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Aracely Rodríguez Guardiola
Aracely Rodríguez Guardiola
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31 Octubre 2020 07:38:00
Apruebo
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En 1970, en medio de la tensión internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética por buscar la imposición de sistemas políticos de derecha o izquierda alrededor del mundo, Salvador Allende llega al poder en Chile apoyado por una coalición de gobiernos de izquierda que buscaban instalar las prácticas socialistas y comunistas en el país. Una de las primeras acciones que se llevó a cabo en este gobierno fue precisamente la nacionalización de las empresas que administraban servicios primordiales como la energía eléctrica o el agua.

Estos cambios no fueron bien vistos por todos los sectores, por lo que se inició un movimiento que buscaba derrocar al régimen, encabezado principalmente por los militares y empresarios afectados por las nuevas políticas de corte social. Es así que el 11 de septiembre de 1973 se gesta el golpe de estado que da por resultado el suicidio de Allende y el inicio de una dictadura de 17 años encabezada por Augusto Pinochet.

Pinochet deroga las políticas promovidas por el gobierno de Allende, promueve la privatización de los servicios básicos, limita derechos y libertades esenciales, prohíbe la constitución de partidos políticos y con mano dura instala un Régimen Militar que es la semilla que genera la desigualdad social que actualmente vive el país. La herencia de éste régimen quedó incrustada hasta la actualidad en la constitución de 1980 que hoy sigue vigente.

Durante casi 40 años, la Constitución Chilena ha sido duramente criticada por tres aspectos fundamentales, es considerada ilegítima por su origen golpista, hace prácticamente imposible reformarla por la complejidad en sus procesos y mantiene limitado el papel del gobierno en la administración de servicios esenciales como la atención pública a la salud, la educación gratuita o la posibilidad de proveer energía eléctrica o agua para todos.

La semilla que se sembró en la dictadura de Pinochet fue germinando y el año pasado estalló en la forma de manifestaciones públicas y sociales como no se habían vivido desde hace treinta años, precisamente para buscar destituir al propio Pinochet. Todo inició con el incremento del precio del pasaje del metro, cientos de estudiantes se manifestaron evadiendo sin pagar los controles de acceso a este sistema de transporte. El gobierno del Presidente Piñera inició una serie de operativos para controlar las protestas que solamente provocaron que un mayor número de personas se unieran y se iniciaran una serie de eventos violentos que desencadenaron en cerca de 30 fallecidos, cientos de heridos y encarcelados y toques de queda para tratar de controlar la situación. Las heridas sociales del pueblo chileno eran ya muy profundas, y el alza de las tarifas del metro fue la gota que derramó el vaso del resentimiento social acumulado por las injusticias sufridas por lustros.

Y no es para menos, de acuerdo a uno de los últimos reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más de una cuarta parte de la riqueza del país es acumulada por solamente el 1% de la población, mientras que la mitad de los hogares del país se tienen que conformar con acceder a solamente el 2.1%.

El desacuerdo fue tan grave y tan generalizado, que el gobierno de Piñera accedió a levantar una consulta general en la que se votarían dos cosas: Aprobar o no el reemplazo de la Constitución vigente por una nueva carta magna elaborada desde cero y, en caso de ser aprobada la creación de la nueva Constitución, la redacción de la misma por un nuevo constituyente o por un colegiado compuesto por legisladores actuales y nuevos.

Hace unos días se llevo a cabo dicha consulta, aplazada en un inicio por la pandemia, y los resultados fueron contundentes.

Un 78% de quienes participaron en la jornada dieron su voto por el “apruebo” a la nueva Constitución y con un 80% la creación de la misma por una convención constituyente elegida de manera democrática.

Inicia así entonces el proceso por el cual 155 hombres y mujeres en forma paritaria, serán electos por voto popular para discutir y redactar las nuevas leyes que regirán los destinos de los chilenos.

Creo que las voces de los chilenos harán eco en cientos de personas alrededor del mundo que pensamos igual, los regímenes de extrema izquierda o extrema derecha no son la solución ni el sistema que brindará bienestar a la sociedad en su conjunto, merecemos gobiernos que sepan mediar los justos intereses de quienes desean con trabajo honesto generar riqueza con las demandas sensibles y genuinas de quienes por distintas razones no tienen acceso a esa generación de riqueza de manera equitativa y quedan fuera de los beneficios que genera el crecimiento económico. Los gobiernos deben de ser esa balanza que de manera sabia nos ayude a encontrar el equilibrio social y llegar a tener una sociedad más justa.
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