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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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16 Noviembre 2009 04:00:21
Cinismo panista
La opinión general que tiene la población es que todos los políticos son corruptos

El cinismo de los panistas va en aumento. Hace unos días uno de los amigos y promotores de Felipe Calderón, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, minimizó el espionaje que empleados de la oficina de prensa de esa Cámara realizan en contra de reporteros que cubren las labores legislativas, y para contrarrestar la queja de los periodistas, el ex secretario de Gobernación los acusó de recibir sobornos, “chayos”, y les advirtió que va a poner orden y que no va a permitir que se den más embutes a los comunicadores. La acusación fue así, general, como la opinión también general que tiene la población de que todos los políticos son corruptos.

Otra muestra del cinismo panista, éste sí con pruebas, es el abuso gubernamental sobre el manejo discrecional de recursos públicos para premiar o castigar a medios de comunicación como un mecanismo de control. Un amplio reportaje de Mayela Sánchez en la revista “Contralínea”, da cuenta de cómo el año pasado el Gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad, de los cuales alrededor del 60 por ciento sólo se destinó a medios electrónicos, es decir 2 mil 731 millones de pesos.

Es más, por instrucciones de la oficina de prensa de Los Pinos, se dio la orden de ampliar el veto publicitario a todas las revistas, cuando sólo en 2008 el Gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad.

El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda. La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del Gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos. Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del Gobierno federal han gastado en publicidad, no hay una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación.

Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación. De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.

Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radio fórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.

Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.

Los dilemas de Pemex

En Petróleos Mexicanos los cambios en puestos clave de la empresa no sólo están relacionados con la presencia y control de grupos de poder político. Este año la paraestatal tendrá que enfrentar importantes retos en materia financiera y en el refinanciamiento de sus deudas. La presencia del financiero Juan José Suárez Copel no es gratuita. Durante el tercer trimestre del año Pemex realizó varias emisiones de bonos en los mercados internacionales; también comenzó la desaparición de Pidiregas y su intercambio por certificados bursátiles para su depósito en un fideicomiso.

También, de acuerdo con información de primer nivel en el sector bursátil, Pemex comenzó los trámites para la emisión de los bonos ciudadanos que fueron aprobados en 2008 como parte de la nueva Ley Reglamentaria de la paraestatal. Desde que fueron concebidos los bonos ciudadanos causaron una gran inquietud entre la opinión pública que los consideraba una amenaza para la propiedad de la paraestatal.

El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se adelantó a informar que se trataría de emisiones de deuda no de capital –nada diferente de las que ya se realizan ante la Bolsa Mexicana de Valores–, pero que en esta ocasión podrían ser adquiridas por cualquier mexicano. En pocas palabras la intención sería lograr que la paraestatal pudiera financiarse principalmente en el mercado interno y que sean los mexicanos de a pie y no sólo los grandes inversionistas o los gobernadores los que puedan beneficiarse de las fluctuaciones en el mercado petrolero.

Sin embargo, una idea cruzó por la mente de los financieros de Pemex y trajo a colación un debate en otro terreno que tendrán que enfrentar tarde o temprano las autoridades bursátiles del país. Si la promesa de los bonos ciudadanos es ofrecer a los inversionistas un componente de inversión garantizada y otro que refleje el comportamiento de Pemex, entonces porque no elegir un instrumento que está de moda en los círculos bursátiles.

Se trata de los llamados Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) que, precisamente, se diseñaron para que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pudieran invertir los ahorros de millones de mexicanos que este año ya acumulan recursos por más de un billón de pesos. Es que los CKD, precisamente, exhiben en su estructura un bono cupón cero que garantiza a las Afores al menos el rendimiento que otorgaría, por ejemplo, un Cete. Sin embargo, el resto del instrumento representa las inversiones en empresas que prometen ofrecer mayores rendimientos.
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