michoacanazo, consiste en la captura de más de treinta alcaldes y funcionarios estatales y municipales, incluido el procurador de justicia del estado. Ninguno de ellos quedó preso, pues fueron frágiles las evidencias reunidas por la Procuraduría general de la república y los jueces no pudieron iniciar procesos en su contra (si bien ellos sufrieron las invectivas del presidente Calderón por su presunta lenidad).

Calderón marcará con su sello, indefectiblemente, la temporada preelectoral que ya está en curso. Su hermana mayor Luisa María, que se radicó en Morelia con el fin expreso de contender por la gubernatura, lo representara en el proceso electoral, quiérase que no. Es verdad que ella ha tenido una carrera política propia pero en las actuales circunstancias quien compite por la candidatura dentro del PAN y disputará el Gobierno a otros candidatos, no es la ex senadora Calderón, sino la hermana del Presidente de la República, que con su apoyo aspira a hacer realidad el propósito que el propio Felipe Calderón forjó en 1996 cuando aspiró, en muy otras condiciones, adversas las más de ellas, a gobernar a sus paisanos.

En razón de su parentesco, la futura candidata panista (formalizará esa su condición en unos días más) cuenta con escolta del Estado mayor presidencial. Ese convincente signo exterior de poder (aunado a otros mecanismos de mayor efectividad) modelará la opinión de muchos panistas y votantes, lo que introduce un factor de inequidad en la competencia.

No es seguro que el joven senador Marko Cortés se avenga sin más a esa ventaja de su oponente en la contienda interna. No llegará a una fractura, pero sí tal vez a una retracción de los panistas que se sientan maltratados desde el poder ejercido por su propio partido. En cambio, una sombra de división más concreta se cierne sobre los partidos llamados de izquierda, que no tienen resuelto si se unen y en torno de cuál candidato.

El PRD, al que pertenece el gobernador Leonel Godoy, eligió hace dos semanas al senador Silvano Aureoles como su candidato. Pero su principal oponente, Enrique Bautista presentó más de 700 recursos de inconformidad en un universo de casillas apenas un poco mayor, que están en curso ante los órganos internos del partido, pero parecen haber afectado ya la integración de la alianza que permitiría al PRD mantener el poder. Aunque alega insatisfacción con la forma en que se componen las planillas de candidatos (pues el 13 de noviembre habrá elecciones generales), el Partido del trabajo quizá expresa con su renuencia el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a la candidatura de Aureoles, similar al que lo condujo a auspiciar fallidas candidaturas en Nayarit y Coahuila.

Debido a la persistencia gubernamental en una estrategia que produce resultados sólo aparentes, que dan lugar a la renovación de los cuadros delictivos, y la reactivación del desafío delincuencial, el proceso electoral se desarrollará en el ambiente menos propicio. Toca a los partidos contribuir a que se alivien las tensiones presentes, mediante una participación que oriente a los ciudadanos, en vez de disgustarlos más de lo que están.
13 Julio 2011 04:00:19
Consultar, no golpear
Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos municipales encaran la oposición de sectores de la población a obras que las autoridades juzgan indispensables. Hasta hace no mucho tiempo el autoritarismo imperante permitía la adopción de decisiones unilaterales que la sociedad no tenía más que acatar. Eso no es posible en épocas en que la participación ciudadana se abre paso aunque sea en ámbitos restringidos y respecto de situaciones específicas. Ciertamente es difícil satisfacer a todos los ciudadanos, pues lo que para una porción de la sociedad puede ser una obra necesaria, otra la impugna por considerarla innecesaria o perjudicial.

No se trata de un problema insoluble. El mejor modo de emprender un proyecto de obra pública es sometiéndolo a consulta en que participen las personas o grupos directamente afectados y el público en general. Es preciso, además, que los gobiernos municipales expliquen los fundamentos técnicos y financieros de sus proyectos, y los contrasten con el punto de vista enterado de los especialistas respectivos. No proceder de esa manera tensa la relación entre gobernantes y gobernados y lastra la generación de condiciones adecuadas para la convivencia.

En la ciudad de México se han planteado varios conflictos de esta índole. El más notorio de todos es la Supervía poniente, un proyecto severamente cuestionado social, técnica y financieramente, que se ha complicado por la renuencia de las autoridades a cumplir las formalidades de ley y, posteriormente, a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente, la obra está suspendida en los tramos en que deben respetarse normas federales que no fueron atendidas de manera pertinente por la empresa que al obtener la ventajosa concesión ha reemplazado al Gobierno capitalino, al mismo tiempo que cuenta con él. Un aspecto adyacente en este conflicto ha sido la eventual represión de manifestantes a manos de la fuerza pública.

Mucho peor es la situación que hace ya semana y media priva en Mérida a causa de la oposición de grupos ciudadanos a un paso a desnivel subterráneo en un punto de confluencia de tránsito rodado que genera estrangulamientos, característicos de las ciudades que rinden culto al automóvil. El gobierno priísta de la capital yucateca emprendió esa obra, tenida como innecesaria por sus objetores, sin someter su proyecto a la atención y consulta públicas.

El 4 de julio varios centenares de personas opuestas a la realización de tal obra estorbaron el movimiento de la maquinaria pesada que allí se emplea. Es una conocida y muy difundida práctica de resistencia civil ante la cerrazón de una autoridad. La manifestación ciudadana fue súbitamente agredida por golpeadores que acudieron al lugar mediante una convocatoria expresa cuyo origen no se ha establecido pero que muy probablemente se halla en el gobierno municipal. Por lo pronto, uno de los dirigentes del grupo agresor, empleado del rastro meridano, fue despedido de su trabajo para facilitar, según se dijo, la averiguación sobre los hechos. Es la primera admisión de que el ataque, en el que resultaron muchas personas lesionadas, algunas de ellas de consideración, no fue espontáneo sino que obedeció a intereses identificables.

Por añadidura, la policía estatal se abstuvo de impedir la agresión contra los manifestantes. La gobernadora Ivonne Ortega ha explicado que a su juicio era más conveniente la omisión policiaca, pues de lo contrario se hubieran desprendido daños superiores a los que se produjeron. Pero la explicación no satisface a los agredidos ni a una gran parte de la sociedad meridana.

El hecho en sí mismo, y la contumacia del ayuntamiento encabezado por la arquitecta Angélica Araujo, que persiste en construir el paso deprimido se han sumado a las tensiones que surcan a Yucatán y a su capital. Desde que el PRI recuperó el gobierno estatal que Acción Nacional ejerció durante seis años, y sobre todo a partir de que la administración municipal volvió a manos priístas después de varios trienios, se vive un clima de desazón que no se concentra sólo en los partidos involucrados, sino que se extienda al resto de la sociedad.

El ataque del cuatro de julio es visto y examinado desde miradores que lo caracterizan de modos radicalmente opuestos. Los gobiernos estatal y municipal, y los grupos sociales que los acompañan insisten en responsabilizar de los hechos al PAN y a agrupaciones cercanas a ese partido, mientras que del otro lado se aduce que el autoritarismo que la entidad y la capital han padecido por décadas es la causa del actual estado de ánimo.

Las organizaciones empresariales se han manifestado en contra de la obra y, por consecuencia y con mayor énfasis, indignadas por la represión practicada por grupos de golpeadores. No se trató de un acto de autoridad en que se apela al uso legítimo de la fuerza pública, sino que fueron organizados y dejados sueltos grupos de golpeadores. Es grave la agresión en sí misma, pero quizá lo es más la decisión que revela haber acudido a halcones que pueden aparecer en cualquier otro momento, con grave quebranto de la democracia y la legalidad.

En el Distrito Federal el Gobierno agranda o simula apoyos civiles a favor de sus decisiones. En Mérida se llega al extremo de practicar la violencia en apariencia espontánea pero claramente originada en fuentes gubernamentales. Ése es un modo típico de actuación fascista. Es preciso salir al paso de esa fractura del orden legal.
12 Julio 2011 04:00:47
Disfunción pública
Hace medio siglo, cuando el Senado de la República era una casa de reposo de políticos en retiro, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba qué hacer con esa cámara: ¿La cerramos, la vendemos, la rifamos? Una interrogación semejante cabría hacer respecto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el agravante de que cuando se pretendió poner fin a sus días, los legisladores rehusaron hacerlo. Y allí está, viendo pasar el tiempo. Sólo eso.

El miércoles pasado la Comisión permanente del Congreso de la Unión demandó de la PGR y de la SFP lo que ahora vemos como misión imposible en relación con las cuentas del ISSSTE, el órgano de pensiones y seguridad social del extenso personal burocrático federal. El Poder Legislativo pidió a esas dependencias del Ejecutivo que “instrumenten de inmediato las acciones necesarias a fin de salvaguardar los recursos públicos que fueron destinados a dicho organismo descentralizado y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar”.

Se ignora si la Sfp acusó recibo del pedido del Congreso, que generalmente son inocuos (llamadas a misa, se les considera, porque las atiende quien quiere) y si respondió, no sabemos en qué términos. Pero ayer, como de paso, el titular de esa secretaría, Salvador Vega Casillas, arrojó un balde de agua fría sobre las pretensiones de información de los legisladores. Dijo que no practica auditorías y análisis a pedido, y menos aun sobre la gestión de nadie en particular. Mañana sabremos si lo mismo respondió a la Permanente. El resultado neto es que Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos, a quienes Elba Esther Gordillo tiene en la mira por presuntos malos manejos en esa institución, pueden ya respirar tranquilos si es que el resuello se les había alterado. Nadie indagará entre los pliegues de la administración y las finanzas del ISSSTE, y por lo tanto a nadie se fincarán responsabilidades.

La Sfp suele generar así el punto anticlimático de situaciones que escandalizan a la opinión pública. Ése ha sido el triste destino de sus tareas. Si bien desde el virreinato la corona instauró un mecanismo de visitas a los administradores locales para medir su probidad, la tendencia patrimonialista de los gobernantes mexicanos no ha podido ser jamás contenida. En los primeros tiempos de “la revolución hecha gobierno” se creó una Contraloría General de la República, de corta vida, y luego la peregrina misión de que desde el Ejecutivo se vigile al Ejecutivo fue arrinconada en covachas de segundo orden. No iba mejor a la función fiscalizadora confiada por la Constitución al Congreso. Intentaba ejercerla desde la modesta Contaduría Mayor de Hacienda que no era, como su nombre daba a entender, una oficina del ministerio de finanzas. Durante décadas se llegó al colmo de que el contador formalmente dependiente del legislativo era en los hechos una persona que gozaba de la confianza presidencial.

Como expresión burocrática de su proclama sobre la renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Llamada después Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy es la inocua SFP, que incumple sistemáticamente sus funciones. Después de la alternancia, el presidente Fox designó titular a una importante figura dentro de su partido, Francisco Barrio, que contaba con prestancia política propia. Pero lo reemplazó quien había estado siempre a su vera, Eduardo Romero, que sin proyección propia contaba al menos con el empaque jurídico que debería servir en su tarea. A su turno, Calderón nombró a su amigo y paisano Germán Martínez quien se retiró sin dejar huella a administrar el PAN. Legó el cargo a otro michoacano, carente como él de experiencia administrativa y ayuno por lo tanto de las capacidades para fiscalizar el desempeño público de las dependencias del Ejecutivo.

Vega Casillas está contagiado de la negligencia de su jefe y paisano Felipe Calderón. Así como él demora en publicar decretos sobre reformas cuya aprobación urgió al Legislativo, o deja sin titular la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT durante más de un año, así también Vega Casillas es tardo en la designación de sus colaboradores en puestos clave.

El 30 de mayo pasado, por ejemplo el diputado verde Pablo Escudero denunció una situación que no generó escándalo ni preocupación pese a su trascendencia. En 30 dependencias gubernamentales, incluidas cuatro secretarías de Estado, no hay contralor interno, o para decirlo con la formalidad del caso, titular del órgano interno de fiscalización. Se trata de las delegaciones de la SFP en las oficinas dependientes del Ejecutivo. Falta ese funcionario, y por lo tanto es de suponerse disminuidas de calidad y autoridad las acciones de vigilancia en las secretarías de Hacienda, de Salud, de Gobernación y de Economía. Y no los hay tampoco en organismos de tal relevancia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración y Enajenación (el colosal depósito de los bienes que llegan al Ejecutivo por aseguramientos o decomisos), la Financiera Rural, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Si de suyo la fiscalización practicada desde dentro padece ineficacia porque el controlado y el contralor tienen el mismo jefe, la gravedad de ese defecto se abulta por abulias como la de Vega Casillas. Así, nadie sacará en claro lo que pasa en el ISSSTE.
08 Julio 2011 04:00:05
Inexactitudes presidenciales
Como se dijo en este mismo lugar anteayer, era preciso que el presidente Calderón expresara su parecer en torno de las revelaciones de Elba Ester Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Hubiera sido mejor que, al dar a conocer su versión de los hechos, se hubiera producido con verdad. Y no lo hizo. Apesadumbra a quien respeta la institución republicana, aseverar llanamente que el presidente Calderón mintió. Digamos, en consecuencia, que dijo poca verdad. O la envolvió en circunloquios para no aceptar que cedió una parte de la administración federal a una ciudadana particular (Gordillo lo es aunque tenga una intensa vida pública, y sean públicos asimismo los efectos de sus acciones) como consecuencia de haber entablado con ella un pacto político antes y no después de julio de 2006, una alianza para la calidad educativa. Un documento con ese nombre en efecto existe, pero no puede ser utilizado como disfraz del arreglo por el cual Gordillo contribuyó, de manera legal e ilegal, al resultado formal de la elección presidencial de año.

Gordillo no se refirió a la Alianza para la calidad de la educación, un ambiguo instrumento, entre laboral y académico, cuya instrumentación ha sido estorbada por los representantes magisteriales o manejada por ellos cuando se les ha permitido controlar algunos de sus aspectos. La firma de ese documento, que confunde la relación de trabajo entre el SNTE y la SEP (relación necesariamente bilateral) con indelegables decisiones de autoridad fue acompañada, y no se refirieron a ella Gordillo ni Calderón, con el nombramiento del yerno de la dirigente magisterial, y Fernando González Sánchez como subsecretario de educación básica y normal.

La mejor excusa aducida por el presidente Calderón en su entrevista con León Krauze (una presencia y una voz fresca que escapa al gastado estilo informativo de Televisa y sus filiales) es que no hizo más que respetar hechos consumados. Sin mencionar a Fox, sino sólo aludiéndolo, recordó que su antecesor (y también contribuyente a su victoria), recordó que Gordillo ya disfrutaba en ese tiempo de las prebendas que él no hizo más que reconocer y respetar. Es cierto que Benjamín González Roaro, ahora director de la Lotería Nacional conforme al pacto refrendado, antecedió a Yunes en la dirección del ISSTE. Pero no es verdad que hubiera un pariente tan cercano a Gordillo como su propio yerno en el encargo de dirigir la educación básica y normal.

El pacto que Calderón pretende le sirva de coartada, entre Gordillo y Fox no surgió de servicios prestados de modo expreso ni por el SNTE ni por el Panal, al primer presidente panista, por la sencilla razón de que éste no existía aún y de que el primero formaba parte de la estructura priísta sin lugar a dudas. Fox ganó por circunstancias diferentes a las que prevalecían en 2006. El IFE del 2000, que había ganado respeto y credibilidad entre los ciudadanos era muy otro seis años más tarde. En 2003 había sido configurado, con miras de largo alcance, en acuerdo entre Gordillo y la bancada panista en san Lázaro. Por eso no fue casual que Luis Carlos Ugalde, presidente del órgano electoral, se apresurara a declarar ganador de la contienda a Felipe Calderón sin contar con atribuciones para hacerlo y al emitir un veredicto mucho antes de que la autoridad competente lo hiciera. Ese anuncio prematuro resultó de tal modo parte del paquete de servicios ofrecido por Gordillo a Calderón.

Es verdad, como adujo el presidente entre las pruebas de su inocencia, que el Panal tenía su propio candidato presidencial. En efecto registró como tal a Roberto Campa. Pero fue público y notorio que el Panal instó a sus votantes a no sufragar en su favor, sino sólo por sus candidatos a legisladores. No hubo instrucción expresa, conocida, recuperable, para que votaran por Calderón y no por Campa. Pero el resultado de la operación evidenció su causa.

Que el pacto político se estableció antes de la elección y no después como pretende Calderón para no encarar la responsabilidad de haber contraído compromisos como contraprestación de su parte, se prueba también por la ostensible y conocida campaña de Gordillo en su favor y en contra de Roberto Madrazo, realizada entre gobernadores priístas, varios de los cuales se sumaron a la estrategia gordillista. Hay evidencia cierta de que al menos uno, Eugenio Hernández de Tamaulipas, obró con tal eficacia en el sentido acordado por Gordillo y Calderón, que mereció el agradecimiento expreso de Pedro Cerisola, antiguo compañero de gabinete del hoy Presidente de la República.

Con sus propias palabras, es claro que la Alianza para la calidad educativa suscrita por Calderón no se restringía al ámbito de la enseñanza. El presidente dijo a León Krauze que la dicha ACE “implicó entre otras cosas, que se respetaran posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos o negociados, no sé, desde la administración anterior”. Calderón, sin embargo, no refutó la historia narrada por Gordillo para la génesis del acuerdo político, concertado antes de la jornada electoral.

De acuerdo con Gordillo, a ella no le quedó más remedio que pactar con Calderón. No podía ofrecerle la panoplia de sus recursos electorales a Roberto Madrazo, porque estaba interesada en que perdiera, no en hacerlo ganar. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, no aceptó ni siquiera conocer la oferta. La rechazó de plano en función de quien la presentaba. Sólo quedaba el candidato del PAN y con él, no con el presidente electo, negoció Gordillo.
07 Julio 2011 04:00:18
Las cosas como estaban
Después de las elecciones del domingo, algunas cosas tienden a volver al estado en que se hallaban. Los ganadores, por supuesto, se disponen a asumir sus responsabilidades nuevas. Los suplentes de Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Roberto Sandoval están ya en funciones, desde que ellos dejaron las alcaldías y la curul que ocupaban para buscar la candidatura primero y el Poder Ejecutivo después.

Junto con Ávila Villegas triunfó también Luis Videgaray, que a fines de marzo pidió licencia en San Lázaro para encabezar el comité estatal del PRI y coordinar la campaña del ex presidente municipal del antiguo San Cristóbal. En realidad estaba allí para que Ávila tuviera presente en todo momento que debe su postulación y debería su victoria a Enrique Peña Nieto, de quien Videgaray es colaborador favorito, hechura suya. Carente de toda experiencia en política electoral y no necesariamente apto para el trato con multitudes, Videgaray no fue encargado de esas tareas en función de sus aptitudes sino para evitar que Ávila comenzará más tempranamente de lo debido a construir su propio entorno de poder.

Concluida esa función, Videgaray volverá a la cámara. Su posición como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las tres más poderosas en San Lázaro, quedó en préstamo en manos de Alfonso Navarrete Prida, sólo para asegurar que el puesto no sería usurpado por alguien ajeno al grupo de Peña Nieto. Por eso Videgaray encontrará libre el camino de regreso al Palacio Legislativo. Allí le espera el trabajo en torno del presupuesto federal para 2012, el último preparado por el secretario Ernesto Cordero. Es del mayor interés del gobernador mexiquense que Videgaray cuide que el plan de gasto del Gobierno federal para el año de elecciones corresponda a sus intereses y a ningunos otros. Videgaray ya rindió buenas cuentas en años precedentes y puede presumirse que se esmerará en presentar otras mejores todavía.

Quien asimismo debería tener allanada la senda del regreso a su curul y a la coordinación de la bancada perredista es Alejandro Encinas. Pero como retornará ensombrecido por la derrota, no falta ya quien busque aprovechar esa circunstancia adversa para mantenerlo al margen de las tareas legislativas, o como un legislador más. El oportunismo pretenderá hacerle pagar el resultado en las elecciones mexiquenses, a despecho de las loas que se le cantaron por haber conseguido “la unidad de la izquierda”. Con impudor, el jefe del Gobierno del DF le imputa la responsabilidad de la derrota luego de que se montó entusiasmado en esa candidatura. Es cierto que Ebrard contó entre los partidarios de la alianza, pero cuando se vio atrapado en la corriente contraria, hizo como si Encinas fuera capaz de derrotar a la imponente maquinaria priísta. Y ahora osa decir que Encinas se opuso a la coalición con el PAN, y “allí están los resultados”. Todos los impulsores de la candidatura de Encinas deberían asumir su responsabilidad en el desenlace, incluido Andrés Manuel López Obrador. Pero el dirigente del Movimiento de regeneración nacional cuenta en su favor el que no incurrió en doblez: Nunca fue aliancista.

Al echar sobre Encinas el peso del resultado, Ebrard dista de hacer un mero comentario de banqueta. Se trata de una expresión que cuadra a la defensa de sus propios intereses. Uno de los suyos, Armando Ríos Piter, fue pescador afortunado en el río revuelto que significó la licencia de Encinas, así como la de Guadalupe Acosta Naranjo, que era el vicecoordinador. Ríos Piter, que tuvo la desmesura de pretender presidir el PRD y consiguió instalar en el gobierno de ese partido a una corriente propia de Ebrard, quedó al frente de los diputados perredistas, y ahora es renuente a que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Entre broma y veras, pero revelando su propia gana repitió un gracejo infantil para justificar la marginación de Encinas: “el que se fue a la villa perdió su silla” En vez de simplemente retirarse, reconociendo que la eventualidad de un periodo de sesiones extraordinarias (en que el PRI lleve adelante su proyecto de reforma laboral) demanda en la conducción de su bancada una experiencia de que carece y que en cambio nutre al ex candidato mexiquense, busca medrar con la derrota ajena.

Si hubiera congruencia en el PRD en general, y en su fracción en San Lázaro, allanaría el camino de regreso a Encinas el que también querrá emprenderlo Acosta Naranjo. Una vez mostrada su inocuidad política en Nayarit, no le queda más recurso que volver a la Cámara, lo que hará sin que nadie erija obstáculos en su camino. Queda en la incertidumbre el destino político inmediato de su otrora compañera de bancada y hasta el domingo pasado antagonista del chucho nayarita. Marta Elena García, que como candidata del PAN forjó una elevada votación que hubiera sido mayor, capaz de derrotar al PRI, era hasta antes de pedir licencia para esta aventura electoral, diputada en el grupo perredista. Hay por lo menos tres opciones para ella: No volver a San Lázaro, retornar a la fracción a que pertenecía, donde no le pondrá buena cara; y sumarse a la del PAN, que le daría la bienvenida.

Guillermo Anaya volverá sin problema al Senado. Pero dista de ser tan cierto el futuro de Luis Felipe Bravo Mena. Renunció a la secretaría privada del Presidente para realizar su segunda, empeorada campaña electoral mexiquense. No desplazará a Roberto Gil, que lo reemplaza. Podría volver al servicio exterior, pero allí andan con penurias
06 Julio 2011 04:00:25
Iguales Gordillo y Yunes
El cruce de acusaciones entre Elba Ester Gordillo y su antiguo subordinado Miguel Ángel Yunes Linares no debe quedar en la reyerta, en el ajuste verbal de cuentas entre mafiosos. En su sesión de hoy la Comisión permanente del Congreso de la Unión debería aprobar una petición explícita al órgano fiscalizador de la Federación para que realice una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a la Lotería Nacional. Con una solicitud con carácter urgente supliría la indiferencia, el pasmo y la negligencia de la Secretaría de la función pública, que debería haberse interesado en indagar lo que ocurre en esas oficinas cuyo gobierno fue cedido por el presidente Calderón a la dirigente magisterial a cambio de su apoyo en las elecciones de 2006, que fue determinante para llevarlo a Los Pinos.

La semana pasada, al revelar el pacto político que la unió y la vincula todavía con Calderón, Gordillo se expresó desdeñosamente de Yunes Linares, su antiguo peón de estribo. Antes de cumplirse una semana, el ex director ofreció como su ex jefa una conferencia de prensa. La indiscreción más contundente que produjo fue que la propietaria del partido Nueva Alianza lo citó en la ciudad de san Diego, Cal., para instruirlo a fin de que extrajera de los recursos del ISSSTE la suma de veinte millones de pesos ¡cada mes! para el sostenimiento de su partido, que el año pasado se alió con el PAN para postular a Yunes Linares para la gubernatura de Veracruz

Yunes dijo haberse rehusado a acatar tal petición, expresada en febrero de 2007, apenas dos meses después de su toma de posesión al frente del ISSSTE. Si la petición se produjo, como es verosímil dado el tipo de trato celebrado entre Gordillo y Calderón, la negativa de Yunes Linares a satisfacerla no debe haber causado gran irritación en la profesora (que acaso recibió mejor respuesta en otro de los feudos que le fueron entregados por el Presidente), pues no rompió entonces con quien era director de aquella importante dependencia no por sus méritos propios (además de sus defectos muy conocidos, carecía de experiencia administrativa) sino en pago a los servicios de Gordillo.

No sabemos si Yunes miente en relación con la desmesurada demanda de Gordillo. Miente en cambio, sin lugar a dudas, cuando reniega de su subordinación a la lideresa. Revela su mendacidad su propio dicho de que acudió a verla a hotel en san Diego donde ella convalecía. Si su nombramiento no habría sido gestionado por Gordillo, Yunes Linares no tenía que haber hecho la peregrinación emprendida por muchos en aquella época. Y es que le debía acatamiento. Gordillo fue su jefa cuando ambos fueron diputados, en la 59ª. Legislatura. Ella coordinó por unos meses la fracción priísta y Yunes era uno de sus validos. Lo puso a presidir la comisión de puntos constitucionales y a defender las posiciones de Gordillo, cuyo enfrentamiento con Roberto Madrazo se delineaba entonces (y al cual Yunes servía también como director jurídico del PRI). Cuando el plan de Gordillo para aliarse al PAN (decisión que dio lugar a la efímera fracción elbiazul) fracasó, se constituyó un movimiento efímero llamado Fuerza reformadora, compuesta por 61 priístas, uno de los cuales era Yunes. Tras la expulsión de Gordillo, Yunes renunció al PRI y la profesora, que también tenía un pacto político con Fox, le consiguió acomodos en el sistema de seguridad pública. Juntos entablaron relación con Felipe Calderón, y de allí surgió su nombramiento al frente del ISSSTE y su candidatura al gobierno de Veracruz. La sostuvieron el PAN y el Panal.

La inverecundia de Gordillo y Yunes, cortados por la misma tijera en el PRI en que medraron, los lleva a considerar que, como son personas honorables, basta que nieguen las imputaciones que se lanzan para que queden respondidas. Lo hizo Yunes por la mañana de ayer, y Gordillo al atardecer, en que se limitó a calificar de “temerarias, frívolas y calumniosas” las afirmaciones de su ex protegido.

Éste pasó por alto el severo cuestionario que le asestó ayer mismo la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP). En un nuevo episodio de los embates –que aquí hemos reseñado--- contra el director del ISSSTE, Jesús Villalobos, herencia de Yunes en ese instituto, esta vez las huestes gordillistas apuntaron hacia Yunes abiertamente. Lo sometieron a un interrogatorio público que el ex valido de Elba Ester soslayó por completo. Tiene que ver con su propio manejo de recursos en el instituto que dirigió, y en el desvío de recursos del mismo a Veracruz, en preparación de su candidatura. La Fdssp se refiere también al contrato del ISSSTE con Bestel, una filial de Televisa suscrito por Yunes poco antes de marcharse a Veracruz, que está impugnado por sus irregularidades. El cuestionario abunda en insinuaciones de corrupción, que deberán ser investigadas, más allá de los oscuros motivos que han producido esta reyerta.

Claramente involucrado por los dos contendientes de esta riña, el presidente Calderón no puede permanecer silencioso, como si el asunto no le concirniera. Gordillo, con quien se cruza cumplidos en asuntos magisteriales cada vez que pueden, ha revelado un pacto de largos alcances políticos, jurídicos y aun judiciales. Calderón no puede validar con su silencio los dichos de su todavía aliada y su antiguo colaborador. Lo colocaron en situación incómoda, y quedará en entredicho si no explica pronto su propia posición.
05 Julio 2011 04:00:49
El retorno de los brujos
El viejo PRI, que nunca se ha ido del todo, retornó al triunfante al espacio electoral hace cuarenta y ocho horas, en que apabulló a la oposición, generadora en parte de su propia derrota, pero inerme ante los abusos de los gobiernos priístas que se propusieron corregir la tendencia que el año pasado y los primeros meses de este había conseguido en apariencia el debilitamiento del partido antaño hegemónico, que se apresta a recobrar esa condición.

En rigor estricto, pese a las apariencias, el PRI no obtuvo ganancia alguna. Lo que en realidad ocurrió fue que evitó pérdidas como las que sus antagonistas le infligieron en 2010. Entonces le arrebataron los gobiernos de tres entidades donde no había habido alternancia. Ahora el PRI mantuvo en su poder las gubernaturas de Coahuila, México y Nayarit, y la mayor parte de los ayuntamientos hidalguenses, incluido el de Pachuca, que también ha sido gobernada siempre, salvo un trienio hace tres lustros.

Para evitar ser derrotado el PRI desplegó los arbitrios que le permitieron dominar la política nacional durante setenta años. En ese prolongado periodo el tricolor era un partido de Estado, sufragado por el gobierno federal y los de las entidades. Aunque en el último decenio no ha podido contar con recursos públicos federales para influir en las elecciones, sigue haciéndolo a través de las participaciones fiscales sin control. Esos recursos, agregados al colosal endeudamiento en que incurren los gobiernos estatales, hacen de sus gobernadores una munífica fuente de aprovisionamiento de su partido y sus candidatos.

Eso permite al PRI realizar campañas costosísimas e incontratables, como ocurría en los tiempos de su pleno dominio. Con dinero público, y acaso otros recursos procedentes de orígenes inconfesables, la ventaja priísta se ha vuelto insuperable. En los estados donde anteayer hubo elecciones el pronóstico era fácil, como lo fue en el ámbito federal entre 1929 y 1994, Eran elecciones predecibles: Se sabía con plena certidumbre quién ganaría la elección presidencial, como se supo en el proceso a punto de concluir que Rubén Moreira, Eruviel Ávila y Roberto Sandoval ganarían los comicios del tres de julio.

La plétora de recursos de que disfruta el PRI le permite hace campañas intensas y eficaces, con las que no pueden competir las de los opositores. Para citar el estado de México, paradigmático de este retorno de los brujos, el 76 por ciento de los 48 mil espacios públicos (espectaculares y bardas, taxis y autobuses, etc.) donde se pintaba o fijaba propaganda electoral, fueron utilizados para la propaganda de Ávila, mientras que Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena sólo contaron con el 11 y el 7 por ciento respectivamente. Por si fuera poco, el gobierno estatal multiplicó su presencia en ese género de espacios, al aparecer en más de 2,500. Una decisión judicial dispuso que 900 de ellos fueran retirados. El Instituto electoral del estado de México desacató en los hechos la orden.

Ese es otro de los viejos arbitrios recuperados del pasado en beneficio del PRI. En los años de su dominio autoritario, ese partido y el gobierno controlaban los órganos electorales. Superada por diversos motivos la breve primavera de ciudadanización, las autoridades electorales están de nuevo al servicio del PRI. Sus funcionarios y buena parte de sus consejeros con cuidadosamente escogidos para que gestionen los intereses príistas o impidan actos que los lesionen. Órganos electorales independientes pueden hacer cesar injerencias gubernamentales indebidas. Uno como el IIEM, para ponerlo de nuevo como ejemplo, sirve en cambio para solapar la ilegítima participación del gobierno. Un funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto, Bernardo García Cisneros, fue filmado en una reunión con el alcalde de Valle de Chalco organizando los apoyos que recibiría el candidato priísta (todavía sin ser designado entonces). En su carácter de presidente de la Junta de conciliación y arbitraje, era uno de los muchos servidores públicos ´de alto nivel a quienes se encargó organizar la intervención gubernamental en las elecciones. El órgano electoral desestimó los señalamientos en su contra, y con ello dio carta blanca a esa participación eficaz sí, pero ilegal, incluso delictuosa.

El propio Instituto acordó realizar revisiones precautorias del gasto de campaña. Uno de los defectos del sistema de fiscalización electoral es su extemporaneidad. Cuando se viene a saber si un candidato erogó más de lo dispuesto es demasiado tarde. Así ocurrirá con aquella disposición del IEEM porque la corrigió en beneficio de Ávila. Dejó de ser precautoria, porque ahora los resultados de la revisión serán conocidos cuando todo se haya consumado. Y aun si fueran contrarios al candidato priísta el procedimiento será inocuo pues el beneficiario habrá sido declarado gobernador electo o tal vez ya haya tomado posesión en septiembre próximo.

La oposición unida ha podido hacer frente al abuso priísta y a su dominación. La clave para el derrotar a gobiernos priístas en los estados donde no haya habido alternancia y el tiempo parece haberse detenido es la alianza opositora. Lo probaron los casos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Las coaliciones en Coahuila, México y Nayarit pudieron intentarlo. Pero las divisiones internas en el PRD impidieron que se consumaran y constituyeran un valladar al retorno de los brujos. El PRI apabulla, pero su oposición no acierta a practicar los modos de impedir que se la arrase.
01 Julio 2011 04:00:12
Vicisitudes mexiquenses
Los tres partidos con mayor presencia en el estado de México llegan a los comicios del próximo domingo en condiciones por entero diferentes de las que imaginaron y aun planearon sus dirigentes. Enrique Peña Nieto, el gobernador que juega en dos procesos –la sucesión estatal y su participación en la presidencia--, supuso posible que un dependiente suyo directo fuera el candidato de su partido, señalado por su dedo. Estaba a punto de designar a Alfredo del Mazo, señoritingo como él mismo, miembros de una dinastía que ha llevado a dos de sus miembros, de igual nombre, a gobernar desde Toluca. Y los líderes del PAN y del PRD habían concertado una alianza que les permitiera frenar y echar atrás la poderosa maquinaria electoral priísta. Ninguna de esas expectativas se cumplió.

Eruviel Ávila es el candidato del PRI. Advertido del riesgo que correrían su partido y su propia postulación, Peña se resignó a designarlo, para asegurar el triunfo. De haber escogido a Del Mazo (y con mayor razón todavía a Luis Videgaray, hechura directa suya), Peña Nieto habría sufrido la reticencia del priísmo del Valle de México, ayuno del poder político que le ha regateado el del Valle de Toluca. Esa decisión evitó la posibilidad –nunca sabremos qué tan real—de que el alcalde de Ecatepec, ganador dos veces del gobierno de ese municipio, el más poblado de la república, saliera del PRI para encabezar la alianza opositora. Los dirigentes del PAN y el PRD locales tenían ya concertada una coalición pero carecían de candidato. Contar con un ex priísta era una circunstancia ideal: Así lo habían mostrado las victorias en Oaxaca, Puebla y sobre todo Sinaloa, porque Mario López Valdez, el ahora gobernador aliancista, fue miembro del PRI por así decirlo hasta media hora antes de su postulación. Ávila podía ser esa carta esperada. Pero la sola amenaza objetiva de que lo fuera contó entre las razones por las que Peña Nieto se ajustó a las circunstancias y aceptó lanzarlo a la palestra.

De modo que los líderes opositores locales admitieron que su candidato fuera miembro de uno de los dos partidos. Por ejemplo, Alejandro Encinas que, pese a su militancia en la izquierda, y en la que rodea a Andrés Manuel López Obrador no era mal visto en la cúpula panista, así en la mexiquense como en la nacional. Llegó a planteársele directamente el apoyo panista a través de la alianza. Pero Encinas rehusó canjear la seguridad (o casi) de la victoria con los votos sumados de panistas y perredistas por sus convicciones y conveniencias y anunció que sólo sería candidato de su partido, el PRD, a solas o aliado con el PT y Convergencia, tal como ocurrió. A su vez, el ex presidente panista Luis Felipe Bravo Mena fue postulado por el PAN, a solas.

No obstante que en un intento extremo de asegurar la coalición los comités locales del PAN y el PRD organizaron una consulta que con amplia participación se manifestó mayoritariamente por la alianza, ésta no pudo consumarse por la posición de Encinas, que correspondía a la intensa campaña mexiquense de López Obrador. Opuesto a las alianzas de sus partidos con el PAN, el ex candidato presidencial fue especialmente enfático en impedir la mexiquense, con lo cual favoreció al PRI, que hubiera quedado en aprietos de consumarse la coalición a la que era adverso López Obrador.

Es seguro que Ávila triunfe el domingo. Las encuestas muestran un alto nivel de preferencias electorales en su favor. Las de Reforma no son excepción. Si bien su porcentaje disminuyó dos puntos entre mayo y junio (61 y 59 por ciento), está muy por arriba de sus antagonistas: Encinas subió tres puntos en esos meses (de 23 a 26 por ciento) en tanto que Bravo Mena perdió un punto, de 16 a 15 por ciento. Contendientes de nuevo como lo fueron en 1993, los resultados de Encinas y Bravo Mena quedarán invertidos. Hace 18 años el panista obtuvo el 17 por ciento de los votos y el perredista la mitad de ese porcentaje: 8.7. Será la primera vez que el PRD supere a Acción Nacional. Aun la atractiva candidatura de Yeidkol Polevnsky hace seis años quedó unas décimas de puntos por debajo de la repulsiva candidatura de Rubén Mendoza Ayala.

La victoria de Eruviel Ávila es producida por varios ingredientes. El primero de ellos es dinero, de diversos orígenes (incluido el de Jorge Hank). Su campaña ha sido escandalosamente onerosa. Pueden atestiguarlo no únicamente los mexiquenses en su territorio sino los habitantes de la ciudad de México, a los que formalmente no conciernen los comicios de pasado mañana: Cientos de autobuses pasean por las calles capitalinas el nombre y el retrato del candidato priísta, que también figura en “copetes” colocados ex profeso en miles de vehículos de servicio público en la entidad. Todo ello amén de la propaganda disfrazada de información que le ha permitido una masiva presencia en radio y televisión. Eso explica su salto en los índices de reconocimiento: En febrero era conocido por el 33 por ciento de los interrogados; en junio sabían quién era el 95 por ciento.

También contarán en se triunfo el descarado apoyo de la maquinaria gubernamental, el sesgo de la autoridad electoral, el apoyo del sindicato magisterial, directamente o a través del Panal, el rutinario apego de Ávila a las estructuras clientelares, como Antorcha campesina. La filial urbana de ese movimiento, Antorcha popular, puso a los niños de Chimalhuacán, su cuartel mexiquense, a fabricar piezas de propaganda para provecho recíproco (no de los niños, por supuesto).
30 Junio 2011 04:00:13
Coahuila: Hermano Vs. compadre
Además de elegir gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ellos es Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde ganó la alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo –que en su nombre revela la antigua fe política de su padre— Evaristo Lenin Pérez Rivera.

Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador con licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de Covarrubias y asociados, por ejemplo) apenas obtendrá el segundo lugar en número de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a uno: elegirían al priísta 65 por ciento, mientras que sólo 22 por ciento votarán por el panista.

Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el porfiriato.

En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de uno y otro mediaron diez años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo sucesión continua entre parientes.

Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza uno por ciento de las preferencias en la encuesta de Covarrubias y asociados. Es el mismo porcentaje de Jesús González Schmal, presentado por Convergencia y el PT.

El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Chihuahua un rancho de agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron militantes panistas torreonenses.

Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos colaboradores del actual presidente nacional del PRI, Vicente Chaires y Javier Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces.

A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador Federico Doring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por dos mil millones de pesos para la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos “con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública”, así en esos vagos términos. Como preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hizo notar el abrumador endeudamiento del gobierno del primer Moreira, que asciende a treinta mil millones de pesos.

Villarreal participó también como testigo de honor en la firma de contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. De los fondos de Prodemin, presuntamente creada para asegurar precios justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores mineros, el gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, en lo que va de este año.
24 Junio 2011 04:00:17
La Cirt contra el IFE
La Cámara de la industria de Radio y Televisión vivió épocas doradas en su relación con el Gobierno federal. En su seno se incubó la ley federal sobre la materia, que contrahecha y rengueante, está todavía en vigor. La Cirt tenía capacidad para imponer medidas, o para contener las que consideraba lesivas para los intereses de sus agremiados, aunque convinieran al interés nacional, en nombre del cual ahora se permiten cuestionar al Instituto federal electoral.

Aun bajo gobiernos en extremo autoritarios como el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la Cirt pudo negociar en su provecho la fijación de un gravamen que afectaría a las empresas concesionarias de un servicio público, que es el caso de sus afiliadas. Logró que la rudeza presidencial trocara el cobro en efectivo de ese impuesto por un pago en especie, es decir tiempo al aire, que nunca se aplicó a cabalidad. De esa negociación resultó el tiempo del estado, una franja de que las autoridades pudieron disponer para la emisión de sus mensajes.

La omnipresente Cirt consiguió, después de tres décadas de precario funcionamiento de esa modalidad de difusión estatal, que la señora Marta Sahagún persuadiera a su fácilmente influible cónyuge de reducir ese tiempo del Estado. Pero algo permaneció, y ya en este sexenio, al lograrse la reforma constitucional en materia electoral, con la aquiesencia de los partidos de mayor participación electoral, el Estado confirió un uso nuevo y socialmente útil a esa franja del tiempo de los medios electrónicos, que funcionan mediante concesión federal y están obligados a ceder esa porción de su tiempo de transmisiones. No se trata de un robo a particulares como lo ha considerado el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas, sino del cumplimiento de una obligación fiscal, que si se cubriera en efectivo implicaría un alto ingreso al erario y un monto importante en las cuentas de los concesionarios, de cuyo pago se libran.

La reforma de 2007 estableció un nuevo sistema de radiodifusión en materia electoral. Sacó del comercio en los medios electrónicos la propaganda emitida por partidos (y cualquier persona, para evitar las simulaciones) y convirtió al Instituto Federal Electoral en el órgano administrador del tiempo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora la propaganda de los partidos en radio y televisión es cursada por el IFE a las empresas concesionarias, a cuya cámara esa modificación resultó repudiable. Por eso desde el comienzo de su aplicación el año pasado no ha dejado de oponerse a sus normas, alegando toda suerte de pretextos y aplicando una variedad de argucias. El IFE ha procurador ceñir a los concesionarios a las normas legales, pero debe primero combatir la obediencia a la Cirt de algunos consejeros y representantes de partidos en su consejo general. Por eso a menudo las sanciones al incumplimiento de las normas legales han quedado anuladas, en el propio IFE. Y cuando avanzan, allí está el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para remediar el daño.
Ahora la Cirt desarrolla una doble estrategia contra la autoridad electoral, centrada específicamente en su comité de radio y televisión. Por un lado, esa cámara ha obtenido o reforzado su representación en dicho comité.

Lo hace a través de los partidos que le son afines, pero con personas estrechamente vinculadas a ella. El nuevo representante del Partido Verde, es el diputado federal Carlos Esteva, que fue director jurídico de la Cámara hace diez años y consejero de la misma desde entonces (hasta 2009 en que ingresó a San Lázaro). Es más acusado el vínculo entre la Cirt y Andrés Massieu, diputado también que ahora representa al PRI. Fue el principal funcionario ejecutivo de la Cirt entre 2006 y 2009. Su llegada al comité encierra un significado profundo, pues su talante funcional e ideológico es enteramente opuesto al de Carlos Ortiz Tejeda, a quien Beatriz Paredes encargó representar al PRI y le dio amplia libertad de acción (o Carlos se la tomo), de tal modo que su criterio propio, el de hacer respetar la ley a los concesionarios rigió la presencia tricolor en el comité respectivo. Su amigo y paisano Humberto Moreira lo nombró presidente de la Comisión Nacional de Ideología, pero no llenó su hueco en el IFE con alguien que prolongara su presencia sino a quien la borrará inmediatamente.

La estrategia de la cámara se completa con la difusión de mentiras e inexactitudes sobre la coyuntura actual del IFE, caracterizada por la urgencia de emitir nuevas normas o reformar las existentes. Antes de que se inicie, la semana venidera, la veda de legislar en materia electoral (90 días antes del comienzo del proceso electoral, que se abre con octubre próximo, el IFE necesita armar el aparato reglamentario que aplicará durante ese proceso. “La modificación de los distintos reglamentos -explicó el IFE el domingo pasado- permitirá que el proceso electoral ocurra en un marco de mayor certeza y claridad para todos los actores políticos y los sujetos regulados”. En respuesta, esos “sujetos regulados” dijeron ayer que “el IFE se apresta a censurar a toda la radio y tv mexicana”. Lo hará, asegura la Cirt, “usurpando facultades del Congreso”.

Se refiere al derecho de réplica. El IFE se limitará a suplir una omisión del Congreso, no a usurpar sus funciones, para que el IFE pueda cumplir las suyas, conforme a disposición expresa del Tribunal Electoral. El consejo general del instituto sesionará el próximo lunes. Entonces seguiremos con este asunto.
23 Junio 2011 04:00:01
No a un periodo extra
La Comisión Permanente del Congreso no convocó al periodo de sesiones extraordinarias demandado por el Presidente Calderón la semana pasada. La pretensión del Ejecutivo era incumplible, salvo que hubiera pactado su realización con el PRI. Ya el miércoles anterior, cuando la Permanente no calificó la solicitud presidencial de urgente y obvia resolución para votarla ese mismo día, se esbozó una respuesta negativa. La oposición entera dio entonces una respuesta afirmativa, pero no dijo cuándo podrían realizarse las sesiones requeridas por Calderón.

Al remitirlo a comisiones, la Permanente hizo de dicho periodo algo impracticable. Aun si se hubiera convocado ayer, sin que estén listos los dictámenes relativos a los más importantes asuntos planteados por el Ejecutivo, la fecha de reuniones de las Cámaras habría tenido que situarse no para la semana próxima, antes de las elecciones locales en Coahuila, Hidalgo, México y Nayarit. El fragor de las campañas en los próximos días haría imposible una reunión legislativa de cualquier tipo. Y no se diga en los días de veda, los que corren del jueves 30 de junio a la jornada electoral: Todo debate que se entablara entonces estaría infectado por la propaganda que ya no se puede realizar en cada una de esas entidades.

En esas condiciones puede darse por muerta, al menos en lo inmediato, la reforma política aprobada en el Senado y que la Cámara ya no alcanzó a discutir y menos a aprobar, salvo el improbable caso de que una cámara dominada por el peñismo se allanara acríticamente a la otra, controlada por el beltronismo. Al comenzar julio se inicia el periodo de veda para cualquier reforma legislativa en materia electoral que se pretenda esté en vigor con miras a la elección federal del año próximo. Las candidaturas independientes, por poner el ejemplo que más de bulto importa al sector participante de la sociedad, no serán posibles el año próximo.

La negativa del PRI a aceptar el pedido del Presidente fue ya explícita. La emitió primero Francisco Rojas, líder de los diputados, y la refrendó en la víspera de la sesión de la Permanente el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Es una de las raras ocasiones en que coinciden. Precisamente una de las varias causas por las que el periodo ordinario concluido en abril tuvo un final anticlimático, es el desacuerdo persistente entre ambos coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI. Los disensos entre ambos generan conductas que parecen propias de fracciones opuestas. Por ejemplo, el proyecto de reforma hacendaria, concebido e impulsado por Beltrones, naufragó rumbo a san Lázaro, donde los diputados priístas le hicieron el feo. En sentido contrario, el Senado envió el proyecto, ya incorporado a una minuta, sobre la reforma política, en la víspera de la clausura del periodo de sesiones ordinarias. Con ello se buscó que posiciones de Peña Nieto como la contrarreforma demandada por el gobernador mexiquense para sobreponer la gobernabilidad de la Cámara de diputados a la pluralidad de la representación no pudieran ser incorporadas al texto discutido en el Senado.

La reforma laboral, que importa al Gobierno tanto como al PRI en san Lázaro, al grado de que ya había un acuerdo para aprobarla de prisa en abril, tampoco será posible antes de septiembre, y ya se verá si muda esa condición en el penúltimo periodo de sesiones de la actual legislatura. La comisión dictaminadora que se apresuraba a emitir su dictamen se vio súbitamente frenada por diversos factores. Por lo tanto, cesó sus trabajos y los condicionó a una consulta que ampliara los horizontes de la nueva ley laboral. Hasta se fijó fecha entonces, mediados de mayo. Pero el término se agotó y ahora la propia comisión ha citado a sus miembros para la primera semana de agosto. Si emitiera una semana después su dictamen, sería oneroso, innecesario y aun ridículo citar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena del último mes del receso, cuando esté en puerta el periodo ordinario.

No habrá, pues, periodo que interrumpa el descanso de los legisladores. Y que no lo haya no será responsabilidad exclusiva de los miembros del Congreso. Calderón fue instado a dar una seña de que su prisa por reformar leyes y aun la constitución se extiende a todo el proceso legislativo, cuya fase última le concierne. El diputado Sebastián Lerdo de Tejada le pidió publicar 25 decretos sobre reformas ya cursadas por el poder legislativo que el Presidente mantiene sobre su escritorio o guardadas en un cajón. El Ejecutivo no acusó recibo de esa solicitud y por lo tanto no procesó la aparición en el Diario Oficial de ninguno de esos decretos, y menos propició una edición especial en que diera salida a todos de una sola vez.

De esa manera se comprobó que Calderón no buscaba un periodo extraordinario, solicitado en un momento político poco pertinente y sobre materias inabordables con prisa, sino la negativa del Congreso. Con ello el Presidente podría ostentarse ante la opinión pública como el poder dispuesto a las reformas que choca contra el legislativo que rehúsa acompañarlo en ese empeño. Generar esa imagen de víctima de la negligencia legislativa fue rentable para Vicente Fox, no obstante que se documentó en su momento la sostenida colaboración que sus opositores le brindaron en las cámaras. Algo semejante espera Calderón, que de ese modo ocultaría sus propias abulias y escondería en qué medida sus notorias intemperancias dificultan los acuerdos que llevarían a reformas.
22 Junio 2011 04:00:22
Acapulco: Tirar el agua, la tina y el niño
Un año después de su nombramiento como secretaria de Turismo, Gloria Guevara lanzó una iniciativa que el miércoles pasado debía llegar a un punto culminante. Se debería entonces escoger una nueva sede para el tianguis turístico mexicano. Esta acción comercial dejaría de realizarse en Acapulco, donde se efectuó durante 36 años, para hacerse itinerante.

El golpe que eso significaba para “el paraíso del Pacífico” fue recibido, como es comprensible, con gran disgusto por las autoridades de Guerrero y las municipales más directamente afectadas. Se trató, además, de un golpe artero, anunciado precisamente en el momento del relevo gubernamental en el Estado. Acaso se calculó que la confusión que suele generar un cambio de gobierno, agregada a la rivalidad del gobernador Ángel Aguirre y el alcalde Manuel Añorve –vencedor y vencido en la contienda por la gubernatura—contribuirían a que la decisión fuera ciertamente no asimilada con júbilo, pero sin admitida con mero alzamiento de hombros.

Pero no fue así. Tanto Aguirre como Añorve, y los prestadores de servicios en el puerto y playas aledañas, protestaron por la decisión de la secretaria de Turismo, bisoña en materia política, pues hasta marzo de 2010, cuando asumió su responsabilidad pública, era ejecutiva principal de Sabre Travel Network, la agencia de reservaciones más solicitada en México, que maneja 7 de cada 10 de esas operaciones en nuestro país.

El presidente municipal de Acapulco no se contentó con sólo expresar su inconformidad y disgusto. Amén de proferir juicios agrios acerca del gobierno federal panista tuvo el acierto de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera en el asunto. Inició una controversia constitucional, un recurso que asiste a los municipios contra medidas del gobierno federal y consiguió no sólo que el tribunal mayor aceptara aplicar ese medio de control constitucional, sino mucho más: el tres de junio la ministra Olga Sánchez Cordero otorgó al ayuntamiento acapulqueño, conforme a su pedido, la suspensión provisional en tanto se resuelve la cuestión de fondo. De ese modo, fue imposible cumplir la convocatoria lanzada por la secretaría de Turismo. Según esa convocatoria, el 15 de junio se anunciaría el próximo destino del Tianguis, de entre los 18 gobiernos estatales que solicitaron la sede. Se quedaron a la espera de la decisión, pues Acapulco seguirá siendo asiento de ese mercado, este año y quizá el próximo, si es que para entonces no se ha resuelto la controversia.

Demasiado tarde, por hallarse frente a un hecho consumado, 19 gobiernos organizados por Turismo para ese efecto publicaron el viernes pasado un mensaje en que manifiestan su incomodidad por la admisión de la controversia y el que conlleve la suspensión. Demandaron del máximo tribunal una pronta resolución de fondo. Sería extraño que su llamado surtiera efectos. La Corte suele invocar al tiempo para que acuda en su auxilio, y es parsimoniosa en el abordamiento de casos peliagudos. Tiene, además, una carga de trabajo abundante que la fuerza a resolver los litigios conforme a prioridades en que cuenta el turno de ingreso del expediente al tribunal. No parece que la iniciativa de la secretaria Guevara pueda consumarse en breve lapso.

Dos clases de argumentos, a cuál más falaz, se han esgrimido para privar a Acapulco de un acontecimiento mercantil que es, después de 36 años de realización anual, parte de su fisonomía. Uno de ellos no suele decirse en voz alta, porque expresarlo significa para el gobierno federal pegarse un balazo en el pie, es decir autoagredirse o por lo menos autocriticarse. Se trata de la inseguridad prevaleciente en el puerto, que se manifiesta en multitud de asesinatos, los más de ellos consumados con extrema crueldad, que causan pavor en algunas porciones de la población acapulqueña pero a otra, y a un buen número de visitantes, los tiene sin cuidado, para bien y para mal. Es cierto que los visitantes de la pasada Semana santa fueron sobre todo mexicanos, pero los niveles de ocupación resultaron entonces satisfactorios. Se castigaría de ese modo la incapacidad local de garantizar la seguridad de los visitantes, como si fuera dable ofrecerla en otros lugares del país.

Los motivos que se aducen en público no son justificación suficiente. Se dice que otros “destinos” turísticos –como se les llama con ánimo metafísico—merecen la promoción que año con año recibe Acapulco, que ha gozado de ese privilegio por demasiado tiempo. Y que el tianguis languidecía en ese puerto. El diario Reforma publicó información que puede apuntalar esa decisión, pues el mercado acapulqueño declinó entre 2008 y 2010 de manera evidente. En el primero de esos dos años acudieron 1,183 compradores y sólo 850 el año pasado. Y de 30 países la cifra se redujo a 18 entre un año y otro. Pero habría que considerar qué repercusión tuvo en ese efecto la crisis económica mundial, que hizo decaer la actividad turística por doquiera.

Aun si fueran ciertas las razones de una y otra clase, al despojar a Acapulco de una situación que lo beneficia (sin perjuicio del turismo en general), la actitud de la secretaría de Turismo se asemeja a la estolidez de quien después de bañar a un niño y ver el agua sucia, derrama el líquido, arroja la tina y tira el niño mismo. Acapulco necesita mejores servicios en todos los órdenes, sobre todo en cuanto a la seguridad. Hasta ahora no basta el patrullaje militar en las calles. Se precisan acciones eficaces.
21 Junio 2011 04:00:03
Pablo González Casanova
El consejo universitario de la UNAM otorgó el doctorado honoris causa al doctor Pablo González Casanova. Si algún defecto tiene la distinción es su tardanza. Es verdad que la institución le confirió simultáneamente, en un acto singular, el emeritazgo como profesor y como investigador, en 1984. Pero el que ahora reciba, cuando se cierren los festejos por el centenario de la UNAM la mayor distinción que ésta puede acordar, corona una vida entera dedicada a la enseñanza, la investigación, la administración universitaria y, por encima de todo, a la reflexión crítica.

Don Pablo cumplió 89 años el 11 de febrero pasado. Nació en Toluca, hijo de Pablo González Casanova, un lingüista sobresaliente, de la generación de quienes, amén de rendir homenaje a las culturas prehispánicas, ponderaron el valor de los pueblos indígenas del presente, su habla y su cultura.

Formado como historiador en la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México, González Casanova se convirtió a la sociología durante sus estudios de doctorado en la Universidad de París, donde al mediar el siglo pasado, vivió una época pródiga en el debate intelectual, cuya animación ha sido un rasgo eminente de su labor académica y política.

Director de la Escuela nacional de ciencias políticas y sociales en 1957, un lustro después de fundada esa institución, la renovó por entero. Los ocho años en que la dirigió don Pablo fueron definitorios del rumbo que cursaría ese plantel. Promovió un plan de estudios en que a partir de un tronco común de dos años, basado en las teorías económica, política y social (y su respectivo desenvolvimiento histórico) los estudiantes cursaban sus especialidades:
Ciencias políticas y administración pública, diplomacia (más tarde relaciones internacionales), periodismo y sociología. Impulsó a no pocos profesores a prepararse en el extranjero y los incorporó a la planta docente de la escuela, como había hecho con quienes se formaron fuera de México antes de que él dirigiera la facultad. Contribuyó centralmente a instaurar un clima de discusión racional que propició el respeto a las diversas posiciones, en años en que debido entre otras causas a la Revolución Cubana, la vida pública y la académica tendieron a la polarización. Sus inmediatos sucesores, Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea consolidaron las iniciativas que don Pablo desplegó.

Profesor él mismo, sus cursos de sociología de México culminaron al publicar, apenas concluida su gestión como director, La democracia en México, obra señera si las hay, que marca el nacimiento de la sociología política mexicana.
Fue el primer estudio sistemático sobre la estructura del poder, basado en la investigación empírica y animado por una teoría crítica. En él figuran aportaciones como la del colonialismo interno, sin la cual no se explica el funcionamiento del sistema mexicano consolidado su prestigio como sociólogo, fue a partir de 1966 director del Instituto de Investigaciones Sociales.

Al terminar el rectorado de Javier Barros Sierra González Casanova fue elegido para sucederlo. Aunque no concluyó su cuatrienio, en el breve lapso que la dirigió la Universidad quedó marcada por dos instituciones que respondían a la necesidad de modernizar la enseñanza y de no excluir de la educación superior a quienes ya no podían ser incorporados a sus beneficios por la propia UNAM y el resto del sistema universitario público. Fueron creados el Colegio de ciencias y humanidades, cuya enseñanza del bachillerato amplió las posibilidades de la ya entonces centenaria Escuela nacional preparatoria; y el Sistema de universidad abierta, conforme al modelo de formación a distancia que estaba ya en vigor en otros países en que se respetaba el acceso a Universidad como un derecho humano.

Una conjunción de factores externos e internos generaron a lo largo de 1972 un clima hostil contra la universidad, concretado en la agresión perpetrada por dos delincuentes (Mario Falcón y Miguel Castro Bustos) que con ostensible apoyo político externo invadieron la torre de la Rectoría, en espera de que su principal ocupante llamara al gobierno federal a resolver el problema creado por el propio gobierno federal. Don Pablo rehusó hacerlo y continuó rigiendo a la Universidad sobre la base de que la sede del rector es sólo un espacio hueco sin la presencia de su titular. Por añadidura, se consumaron entonces empeños del personal académico y administrativo que reclamaron con una huelga la firma de un contrato colectivo de trabajo y el reconocimiento de sus organizaciones sindicales. La ley no lo permitía entonces y don Pablo propuso, con el aval del consejo universitario, una solución académica, no laboral, a la representación de los trabajadores, que éstos rechazaron. En noviembre de aquel infausto año don Pablo renunció a su cargo, dimisión que le fue aceptada un mes después.

A diferencia de otros rectores que renunciaron a partir de conflictos y abandonaron la Universidad, don Pablo siguió presente en ella. Al mismo tiempo, en las dos décadas recientes, amén de una sostenida reflexión teórica, ha tomado posición ante fenómenos que reclaman la práctica de una democracia universal no excluyente, especialmente respecto de los pueblos indios y el zapatismo armado que les dio voz.

Estudioso de la sociología de la explotación, no renuncia a la búsqueda de la justicia social y de un nuevo paradigma teórico. En ese doble ámbito, es la suya la voz más autorizada. Así lo reconoce su casa.
17 Junio 2011 04:00:37
Gordillo va por el ISSSTE
El Instituto de seguridad y servicios sociales de trabajadores del Estado (Issste) “registra un grave desfalco financiero y serios problemas en su operación”, consistentes en “déficit de médicos y enfermeras, desabasto de medicamentos, falta de equipo y desatención en clínicas y hospitales”, todo ello oculto por una “administración opaca y corrupta que no rinde cuentas”.

Esas graves afirmaciones las hizo apenas anteayer la Federación de sindicatos de servidores públicos, una poderosa organización gremial que no está dirigida por políticos radicales enemigos del gobierno. Esa federación forma parte del imperio de la profesora Elba Ester Gordillo. Pero como también la dirección del Issste le fue cedida para que la ejerciera por interpósita persona (su valido Miguel Ángel Yunes Linares), esta descripción de lo que ocurre en el Instituto y el pertinaz ataque que la Fedessp ha dirigido contra su director general Jesús Villalobos López fuerza a preguntarse por la situación política en el órgano de seguridad social del personal público.

El actual director es una personalidad afín, y amigo personal de Yunes. Éste lo designó director de finanzas y acomodó las disposiciones internas para que el titular de ese cargo supliera en sus ausencias al director general. En febrero del año pasado Yunes Linares renunció a su elevada posición para ser candidato al gobierno de Veracruz y Villalobos López lo sustituyó automáticamente. Apenas en febrero de este año, sin embargo, fue designado formalmente director general.

Villalobos desempeñó con tachas responsabilidades en Hacienda y en la PGR.
Durante algunos meses de 2006 colaboró con el después fallido candidato veracruzano como director de administración del Sistema nacional de seguridad pública, de que Yunes era secretario ejecutivo. Es de suponerse que en el sistema de lealtades que rige la actividad pública como norma suprema (gobiernen la república el PRI o el PAN), Villalobos López estaba obligado a mantenerla frente a Yunes y a través suyo a Gordillo.

Pero ha habido demasiado dinero suelto en el Issste y tal vez el director general no cumplió requerimientos de sus jefes. Quizá se independizó por decisión propia o desde la Presidencia de la república se le instruyó a hacerlo.
Por consecuencia, cayó de la gracia de la profesora, que lanzó en su contra a su propia central burocrática.

Como parte de su pleito con Roberto Madrazo, en diciembre de 2003 el sindicato magisterial abandonó la Federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado. Arrastró consigo a otras agrupaciones que en febrero siguiente constituyeron la Fedessp, que desde entonces no ha hecho más que prosperar, con mengua de la presencia política de la Fstse. Tan decaída se halla la antaño poderosa federación burocrática, que su líder Joel Ayala,que en tiempos de bonanza fue diputado federal y senador, sólo alcanzó en 2009 una diputación local en el DF. Y si bien se le puso a la cabeza de la breve representación priísta en la Asamblea legislativa, era tan precaria e inocua su posición en una fracción dividida (como lo está todo el PRI en la ciudad de México), que eligió retirarse. Pidió licencia y se refugió en la Fstse, donde administra el empobrecimiento de esa central.

En cambio la Fedessp ha crecido y ganado legalidad y capacidad de representación. Le fue concedido registro sindical, en actos que la misma Suprema Corte avaló (a partir del hecho de que el propio tribunal consideró posible la existencia de más de una federación como contraparte del gobierno federal). Entre sus éxitos se cuentan la habilitación legal para tener lugares en la junta directiva del Issste y sus filiales (Fovissste, Pensionissste, etc´). Pero Villalobos López no ha accedido a que la Fedessp asuma tal representación, y en mayo pasado esa negativa fue el motivo o el pretexto para un primer embate de la federación gordillista contra un funcionario presuntamente de la misma filiación.

Luego la actitud de la Fedessp ha subido de tono. Denunció un desfalco por ocho mil millones de pesos, en que insiste a pesar de que directivos del Instituto explicaron, muy por encima, que esa enorme cifra, otorgada al Issste en 2007 con motivo de la reforma del régimen de pensiones (que ahora la propia Fedessp cuestiona), se aplicó en partidas anuales, durante 2007, 2008 y 2009. Alegaron esos funcionarios que la enorme cifra se aplicó a equipamiento de unidades médicas, obras nuevas, conservación y mantenimiento de las ya existentes y “un poquito” a compra de medicamentos.

Pero la Fedessp no está satisfecha con esa magra explicación y en un mensaje fechado anteayer pide al Congreso de la Unión que haga comparecer a Villalobos López para que “rinda cuentas y responsada por una administración que está poniendo nuevamente en riesgo el futuro de nuestro Instituto”
En diciembre pasado renunció el director de finanzas del Issste, Antono Guzmán Naucout. No se aclaró si fue removido o si se retiró por no avalar el sospechoso manejo de ingentes sumas de dinero en esa institución.

Los miembros de las comisiones de salud y seguridad social en las dos cámaras, pero también la secretaría de la Función pública no pueden pasar por alto las denuncias de la federación gordillista. Aunque las impulse una motivación política (su necesidad de recuperar un territorio probablemente perdido), la grave situación descrita por la Fedessp obliga al Congreso y al Ejecutivo a actuar. Pero no para que las cosas sigan igual con beneficiarios diferentes.
16 Junio 2011 04:00:41
Valor entendido o provocación
Estaba previsto un lugar para la procuradora Marisela Morales en la conferencia de prensa en que ayer el presidente Calderón solicitó a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias. Pero la titular de la PGR no llegó. Acaso la asaltó el rubor-temor de enfrentarse a la prensa tras el fracaso de su intento de procesar a Jorge Hank. O dirigía en su oficina los preparativos para apelar la resolución de una jueza federal que deja al ministerio público federal en ridículo. O se aprestaba para la reunión con periodistas que se efectuó ayer mismo en la tarde para hablar de esa apelación, más que de los sucesos que la hacen necesaria.

Su ausencia sirvió para vincular la sorpresiva solicitud presidencial con el desenlace del sainete en que se convirtió la captura del hijo menor de Carlos Hank González. De inmediato supuse que la libertad de Hank (aunque formalmente no dependa de Los Pinos) había sido parte de una negociación, en que la aportación priísta sería aceptar el llamado a las sesiones extraordinarias. Supuse que solicitar la reunión del Congreso sin convenirlo antes con el PRI sería un acto de provocación o ingenuidad en que Calderón no se permitiría incurrir. La sesión de la Permanente, en que dijeron sí pero no cuándo, pareció confirmar esa impresión inicial. Se trataría, entonces, de un valor entendido en que Calderón y las fracciones priístas en el Congreso buscarían aparecer ante la opinión pública como sensibles a sus demandas de que se apruebe legislación atorada en abril, al concluir las sesiones ordinarias. El Presidente insta a reunirse, los legisladores aceptan y todos esperan que con esa vana respuesta el público quede satisfecho. Sobre todo quienes reclaman la aprobación de la reforma política, que está sujeta a término: si en la segunda quincena de junio los diputados no la aprueban, o le hacen enmiendas que haga necesaria su devolución al Senado, parte principal de su contenido, que un sector de la sociedad juzga urgente (las candidaturas independientes, por ejemplo) no podrán ser aplicado el año próximo. Es que al comenzar julio se inicia la veda legislativa en materia electoral, pues dentro del año previo a la jornada electoral no es dable practicar modificación alguna a la legislación comicial.

Si no es un valor entendido, un acuerdo para echar aceite sobre olas encrespadas, entonces se trata de una irresponsable provocación del Presidente. A sabiendas de que no es posible el periodo extra sin la aquiescencia priísta, debió considerar si su relación con el partido al que el suyo desplazó de la Presidencia en 2000 es en este momento la óptima como para permitir consensos entre ambos. No parece que lo sea. Además de la captura de Hank y la denuncia penal panista contra el asistente más cercano a Humberto Moreira (acciones de las que se puede sustraer como si le fueran ajenas), han enturbiado el clima político el juicio sumario que inopinadamente pronunció en Stanford contra un sistema político que no de desvaneció en el aire, muchos de cuyos elementos tienen vigencia hoy y en que el partido tricolor era pieza fundamental junto con la presidencia exacerbada.

(Hagamos notar, de paso, que el relato que pretendió ser conmovedor de cómo él no renunció a sus ideales sino que luchó hasta cristalizarlos, incurrió en dos omisiones: el tributo rendido a su padre no incluyó la porción final de su biografía: su renuncia al PAN porque ya no era el partido en que militó durante cuarenta años. Igualmente omitió decir que el cambio democrático, en cuyo logro fue protagonista su partido, requirió también el concurso de la izquierda y que las matanzas cometidas por el sistema autoritario tuvieron como blanco principal a militantes de esa corriente histórica)

Si no hay valor entendido, Calderón quiso pasarse de listo al pedir que se convoque a sesiones extraordinarias. Si las hay, podrá arrogarse el mérito de haberlas impulsado. Si no las hay, quedara claro ante la opinión pública que los remisos y renuentes son los opositores, principalmente el PRI, saldo extremadamente valioso en vísperas electorales: que se sepa qué partido es insensible a los reclamos de la sociedad que el presidente panista, en cambio, recoge puntualmente (aunque de manera tardía).

Pero los priístas no se dejaron sorprender. Sin atizar el fragor de la actual contienda política (de mayor amplitud que la electoral que termina en 18 días), y sin caer en el garlito de aparecer como los villanos de esta historia, tomaron la palabra al presidente, pero condicionaron su aceptación plena. En voz del diputado Sebastián Lerdo de Tejada pidieron una prenda de buena fe, que es al mismo tiempo un reproche y una denuncia: que el Ejecutivo haga publicar en el Diario Oficial 25 decretos que el Congreso le ha enviado y el presidente guarda en su cajón.

Por lo pronto, en los hechos la Permanente dijo no al pedido presidencial. En vez de considerar la solicitud como asunto de urgente y obvia resolución, fue enviada a comisiones, para que sea dictaminada.
15 Junio 2011 04:00:42
El secretario de Moreira
¿Llevaría Vicente Chaires Yáñez una doble vida? En horas hábiles sería, como era público y sabido, colaborador cercano a Humberto Moreira. Y en horas robadas al reposo, dedicaría su tiempo a negocios particulares, tan productivos que le permitieron adquirir hace dos años cuatro radiodifusoras (tres de ellas de fidelidad modulada) y una estación televisora. Y adentrarse a través de por lo menos dos empresas, en el mercado inmobiliario de San Antonio, Texas.

Podría tratarse de un homónimo. A lo mejor le pasa lo que a Humberto y Rubén Moreira, que figuran, el primero, como presidente de la compañía Moreira & Sons Transportation, Inc., registrada en California. Y el segundo como vicepresidente de Family Cake Co. Inc. Pero no es el caso de Chaires Yáñez. Se trata inequívocamente de la misma persona que ha acompañado al profesor Humberto Moreira, hoy presidente del comité ejecutivo nacional del PRI a lo largo de su carrera. Fue su secretario particular desde que a mediados de los noventa fue delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, cuando fue secretario de educación bajo el gobernador Enrique Martínez y cuando fue alcalde de Saltillo. Convertido Moreira en gobernador y luego en líder nacional priísta, Chaires Yáñez se ha encargado de la administración, del Gobierno estatal y del comité nacional priísta. Durante casi un año, de marzo de 2010 a marzo pasado, actuó como secretario de operación y administración del Ejecutivo del Estado. El cargo implica dirigir al personal del despacho del gobernador, así como las áreas de relaciones públicas, de seguridad inmediata del Ejecutivo (su escolta o cuerpo de guaruras) y del cuerpo de guardias del Palacio de Gobierno. Desde hace tres meses figuraba en la página del PRI apenas dos sitios debajo de Moreira mismo, dato indicador de su cercanía, pero su nombre desapareció de ese lugar. Lo borraron después de que los diarios del Grupo Reforma dieron a conocer la prosperidad del asistente de Moreira. Ayer, a partir básicamente de esa información, el partido Acción Nacional lo denunció ante la PGR por medio del senador capitalino Federico Döring, el mismo discutido político a quien se confió exhibir los videos en que dirigentes del PRD o funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador aparecieron recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, uno de los corruptores más señalados en México, donde contender por los primeros lugares no es empeño sencillo.

Es claro que la denuncia panista se inscribe en el marco de la contienda electoral en Coahuila, donde el hermano del gobernador con licenciado, Rubén Moreira, es el candidato del PRI (aliado con el Panal y el Partido Verde) y el del PAN es el senador Guillermo Anaya, compadre de grado del presidente Calderón. También se enmarca en la integración de un paisaje político donde aparezcan en plenitud los pasivos del régimen autoritario priísta, ya sean los encarnados en personas como Jorge Hank Rohn (libre pero retenido en Baja California), ya sean los de carácter sistémico como los descritos por Calderón en su discurso del domingo en la universidad californiana de Stanford.

En 2009, mientras Chaires Yáñez era secretario de administración del Gobierno estatal, constituyó la empresa Supermedios de Coahuila, integrada por el canal 22 de Piedras Negras, anunciada como el Super Channel, acaso porque su señal alcanza a Eagle Pass, del otro lado de la frontera. En esa misma ciudad, el grupo encabezado por el colaborador de Moreira adquirió dos estaciones de radio XHRE-FM y XHSL-FM; en Ciudad Acuña la XHHAC, y en Saltillo, la XESJ-AM. Las emisoras de FM (las tres primeras) se cotizan muy alto en el mercado de concesiones radiofónicas, cuyo trasiego sólo es posible con autorización gubernamental.

El año pasado Chaires Yáñez integró las empresas inmobiliarias Procom Marketing, Vicap Global Investments y Transnational Construction & Real State Co, con sede en San Antonio, Texas. Es probable que en estas compañías tenga como socios a Rodolfo Cámara, que según el senador Döring representa en McAllen al Gobierno de Coahuila para asuntos migratorios, y a Rubén Flores Jr., un abogado con residencia en San Antonio, que expresamente figura en las empresas de bienes raíces de que Chaires Yáñez es gerente y cuyo domicilio fiscal es el mismo de Flores.

De la averiguación previa que el PAN espera se desprenderá la verdadera naturaleza del papel de Chaires Yáñez. No sería extraño que de un equipo de gobierno priísta se desprendieran negocios particulares. Los miembros de ese partido se han inclinado a la especulación con tierras, y más recientemente también a los medios de comunicación. Sonadísimos han sido los casos de Miguel Alemán, Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El primero hizo su fortuna, desde los años treinta, cuando ya figuraba de modo relevante en la política, fraccionando tierras en Morelos, el DF y el Estado de México. Y luego, al iniciarse la televisión en nuestro país, se las arregló para que andando el tiempo su hijo y tocayo apareciera como accionista de Telesistema Mexicano. Echeverría se quedó, a través de prestanombres, con lo que fue la cadena García Valseca, y adquirió propiedades en Morelos y Quintana Roo. Y Salinas cuidó de tener intereses en TV azteca, que él privatizó y fue adquirida por Ricardo Salinas con un crédito de Raúl Salinas de Gortari, y luego estableciendo sus propios medios impresos.

O sea que la cabra tira al monte, aunque se disfrace con atavíos de modernidad.

14 Junio 2011 04:00:35
Reforma a derechos humanos
Concluyó la reseña de la reforma constitucional sobre derechos humanos, el Congreso declaró el 1 de junio que se había reunido el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas, necesario para reformar la Constitución. El decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial el viernes pasado.

Como en otros casos, el Poder Legislativo dispone de un año para emitir la ley reglamentaria del nuevo artículo 29, relativo a la suspensión del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías.

El artículo 33 experimentó un vuelco que deja de lado la xenofobia. Asegura a los extranjeros (a los que ya no se califica de perniciosos) el derecho de audiencia previo a su eventual expulsión, que se practicará de acuerdo con una ley también por emitir, y ya no con base en resoluciones administrativas arbitrarias como la que afectó, por poner sólo un ejemplo, al ciudadano colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas. En mayo de 2009 fue entregado al gobierno de Bogotá señalado por sus ligas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dos años después se determinó la infracción en que incurrió el Gobierno mexicano. No hubiera podido ser deportado en las deplorables condiciones en que se le echó, de haber estado en vigor la nueva regulación en esta materia. También se extiende un plazo de un año al legislador para reglamentar la nueva norma. Es deseable que el Congreso se apresure a elaborarla, porque mientras eso ocurra seguirá vigente el anacrónico procedimiento actual.

La modificación al artículo 89, que contiene las facultades del Ejecutivo, incluye entre los principios en que debe fundarse la política exterior que está a su cargo establecer, el de “respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

El artículo 97 sufrió una poda en mi opinión lamentable. A petición de la propia Suprema Corte de Justicia, ese tribunal perdió su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales. Conforme al razonamiento que en el pasado reciente condujo a que se le eximiera de investigar los casos de violación del voto público, porque el IFE y el Tribunal Federal Electoral ejercen esa función, ahora se trasladó aquella capacidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para hacer efectivo este traslado de responsabilidades, se requiere también adecuar la ley de ese organismo, lo que añade un punto más en la delicada agenda de la LVI legislatura que, so pena de hacer nugatoria la reforma que ahora se festeja, debe completarla con la legislación secundaria correspondiente.

En consonancia con esa atribución, la CNDH recibe un nuevo instrumento para no formular llamados a que las autoridades concernientes no respondan. Como se dice ahora en una expresión pobre que se puso de moda en éste y otros casos, se “dotó de dientes” a la comisión. Sus resoluciones no pierden el carácter, limitado por la índole misma del organismo, que no pertenece al ámbito jurisdiccional, de meras recomendaciones no vinculatorias, es decir que no obligan a la autoridad a la que se dirigen. Para evitar las elusiones y evasiones de los sujetos a quienes recomienden alguna medida la comisión nacional y sus similares en las entidades federativas, se establece un mecanismo que si bien es potestativo, servirá para forzar a los violadores de derechos humanos a enfrentar sus responsabilidades. El nuevo artículo 102 determina que las autoridades sujetas a recomendaciones de la CNDH y las comisiones estatales no podrán simplemente negarse a aceptar tales resoluciones, sino que deberán “fundar, motivar y hacer pública su negativa”. Si bien el principio de fundar y motivar existe desde siempre en el artículo 16 de la Constitución, es útil que se le reitere de modo específico en este contexto. De estar vigente esta máxima jurídica, el jefe del gobierno del Distrito Federal no hubiera podido simplemente decir que no a la recomendación de la comisión local respectiva destinada a suspender la supervía, la gran avenida que presuntamente hará fluido el paso del poniente al sur de la Ciudad de México, entre Santa Fe y La Magdalena Contreras.

Además las autoridades remisas pueden ser llamadas (no deben serlo, porque la facultad es discrecional, no obligatoria), por el Senado, la Permanente en los recesos y las legislaturas locales “para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. La CNDH gana, además, la facultad de formular recomendaciones en materia laboral, que le estaba vedada, como siguen estándolo los asuntos electorales y jurisdiccionales. Por virtud de una adición al artículo 105, la comisión nacional recibió asimismo otra facultad relevante, la de poder entablar ante la Suprema Corte controversias constitucionales contra leyes y tratados que violen los derechos humanos consignados en la Constitución y los tratados internacionales. Las comisiones locales podrán hacerlo en contra de la legislación de ese mismo carácter expedida por los congresos estatales o la asamblea legislativa del Distrito Federal.

Se dispone en esta reforma, en fin, que los titulares de la comisión nacional y las de las entidades federativas, así como los integrantes de sus consejos consultivos, serán elegidos conforme a un procedimiento “de consulta pública, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley”, por lo que habrá que legislar también sobre este punto.

Si el Congreso federal y las legislaturas locales asumen su responsabilidad, consumarán una muy útil reforma.
13 Junio 2011 04:00:07
Derechos humanos constitucionales
Anteayer, sábado once de junio, entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Culmina así –aunque todavía falta emitir legislación secundaria que la haga aplicable—un largo trayecto destinado a inscribir en la carta magna algunas de las más claras exigencias de la convivencia democrática, dentro de México y en sus relaciones con otros países.

La reforma siguió un camino tortuoso, estorbado por lastres de toda especie. En el último tramo, así en la discusión senatorial como en la caravana de aprobación a cargo de las legislaturas estatales—el conservadurismo pretendió frenar esta vasta operación jurídica, que toca de una vez once artículos constitucionales. Algunos de ellos han sido redactados de nuevo, en otros las enmiendas y adiciones son más de forma que de fondo, pero el común denominador consiste en colocar en el centro de la atención constitucional a las personas, entendidas como algo más que los individuos.

Las trabas conservadoras fracasaron y la semana pasada pudo emitirse en la Comisión permanente del Congreso la declaratoria de reforma. El jueves nueve, a su turno, el Ejecutivo promulgó la reforma, publicada en el Diario Oficial el viernes diez y puesta en vigor al día siguiente.

El capítulo primero cambió de nombre y en alguna proporción importante también de contenido. No se trata de una mudanza formal, meramente nominativa. En vez de que el capítulo inicial se llame, como inveteradamente ocurrió “de las garantías individuales”, ahora es “de los derechos humanos y sus garantías”. Se ha puesto fin a un largo ejercicio de la doctrina mexicana sobre las prerrogativas de las personas, a las que se llamaba “garantías individuales” sin reparar en que son diferentes el enunciado de los derechos y los mecanismos para asegurar su protección.

Las enmiendas y adiciones al artículo primero no únicamente lo han hecho crecer (ahora se integra con cuatro párrafos, en vez del único aprobado en Querétaro en 1917) sino que significan un giro copernicano en la relación del derecho mexicano con el internacional. Ahora se declara sin ambages que las fuentes para reconocer los derechos humanos son la Constitución y los tratados internacionales, que son también, una y otros, la guía para la interpretación, lo cual ha de hacerse “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Se anuncia una ley, para emitir la cual los legisladores federales se dieron un término de un año. Esa norma obligará al Estado a “prevenir, investigar, la sancionar y reparar las violaciones a los derechos y humanos”. Es clara la importancia del último verbo incluido en esta cláusula. El Estado deberá reparar las consecuencias generadas por violar derechos humanos.

Como eje de tales derechos, mereció un lugar en este artículo la prohibición a las discriminaciones, ya sea las motivadas “por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social”, así como las de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. La discusión de este artículo, más en los pasillos que en comisiones y en la tribuna, partió de la inclusión del respeto a las preferencias sexuales, expresión que escandalizó a las buenas conciencias, las de algunos miembros del partido conservador en el Senado. Al artículo tercero, síntesis de la democracia laica y republicana en que quiere vivir nuestra sociedad se añadió, como uno de los principios de la educación (del mismo rango que el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional), el respeto a los derechos humanos.

La reforma al artículo once sacramenta dos instituciones muy practicadas por el Estado mexicano aunque carecieran de apoyo constitucional, el asilo (por causas de persecución política) y el refugio (por razones de carácter humanitario” Se requerirá emitir una ley al respecto, en plazo no superior a un año, como ordena el tercer artículo transitorio. A partir del sábado, conforme a la adición al artículo quince, no se autoriza la “celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos” por la constitución y los tratados de que México sea parte. Conforme al nuevo artículo 18, el sistema penitenciario se organizará sobre varios principios, entre los cuales refulge ahora “el respeto a los derechos humanos”. Sobra decir que la norma constitucional no desciende automáticamente, y menos como por encanto, al nivel de su aplicación. Si así fuera, el sistema carcelario no sería el infierno que ahora es. Pero cuando se emprenda su necesaria reforma, los derechos humanos de los reclusos deberán ser un factor clave a tener en cuenta.

Además de algunas enmiendas de orden sintáctico, el nuevo artículo 29 (que establece la posible restricción o suspensión de derechos y garantías) faculta a la Suprema Corte de Justicia a revisar los decretos que en esa circunstancia emita el Ejecutivo, y que en ningún caso afectarán “el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia” y de creencias, “el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte… de la esclavitud y la servidumbre… la de la desaparición forzada y la tortura”.
10 Junio 2011 04:00:39
De Tijuana a Zumpango
Jorge Hank Rohn está preso en Tecate, no lejos de su domicilio en Tijuana. A diferencia de lo ocurrido a los alcaldes y funcionarios de Michoacán detenidos en mayo de 2009 y trasladados a Nayarit, al ex alcalde de Tijuana se le concedió el beneficio de devolverlo a las proximidades de su lugar de su residencia. Allí espera, políticamente solo, que se determine si es sometido a proceso o se le deja en libertad.

Salvo un comentario de Humberto Moreira, que no ha vuelto a abordar el tema, en que habló de cacería de brujas, ningún priísta de relieve ha vuelto a mencionar a Hank, como si no constituyera la presencia priísta más fuerte en un estado que ha tenido gobiernos panistas desde hace 22 años. Los alcaldes priístas de toda la entidad no guardaron silencio sobre el tema, pero lo abordaron como si se tratara sólo de una familia afectada por la intromisión ilegal de autoridades en la privacidad hogareña, y demandando que no se repita un acto de esa naturaleza.

El mensaje de los presidentes municipales bajacalifornianos recuerda uno de los factores políticos de la prisión de Hank que no pueden ser soslayados. Baja California tiene sólo cinco municipios: los cinco están hoy gobernados por el PRI. Ese resultado, cumplido en 2010, fue remanente del desastre electoral padecido por el PAN en 2009, cuando perdió el gobierno de importantes enclaves en diversas entidades del país. El gobierno estatal panista se halla en tensión permanente, cuando no en conflicto, con los gobiernos municipales priístas. Y aunque muchos miembros de ese partido deploren ser correligionarios de Hank, ninguno hace el feo a sus aportaciones pecuniarias, que le dan poder.

El poder de Hank se muestra asimismo en el estado de México. Aunque su hermano Carlos fue sometido por el aparato que entonces operaba Arturo Montiel para imponer en 2005 la candidatura de Enrique Peña Nieto, el vínculo de éste con Jorge Hank está vigente. Lo muestra la participación en la campaña de Eruviel Ávila de amigos suyos, o personas que han sido sus colaboradores, en sus negocios o en la función pública, cuando fue alcalde de Tijuana. Avergonzado por la captura del hijo del célebre profesor, el omnipresente Luis Videgaray, líder priísta en el estado de México y coordinador de la campaña de Ávila, negó el sábado que hubiera apoyo de Hank al ex alcalde de Ecatepec.

Pretendió ocultar el sol con un dedo. La delegación tijuanense en el estado de México cuenta con su propia página en la red donde se narra un encuentro del Grupo de los 33, como se conoce a los tijuanenses en el estado de México, con Videgaray. Los coordinadores de aquella brigada, Mario Madrigal Magaña, Luis Javier Algorri Franco y el diputado federal Eduardo Ledesma, “se reunieron con el dirigente del PRI y coordinador de la campaña, Luis Videgaray, quien de manera expresa solicitó el apoyo de los bajacalifornianos”. En ese sitio se puede hallar también la sonrisa de Ledesma y Videgaray, así como la del propio Ávila, acaso cuando acordaron la colaboración norteña en la campaña mexiquense.
(Reforma, 8 de junio).

Madrigal Magaña es un líder sindical. Al acrecentar su participación en la industria del juego, Hank fue previsor y construyó su propio sindicato, tan blanco que los dirigentes actúan en política a las órdenes de su patrón. Se trata del Sindicato nacional de trabajadores operadores de libros y establecimientos de diversión, hoteles, restaurantes y comunicaciones. Por su parte, Algorri fue secretario de Seguridad Pública de Hank en el Ayuntamiento de Tijuana, puesto en entredicho por su sucesor en el cargo, el también polémico Julián Leyzaola, quien lo acusó, sin formalizar nunca la denuncia, de haber promovido la corrupción en la policía tijuanense. Ledesma, diputado por el partido verde mantiene una liga tan cercana a Hank que con él cortó el listón de un casino en Ensenada en julio pasado.

Me pregunto, y los candidatos opositores debieron inquirir sobre el asunto al candidato priísta en el debate de anteanoche, si la presencia tijuanense se limita a asegurar el triunfo de Ávila en el municipio de Zumpango, donde gobierna el PAN. Me preguntó si se escogió esa municipalidad, limítrofe con el estado de Hidalgo y que no cuenta entre las más pobladas del Edomex para que pudiera trabajar en discreción en tareas que requieren mayor sigilo, como la introducción de recursos ilegales a la campaña en todo el estado. Eso explicaría el apresuramiento de Videgaray en negar la presencia de Jorge Hank en la campaña, para alejar la luz del interés público sobre una participación que es menor. Los dineros que eventualmente hiciera ingresar la delegación hanquista pueden provenir de la fortuna personal del ex alcalde de Tijuana o de otras fuentes en las que se interesa la agencia norteamericana contra las drogas, la Dea.

Fue llamativo en el debate de los candidatos a la gubernatura el silenciamiento del tema. No lo abordó ninguno de los candidatos ni lo planteó el conductor del pánel, el periodista Carlos Puig. Si se convino expresamente en omitir el asunto se incurrió en una ofensa a los televidentes, al electorado en general. Todavía puede ser averiguado –mediante solicitud expresa ante la autoridad electoral-- si la delegación tijuanense aspira al magro objetivo de hacer que Zumpango vote por el PRI, o si la animan propósitos de más largo alcance. Si esto último correspondiera a la verdad, el hecho contribuiría a explicar el encarcelamiento de Hank y traería consecuencias a la campaña mexiquense.
09 Junio 2011 04:00:10
Sabines contra Salazar
Está en uno de sus puntos culminantes la vieja querella entre Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas y su antecesor Pablo Salazar. Éste lleva la peor parte en el conflicto: Está detenido en el penal de El Amate, en espera de que un juez del fuero común -por ende dúctil ante el Ejecutivo local-decida si lo somete a proceso.

La porción más visible de la disputa entre esos dos políticos, antaño miembros del PRI y separados de él con el fin de llegar al gobierno por la vía opositora, ha ocurrido en los últimos tres meses. Salazar, tratado ásperamente por su sucesor apenas fue relevado en la gubernatura, decidió contestar a la pertinaz acusación oficialista de haber mal dispuesto de los recursos federales y locales dispuestos para la reconstrucción necesaria tras el terrible golpeo del huracán Stan a Chiapas.

En la campaña contra el ex gobernador el actual titular del Ejecutivo contó con la decidida colaboración y apoyo de partidos de los que formalmente se distanció: El propio PRI de que fue militante y el Partido Verde, cuya presencia en la entidad permite augurar que uno de sus miembros, el senador Manuel Velasco Coello reemplazará el año próximo a Sabines. No se trata de una relación extraña en éste, que ha mostrado en su breve vida pública una notoria carencia de escrúpulos políticos, que lo dota de muy alta flexibilidad para obtener provecho personal de las coyunturas políticas en que participa.

Salazar demostró documentalmente que las acusaciones sobre mal uso de los recursos del Stan no tenían fundamento. Adujo, de manera contundente, que la comisión para la reconstrucción motivada por aquel fenómeno meteorológico había concluido sus funciones por haber cumplido los fines para los que fue creada. Así lo declaró, en el decreto respectivo, emitido en 2008, el propio gobernador Sabines. El ex gobernador difundió su versión de los hechos a través de la red, que le permitió remitir mensajes por correo electrónico a cien mil destinatarios. Buscó además reforzar su defensa mediante un impreso cuyo tiraje de cincuenta mil ejemplares fue sustraído de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada. Salazar no vaciló en acusar políticamente a Sabines del asalto, realizado por individuos enmascarados portadores de armas largas, que redujeron a los vigilantes y robaron únicamente los ejemplares del impreso, pues en eso consistía su encomienda.

La denuncia de esos hechos ante el Ministerio Público federal precipitó la obviamente preparada acción penal contra el ex gobernador. Apenas unos días después del asalto, Salazar fue detenido anteayer en Cancún por la policía ministerial de Quintana Roo a solicitud del Gobierno de Chiapas, presentada por el Fiscal general. Se imputan al ex gobernador los delitos de asociación delictuosa, peculado, abuso de autoridad y abuso en el ejercicio de la función pública. Se aprovechó una simple orden de presentación, que en una mala práctica suele ser usada como si lo fuera de aprehensión, para trasladar de Cancún a Tuxtla Gutiérrez al inculpado. Éste inició ayer mismo una huelga de hambre, cuyo sentido fue explicado por su hijo Pablo Salazar López, quien dijo que su padre se propone salir del penal sólo en una de dos circunstancias: Cuando se le exonere de los cargos señalados y se declare su inocencia, o cuando muera si es preciso prolongar el ayuno hasta su consecuencia extrema.

Ya desde que fue denunciado por el asalto, y con mayor fuerza tras la detención de Salazar, el gobernador ha soltado a la jauría de que dispone contra su antecesor. Adicionalmente, personas de buena fe que guardan resentimientos contra Salazar aprovecharon la coyuntura para reavivar sus querellas y sumarlas a las acusaciones que motivaron su detención. Es difícil que judicialmente tal acumulación proceda, pero política y mediáticamente estas renovadas impugnaciones contra el ex gobernador contribuyen a que se aplauda, espontáneamente o mediante paga a Sabines, que tiene la mano floja cuando se trata de gastar recursos públicos en el labrado de su imagen. Es probable que después de Enrique Peña Nieto ningún gobernador gaste en publicidad como el que rige a la paupérrima Chiapas.

Después de meses de haber renunciado al PRI, Salazar desplazó del Gobierno de Chiapas a ese partido. Consiguió reunir en torno suyo a una muy amplia coalición, compuesta por el PAN y el PRD y otros y partidos (incluido el Verde, por aquel entonces aliado de Acción Nacional). A su fuerza propia Salazar agregó el remanente del efecto Fox para derrotar al PRI. Aunque no eligió partido mientras gobernó, mantuvo notoria cercanía con el Presidente. Al concluir su sexenio pretendió modelar su sucesión, con clara injerencia en el PRD. Pero se encontró con el joven alcalde priísta de la capital. Dueño de un legado familiar de alto relieve, Sabines se despechó al no ser escogido por el PRI y pasó a la oposición. Persuadió a Andrés Manuel López Obrador de brindarle su apoyo y así pudo vencer a su propio partido y al gobernador en turno.

Con apenas unos años en la política (como diputado local y alcalde), en cuanto llegó a la gubernatura pretendió adquirir su propia identidad y gestionar sus intereses propios. Inició y practica una melosa relación con el presidente Calderón, a cuyo efecto ha diluido su presunta pertenencia al PRD. Paga con alta frecuencia mensajes pagados en los medios impresos y los electrónicos de su estado y la ciudad de México. Y denostando y encarcelando a su antecesor busca pasar por justiciero.
08 Junio 2011 04:00:49
Puerta de Hierro
Los militares que capturaron a Jorge Hank en la madrugada del sábado, en su propia fastuosa casa de 18 habitaciones, no se sintieron aludidos por los letreros que alertan a quienes se aproximan al fraccionamiento Puerta de Hierro:

“ProhIbido el paso” y “Por su seguridad, está siendo videograbado”.

Las advertencias no detuvieron a Julio Scherer García, que pudo ingresar a esa colonia exclusivísima, de cuya visita informa en su libro La terca memoria:

“La calle principal es circular y a la derecha el rojo se impone como el color del mundo. Una barda interminable de más de dos metros de altura está tapizada por bugambilias. Entre una y otra flor apenas aparecen pequeños espacios verdes y no se miran ramas, esqueletos de la enredadera. La barda corresponde a la casa de Hank Rohn”.

Allí fue detenido, en circunstancias y por causas y propósitos que están todavía por conocerse. Sea de ello lo que fuere, la captura en ese domicilio resulta simbólica. Se trata de una mansión construida sobre un extenso predio robado a la nación. Es seguro que no se trate de recuperarla en beneficio de la república. Para hacerlo habría que afectar, amén de otros bienes inmuebles de Hank, a los compradores que adquirieron extensos lotes en el fraccionamiento Puerta de Hierro, donde el nivel de vida de los residentes se aprecia por otro letrero registrado por Julio Scherer: “Prohibido peatones”.

Ese lujoso enclave, donde también se alzan el hipódromo de Agua Caliente, el estadio de los Xoloescluintles, recién ascendidos a la primera división (a base más que de goles de dinero), y otras propiedades de Hank. Se construyeron, y los terrenos ajenos se vendieron, gracias a un regalo del secretario de Gobernación Enrique Olivares Santana, muy probablemente por órdenes del presidente José López Portillo, que había hecho colaborador suyo –jefe del Departamento del DF- al poderoso Carlos Hank González, a la postre su benefactor asimismo en materia inmobiliaria: le hizo construir las casas en Cuajimalpa que las voces populares bautizaron como la colina del perro.

Durante largo tiempo el hipódromo de Agua caliente fue operado por un mafioso célebre llamado Johnny Alesio, que a comienzos de los setentas fue detenido en san Diego por tráfico de divisas. El recinto para carreras de caballos era reminiscencia de un conjunto dedicado a juegos de azar. El casino correspondiente fue expropiado por el presidente Cárdenas y convertido en el vasto Centro escolar Revolución. Cuando Alesio dejó de operar el hipódromo la concesión respectiva fue otorgada por el presidente Echeverría (en documento firmado por el director de gobierno de la secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett, a Fernando González Díaz Lombardo, que apareció durante décadas como propietario del diario Ovaciones, heredado por sus hijos. El financiamiento para modernizar ese centro de espectáculos, varios millones de dólares, fue facilitado por Hank González, que a la postre se quedó con la concesión.

Como tal, Hank GonzÁlez solicitó una relevante modificación al título que le permitía operar el hipódromo. La autorización prohibía vender los vastos terrenos aledaños al coso, más de 8oo mil metros cuadrados. Alegando una situación precaria de la empresa concesionaria, se solicitó y obtuvo, el 28 de diciembre de 1981, que del enorme predio fuera segregada más de la tercera parte, exactamente 233,308.93 metros cuadrados, que podrían ser, como lo fueron, objeto de comercio. La resolución administrativa, firmada por Olivares Santa en beneficio de su amigo y compañero de gabinete (mejorada al paso de los años por otras decisiones presidenciales), fue objetada por otras oficinas gubernamentales y materia de procesos judiciales. Pero quedó firme. Durante el gobierno de Carlos Salinas (en que Hank González fue secretario de agricultura y de turismo) se amplió el permiso para operar apuestas en el hipódromo, con lo que se convirtió en una virtual casa de juego. El gobierno de Fox consolidó esa posición al autorizar la apertura de casinos que actuaron bajo la denominación de Caliente, y que proliferaron por toda la república.

Quizá por razones de disciplina familiar, o por mera división del trabajo, el negocio tijuanense de los Hank fue confiado para su gestión a Jorge, el menor de los hijos del profesor. Se instaló en esa ciudad fronteriza en 1986 y realizó los terrenos con notorio acrecentamiento de la parte de la fortuna familiar que le correspondía. En el fraccionamiento de veintitrés hectáreas el propio Hank erigió un bunker, protegido, junto con el resto de sus bienes inmuebles que allí encontraron sede, por numerosa tropa de guardias armados.

Hank se convirtió pronto en una figura de la vida frívola de Tijuana. Así lo denotaban las numerosas menciones que de él hacía en el semanario Zeta el codirector de la revista Héctor Félix Miranda, apodado El gato (en alusión al comic norteamericano). Se hicieron amigos y algo los distanció después porque las menciones no dejaron de ser frecuentes pero cambió su sentido. Fue público y notorio que una incipiente amistad se había roto. La mañana del 22 de abril de 1988 El gato Félix fue asesinado. Después se sabría que lo mataron el jefe de seguridad del hipódromo, Antonio Vera Palestina y su ayudante Victoriano Medina, utilizando armas propiedad del negocio de Hank. Por esos y otros indicios, a Jesús Blancornelas director de Zeta, y a la redacción del semanario no les quedó duda. Denunciaron a Hank como autor intelectual de la muerte del Gato.
07 Junio 2011 04:00:52
La detención de Jorge Hank
Si el comunicado sabatino de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la captura de Jorge Hank Rhon y diez personas señaladas por posesión de armas describe los hechos como fueron, a esta hora o dentro de poco el empresario de juegos de azar debe estar libre. La versión de la autoridad castrense no resiste el menor análisis como veremos enseguida, aunque sea difícil penetrar en la sintaxis del comunicado emitido en Lomas de Sotelo.

Afirma la Sedena que “los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia (sic) de tres personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio de dicha plaza, mismos (sic) que al ser aprehendidos por el personal militar señalaron que en un domicilio de la colonia hipódromo ocultaban armamento”.

Ya en muchos casos anteriores autoridades militares han pretendido basar su actuación en una “denuncia ciudadana” o llamado anónimo. Sería ingenuo pensar que, como los bomberos ante una petición de auxilio, un comando militar salga sin más a averiguar de qué se trata. Lo dijeron cuando en marzo del año pasado militares participaron en un lance en que murieron dos estudiantes posgraduados del Tecnológico de Monterrey. Si la tropa en verdad partiera de su cuartel apenas se le insinúa ni siquiera la comisión de un delito, sino sólo una presencia, el procedimiento se convertiría en una trampa de aplicación frecuente, a fin de causar bajas en el Ejército. De modo que es lógico desechar que el origen del episodio en Tijuana haya sido una denuncia ciudadana.

Como quiera que sea he allí a soldados y oficiales apersonados “a inmediaciones”, no en las inmediaciones, sino en las mediaciones del hotel Palacio. El personal militar encaró a los individuos armados y los aprehendió ¿con qué base procedió de ese modo la tropa? ¿carecían de los permisos de posesión y de portación respectivos? Una vez aprehendidos, ¿de qué medios se valieron los captores para hacerlos confesar de inmediato que “en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento?”. Hacia allá se dirigieron los militares (“el personal castrense se desplazó a la citada colonia”, dice el comunicado), donde se localizó “el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”. Con sólo moverse, con sólo entrar a la casa, esas personas armadas habrían cometido un delito, pues agrega la Sedena, “ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo” (¿el interior del ilícito?), “donde se aseguró a ocho personas más”, todas las cuales fueron detenidas, puestas a disposición del Ministerio Público federal y trasladadas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO). Si, como digo, el escueto y sin embargo atropellado relato militar resume la evidencia que condujo a la defensa de Jorge Hank, a la SIEDO no le quedará más remedio que dejarlo en libertad y, en rigor, solicitar a otras áreas de la PGR que investigue la comisión de delitos por el personal castrense, que irrumpió en la madrugada, como si se tratara de un asalto delincuencial, sin orden de cateo ni de aprehensión, pretextando una flagrancia de quién sabe qué delito en que incurrió quién sabe qué persona.

Es tan burdo el procedimiento para apresar a Hank, que sus defectos parecen deliberados, como para permitir al dueño de casinos y otros lugares de apuestas librar esta peripecia sin dificultad, generada quizá únicamente para mostrar las posibilidades del uso político de la Procuraduría General de la República cuya titular, Marisela Morales, tiene ya experiencia en ese campo. Un mal comienzo del debido proceso al que cualquiera persona tiene derecho, afecta el conjunto de las acciones ministeriales y judiciales al punto de que puede dar cauce a la libertad del inculpado.

El principal detenido niega ser poseedor del vasto arsenal que fue hallado en su casa. Según su testimonio y el de su esposa, ambos sacados de la cama en la mitad de la noche. Salvo que se hubiera incluido en el Código Penal Federal el delito de dormir, no parece que el hijo del profesor Carlos Hank González hubiera sido detenido al incurrir en una conducta penalmente reprochable. Alega el afectado que le fueron sembradas las armas (40 largas y 49 cortas, así como más de 9 mil cartuchos útiles y 70 cargadores), es decir que llegaron a su domicilio llevadas por sus captores. Hank no las vio porque lo mantuvieron de cara a la pared, pero escuchó ruidos metálicos que habrían sido originados por la puesta en escena del armamento. Por lo pronto la PGR no pudo acreditar ante un juez la responsabilidad de Hank en el delito que le imputa, al concluir ayer en la madrugada el plazo constitucional y solicitó que se extienda hasta mañana miércoles temprano.

Si no se trata de una tentativa de inmiscuir a un Jorge Hank que en este caso fuera inocente, se producirá la paradoja de que se le detenga por un delito que no cometió y no por las varias conductas rayanas en la delincuencia o francamente ilegales, respecto de las cuales no se ha descubierto la evidencia que permita someterlo a proceso.

Su más reciente aparición ante la opinión pública ocurrió con motivo del ascenso de su nuevo negocio, el equipo de futbol de los Xoloitzcuintles. Aunque formalmente lo maneja su hijo Jorge Alberto Hank Insunza, es claro que el club está incurso en una falta de ética prevista en las reglas de la FIFA. Pero eso es lo de menos en la biografía del menor de los Hank Rhon.
03 Junio 2011 04:00:42
Caravana del consuelo
Mañana parte de Cuernavaca, la Caravana del consuelo, como la denominado su principal impulsor, Javier Sicilia. Concluirá el 10 de junio en Ciudad Juárez, donde será firmado un pacto entre organizaciones de la sociedad civil, que reclaman cambiar el enfoque de violencia estatal en el combate a la delincuencia organizada por otro que privilegie la seguridad de los ciudadanos. El documento será presentado posteriormente al Presidente Calderón y otras autoridades.

La caravana recorrerá la Ruta del dolor. Comienza, como lo hizo la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, en Cuernavaca. Mañana mismo cruzará el Distrito Federal y pernoctará en Morelia. De allí seguirá el domingo a San Luis Potosí. El lunes seis llegará a Zacatecas y Durango. El martes siete continuará de San Luis a Saltillo y a Monterrey. El miércoles 8 se cumplirá una de las etapas más largas: De Monterrey a Torreón y de allí a Chihuahua. El jueves 9 llegará de la capital del estado a Ciudad Juárez. El viernes diez en esa localidad tan lastimada aun en los tiempos en que disminuye la mortandad, se firmará el pacto en que convergen varios centenares de organizaciones de la sociedad civil. (Al día siguiente habrá dos como extensiones de la reunión principal: un acto en El Paso, Texas, en solidaridad de grupos norteamericanos con el Movimiento, y el retorno de los participantes a Torreón, de donde volverán a sus puntos de origen).

Entre el ocho de mayo y el día de mañana la marcha que comenzó hace un mes en la capital de Morelos ha ido consumando su conversión en Movimiento. Ha adquirido perfiles al mismo tiempo más nítidos y más amplios. Ya caracterizaba a esta movilización, originada por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, una certeza en los fines y una gran heterogeneidad en los enfoques. A tal grado llega esta última, que es riqueza y no debilidad del Movimiento, que no faltó la queja, casi con aire de denuncia, de una sobresaliente activista por la justicia penal, que habló de “infiltrados” en la marcha. La expresión carece de sentido en una movilización incluyente, caracterizada por las puertas abiertas, a cuyas filas acude toda persona que tenga una queja y una demanda que ventilar. Ciertamente hay exigencias centrales, la seguridad y el fin de la violencia, pero en torno de ellas se despliegan multitud de otras demandas, porque la movilización es una especie de foro móvil.

En él bullen simultáneamente la desesperanza y la esperanza, la indignación y el dolor, la certeza de que no hay nada que hacer frente a la impunidad, y la certidumbre de que mucho puede hacerse desde el vigor ciudadano. De allí que los críticos de Sicilia y el Movimiento, los acusen de dejarse manejar por indefinidos intereses, distintos de los evidentes móviles que los impulsan, y se hayan dolido fingidamente de que movimientos diversos se “montaron” en la muy respetable causa del poeta para figurar y hacer valer su propia agenda. Ignoran que eso está en la naturaleza misma de las cosas y no es un artero aprovechamiento de la capacidad de convocatoria y de organización de Sicilia y de quienes lo acompañan.

Como se aprecia en el trazo de la ruta, se transitará por caminos y calles en que se ha concentrado de modo particular la destrucción de la convivencia y se han librado combates cruentos de bandas entre sí y de fuerzas del Estado contra esas bandas con grave daño a la sociedad. Se trata sin duda de un mapa incompleto. No se tocarán, por razones logísticas, entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, etcétera, donde la delincuencia organizada y el combate contra ella, y otras formas de violencia causan decenas de miles de muertos. Pero ninguna de las víctimas en los estados recorridos, en las entidades mencionadas y en el resto de la República está fuera del pensamiento de Sicilia y los organizadores del Movimiento.

Porque de eso se trata, de trascender la frialdad de las cifras, para conocer a cada una de las personas cuya vida ha sido segada en estos años de plomo canalla. Con tino poético y sociológico, Sicilia propone descubrir detrás de los números -“meras abstracciones estadísticas en el imaginario administrativo”- los “rostros, (las) historias mutiladas y (las) familias rotas”. De ese modo el activista y poeta invita a un necesario ejercicio criminológico y social: Se precisa saber quiénes eran los muertos inocentes y los reputados como delincuentes, para determinar el momento y las causas de su transformación, para evitar que haya otras similares: Saber que condujo, qué empujó a niños y adolescentes; que pudieron tener otro destino, a distribuir droga, a empuñar armas para proteger el negocio de los enervantes y a sus jefes, a servir en las muchas tareas adyacentes que la clandestinidad
reclama.

Tras presentar el martes la Ruta del dolor, junto con sus compañeros promotores del Movimiento, Sicilia viajó a San Francisco, a recibir el premio “People’s Choice” que anualmente otorga Global Exchange, un organismo de defensa y promoción de derechos humanos. Dijo allí que las causas del horror que padecen muchos mexicanos “son múltiples y profundas. Son el resultado de una guerra absurda, del largo pudrimiento de las instituciones de México y de la irresponsabilidad política de Estados Unidos que, para mal evitar su consumo de droga, ha instalado en México una guerra que no ha disminuido en nada ni el tráfico ni el consumo y que nos está costando miles de muertos y desaparecidos”.
02 Junio 2011 04:00:23
Ernesto Cordero
De los 9 candidatos presidenciales que ha postulado Acción Nacional 5 han sido abogados. Dos fueron ingenieros, uno administrador de empresas y uno más empresario sin título profesional. De cumplirse el designio del presidente Calderón, el décimo candidato panista al poder ejecutivo tendría como primer grado académico el de actuario. Ernesto Cordero estudió la carrera correspondiente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, institución privada que junto con la Escuela Libre de Derecho es hoy el origen de los altos cargos de la Federación.

Hasta que apareció esa carrera en la Facultad de ciencias de la UNAM, un actuario era un empleado de la judicatura encargado de notificar a las partes los acuerdos de los juzgadores, y de dar fe de actuaciones judiciales. No solían gozar de buena fama y ciertamente no de remuneraciones adecuadas, que suplían con dádivas de los litigantes. Hablo en pasado para estar cierto de lo que digo, aunque no será extraño que esa reputación y su origen sigan siendo parte de la cotidianidad en la vida de los juzgados. En cambio, los actuarios cuyo fundamento académico son las matemáticas gozan de prestigio y alcanzan relevantes posiciones no sólo en el ámbito de los seguros, que fue su primordial campo de acción sino en otros espacios privados y públicos.
Cordero estudió en el propio ITAM una maestría en economía y cursó el doctorado respectivo en la Universidad de Pensylvania. Pero el actuario, aunque se vista de economista, actuario se queda. Ocurre al secretario de Hacienda lo que a su jefe y propulsor, Felipe Calderón, que no deja de ser abogado de la Libre aunque después haya estudiado economía en el propio ITAM y en Harvard. Como actuario, en consecuencia, es de esperarse que Cordero haya aplicado sus conocimientos matemáticos a la evaluación y prevención de los riesgos en que pudieron incurrir Calderón y él mismo al hacer explícita en mayo (el mes de su nacimiento) su condición de precandidato presidencial favorito del Presidente.

Fue inoportuno el momento en que se oficializó esa precandidatura. Apenas tres días antes Cordero había firmado la postulación de su ex jefe Agustín Carstens a la dirección gerencia del Fondo Monetario Internacional. Y si bien el impulso a esa candidatura corre ahora a cargo de la cancillería, es irresponsable que el presentador formal abandone a su presentado para centrar su atención en su propia promoción electoral. Si bien alcanzó a hablar del tema con los ministros de finanzas del primer mundo, incluida la candidata de Europa al mismo cargo, Christine Lagarde, no estará presente durante la campaña, a efectuarse del 10 al 30 de junio.

En el ámbito interno, el momento de su lanzamiento, por no ser acompañado de su renuncia, lo expuso a riesgos que van actualizándose. Por un lado, puso de manifiesto algo que se sabe y que sin embargo ahora se expresa. Cordero no es un candidato natural, ante cuya postulación interna el resto de los aspirantes se inclina. Al contrario, salvo el silencio de Javier Lozano, que de antemano se había declarado partidario de Cordero en caso de no ser él mismo el ungido, la evidencia de que el secretario de Hacienda es el predilecto de Calderón ha generado un ambiente si no hostil, por lo menos ingrato en torno suyo. Aunque es previsible que, como subordinados que son del Ejecutivo Alonso Lujambio y Heriberto Félix terminarán sometiéndose a la decisión que no les favorece, por lo pronto no han dejado de expresar su disgusto por la cargada encabezada por los gobernadores de Baja California, Puebla y Sonora (el de Baja California Sur no cuenta en materia de política interior panista) de la que partió Cordero para reconocerse de modo explícito como pretendiente presidencial. A los dos secretarios de estado no les quedará más remedio que admitir la orden que de modo tácito han recibido de su jefe, o irse del gabinete, a probar suerte por sí mismos, con mínimas posibilidades de éxito, presos como estarían entre el oficialismo expresado en Cordero y la autonomía de Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Emilio González Márquez, ninguno de los cuales tiene por qué atender sugerencias de continuar su participación o retirarse de la liza.

Aun los sectores inclinados a dar como buenas las decisiones del Ejecutivo, por su sola procedencia, independientemente del acierto o desacierto de su contenido, esperan que Cordero se ausente cuanto antes. Temen que su capacidad de decisión sea frágil, y por lo tanto coloque en mala posición las finanzas nacionales. El Banco de México ha dado a conocer la encuesta que periódicamente realiza entre pronosticadores de la economía mexicana, cuya conclusión es que el crecimiento está desacelerándose a causa de similar fenómeno en la economía norteamericana. Para la cúpula empresarial es preferible que haya un secretario en funciones hasta noviembre de 2012, que enfrente las consecuencias de sus decisiones y no uno que ande en otra cosa.

Cordero se pone en riesgo, además, mientras siga expresando como secretario de Hacienda sus opiniones. Cayó en la tentación de entrar en un viejo dilema sobre la pobreza en o de México. La creencia que fraseó Humboltd hace más de dos siglos, de que México era un cornucopia, un cuerno de la abundancia, cuyos habitantes son pobres. no es verdadera Ahora, según Cordero, es un país de renta media con población pobre Su conocimiento matemático no alcanza para reconocer imposible que haya un país de ingresos medios sin pobres que tiren hacia abajo el promedio.
01 Junio 2011 04:00:22
Mercado político mexiquense
Cabe preguntarse si el candidato Eruviel Ávila hizo una buena transacción política al adquirir el apoyo del senador René Arce y su Movimiento de Izquierda Ciudadana. No le hacía falta asegurar su victoria, si nos atenemos a las encuestas que cotidianamente buscan que la profecía se cumpla a sí misma, es decir que el resultado en las urnas corresponda a las mediciones demoscópicas, condicionando una porción al menos del voto ciudadano. Tampoco le faltaba estructura en Chalco y en general la región vecina a Iztapalapa, pues allí como en todo el estado los cuadros priístas han sido alentados por funcionarios del Gobierno estatal para que sean eficaces propagandistas del PRI.

No parece posible que pretenda hacer aparecer la presencia de Arce en su campaña como una ruptura del PRD, porque el senador por el DF se retiró de ese partido desde el año pasado. ¿Pretenderá entonces que lo adquirido es el prestigio político de un dirigente que ha sido permanentemente victorioso?. No, pues se recuerda que el desastre de Nueva Izquierda en Iztapalapa en 2006 fue casi una derrota personal de Arce y significó la pérdida de un importante emplazamiento social. Tampoco entonces se ve dónde está la ganancia de Ávila, ya que no faltan en el PRI dirigentes y operadores de las características del legislador capitalino. Tampoco le hacen falta mítines con 5 mil personas, como los que ofreció Arce, pues la estructura propia y la capacidad de movilización del priísmo bastan al candidato para esos efectos. Y ni modo que crea, y que los necesite, que Arce convocará a más de cien mil personas a que voten por él. Eso no puede probarse de ningún modo. Intentarlo sería confesar la práctica del voto corporativo, que es ilegal, pues las afiliaciones a partidos y la libertad de sufragio son derechos que sólo pueden ejercerse a título individual.

Por otro lado, mostrar que el PRD se quiebra en su favor, como resultado de la comparación entre sus propuestas y las de Alejandro Encinas, es ignorar la añeja división entre Arce y las corrientes políticas afines a Andrés Manuel López Obrador, que impulsó la candidatura de su antiguo secretario de gobierno. Nadie, ni siquiera con escasa información, admitirá que los pagos a que se obligó Ávila –especialmente la creación de un instituto de economía social y solidaria--, se justifiquen por las contraprestaciones.

Sólo me explico el paso del candidato priísta de festejar el acompañamiento que le ofrecerá Arce en una porción del estado, en función de su necesidad de contar con una fuerza propia, acaso porque ha ido percibiendo que es prisionero del aparato priísta operado directamente por el gobernador Peña Nieto. Acaso le da mala espina, como se dice en los pueblos, la custodia, el resguardo más que acompañamiento que practica a su lado Luis Videgaray. Era ya extraño que, no obstante su inexperiencia política: no ha participado jamás en una campaña política (ni siquiera en la propia, porque es diputado por vía plurinominal) se le encargara de coordinar la del ex alcalde de Ecatepec. Ahora parece claro que el propósito es mostrar a los votantes y a los medios al coordinador en la misma medida que el candidato. En el acto mismo en que Arce fue recibido a bordo, alzaron sus brazos Ávila y Videgaray, actitud que se ha convertido en una rutina desde que comenzó la gira. ¿Será que la presencia de Videgaray haya sido diseñada como la de un candidato de repuesto, ante cualquier eventualidad? No quiero invocar el sentido lúgubre de aquella circunstancia, pero ¿acaso Ernesto Zedillo no fue el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, y lo suplió, si bien debido a su discreción o pereza ni siquiera estaba presente en los trayectos del sonorense?

Arce en cambio gana en esta operación de mercado político el relanzamiento de una carrera que se había estancado. Hasta antes de este lance, parecía frustrado su propósito de crear el Partido de la Ciudad, con ex perredistas. Aproximarse al PRI en el Estado de México le abre la puerta para ser figura relevante en la campaña con la que Beatriz Paredes intente de nuevo, en mejores condiciones que hace 5 años, ganar el gobierno capitalino. Debido al deterioro estructural del tricolor en el DF, que podría agravarse tras la disputa por el relevo en la dirección, que están en curso y por los saldos que deje la designación de candidata, a la ex presidenta nacional del PRI le vendrá bien contar con tropas de refresco, capaces de medirse en todos los terrenos con las del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez, que hoy encabeza el único segmento priísta realmente existente.

Con su virtual ingreso al PRI, secuela del que practicó en Guerrero su correligionaria y aliada Ruth Zavaleta respecto a Manuel Añorve, René Arce da un nuevo giro en su camino político. Nacido en Oaxaca el 22 de octubre de 1953, o el 4 de agosto de 1956 (según se lee en documentos oficiales del Senado: su ficha biográfica y la semblanza escrita por el propio legislador, respectivamente), fue miembro de la insurgencia armada, de la que se apartó para hacer política por las vías social y partidaria. Egresado de la escuela de economía de la UNAM, realizó trabajo sindical, fue miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México, semilla del PRD. Ha sido elegido ininterrumpidamente desde 1994 (diputado local, dos veces federal, jefe delegacional, senador) y con acusada presencia (con su familia) en Iztapalapa, fue la cabeza de Nueva Izquierda en el DF.
31 Mayo 2011 04:00:02
SCT: Firme el duopolio
De pronto parecería que el ingeniero Carlos Slim está dejando ser profeta en su tierra, mientras que lo es con intensidad ascendente en otros países. Cuarenta y ocho horas después de haber recibido aquí un duro golpe (la negativa del Gobierno mexicano a que ofrezca televisión de paga) la presidenta de la República argentina le concedió una deferencia: Aceptó que el hombre más rico del mundo fuera su anfitrión en México, aun antes que su homólogo mexicano, el Presidente Calderón.

Acaso no haya relación alguna entre los hechos, pero aparecen ligados al ocurrir en la escena pública. La presidenta Cristina Fernández pasó anteayer unas horas, antes de comenzar su visita oficial a nuestro país, como invitada del empresario, cuya presencia en televisión restringida se frena aquí.. Al proceder de ese modo el Gobierno mexicano contraviene su propia política al respecto, uno de cuyos componentes es la promoción de la competencia. Mientras menos oferentes de servicios en las telecomunicaciones haya, peor para el público, que depende del duopolio que domina esos territorios.

El año pasado era tan clara la actitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en beneficio del negocio del señor Azcárraga respecto de la telefonía móvil, que no vacilé en atribuir un nuevo significado a la T de la sigla que define a la Secretaría en aquel entonces encabezada por Juan Molinar Horcasitas. Quería decir, según mi interpretación, simple y sencillamente Televisa: SCTelevisa, Pero en los tiempos de Dionisio Pérez Jácome, sin perder ese significado tal vez lo completa o alterna con otro. Ahora la T parece querer decir taimada. Al menos ésa es la actitud que define a esa dependencia frente la petición de Telmex para que su título de concesión sea modificado y pueda esa empresa, antaño monopólica en la telefonía fija, ingresar en otras telecomunicaciones.

Durante más de un año la SCT ofreció la callada por respuesta a esa petición de la empresa telefónica del grupo Carso. Fue preciso que la afectada acudiera a los tribunales para reclamar el amparo de la justicia federal frente a ese silencio. Telmex obtuvo satisfacción en su queja ante la justicia federal, que ordenó a la Secretaría responder a la quejosa en un plazo perentorio, de quince días en la más amplia de las interpretaciones. Telmex apoyó su requerimiento en la conformidad que, según la interesada, se había desprendido del mutismo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cuyo caso procedió la afirmativa ficta, esa figura jurídica que protege a los particulares frente a la abulia o el tortuguismo de las autoridades. Significa en este caso la aceptación tácita de que Telmex estaba calificado para obtener la modificación de su título de concesión, dictamen que serviría de base ara la decisión de la secretaría.

Mas la Cofetel alega que no hay tal afirmativa ficta porque no abordó el caso, y hasta pretende ahora darle vida propia a ese trámite, ante la Secretaría de la Función Pública y eventualmente convertirlo en asunto penal, para que se determine con qué objeto el expediente respectivo de hizo perdidizo hasta desembocar en la afirmativa ficta, por no haber respuesta al pedido de Telmex que pronto cumplirá tres años de haber sido iniciado. En una respuesta informal y tardía, la Cofetel asegura que no habría aprobado la solicitud de Telmex porque esa empresa no cumple los requisitos del Acuerdo de convergencia.

La taimada secretaría de Comunicaciones alega lo mismo: “Entre los requisitos establecidos en el acuerdo de convergencia que no han sido satisfechos, destaca el estar al corriente en las obligaciones de su título de concesión, entre las que se encuentran la entrega de información suficiente a la autoridad y la provisión de calidad para lograr una eficiente interconexión a terceros”.

La SCT fue taimada por lo menos en dos momentos o de dos maneras. Por un lado, la autoridad está obligada a verificar que la concesionaria se apegue al título que le permite operar, independientemente de ulteriores propósitos. Si la SCT ha sido omisa en la inspección debida, ha actuado taimadamente, para dejar que Telmex acumule faltas que se esgrimen para evitar que entre a nuevas áreas de telecomunicaciones. Si, como alega la propia Secretaría están en curso varios procedimientos sancionatorios contra Telmex por esas infracciones, le hubiera resultado muy sencillo responder, después del 18 de diciembre de 2009, cuando Telmex acudió ante la SCT, que su solicitud era improcedente precisamente por las violaciones que ambas partes estaban ventilando. Pero no lo hizo así. Taimada, la SCT dejó correr 17 meses para producir una respuesta que pudo emitir de inmediato. Si la hubiera hecho conocer al interesado, Telmex habría estado en situación de colmar sus propias deficiencias y no permitir que se acumularan, en caso contrario, las razones ahora aducidas.

Con falsa buena disposición, pues sólo enuncia una verdad al margen de su propia voluntad, la taimada SCT afirma al público que Telmex no debe preocuparse por su negativa, pues puede iniciar un nuevo procedimiento. También puede, digo por mi parte, presentarse de nuevo ante la justicia federal a abrir nuevos litigios, cuyo abuso es reprochado a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Sin duda Telmex lo hará, Por lo pronto, sin embargo, ha resentido perjuicios mayúsculos, pues sus acciones en el mercado bursátil cayeron 6.44 por ciento, merma considerable para una sola jornada, que puede repetirse.
27 Mayo 2011 04:00:11
Peña Nieto y los órganos electorales
El entramado aun no se aprieta con el último hilo, pero podemos ya sentir su textura: Enrique Peña Nieto domina los órganos electorales, que le han urdido una coraza mucho antes de que se inicie el proceso electoral. Esa labor anuncia la que se proponen realizar a favor del gobernador mexiquense tanto el consejo general del IFE como la sala superior del Tribunal electoral del poder judicial de la Federación el año próximo.

Si algún mérito hay que reconocerle a Peña Nieto, o a quien lo asesore o maneje, es su capacidad de establecer estrategias a mediano y a largo plazo. En septiembre pasado, por ejemplo, aprovechó a plenitud los resquicios que abre el Código electoral frente a la prohibición de difundir propaganda personalizada. Pueden hacerla los integrantes de los poderes públicos, federales o locales, con motivo de sus informes anuales de labores. Deben limitarse, sin embargo, a un lapso determinado antes y después y a un entorno geográfico específico, el del territorio donde realizan sus funciones.

Peña Nieto emprendió una colosal campaña de difusión, dentro del tiempo permitido, pero no respetando las fronteras. Contrató con doce televisoras la difusión de ¡tres mil quinientos spots! sobre su quinto informe. Los mensajes se emitieron de Sonora a Yucatán y no sólo en el Estado de México. La difusión de su figura y de párrafos de sus discursos, así como de los actos donde dice cumplir sus compromisos de campaña, ha sido un modo reiterado de ser del gobernador, y es uno de los factores que explica el que vaya en punta entre los preferidos para ser candidato del PRI y luego presidente de la república según las mediciones demoscópicas. Es altamente probable que se pusiera en aprietos a quienes en las encuestas se inclinan por el mexiquense, si se les pregunta por qué, y todavía más si conocen su desempeño en la entidad que gobierna.

Pero se ha construido una imagen poderosa a fuerza de dinero y televisión, que no es lo mismo pero es igual según la dialéctica del trovero cubano. Por eso el lanzamiento de su campaña en torno al quinto informe. El PAN se quejó ante el IFE y el organizador de las elecciones cohonestó en la práctica los hechos del gobernador. Inconforme ese partido, acudió al tribunal federal de elecciones, ante el cual el PRI le opuso una intensa labor de cabildeo. El acto más relevante de esa fase de la estrategia fue la cena o comida o reunión para tomar el te a que convocó, en su propia casa, la presidenta del principal órgano de la justicia electoral, María del Carmen Alanís. Asistieron en representación directa de Peña Nieto y su partido, los diputados Sebastián Lerdo de Tejada y Luís Videgaray (que ahora coordina una campaña de la que preferiría haber sido el centro): Un consejero electoral, Marco Antonio Baños y un aspirante a serlo, Enrique Ochoa, uno de los varios candidatos impulsados por Alanía para ocupar vacantes del IFE.
Puesta al descubierto esa reunión por Roberto Zamarripa, subdirector editorial de Reforma, se esperaba que la magistrada se excusara de participar en la sesión en que se resolviera el caso de Peña Nieto y sus tres mil quinientos spots. Pero qué va, con la aquiescencia de todos sus compañeros participó en la sesión y hasta fue ponente en las conclusiones del tribunal sobre el caso: El gobernador fue declarado inocente, libre de culpa, y se ordenó al IFE castigar a las televisoras que, generosas o manirrotas y excesivas como son, fueron más allá de las órdenes de inserción pagadas por el estado de México y propagaron por doquier la amena imagen del sucesor de Arturo Montiel, su tío.

En el penúltimo capítulo de esta serie, anteayer el consejo general del IFE, que renguea a falta de tres de sus miembros, no designados todavía por la Cámara de diputados, que desde octubre es omisa también a este respecto, acato la resolución del tribunal, que le ordenó sancionar a las doce televisoras (si son tantas es porque dependen o son repetidoras, salvo una que otra excepción, de las integrantes del duopolio). Blandiendo la ley, con gesto fiero y rigor savonarolesco, la cúpula electoral castigó a las concesionarias de televisión ¡con una amonestación!. Se había propuesto aplicarles una multa de más de quince millones de pesos, un monto mayor que el que habían ganado, para impedir que se haga buen negocio violar la legalidad, como ocurre cuando la sanción es menor que la ganancia obtenida de mal modo. Pero como hay un número par de consejeros, por la falta de los tres que la negligencia de san Lázaro no ha nombrado, se produjo un empate. En otra ronda de votación, el consejero presidente Leonardo Valdez mudó el parecer inicialmente expresado y votó por la estremecedora reprimenda. Al parecer pretendió sólo desempatar la votación e impedir que se empantane el funcionamiento del órgano electoral. Pero mostró de ese modo una volubilidad que inquieta a los observadores de cómo cumple el IFE sus responsabilidades.

Los dos siguientes pasos son previsibles: El PAN y acaso el PRD también, se inconformarán ante la resolución favorable a las televisoras. Y cuando la queja llegue al tribunal demos por hecho (el precedente autoriza a conjeturarlo) que la amonestación será validada por la sala superior. Y entonces se completará la operación: Se vulnera la ley, se obtiene provecho político de esa conducta y allí están los órganos electorales para generar impunidad. Es un pésimo augurio para lo que ocurrirá a partir de octubre, cuando arranque el proceso electoral.
26 Mayo 2011 04:00:12
Violar tantito la Constitución
En su artículo 37 la Constitución establece que se pierde la ciudadanía mexicana, entre otras causas, “por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión permanente”. El jueves pasado el secretario de Seguridad Pública recibió una condecoración de la Policía Nacional de Colombia (un reconocimiento al mérito) de manos del presidente Francisco Santos, lo que da idea de la relevancia de la distinción. No contaba con la autorización congresional por lo que claramente se colocó en la hipótesis de la pérdida de la ciudadanía.

Con banalidad, la mayoría priísta en la Cámara de diputados estimó que no era para tanto, que sólo se violó un poquito la Constitución, o que hay textos cuya vulneración es más grave que otros, y pasó por alto el incidente. No dejó de poner en vergüenza al secretario predilecto del Presidente quien, si quiere gloriarse de la admiración que suscita en la policía colombiana, tendrá que rehacer el camino: solicitar el permiso de la Permanente (o del Congreso si aguarda a septiembre) y, previa devolución del reconocimiento indebidamente aceptado, aceptarlo de nuevo y poder usar la expresión metálica de ese reconocimiento.

El permiso fue solicitado el miércoles previo a la recepción de la medalla, unas horas antes de que ocurriera el acto protocolario en Bogotá. Pero además de haberlo pedido a última hora, quiso trampearse al no fijar la fecha del acto diplomático, a fin de ocultar que el acto volitivo de aceptación había ya ocurrido. Por ello, la Comisión permanente le dio un trato convencional a la solicitud y la remitió a comisiones. Es probable que, de explicarse la premura, se hubieran obviado los trámites y la autorización se hubiera extendido a tiempo que García Luna recibiera la condecoración sin problema alguno. En cambio, una semana después, ayer, la Permanente sobreseyó el caso. Dio por inválida la petición porque se refería a un hecho consumado, y dio vuelta a la hoja. o
Las bancadas del PRI y el PAN adujeron argumentos baladíes en pro y en contra.
Los tricolores, que dieron un portazo en la cara a García Luna, le perdonaron la vida. Debieron iniciar el procedimiento consecuente con la clara disposición constitucional. En defensa del secretario García Luna, en cambio, los panistas argumentaron que no se trataba de una condecoración sino de un reconocimiento y por lo tanto no se requería pedir permiso y hasta hubo un exceso al hacerlo. Es claro, apenas se consulta el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que condecoración es “acción y efecto de condecorar” y que este verbo significa “darle honores” a una persona. Eso fue, entre policías, lo que ocurrió hace una semana.

Aunque los legisladores no tomen a pecho el texto constitucional, mucha gente se conduce conforme a él. Con algunas excepciones, no hay sesión de las cámaras o de la Permanente donde no se expidan autorizaciones para aceptar o usar condecoraciones o, lo que es materialmente más importante para los interesados, para prestar “servicios oficiales” a un gobierno extranjero, so pena de perder la ciudadanía. Las embajadas en México se aseguran de que sus futuros empleados cuenten con el permiso constitucional antes de iniciar una relación laboral o de prestación de servicios profesionales. El artículo 37 es respetado por la generalidad de las personas: les importa mantener la ciudadanía.

El proceder de García Luna no es trivial. Muestra la percepción que tiene de sí mismo. Se siente por encima de la ley. Una vez que fue clara la precariedad de su posición ante el reconocimiento colombiano, pretendió remediar el desacato arguyendo que sólo mantenía “en custodia” l medalla correspondiente. No sólo por encima de la constitución se piensa el secretario, sino también por encima de los gobernados, a quienes supone retrasados mentales. La violación constitucional se produjo desde el momento mismo en que aceptó ser condecorado por la Policía nacional colombiana. Es la aceptación sin permiso lo condenable.
Tener en custodia la pieza metálica puede significar un tardío acto de discreción y anunciar que no será usada. Pero ya es suya; la aceptó, la recibió y se ufanó de hacerlo.

Quizá en algo tiene razón García Luna, si mi suposición de que nos cree retrasados mentales corresponde con la percepción que tiene de nosotros. Sólo siendo retrasados mentales nos resulta admisible la terquedad presidencial de mantenerlo en un cargo que requiere una sólida conciencia de respeto a la ley.
No sólo a partir del 8 de mayo en que Javier Sicilia demandó la renuncia del secretario de seguridad pública. Mucho antes se ha ofrecido sobrada evidencia de que cumplir la ley no es el fuerte de García Luna. Lo muestra su biografía profesional, desde sus años en la naciente Policía federal preventiva, en la Agencia federal de investigación y en la secretaría de que es ahora titular.

Casualmente, el mismo día en que el Poder legislativo admitió que García Luna violara la Constitución, sin consecuencia alguna, apareció un nuevo cable de los difundidos por WikiLeaks (difundido en México por La jornada). Cuando apenas cumplía su tercer mes como secretario, en febrero de 2007, ofreció sin cortapisas a Michel Certoff, entonces secretario de seguridad interior de los Estados Unidos: “libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública”.. Y le “expresó su esperanza” de que esa secretaría “pueda ayudarle a establecer programas para asegurar la integridad” de sus agentes.
25 Mayo 2011 04:00:18
Las otras elecciones
El proceso electoral del estado de México atrae la atención de la opinión pública participante por razones explicables. Las más perceptibles son, por un lado, que contiende sin contender el gobernador Enrique Peña Nieto y, por otra parte, que Andrés Manuel López Obrador necesita probar que la movilización directa de los ciudadanos, con él mismo a la cabeza, puede contrarrestar una campaña poderosa en dinero y difusión.

Es preciso, sin embargo, que consideremos que en julio mismo hay jornadas electorales también en Coahuila y Nayarit. Sus resultados tendrán un efecto más allá de los linderos de esas entidades. Aunque se aprecian altas posibilidades de que el PRI, que gobierna ambos estados, los conserve bajo su control, eventualmente puede ocurrir el triunfo de la oposición.

En ambos lugares se frustró la coalición que habían anunciado el PAN y el PRD como parte de su política de alianzas, exitosa en 2010, pero que comenzó a naufragar apenas se inauguró este año electoral. Ni en Guerrero ni en Baja California Sur se reeditó esa unión partidaria, aunque el candidato del PAN guerrerense declinó a última hora concluir la búsqueda del voto y pidió a sus partidarios votar por el priísta postulado por el PRD. En Baja California Sur de la alianza se pasó a la contienda áspera debido a que el PAN acogió –y con él alcanzó la victoria—a un fallido candidato perredista.

En Nayarit el fracaso de la coalición PAN-PRD, programada con mucha anticipación ha significado un fuerte golpe de la corriente Nueva Izquierda, pues se calculó que juntos los dos partidos llevarían al gobierno a Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los principales dirigentes del chuchismo. Rota la alianza, el candidato del PRD no sólo tiene, a solas, escasas posibilidades de triunfar, sino que acaso quede en tercer lugar. Paradójicamente, causaría ese desairado desenlace una compañera de bancada de Acosta Naranjo en la fracción perredista en san Lázaro, Marta Elena García. Ella es esposa de Antonio Echevarría, que en 1999 ganó la gubernatura sostenido por una amplia alianza opositora al PRI, partido a que había pertenecido largo tiempo. Ya gobernador, se afilió al PAN y acaso por tomar esa opción no consiguió que cristalizaran las aspiraciones de su esposa, de ser candidata a sucederlo. Recuperado Nayarit para el PRI hace seis años, hace dos la señora García fue elegida diputada federal por el PRD. Su activismo en ese partido fue exitoso y resultó precandidata, misma condición que tenía Acosta Naranjo. En la contienda interna por la candidatura, el PAN hizo suya su aspiración y adquirió con ese gesto tal fuerza que Acción Nacional terminó inscribiéndola en el proceso electoral fuera de la coalición. Todavía se estimaba posible que una encuesta a realizarse mañana dijera la última palabra, respecto de la alianza y la candidatura, pero el PRD escogió no llegar ya a ese punto. De manera que el PRI, que padeció desfiguros internos, que no alteraron la postulación del alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, se beneficiará de la presentación de dos candidatos que reñirán entre sí más que frente al tricolor.

En Coahuila el PRD iba a adherirse al PAN, no tanto a coaligarse con él, dada su debilidad. El PRI postula a Rubén Moreira, diputado federal y hermano de Humberto Moreira, su antecesor, líder nacional del partido, todo lo cual lo dota de las mayores posibilidades de triunfo. Su principal contendiente es el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente Calderón que, aun antes de serlo gozaba de fortuna política: Fue elegido diputado local en 1997, diputado federal tres años después y alcalde de Torreón en 2003.

La izquierda, que antes y después de la efusión cardenista de 1988 cuenta con escasos adeptos en esa entidad, no los multiplicará sino al contrario, pues presenta dos candidaturas, reflejo del fenómeno que nacionalmente protagonizan los seguidores y los antagonistas de Andrés Manuel López Obrador. El PRD, que va a solas, presenta como candidato, como muy tenues posibilidades de figurar, al ex diputado local y ex regidor del ayuntamiento de Parras, Genaro Fuantos Sánchez. Mayor número de votos tendrá el candidato de Convergencia y el Partido del Trabajo, Jesús González Schmal, quien por segunda vez va en pos de la gubernatura. Lo hizo en 1993, cuando el candidato priísta triunfador fue Rogelio Montemayor. Postulado por una coalición de pequeños partidos, en que los más visibles fueron el PRD, el Verde y el ya extinto Demócrata Mexicano, el ex secretario general del PAN, precandidato presidencial en ese partido, obtuvo en su inicial incursión coahuilense sólo el 2.3 por ciento de los votos. Es posible que duplique ese porcentaje ahora, impedido para crecer por la polarización, de ya larga data y agudizada ahora, entre el PRI y el PAN.

Acción nacional quedó muy lastimado por el triunfo de Humberto Moreira, que Jorge Zermeño, candidato panista y ahora embajador en Madrid, disputó aun en el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Por esa causa, Moreira fue un ácido crítico de Vicente Fox y de Felipe Calderón, a quien todavía semanas antes de pedir licencia para encabezar el PRI reprochaba el escaso apoyo que las fuerzas federales ofrecieron a su gobierno ante la creciente inseguridad pública. Como muchos gobernadores priístas Moreira pretendió escoger tras esa coartada su propia incapacidad para preservar la tranquilidad de sus gobernados, muchos de los cuales anticipan que la postulación de Rubén Moreira significa más de lo mismo.
24 Mayo 2011 04:00:45
Migración y xenofobia
El 10 de mayo murió violentamente Isaac Echinedu Nwachakwa, nigeriano residente en México donde había formado una familia con una señora mexicana. Ese día, tras celebrar a su esposa por el Día de las Madres, Echinedu buscaba un taxi en la calzada de Tlalpan, cuando lo abordaron miembros de la Policía Auxiliar, de la patrulla 73-003. Se ignora la causa por la que, súbitamente, lo golpearon con sus armas de cargo y luego huyeron no sin haber despojado a su víctima de algunas pertenencias.
Echinedu fue atendido allí mismo por paramédicos que lo hicieron recuperar el sentido. Pero quizá con la sensación de pavor que le había causado la tunda recién recibida y suponiendo que aun estaban allí sus agresores, el ciudadano nigeriano echó a correr por esa vía de alta circulación y un automóvil lo atropelló y lo privó de la vida.

Supongo que técnicamente, y aun humanamente es difícil imputar la muerte de esta persona directamente a los policías auxiliares. Ese extremo se determinará ante el ministerio público, y ante la propia secretaría de seguridad capitalina, de la que depende la policía auxiliar. No cabe ninguna duda, en cambio, respecto del maltrato que, sin causa, asestaron esos presuntos agentes de la autoridad a un persona dedicada a la vida familiar y productiva (era un pequeño comerciante).

El sábado pasado una treintena de migrantes africanos se reunió ante la columna de la Independencia en protesta contra esta cruel agresión. Han constituido un comité ciudadano en defensa de los naturalizados afromexicanos. Su presidente, Wilner Metelus, suscribió una carta donde se expresa su indignación. Además de referir lo ocurrido a Eichenedu, afirma que “Isaac no cometió ningún delito, era un gran trabajador, insultado por la policía por el color de su piel.

“Yo me pregunto si aquí en México está prohibido subirse a un taxi o ser negro. Hubo testigos y video –de las cámaras de vigilancia de la zona- de ese acto racista. El pueblo mexicano está harto de esos actos. Queremos que los encargados del sistema de justicia actúen para que triunfe la ley y que los agresores vayan a la cárcel.

“El Comité ciudadano de defensa de los naturalizados afromexicanos pide la inmediata intervención del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard en este asunto. Es una vergüenza que esto pase en la Ciudad de México. Si no hay una respuesta sobre el caso estamos dispuestos a llevar este asunto ante la Corte internacional. Ya no queremos más sangre en este país”.

Ese acontecimiento figura en el escenario público cuando están circulando los resultados de la encuesta organizada por el Consejo nacional contra la discriminación, y en medio de los escándalos de corrupción criminal que afectan al Instituto nacional de Migración. La endeble condición de los migrantes, principalmente centro y sudamericanos, pero también procedentes de otros países, nos interpela desde esos acontecimientos para que la sociedad y las instituciones de gobierno den una respuesta, sin eludir la terrible realidad de que somos al mismo tiempo actores y víctimas.

Los gobiernos federal y estatales, ya no se diga los municipales, han demorado en cobrar conciencia de la nueva movilidad social que afecta a nuestro país. En apariencia somos el gozne entre el cinturón mesoamericano, que no ha podido remediar todavía los estragos de sus enfrentamientos civiles, que acentuaron su pobreza estructural, y los Estados Unidos que si bien ha dejado de ser el paraíso terrenal que se imagina el mundo subdesarrollado al sur de su frontera, cuenta todavía con oportunidades de trabajo de que carecen sus vecinos, y que son sumamente apetecibles.

En México la corrupción administrativa es proverbial. Como lo muestra la también reciente encuesta de Transparencia internacional, los pagos ilegales por hacer o no hacer constituyen una pesada carga para la sociedad y una fuente de ingresos adicionales al personal público de los tres niveles de gobierno. La función migratoria, desde que estaba a cargo de una pequeña dependencia en la secretaría de Gobernación, fue siempre notoria por su proclividad a extorsionar a los extranjeros, aun los que contaran con la documentación que acreditara su legal permanencia en nuestro país. También se cobraba por dotar a los carentes de esa documentación.

La creciente complejidad del fenómeno migratorio ha multiplicado las posibilidades de la exacción, hasta llegar a prácticas abiertamente criminales, como la entrega de personas que deberían ser deportadas a bandas delincuenciales que cobran rescate por la libertad de las víctimas. Lo sabe ahora el secretario de Gobernación, tras realizar una gira por la frontera sur, puerta olvidada por la administración, pared porosa que permite el paso de quienes quieren llegar a la tierra prometida, pero también lo franquea a los tratantes de personas y a las pandillas que, desalojadas de sus países de origen buscan asentarse en cualquier territorio, aquí o en los Estados Unidos, donde por la vía que sea consigan hacer valer sus intereses.

En vez de ser parte del modo positivo con que se encare al fenómeno migratorio, el INM se ha convertido, en su deterioro creciente, en factor problemático que agrava ese fenómeno. Los remedios anunciados o practicados hasta ahora, como la rotación de mandos, son meramente cosméticos. Es preciso convocar a la construcción de una nueva autoridad, con servicio civil de carrera. Buenas voluntades no faltan, como lo prueban los activistas civiles por los derechos humanos de los migrantes.
20 Mayo 2011 04:00:08
Hijos de Peña Nieto
No es un libro para lanzar revelaciones sacudidoras. Pero contiene algunas. Y a otras les da un relieve que hasta ahora no alcanzaron. Por ejemplo, la confesión de Enrique Peña Nieto a Rafael Loret de Mola sobre dos hijos tenidos fuera de matrimonio. “Uno murió de cáncer: El otro vive”. Su primera esposa Mónica Pretelini lo sabía. Y eso agrió su relación con su marido, quien admite también que las crecientes diferencias con la madre de los hijos habidos en ese matrimonio, “tenían un fundamento: Mis infidelidades, Arrastró esta debilidad desde muy joven”.

Ese testimonio directo del gobernador mexiquense al novelista (cuyas ficciones políticas y revelaciones de alcoba han tenido gran éxito) fue recogido por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista quincenal emeequis, autor de la semblanza sobre Peña Nieto que forma parte del libro Los suspirantes 2012, que está comenzando a circular.

Fue presentado el lunes pasado en un hotel capitalino. La idea de Jorge Zepeda Patterson, el ex director de El Universal que hace seis años coordinó una obra semejante, era que la presentación corriera a cargo de tres de los protagonistas del libro. En términos prácticos el número se redujo a uno. Josefina Vázquez Mota mostró que es una rigurosa cumplidora de compromisos, por lo menos los de esta índole, y acudió puntual a la presentación, que aprovechó para abundar en su intención de alcanzar la candidatura presidencial de su partido, aunque el presidente Calderón, de quien fue colaboradora, haya manifestado inequívocamente que su favorito es el secretario de Hacienda Ernesto Cordero. En un primer momento, Manlio Fabio Beltrones había aceptado ser uno de los presentadores pero la fecha acordada se topó con la celebración de su aniversario de boda. El diez de mayo se cumplieron treinta y dos años de su casamiento con Silvia Sánchez, madre de Sylvana, su única hija, que ya hizo abuelo al líder senatorial, pues ya es madre de Sylvana Escudero Beltrones. El padre, como se sabe, es uno de los más prominentes diputados del Partido Verde.

Había aceptado también integrar la terceta de presentadores Marcelo Ebrard. Cumplió menos que a medias su compromiso. Un acontecimiento insólito lo entretuvo fuera de la capital y apenas pudo dedicar cinco minutos a la presentación del libro. Volvía de Ecatepec de Morelos, en el estado de México.
Fue allí uno de los protagonistas del mayor acto de unidad de que han sido capaces los dirigentes perredistas. Aunque el simbolismo se concentró en la presencia, por primera vez juntos en un escenario desde 2005, de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, también adquirió sentido en la misma dirección la presentación de Ebrard, que ya no tan a la sorda contiende con López Obrador por la candidatura presidencial que ha de resolverse a fin de año.
Igualmente cobró importancia el que el éxito de la convocatoria correspondiera Alejandro Encinas, cuya estatura política ha crecido en el último decenio y dista mucho de la que tenía en 1993, cuando por primera vez recorrió el estado de México en busca del voto ciudadano.

No menor importancia tenía que sobre el mismo templete convivieran, sin ánimo rijoso, la dupla que dirige el PRD, Jesús Zambrano y Dolores Padierna. Nadie supone que sus querellas serán depuestas a partir de ese lunes emblemático. Pero mostraron su conciencia de que deben atenuar asperezas si quieren encabezar un proyecto político que tenga sentido institucional y que responda a las aspiraciones de cada uno de ellos, manifestadas desde hace más de un cuarto de siglo.

Demorado, presuroso, pero contento, así llegó Ebrard a la presentación del libro del que es uno de los protagonistas. Los suspirantes incluye a tres miembros del PRI, los ya citados Peña Nieto y Beltrones y Beatriz Paredes, cuya alineación con el primero la ha conducido al extremo de aceptar ser coordinadora de campaña de Erubiel Ávila…en el municipio de Naucalpan, lo cual indica que se sujetará a las órdenes del coordinador general Luis Videgaray, que está al frente de una campaña aunque no hubiera participado nunca en otra, pues en 2009 fue elegido diputado por la vía plurinominal. Y estará también a las órdenes de Miguel Ángel Osorio, ex gobernador de Hidalgo y fiel servidor de Elba Ester Gordillo, con quien la tlaxcalteca tiene entablado un pleito que no encontrará jamás mediador que lo mitigue.

Por cierto que Lydia Cacho, autora de la semblanza de la ex presidenta del PRI revela que el pasado rural de la ex gobernadora de Tlaxcala fue más la expresión de una gana que una realidad. No fue una muchacha campesina que se abría paso entre el machismo campirano, sino que vivió una cómoda vida urbana hasta que dio en hacer política en su estado natal, donde su padre había sido senador.

Por el PAN figuran en el libro coordinado por Zepeda Patterson la mencionada y puntual Josefina Vázquez Nava, el persistente Santiago Creel y el secretario de Hacienda Ernesto Cordero. Por el PRD aparecen los consabidos López Obrador y Ebrard.

Del secretario de Hacienda dice el periodista Luis Miguel González (director editorial del diario especializado El economista, cuya fundación fue alentada por el gobierno para hacer contrapeso a El financiero, cuya talante no gustaba en Hacienda) que “es como un libro en edición rústica, lleno de números y gráficos” Añade que “le cuesta trabajo la comunicación masiva. Lo suyo es la argumentación en corto”.

De AMLO dice Jorge Zepeda que va por la revancha, junto con una Morena.
19 Mayo 2011 04:00:58
Eugenio Hernández
Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas hasta el fin del año pasado, ha sido uno de peores responsables del poder ejecutivo en esa entidad, lo que ya es decir. Y medido con sus contemporáneos, contaría asimismo entre los peores gobernadores de la generación elegida en 2004. Y mire usted que en ella figuran Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera, Ismael Hernández, Jesús Aguilar Padilla, José Reyes Baeza. Y sin embargo, Eugenio Hernández ha sido gratificado por su partido. Será secretario técnico del consejo político nacional.

Los ciudadanos comunes y corrientes encontramos difícil explicar esa grave contradicción. En vez de premiar a un gobernante que entrega malas cuentas, un partido auténticamente preocupado por el bienestar general debería no digo que iniciar un juicio político en su contra, algo que ni sus opositores hacen (por negligencia o por temor) sino al menos depositarlo en la sima del olvido. O si se quiere una metáfora menos solemne, imponerles la regla de que el que ya bailó, que se siente. Un partido que tomara a pecho sus principios, además, se apartaría de un gobernante que fue desleal, pues en la elección presidencial de 2006 dirigió su poder electoral a favorecer a un adversario y no a su propio candidato, según fue público y notorio. Y medible con estadísticas electorales.

Pero Hernández no se sentará ni será abominado como se hace con los traidores. Al contrario, será una figura eminente en el equipo de otro ex gobernador –este elegido en 2005—Humberto Moreira, que en materia de seguridad (la pública callejera, y la industrial en la región carbonífera) no tuvo nada bueno que dejar a sus gobernados. Así, una primera explicación, al nombramiento de Hernández, es la simpatía de su amigo Moreira, la similitud de sus situaciones, su identidad de intereses. Sería una explicación goethiana, es decir relacionada con las afinidades electivas.

Una explicación apta para el momento en que se produce su incorporación al equipo de Moreira es su reconocida aptitud para la manipulación electoral, lo que permitió que Tamaulipas ganara el título de estado más priísta de la república. El galardón se lo otorgó Consulta Mitovsky al examinar la evolución del voto priísta, que en sexenios anteriores al de Hernández había caído hasta debajo del cincuenta por ciento. En 2006 la elección presidencial mostró un descenso todavía más pronunciado, pues Roberto Madrazo sólo obtuvo el 27.4 por ciento de los votos. Pero ese no fue fracaso de Hernández, sino un éxito, una demostración de su fuerza. Tuvo capacidad para dirigir el sufragio priísta hacia el PAN y por eso Felipe Calderón ganó ese estado. Hernández se había comprometido a obrar en tal dirección en acuerdos con Elba Ester Gordillo y con el secretario de Comunicaciones de Fox, Pedro Cerisola.

Pero en el manejo de sus propias elecciones, Hernández se mostró más priísta que cualquiera. De las 43 alcaldías en disputa en la elección de 2007, su partido ganó 34, y Acción nacional sólo 8 (y una solitaria el PRD). Su dominio fue más patente en la elección legislativa. Aplastó a la oposición en los 19 distritos electorales locales, “carro completo” al modo antiguo. El PAN y el PRD tuvieron acceso a la cámara de diputados sólo por la vía de la representación proporcional: Ocho y dos legisladores, respectivamente.

Se creería que las condiciones electorales cambiarían radicalmente en los años recientes, en la medida en que creció la delincuencia y fue haciéndose notoria la incapacidad de las autoridades de todo nivel para frenar a las bandas criminales que, enfrentadas entre sí o haciendo cada una de ellas sus afrentosos negocios por su lado, minaron la institucionalidad local. Pero no fue así. El PRI ganó la gubernatura con un porcentaje de votos (61.58) aun mayor que el obtenido seis años atrás por Hernández mismo (58.9). Y eso que el candidato vencedor sólo pudo hacer campaña durante cuarenta y ocho horas, o menos.

En los antecedentes de ese hecho radica otra eventual explicación al nombramiento de Hernández. Tiene que ver con el derecho penal , no con el electoral. Hace casi once meses, el 28 de junio del año pasado, fue muerto a balazos, a pesar del blindaje de su vehículo y la protección de su escolta, el candidato al gobierno, Rodolfo Torre Cantú. Durante los seis meses en que todavía permaneció en el cargo, Hernández nada hizo porque se averiguara la causa y los causantes del crimen, que hoy sigue sin ser resuelto, no obstante que el gobernador elegido en vez del finado es su propio hermano, Egidio Torre Cantú.

Si ni siquiera pudo mostrar interés y eficacia en un caso escandaloso (por el nivel político de la víctima) y cercano al partido oficial (basta recordar la indignación expresada entonces por la presidenta priísta Beatriz Paredes), menos hizo el ahora secretario técnico del consejo político nacional a favor de sus gobernados.

Me pregunto si el arropamiento a Hernández por Moreira obedece a su eficacia para convertir a Tamaulipas en el infierno que hoy viven los habitantes de esa entidad, vivan en grandes ciudades o en pequeños villorios, o los pasajeros que transitan por sus caminos. El Ejército se ha hecho cargo de la seguridad pública. Y llegó para quedarse. Anteayer la legislatura local autorizó al gobierno a ceder a la Defensa nacional un predio de cuarenta hectáreas (primero de tres comprometidos), destinados a cuarteles. Ese es el modo en que el gobierno federal enfrenta la vulnerabilidad institucional local, que es la herencia de Hernández.
18 Mayo 2011 04:00:18
Unidad en el PRD
Claro que las diferencias en el PRD no desaparecieron mágicamente el lunes por la tarde. Por supuesto que por ahora es sólo una imagen, cuando más un símbolo. Pero la presencia de Cuauhtémoc Andrés Manuel López Obrador juntos, en convivencia cordial, puede significar no sólo el fortalecimiento de la campaña de Alejandro Encinas, que ejerció su capacidad de convocatoria para reunirlos, sino también el aligeramiento del espeso ambiente interno que padece el Partido de la Revolución Democrática. La presencia en el mismo acto de Marcelo Ebrard añade un factor positivo a la esperanza perredista de restaurar la unidad, o al menos de retornar a la tensa coexistencia de sus corrientes sin que necesariamente riñan entre sí.
Cárdenas se abstuvo de apoyar a López Obrador en la contienda presidencial de 2006 y por añadidura, aceptó de Vicente Fox un nombramiento sin contenido al que precisamente renunció tras los comicios de julio de aquel año. Tal actitud del fundador del PRD los distanció y generó acritudes entre sus partidarios que, como suele ocurrir, son más hostiles entre sí que quienes los encabezan.

La brecha que se abrió entre los dos ex candidatos presidenciales perredistas los hizo olvidar las tareas que habían emprendido en común. Si bien López Obrador no contó entre los apoyadores de Cárdenas en 1988, poco después del fraude electoral se sumó al Frente Democrático Nacional y con su apoyo fue candidato a gobernador en Tabasco, en noviembre de ese mismo año. Cárdenas lo apoyó entonces, como lo haría también en 1994, cuando López Obrador padeció su propio fraude orquestado por Roberto Madrazo en su beneficio, así como en las movilizaciones que protagonizó el que ya era líder del perredismo tabasqueño.

A su vez, López Obrador fue un activista de Cárdenas en su segunda postulación. En actitud recíproca, a partir de un entendimiento profundo que va más allá de las conveniencias inmediatas, a que ambos son refractarios, Cárdenas estuvo con López Obrador en la contienda interna por la cual llegó a la presidencia del partido. Había concluido ya la etapa de los liderazgos naturales, en que no era necesaria una disputa por la dirección perredista, que habían ocupado, sin discrepancia alguna, Cárdenas mismo y Porfirio Muñoz Ledo.

Como líder del partido, López Obrador lo dotó de eficacia suficiente para ganar en 1997 la mayor bancada legislativa con que hasta entonces había contado la izquierda (sólo superada en número por la que, a causa del efecto López Obrador se formó en las elecciones de 2006), y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Exageraría quien dijera que López Obrador hizo a Cárdenas ganar una elección por primera vez desde la que en 1980 lo convirtió en gobernador de Michoacán. Se combinaron felizmente la reputación de Cárdenas y la eficacia del partido encabezado por el tabasqueño. Se ofrecieron a su vez apoyo recíproco para la operación del 2000, en que Cárdenas aspiró por tercera vez a la Presidencia y López Obrador fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Sus diferencias aparecieron y fueron ensanchándose ante la decisión de Cárdenas, prontamente declinada, de buscar una cuarta postulación presidencial. Era tal el peso que dentro del PRD había ganado López Obrador, que Cárdenas mismo comprendió la inutilidad de contender en su contra en un proceso interno. Pero quedó sembrada una semilla de discordia que se concretó cuando Cárdenas apoyó a Jesús Ortega en la disputa interna contra Marcelo Ebrard (que era el candidato de López Obrador) por la candidatura al gobierno capitalino. Y la zanja abierta entre ambos se amplió, como queda dicho, en la campaña presidencial de hace cinco años.

Pero Encinas tendió puentes por encima de esa brecha y Cárdenas y López Obrador los utilizaron. Cada uno en su momento había reconocido los méritos personales y políticos de Encinas y lo incorporaron a su gabinete. Cárdenas lo nombró secretario del Medio Ambiente. Y López Obrador de Desarrollo Económico. Encinas no vaciló en aceptar una disminución formal de su rango cuando el tabasqueño lo designó subsecretario de Gobierno, de donde después ascendió a secretario y quedó en situación de reemplazar a su jefe cuando éste fue desaforado. Como gobernante interino durante la crisis del segundo semestre de 2006, Encinas combinó con fortuna su adhesión a López Obrador y su apego a la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades. Dirá que eso es mentira quien recuerde el plantón de Reforma, que tanto enardeció los ánimos de importantes segmentos de la población. Pero Encinas no podía dispersar por la fuerza a quienes protestaban contra el fraude electoral, por ser contrario a sus convicciones y porque, ejerciendo la ley, resolvió el dilema tomando uno de sus extremos: respetó la libertad de reunión por encima de la de tránsito. Discutible la opción, acaso, pero netamente legal.

López Obrador impulsó la candidatura de Encinas en el Estado de México. Más de una vez la premura con la que su ex jefe toma decisiones o las da a conocer, lo puso en aprietos. Lo último que podría admitir, porque no corresponde con la realidad, es que carece de voluntad y es manejado por López Obrador. Cuando éste pidió licencia al PRD (que por lo visto ha dejado ya de tener vigencia) pretendió que Encinas, sobre la marcha, de modo inconsulto, lo siguiera. Pero Encinas se negó.

No queda duda de que el PRD acompañará unido a su candidato a gobernador. Es preciso que aproveche para más este impulso unitario.
17 Mayo 2011 04:00:21
Pachuca no es basurero
Ante el imperativo cierre del Bordo Poniente, el principal basurero del DF, situado en un rincón de Nezahualcóyotl, el Gobierno capitalino anda en busca de un nuevo depósito para sus desechos. Y no ha hallado mejor destino que el municipio de La Reforma, conurbado (conurbadísimo, si cabe el superlativo) a Pachuca. A pesar de que reina todavía confusión al respecto, el Gobierno del Estado debería oponerse a que la capital hidalguense se convierta en tiradero del Distrito Federal. Y como, al contrario, el gobernador Francisco Olvera ha dicho que si el servicio se paga no hay por qué el municipio directamente involucrado no lo acepte, los pachuqueños y mineralenses deberían expresar su oposición a semejante despropósito.

Durante siglos, tierras hoy de Hidalgo han servido para recibir las aguas negras que expulsa la Ciudad de México. Durante décadas y décadas los cultivos del distrito de riego no 2 han sido alimentados desde las presas Endhó y Requena (no lejos de Tula de Allende), punto final del Gran canal de desagüe (o los nombres modernos que hoy lo designan) que saca la suciedad producida por la digestión de la mayor concentración urbana del país. El líquido procedente de ese drenaje se utilizó sin ningún tratamiento durante muchos años, y con alguno imperfecto en etapas recientes, para regar los plantíos de alfalfa y de hortalizas cuyos productos consume el mercado local. Se ha pagado así el costo de una relación colonial entre la metrópoli y sus regiones subordinadas.

Pachuca en particular ha sido maltratada en sentido semejante, en su caso por la explotación minera. Desde la etapa colonial y hasta hace no muchos años, los desechos industriales resultantes del beneficio (así se llama el proceso de separación de los metales del mineral extraído de los túneles) se acumularon en los extremos de la capital hidalguense. Constituyeron, en los puntos de salida a la Ciudad de México y hacia Tulancingo, lomeríos que fueron parte del paisaje. Tan era así, que ni el gobierno ni la sociedad reparó nunca en el daño ambiental que esos desperdicios significaban para la población Se trataba de tierra susceptible de convertirse en polvo con partículas metálicas minúsculas que a su vez circulaba en el aire respirado por los lugareños. El cianuro que daba una coloración gris a las pequeñas dunas es también un factor contaminante cuyos efectos no han sido investigados suficientemente.

Con suprema irresponsabilidad, que corrió parejas con el afán mercantil de los dueños del futbol profesional pachuqueño, el estadio y sus instalaciones aledañas, donde juegan los Tuzos, se erigió sobre jales. Supongo que se realizaron las obras de reforzamiento necesarias, porque de lo contrario un mal día esa enorme construcción puede deslizarse por fallas en sus cimientos. Eso, al margen del daño que inhalar cianuro produzca a jugadores y espectadores.

Aunque en algún momento, hace medio siglo, aproximadamente, se intentó reexplotar los jales, pues su contenido tenía ya nuevos usos rentables, y había progresado la tecnología para procesarlos, hoy todavía no se resuelve qué hacer con esos montículos, cuyo allanamiento daría a la compañía minera Real del Monte y Pachuca los rendimientos que ya no obtiene de la explotación minera, agotada por ahora. Convertir las superficies libradas de los jales en fraccionamientos sería un enorme negocio inmobiliario si con irresponsabilidad semejante a la que autorizó a construir el estado Hidalgo se otorgaran permisos para habitarlos.

Y ahora viene la basura capitalina. Pachuca y el Mineral de la Reforma tienen ya problemas con la suya propia. El depósito del Huixmí, en las goteras de la capital hidalguense, ya dio de sí y se ha habilitado una tercera etapa que lo coloca en situación frágil. También se repletó el de La reforma. Ha circulado la idea, sin concreción todavía, de constituir un gran basurero metropolitano, que recoja los desechos pachuqueños y de los municipios vecinos, incluido el de La Reforma, que es más que vecino. Uno pasa de un municipio a otro sin enterarse; ambos constituyen una unidad urbana que permite hablar del proyecto que el Gobierno del DF quiere poner en práctica como si su destino fuera Pachuca misma.

En febrero el ayuntamiento de La reforma firmó un convenio con la empresa Tecnoazul, filial de la falsa cooperativa Cruz Azul (que en realidad es un negocio particular de la familia Álvarez) para la extracción de un combustible útil para la producción cementera a partir de la basura. Sería prudente esperar resultados de ese convenio, con el que ese Gobierno municipal pretende resolver el problema de los desechos y al mismo tiempo ganar dinero, antes de embarcarse en la recepción de la inmensa masa que le llegará de la Ciudad de México.

El gobierno del DF enfrenta una necesidad a plazo perentorio. Hace bien, por consecuencia, en tratar de persuadir a los gobiernos de los municipios a los que remitirá su basura. Queda en manos de esos gobiernos actuar con responsabilidad frente a sus gobernados y no tomar decisiones que repercuten de modo inmediato en la vida cotidiana y pueden tener efectos trascendentes. Es verdad que el pragmatismo financiero que fuerza a la obtención de ingresos y ganancias se impone como un implacable modo de vivir y de gobernar. Pero ha de impedirse que la siempre lastimada sociedad hidalguense pague con su salud y su dignidad el negocio que hagan sus autoridades. El gobernador Olvera ve bien que los ayuntamientos ganen dinero de ese modo.

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