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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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28 Noviembre 2018 04:00:00
1 de diciembre
Con el cambio en la Presidencia de la República vendrán también –al menos eso afirman los especialistas– ajustes en las legislaciones federales que sin duda, impactarán en los estados.

Uno de los asuntos que podría resentir los cambios, si es que así se decide desde la Presidencia de la República y que a partir del 1 de diciembre estará a cargo Andrés Manuel López Obrador, sería la reconfiguración del Sistema Nacional Anticorrupción, pues incluso en algunas intervenciones públicas, en eventos estatales o conferencias magistrales, Irma Eréndira Sandoval, quien ocuparía la titularidad de la Función Pública federal, ha dejado entrever que el SNA tendría que registrar algunos cambios. ¿Cuáles?, aún no se saben, al menos, no a detalle.

No obstante, en pláticas con consejeros y consejeras anticorrupción de entidades del país, durante el Foro Regional Ciudadano Anticorrupción que se levó a cabo hace unos días en el estado de Durango, la postura fue la misma: los cambios al Sistema Nacional podrían darse desde el primer período de la administración morenita, porque el combate o –como dicen algunos analistas– el control de la corrupción en el país, es parte de la agenda prioritaria que ha marcado Andrés Manuel López
Obrador.

Desde la reforma a la Constitución que dio paso al Sistema Nacional, hace poco más de dos años y en Coahuila hace poco más de un año, la percepción de avance, es mínima. Y eso se entiende cuando hay que tomar en cuenta lo complejo de la configuración del Sistema Nacional y los sistemas locales, porque en el caso de los estados y no en todos, por cierto, se puede hablar de una instalación completa o en funciones del propio sistema.

Además de los conflictos al interior de los consejos o comités de participación ciudadana en algunas entidades, de las limitantes presupuestales o de resistencias de las administraciones para apoyar los cambios que buscan impulsar ciudadanos y ciudadanas, y la sociedad civil organizada desde los CPC´s, los consejeros y las consejeras advierten que la nueva administración implementará esquemas que quizá puedan o no, dar mayores facultades o fortalezas a la figura ciudadana desde el SNA, o llegar a la reforma legal que permita u obligue a que entre los integrantes del Comité Coordinador (CC), se incluya –además del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, INAI, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el CPC– a un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que le daría mayor certeza y agilidad en la implementación de los acuerdos del CC.

La expectativa es mucha. En el primer trimestre del año 2019, se estará implementando un nuevo esquema de declaración patrimonial para la totalidad de los servidores públicos en el país, además, los y las consejeras del país buscarán cambios en las atribuciones de los propios CPC´s, para que sus exhortos dejen de tener carácter de no vinculantes, como actualmente ocurre en Coahuila. Al menos así ha trascendido en las últimas reuniones.
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