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Marcelo Torres Cofiño
Marcelo Torres Cofiño
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Marcelo Torres Cofiño es miembro del Partido Acción Nacional desde 2006, fue Diputado Federal del Estado de Coahuila en la LXII Legislatura. Fue Presidente del Partido Acción Nacional y actualmente es Diputado Local, coordinador del grupo parlamentario del PAN y Presidente de la Junta de Gobierno en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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09 Diciembre 2018 04:08:00
Coahuila seguro… ¿para quién?
Es un hecho que la violencia en Coahuila, en lo que refiere a los delitos de alto impacto, disminuyó en los últimos años alcanzando niveles más tolerables. No obstante, estamos muy lejos de vivir en un auténtico estado de derecho en el que quienes reinen sean las leyes y la justicia. Un reflejo de tal situación es que nuestra entidad, a pesar de ser el quinto lugar en competitividad de acuerdo con el índice que maneja el IMCO, en el rubro concreto de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo caemos hasta el 14.

La prevalencia de los delitos en Coahuila, en especial los del fuero común cuya atención compete de manera directa a las policías estatales y municipales, le costó el año pasado a la entidad 6 mil 212 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018. El doble de lo que se paga anualmente por intereses de la megadeuda. Además, se sabe, gracias al Índice Global de Impunidad en México, que nuestro estado es el cuarto lugar en la República en donde más delitos quedan sin ser sancionados. Tal realidad mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Para poder avanzar por el camino correcto y otorgar a los coahuilenses un mejor lugar para vivir hay tareas pendientes. La más urgente tiene que ver con la profesionalización de las policías. Allí nos enfrentamos claramente a una situación que requiere mayor seriedad por parte de las autoridades estatales, demasiado acostumbradas a la autocomplacencia. Porque si bien es cierto que hay un avance significativo de policías en activo que han cumplido de manera exitosa el Proceso de Evaluación de Control de Confianza ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también lo es que Coahuila ocupa un nada honroso sexto lugar en aplicación de tortura.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre los años 2006 y 2017 fueron ubicadas 56 víctimas de tortura en Coahuila. Pero, además, tenemos todas esas denuncias en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por maltrato de los cuerpos policiales, de manera particular, por los que dependen de manera directa del Ejecutivo estatal. Así las cosas, no se puede hablar de un Coahuila seguro si quienes deben proteger a la ciudadanía no respetan las leyes ni la integridad física y moral de los ciudadanos.

Aquí habría que preguntarse, también, por el enorme derroche que se hace desde la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, que se lleva una importante tajada del presupuesto en Coahuila y cuyos resultados en beneficio de la ciudadanía son poco claros. ¿Qué justifica la presencia de una entidad paralela a la Comisión Estatal, que duplica algunas de sus funciones y que tiene personal que recibe sueldos que superan con creces a los pagados en la mayoría de las instancias públicas?

Por supuesto, el mayor pendiente en seguridad pública es y seguirá siendo el castigo a los responsables de los desfalcos de la deuda y de las empresas fantasma. Esos que siguen siendo intocables y que nos llevan a concluir que sí, que Coahuila es seguro, sobre todo para los Moreira y sus cómplices.


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