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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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27 Abril 2019 03:31:00
Atole con el dedo
Cuando transitamos del modelo de Procuraduría a Fiscalía, dentro de este nuevo modelo se creó una entidad especializada en perseguir delitos por hechos de corrupción y, por supuesto, el Sistema Anticorrupción, que tendría como eje fundamental la integración de la participación ciudadana para monitorear y dar seguimiento a los avances en materia de anticorrupción; pensamos que sin duda cambiaría la manera de combatir este mal y comenzaríamos a ver rendir frutos que ayudarían sanear la vida pública del país y las
entidades.


La ilusión duro poco, pronto comenzamos a ver que las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción solo simulaban, fiscales a modo que habían colaborado en anteriores cargos con los artífices de grandes actos de corrupción, y en general una fiscalía llena de cuates y cuotas, un sistema anticorrupción en donde las plazas destinadas a docentes honorables o ciudadanos imparciales fueron aprovechadas para acomodar personal cómodo, que tampoco “hicie-ra demás” (“no vaya a ser que se la crean y comenzarán a cuestionar a los fiscales”, seguramente más de uno comentó al momento de su creación).
Esto dio por resultado un sistema que no ha querido aprovechar los
“dientes”, que le fueron dotados y con ello parece estar destinado a convertirse en un elefante blanco. Desde su concepción, considerando que uno de los principales objetivos del sistema es la medición y evaluación del combate a la corrupción, este solo ha fungido como mero espectador y hoy este sistema creado para pedir cuentas permanentemente a los fiscales, presionar y medir su efectividad, hasta el momento ha brillado por su ausencia. Y en esta crítica no me refiero solo al Sistema Anticorrupción coahuilense, también al nacional y al de la mayoría de las entidades.
Pero no todo es culpa de los fiscales, hay que decirlo, ya que tanto a los consejos de Participación Ciudadana del sistema, a los diputados, senadores y organizaciones les ha faltado ser más severos con los auditores superiores y fiscales para que estos rindan cuentas y proporcionen información. Es decir, pareciera que todos están estáticos, a que algo ocurra para evaluar. Tenemos un problema de parálisis y en esto sí que es responsabilidad de todos hacer mover esta maquinaria.

Ya montados en el tema, por supuesto merece la pena hablar de las particularidades del Sistema coahuilense y su Fiscalía Anticorrupción. Parte de lo que he comentado en pá-rrafos anteriores se ve reflejado en los resultados de la Fiscalía Anticorrupción que a la fecha Homero Flores Mier ha destacado por no avanzar nada en el combate a la corrupción; hecho señalado incluso por el auditor Superior del Estado. En lo personal, como diputado en diversas ocasiones he denunciado la forma en que este servidor público declara y luego se desdice de sus afirmaciones sin empacho alguno; caso concreto las empresas fantasma, donde declaró primero que sí llevaba los procesos correspondientes, para luego decir que no, que los tenía la Fiscalía General, y al final decir que él solo conocía una parte de las denuncias.

Cualquiera que sea el caso, son hechos que se dieron a conocer en septiembre del año 2016, tiempo más que suficiente para haber resuelto las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades, ya que, como lo señalan expertos en la materia, se trata de delitos financieros donde solo debe probarse la situación legal de la empresa, los montos de dinero recibido ilegalmente, y, en su caso, los delitos cometidos en cada una de las etapas, desde la constitución, registro, celebración de contratos, y erogación oficial de pagos. Todo son pruebas documentales en poder de entidades públicas, en este caso, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Registro Público de la Propiedad y el Registro de Comercio, rastreo, compilación y análisis de documentos, sumados a las declaraciones de los servidores públicos involucrados, declaraciones que debieron ofrecer a la autoridad en cualquier momento que les fuesen solicitadas.

Entrados en materia, el fiscal Flores Mier presentó ante este Poder Legislativo, de forma escrita, el Informe Anual de Actividades 2017- 2018, de acuerdo a la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Las cifras son de escándalo, 243 carpetas de investigación, y de éstas, solo siete fueron judicializadas, aunque Flores Mier pretende darnos atole con el dedo en el apartado denominado como “carpetas concluidas”; se trata de conclusiones bastante desafortunadas, toda vez que seis son archivo temporal, es decir, no es una conclusión formal o plena, cinco fueron perdón, y 27 fue-ron remitidas a otras áreas; eso, mis estimadas compañeras y compañeros, tampoco es una “conclusión”, son más bien reasignaciones o turnos.
Esto es el reflejo de una Fiscalía Anticorrupción que está generando resultados en extremo pobres y de un Sistema Anticorrupcion coahuilense estático.

Si extrapolamos cifras y calculamos una mediana básica, tendríamos que decir que esta Fiscalía estará concluyendo en forma definitiva entre 15 y 17 casos cada 16 meses; y mientras, se irán acumulando más y más denuncias por hechos de corrupción, tanto de parte de la ASE, como de los particulares y de otras entidades públicas hasta llegar al colapso total. Por eso es fundamental que diputados, Consejo de Participación Ciudadana y organizaciones civiles, cuestionen al unísono estas lamentables cifras, solo así, a través de la presión, valuaciones constantes y solicitud de cuentas, podremos ir haciendo más efectivo y eficiente el combate a la corrupción, y si ni así reacciona, entonces pedir la llegada de un nuevo fiscal Anticorrupción.
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