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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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21 Julio 2019 04:00:00
Acoso a la CNDH
Hacia finales de junio, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal rechazó la recomendación de la CNDH para que reparara integralmente la violación a los derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno Federal al cancelar el programa de guarderías. No fue una negativa llana, sino un virulento rechazo que incluso calificó a la recomendación como “una aberración inaceptable”.

Pero eso no fue todo, porque los comentarios y denuestos con que además fue aderezada, son inusitadamente agresivos.

Por si eso fuera poco, tal postura se refrendó por el presidente mismo, quien rotundamente negó autoridad moral al ombudsman nacional, imputándole, sin fundamento y evidencia algunos, omisión y negligencia en casos anteriores, con el único propósito, dijo él, de encubrir al gobierno durante la época de los regímenes “conservadores” de la “época neoliberal”.

Esa reacción, en primer lugar, configura una evidente falacia de distracción para eludir el tema central de la cuestión: El agravio, por la violación a los derechos humanos que sufren los usuarios y el personal de las guarderías por la cancelación del programa. No se intenta siquiera desvirtuar los argumentos de la CNDH en que basó su recomendación.

Pero eso no es lo más relevante del caso, porque la autoridad moral y la autonomía son condiciones “sine qua non” de la misión y funciones de todo defensor de los derechos humanos, incluidos, por supuesto, los públicos, y la andanada dirigida contra la CNDH va claramente dirigida a mermar la autoridad moral de la institución pública defensora de los derechos humanos nacional, y con ella, la de todas las del país.

Atacar su prestigio y credibilidad implica además una advertencia para presionar a los defensores para que se sometan al poder público.

La reacción internacional no se hizo esperar: El 12 de junio, mientras se celebraba en nuestro país el “Día del Abogado” y proliferaba la exaltación de los derechos humanos en los discursos y boletines de prensa oficiales, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) manifestó su preocupación frente a las “lamentables descalificaciones” -así lo expresó el pronunciamiento- con que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso mencionado.

La FIO solicitó a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales, asumidos a largo plazo, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puesto que con ello se propiciará la protección, no sólo de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de todos los seres humanos, y se previenen fracturas a la vida democrática en México.

Lo propio hizo, unos días después, el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), una organización mundial que agrupa a 200 instituciones independientes de más de 100 países.

Insistió en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero además subrayó la necesidad de que el “Defensor del Pueblo” no esté “sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas” y por lo tanto hizo expresa “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” en México.

“Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un estado de derecho, es de interés público el respeto y el apoyo del mandato de independencia del Ombudsman”, afirma en su pronunciamiento el IIO, de donde deriva la esencial importancia de las funciones de las ombudspersons para el establecimiento, consolidación y desarrollo de la democracia.

La reacción internacional es muy digna de tomarse en cuenta, porque, en efecto, cuidar de las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantizar el respeto a su autonomía e independencia de criterio refuerza la democracia, pero sobre todo apuntala las posibilidades de que, en el “estado de derecho”, el ejercicio del poder sea legítimo.
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