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Columnista Político

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25 Abril 2010 04:15:12
Bajo la lupa, el Instituto Electoral
Las irregularidades financieras encontradas por el Congreso del Estado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC), por un quebranto económico que casi suma 14 millones de pesos, señalan principalmente al ex director general y actual consejero del organismo, Marco Antonio Kalionchiz Rodríguez, pero al momento de deslindar actos de responsabilidad no se deben descartar otros nombres.

Hasta ahora, se han tratado de mantener al margen, tras el telón del escenario del escándalo que se avecina, personajes clave en la investigación, como el actual consejero presidente del IEPC, Leopoldo Lara Escalante.

Considerando la magnitud del faltante, que el grueso de las anomalías se encuentran en el capítulo mil, es decir, el que tiene que ver con sueldos de funcionarios y que, por la magnitud de las cuentas, no puede estar involucrada una sola persona, los auditores también revisan la participación que hubieran tenido otros personajes.

Y aquí es donde aparecen nombres como el del ex presidente del IEPC, Jacinto Faya Viesca; el del actual consejero, Alejandro González Estrada, quien relevó a Kalionchiz en la dirección general y la ex consejera Xóchitl López López, presidenta de la Comisión de Administración del IEPC hasta diciembre de 2007.

Es cierto, la Auditoría Superior del Estado ha encontrado una serie de elementos que resultan suficientes para centrar la atención en lo que pudo o no haber hecho Kalionchiz durante su gestión como director general del organismo electoral, pero con toda seguridad no es el único involucrado y eso, en su momento, empezará a trascender a la opinión pública.

PRIMERA LLAMADA… PRIMERA: Marco Antonio Kalionchiz Rodríguez llegó al órgano electoral de la entidad como colaborador de quien se convirtió en el primer presidente del Consejo General del organismo, el actual titular de la Dirección de Pensiones del Gobierno estatal, Homero Ramos Gloria.

De perfil siempre bajo, renuente a los reflectores mediáticos, Kalionchiz construyó una carrera dentro del servicio electoral y ascendió hasta el primer cargo administrativo en importancia, la dirección general, ahora denominada secretaría ejecutiva.

Kalionchiz asumió el cargo el 1 de diciembre de 2007 y se mantuvo en él hasta el 1 de diciembre de 2008, cuando renunció para inscribirse como aspirante al Consejo General del IEPC, a donde finalmente arribó.

Y quizá motivado por esa inercia de funcionarios administrativos dispuestos a convertirse en representantes ciudadanos dentro del organismo electoral, Alejandro González pasó de ser el relevo de Kalionchiz y permanecer en el cargo entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 para, a partir de abril de ese último año, formar parte del Consejo General.

SEGUNDA LLAMADA… SEGUNDA: A varios representantes de la Auditoría Superior del Estado les sorprendió que más del 90% de las 78 observaciones hechas a las cuentas públicas que el IEPC tuvo en el 2008, se encontraran relacionadas con la nómina del organismo.

Partiendo de que al momento de auditar prácticamente todas las dependencias resultan con observaciones, pero que la menor parte de éstas tienen que ver con el capítulo mil, a los auditores les llamó la atención que 13.4 de los 13.9 millones de pesos que el IEPC no pudo justificar su respectiva aplicación, fueran precisamente de gastos de personal.

La información correspondiente es pública y se encuentra en el sitio de Internet de la ASE, por lo que a continuación se mencionan los detalles de las irregularidades que la dependencia encontró.

Por ejemplo, hubo siete observaciones por documentos (facturas) inválidos que el IEPC presentó en un intento por justificar 169 mil 744 pesos y se le aplicaron otras 35 observaciones por un monto de 359 mil 524.50 pesos por faltas en el manejo eficiente de los recursos.

Pero la cantidad de dinero no comprobado más escandalosa está en el “ejercicio presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones”, donde se hicieron 18 observaciones por una suma total de 13 millones 443 mil 077.08 pesos.

Hay datos en el sentido de que muchos de los cheques cuestionados por los auditores al Instituto Electoral se emitieron sin la firma de Kalionchiz, de tal forma que la autorización para el pago correspondiente vino de parte del entonces consejero presidente del IEPC, Jacinto Faya Viesca.

TERCERA LLAMADA… PRINCIPIAMOS: En 2008 hubo en Coahuila elección de diputados locales y, según la investigación contable que se realiza respecto a los estados financieros del Instituto Electoral, Kalionchiz, como director general, habría hecho valer el peso de su firma para adjudicarse una liquidación de hasta 5 millones de pesos cuando dejó la dirección general del IEPC, a fin de postularse como candidato al Consejo General del mismo organismo.

Fuentes enteradas dan cuenta de que Kalionchiz valoró sus 10 años de servicio dentro del Instituto Electoral del estado y contabilizó los tres meses de salario por año correspondientes, a fin de liquidar su relación laboral.

Sin embargo, al hacer lo anterior, el funcionario trató su caso como el de un despido laboral injustificado, cuando en realidad fue él quien decidió dar por concluida su función como empleado administrativo, a fin de buscar un cargo eleccionario, de tal forma que nadie lo obligó a hacer esto último y por lo tanto el erario no debió cubrirle ningún monto por concepto de liquidación.

Pero lo que los auditores tienen en claro es que en todo caso Kalionchiz no pudo haber actuado solo, es decir, las irregularidades encontradas no se le pueden achacar por completo a él y para ello descubren datos como los siguientes:

Durante el periodo en que se cometió el presunto quebranto monetario en el IEPC, Leopoldo Lara Escalante fungió como presidente de la Comisión de Administración, encargada de vigilar que el ejercicio presupuestal estuviera apegado a derecho y a las normas contables debidamente establecidas.

A esa misma comisión recurrían otros dos consejeros, Jacinto Faya Viesca y Jesús de la Garza, de tal forma que resulta extraño que ninguno de los tres se haya percatado de la aplicación irregular de una suma tan importante de dinero.

Otro dato importante que se desprende de todo esto es que la Auditoría Superior del Estado notificó al Instituto Electoral las observaciones hace por lo menos 10 meses y en su condición de presidente del Consejo General, Lara se limitó a pedir a Kalionchiz solventar en lo posible los señalamientos, en lugar de aplicarse con una investigación propia y tomar las consecuencias correspondientes.

Más que pensar en que los representantes del Instituto Electoral habrían incurrido en prácticas como el peculado, para muchos el asunto queda en que se incurrieron en omisiones y en un desorden administrativo tan importante como los 13 millones 972 mil pesos que ahora nadie sabe dónde quedaron.

Sin embargo, en cualquiera de los dos casos se trata de recursos públicos involucrados y por lo tanto en su momento el Congreso estatal y las autoridades ministeriales y administrativas realizarán el deslinde de responsabilidades.

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