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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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25 Agosto 2008 04:00:00
Cirugía mayor en Fonacot

» Se alistan varias renuncias
» A un paso de salir Arsenio


Sin perder más tiempo, en la Secretaría del Trabajo se ha decidido practicar una cirugía mayor al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como Fonacot, al cual se le pretende salvar la vida mediante la extirpación de varios tumores malignos provocados por la corrupción gubernamental en colusión con empresas privadas, así como remediar la ineficiencia administrativa que viene arrastrando desde el sexenio pasado con el despido de varios de sus directivos.

Mientras eso ocurre en ese organismo social encargado de otorgar créditos en bienes y consumos para trabajadores que ganan los salarios más bajos, en la Secretaría de la Función Pública su titular, a quien nadie conoce, debería ponerse a trabajar y llamar a cuentas al responsable de vigilar y controlar que no haya irregularidades en Fonacot, pues en su nariz se han cometido corruptelas y desviaciones de recursos públicos sin que éste se dé cuenta y mucho menos haber presentado las denuncias respectivas, lo que hace pensar que podría estar coludido y recibir algunos beneficios producto de esa corrupción, pues de lo contrario tendrá qué explicar su comportamiento indiferente ante las evidentes irregularidades que mejor fueron descubiertas en ese instituto por la reportera de Contralínea, Yenise Tinoco.

La semana pasada comentamos que en la Secretaría del Trabajo y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no sabían qué hacer con Fonacot ante la grave crisis financiera por la que atraviesa ese organismo descentralizado, sobre todo porque arrastra una enorme cartera vencida que rebasa los 2 mil millones de pesos y ha colocado en el mercado de valores el 75 por ciento de su cartera total, la cual asciende a unos 14 mil millones de pesos, lo que sin duda pondrá en alerta máxima a los inversionistas que confiados compraron papel Fonacot.

Sin embargo, en la Secretaría del Trabajo su titular Javier Lozano ya prepara varias medidas que incluyen la renuncia del director general de Fonacot, Arsenio Díaz Escalante; la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que investigue y sancione a los responsables de los malos manejos administrativos, y la petición al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, para que haga su trabajo y aplique la ley en el mercado a quienes hayan vulnerado la confianza de los inversionistas con la bursatilización del papel Fonacot y esto ponga en riesgo sus capitales.

Después de la última auditoría practicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la administración de dicha empresa, que duró más de seis meses, se prendieron los focos de alerta en la Secretaría del Trabajo y su titular Javier Lozano fue informado por Babatz de los engaños y mentiras que funcionarios de Fonacot habían hecho para maquillar los informes y reportes que entregan periódicamente al Consejo Directivo de ese organismo descentralizado y al mercado de valores, a fin de ocultar problemas tan graves como la elevada cartera vencida que para agosto representa el 15 por ciento de la cartera total, lo que significa pérdidas para el instituto superiores a los 2 mil millones de pesos.

Lo anterior obedece a las fallas en el Sistema de Administración de Crédito (Credere) y a la empresa española Soluziona, responsable de administrar el programa de Fonacot y por lo cual se le pagaron cientos de millones con resultados muy negativos.


Dudas en asignación de contratos

Pero eso no es todo en Fonacot, en lo que va de 2008 ese instituto celebró tres contratos con la empresa estadounidense Accenture por un monto que supera los 200 millones de pesos. El objetivo es sustituir a la trasnacional española Soluziona en la prestación de servicios para administrar su sistema de crédito, el cual hasta ahora ha sido un verdadero fracaso sin que haya responsables, pero el problema mayor es que en Accenture trabaja un hijo de Arsenio Díaz Escalante y podría incurrirse en los delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias o, aun otorgándoles el beneficio de la duda de que se trata sólo de una simple coincidencia, por lo menos alguien le hubiera avisado al secretario del Trabajo, pues a todos se les olvidó que es el presidente del Consejo Directivo de Fonacot y, aunque lo duden, es su jefe en el papel.

De acuerdo con el artículo octavo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.”

Al parecer a Díaz Escalante le pasó de noche esa ley y el motivo él mismo lo explica cuando sostiene que su hijo lleva trabajando en esa empresa muchos años y no tiene un cargo relacionado con la toma de decisiones de los contratos de servicios; que los tres contratos se asignaron a Accenture por licitación internacional, aunque en la página de Compranet se afirme que dos de ellos fueron asignados de manera directa y, aunque no le avisó a su jefe inmediato el secretario Javier Lozano de que su hijo labora para la empresa beneficiada con contratos de Fonacot, sí lo hizo con el responsable del órgano interno de control de Fonacot, a quien también se le olvidó informarlo al Consejo Directivo del instituto y al secretario de la Función Pública.

 De acuerdo con la excelente investigación periodística de Yenise Tinoco, que podría culminar con la renuncia e inhabilitación de Díaz Escalate, en el primer semestre de 2008 Accenture obtuvo un contrato con ese instituto por 117 millones de pesos, para administrar y dar soporte al Credere. En la trasnacional de capital estadounidense –registrada en el conocido paraíso fiscal de Islas Bermudas– trabaja Armando Díaz Pérez, hijo del director general de Fonacot, Arsenio Díaz Escalante.

En el portal electrónico de Compranet, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, Accenture tiene otros dos contratos por adjudicación directa: uno por 46 millones 8 mil 995 pesos, firmado el 12 de febrero de 2008, con el número I-SD-2008-029, y un segundo por 39 millones 649 mil 794 pesos, signado el pasado 8 de mayo con el número I-SD-2008-067.

Accenture, cuya matriz radica en Chicago, es una empresa dedicada a la consultoría de management, servicios tecnológicos y outsourcing. La oficina en México se instaló en 1990. Según la página de internet de SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte), la compañía cuenta con 158 mil empleados en 49 países y, tan sólo en 2006, obtuvo una facturación de 16.65 billones de dólares.

Esta empresa reemplazó a Soluziona, que fuera contratada en diciembre de 2004 para suministrar, parametrizar, adecuar, implantar, operar y brindar soporte del sistema de crédito de Fonacot, por 114 millones 961 mil 187 pesos. Pese a las constantes fallas de la compañía española, de 2004 a 2008 la dependencia le dio otros 12 contratos, por un monto total de 80 millones de pesos.

El mismo Díaz Escalante reconoce que hubo algunos problemas con Soluziona cuando inició el contrato, ésta pertenecía a la empresa Unión Fenosa, pero luego se afilió con otras dos compañías: Azertia e Indra. Acepta que fue una etapa difícil porque hubo cambio de responsable en la empresa y como resultado de la fusión, Indra quedó al frente del personal y proyectos con los que Soluziona contaba.

El funcionario dice que una vez concluidos los contratos con Soluziona, se llevó a cabo una licitación para la administración del sistema de crédito. En ésta participaron ocho empresas, “pero ganó Accenture, empresa que es muy importante en España, aunque su sede está en Londres. Agrega que trabajan 178 mil personas en 46 países, que la facturación es de 19 mil 700 millones de pesos y que en México maneja los sistemas bancarios de Bancomer, Banco Azteca, Santander y ahora el de Fonacot.


Irregularidades en Locatel de NL

Para demostrar que no sólo en el Gobierno federal hay corrupción, en Nuevo León, el gobierno de Natividad González Parás, tendría que investigar qué sucedió con los 3.5 millones de pesos autorizados para contratar un sistema de software asociado a un equipo de cómputo para la dependencia Informatel/Locatel.

Para empezar, a estas alturas debería comprobarse que el software contratado y pagado existe, y que resuelve los requerimientos de la dependencia. Entre algunas dependencias de ese gobierno estatal ya es un secreto a voces que la licitación convocada por la entidad a cargo de Blanca Loyola no sólo permitió un exagerado sobre costo de esos equipos, sino que habría solapado el incumplimiento de las compañías que ganaron la licitación. El monto pagado del contrato no sólo se habría triplicado respecto al valor de mercado, sino que se omitieron penalizaciones por incumplimientos.

Se trata de la licitación con el número 480900001-002-08 D.A.S.G para la prestación del servicio de instrumentación y capacitación para el sistema de comunicación Informatel enlazados a los sistemas de comunicación del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo.

El titular de la Secretaría General de Gobierno en Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, tendría que investigar qué sucedió con esta licitación. Quiénes conocieron el proceso de licitación aseguran que estuvo llena de irregularidades, de terciarización injustificada de los servicios asociados al contrato y hasta de involucramiento de la gestión de Blanca Loyola. Lo más grave es que Informatel/Locatel no cuenta hasta ahora con el servicio que contrató y pagó desde febrero pasado.


Sepomex en la mira

Ahora que Purificación Carpinteiro se ha convertido en una de las funcionarias más citadas por las revistas del negocio y del corazón, al interior del Servicio Postal Mexicano se asegura que la gestión de la funcionaria se ha caracterizada por irregularidades en el ejercicio de recursos, sobre todo en el rubro de gastos personales, tal vez esto le pueda interesar a los órganos de control y vigilancia, aunque la verdad lo dudo.

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