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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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08 Mayo 2019 03:34:00
298 menciones
En la Gaceta Parlamentaria del martes 30 de abril de 2019, quedó publicada la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El documento de 225 hojas, describe los ejes principales y las acciones que marcarán la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El texto menciona 298 veces la palabra corrupción. Un asunto que desde la campaña el año pasado, de López Obrador, fue la principal oferta política de lo que sería su Gobierno.

Ganó en las urnas, obtuvo la mayoría de votos. Los ciudadanos le dieron el triunfo, con mayoría en ambas cámaras de legisladores federales. Ganó porque las acciones para erradicar, o como dicen los especialistas para controlar, prevenir y sancionar la corrupción, fueron planteadas para revertir las malas prácticas y desvíos del dinero público, sin un borrón y cuenta nueva.

Hoy la propuesta está en análisis. Esto, luego de los Foros de Consulta que alcanzaron a los estados del país, que llevaron a una conclusión que advierte del grado de la problemática que urge de apoyo y voluntad de los gobiernos, para impulsar políticas públicas que verdaderamente, y alejadas de simulaciones, hagan que este problema, el de la corrupción, se revierta en la Federación, los estados y
municipios.

En la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se lee: “cuando el acceso a la justicia y la posibilidad de incumplir la ley con impunidad se convierten en un privilegio basado en el poder, se devasta el pacto social y se destruyen las bases de la gobernabilidad democrática”.

De ahí que el reclamo social y de los sectores sea una constante. Un discurso ácido y sin cortapisas frente a la decepción de las administraciones que no pusieron freno a las irregularidades que se iban detectando y frente a las que se guardó “prudencia”.

Y cómo no escuchar en esa tónica los discursos de activistas, de la sociedad y de empresarios frente a la evidente crisis presupuestal que se vive en los estados, que en buena medida podrían tener su origen en préstamos millonarios solicitados echando mano de trámites supuestamente ilegales y discrecionales; a las contrataciones de obra pública, compras y asignaciones directas “a los amigos”, conocidos, cercanos al grupo político en el poder.

Y no me refiero solamente a entidades como Coahuila, porque esta situación afecta a la mayoría de los estados y claro está, a las instancias que dependen de los gobiernos federal y los municipales.

No es posible impulsar iniciativas articuladas en un Plan Nacional de Desarrollo, si antes no se evidencia que existe congruencia y voluntad política para legitimar las acciones citadas en los ejes torales del texto que se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

Y cerraría con una de las frases que sentencia este texto (página 25), “estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conlleva la simulación y la mentira”.

Creo que la expectativa de quienes en el país forman parte de los consejos y comités de participación y de los propios sistemas locales anticorrupción, es que esa sea la ruta y que exista, insisto, congruencia plena.
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