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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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14 Abril 2019 04:00:00
Bachelet en Coahuila
Visitó México y se dio tiempo para un corto viaje a Saltillo. En esta ciudad se reunió, en privado, con familiares de víctimas de desaparición forzada, integrados en, al menos, 35 organizaciones del norte del país. Tuvo, además, una reunión pública con el gobernador del estado, parte de su gabinete, y otros invitados.

De la primera reunión trascendió poco; de la segunda algo más. Aquélla se llevó a cabo en un recinto de la sede episcopal, y fue a puerta cerrada, a pesar de lo cual trascendió, según informaron los medios, lo dicho por algunas de las asistentes a la reunión privada, quienes habrían expresado en ella su pesar frente a la ineficacia de las acciones para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

De la segunda se dijo que el objetivo habría sido “reflexionar sobre la agenda de derechos humanos en Coahuila”, y según la nota de prensa del portal del gobierno de Coahuila, en esa reunión, la Academia Iberoamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C., presentó “la agenda de trabajo para el Programa Estatal de Derechos Humanos (2019-2023), en el que se expusieron los problemas, retos y desafíos que en materia de personas desaparecidas, migrantes, refugiados, periodistas, defensores y víctimas por razón de género y diversidad y orientación sexual”.

Eso está muy bien, porque sin duda son temas álgidos que merecen la mayor atención, aunque la limitación en la referencia podría distorsionar el panorama real que presentan el respeto, la protección, la promoción y la garantía efectiva de los derechos humanos en Coahuila.

Bastaría con asomarse al portal electrónico de la CDHEC para percatarse de que, solamente en los dos años anteriores y lo que va de 2019, se han producido 1496 quejas por ejercicio indebido de la función pública; 928 por detención arbitraria, y 663 por lesiones, entre otras muchas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por servidores públicos del gobierno estatal y los municipales, respecto de los cuales nada se dice en el boletín citado.

Preocupante es, además, que tras la fugaz visita de Michelle Bachelet se haya organizado, no sin precipitación, un evento denominado “Plan de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023”, que tuvo lugar en la infoteca universitaria de Arteaga, Coahuila, en el que se presentaron los ejes rectores previstos para el plan, y sus líneas estratégicas, entre las que no se cuentan las enumeradas en el párrafo anterior.

Destaca en la propuesta también la extensa participación ofrecida de académicos y expertos, pero no de la sociedad civil, a la que se dedica una sola mención entre la que se hace del sector privado, del sector público, de la “sociedad” (colectivos, sindicatos, partidos), y “líderes de opinión (expertos en el tema)”.

Se dice que la doctora Bachelet reconoció el compromiso de Coahuila en cuanto a política de derechos humanos, lo que no le impidió recalcar “la necesidad de fortalecer la agenda para tener mayores avances (se diría que “verdaderos avances”) de la autoridad, a fin de que las víctimas de violencia grave puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cobran especial relevancia en el contexto de la realidad coahuilense -más allá de las proclamas triunfales y la retórica- porque aun si el marco jurídico y la planeación fueran de verdad encomiables y hasta referencias nacionales, de nada servirán mientras la voluntad política no se traduzca en la verdadera actualización de las aspiraciones de quienes habitan nuestro estado, sean ellas víctimas o no (que siempre pueden serlo) de un ejercicio de autoridad que no responda a las exigencias básicas de la legitimidad que establecen la constitución mexicana y los tratados que, junto a ella, son ley suprema.

Volver la cara a la gente, con sus problemas y agravios reales para resolverlos y prevenirlos, sin revictimización alguna, son una necesidad imperiosa y un deber inexcusable si se quiere ser eficaz en el empeño descrito.
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