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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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29 Mayo 2019 03:50:00
Beneficiario final y redes de corrupción
El sistema bancario en el país es considerado por especialistas el principal protector de empresas y emporios vinculados con temas de corrupción y lavado de dinero en el país. Entre el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria está la información que podría detectar a tiempo operaciones ilícitas que involucran dinero público antes de que todo acabe en un escándalo mediático, enmarcado por la estridente solución que ofrecen quienes quieren seguir en la política a costa de lo que sea.

Los datos sobre la constitución de una empresa, nombres de los accionistas, el monto de las acciones aportadas por cada uno, si están dentro o no de un fideicomiso y sus beneficiarios, además de quienes ejercen el control de la persona jurídica, mandatos, capital y nombre de la empresa, así como el país donde se constituyó, domicilio social, razón social y capital social en relación con las entidades que conforman al grupo empresarial, nombres de quienes integran el Consejo de Administración –no sus representantes–, gerente, libros contables, notarios, son parte de los requisitos que las leyes mexicanas exigen a las empresas al constituirse, para facilitar el rastreo del beneficiario final.

Pero, tal parece y luego de acontecimientos que incluso en días recientes habrían alcanzado a exfuncionarios de Coahuila, la ley –como casi siempre pasa– es letra muerta. Porque para dar con el nombre de quién o quiénes realmente operan –por ejemplo –una empresa “fachada” o una compañía en donde quien se lleva la mayor ganancia es un servidor o exservidor público de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, es una labor titánica, marcada por la resistencia, la protección y discrecionalidad de quienes son parte de la red que gana con actos ilícitos, que siempre llevan a un mismo destinatario.

Para el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, el 14 de septiembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo sobre el Análisis para la Identificación y Transparencia del Beneficiario Final en México, que se rige bajo ciertos principios entre los que sobresalen el de identificación, colaboración, transparencia, veracidad en la información y prevención, por citar algunos que están en dicho texto.

Dato interesante es que este tema el del “beneficiario final”, se torna relevante porque hacia allá irá la estrategia de la 4T. Basta con dar una leída a las notas que dieron cuenta de la crónica y las declaraciones de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales en el sexenio pasado y actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien amagó sobre este asunto durante la presentación del libro Sin Filias ni Fobias, Memorias de un Fiscal Incómodo, que presentó el lunes en Monterrey.

Nieto, en su visita a Nuevo León, recordó el caso Odebrecht y su beneficiario final: “habíamos detectado operaciones de empresas ‘fachada’ en Poza Rica, donde recibían recursos en Panamá; este caso era muy bonito porque los dueños de la sociedad mercantil eran un vendedor de seguros y un despachador de gasolinera, ninguno tenía pasaportes, pero recibieron un millón de dólares en Panamá, la búsqueda del beneficiario final es cuando se generan los mecanismos para encontrar la red de corrupción y el apoderado que movía los recursos, esa persona se llama Emilio Lozoya (exdirector de Pemex)”, (Milenio, 27/05/2019).
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