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Vicente Bello
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15 Enero 2019 04:00:00
Comienzo de un año a matacaballo
El Congreso mexicano está convocado a reunirse los próximos miércoles 16 y jueves 17  para la celebración de un periodo extraordinario de sesiones cuya materia prima no será otra que la discusión y votación de la ley que crearía la Guardia Nacional y una reforma a diversas leyes en la que se ha propuesto subir a condición de delitos graves el robo de combustibles, los delitos electorales y el ejercicio de la corrupción.

Y lo hará a matacaballo, acicateado por un gobierno –el de Andrés Manuel López Obrador- que ha comenzado su sexenio a galope tendido.

El periodo extraordinario ocurrirá en un marco de condición política inédita. Las autoridades federales libran una guerra abierta contra el crimen organizado. Pero lo más trascendente e histórico es que este nuevo régimen, instaurado a partir del 1 de diciembre pasado, marcha contra los huachicoleros acompañado de la mano de una inmensa mayoría de la sociedad mexicana.

Excepto por el amarre de navajas de la televisora más grande del país –Televisa, incesante en su labor de zapa- y por el picoteo del panismo y algunos opositores del PRI y Movimiento Ciudadano, la gente en las largas filas al pie de las gasolineras es vista desde los territorios del Congreso de la Unión con la apariencia de estar comprendiendo la confrontación directa e inédita de las autoridades federales contra bandas de rufianes, integradas incluso por generales del Ejército y funcionarios y técnicos de Petróleos Mexicanos, que anualmente se han estado robando millones de litros de gasolinas por 65 mil millones de pesos.

Ayer, en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo incluso que es imposible que las cabezas más altas del país no supieran que el robo de las gasolinas ocurría desde las instancias mismas de la paraestatal. Ni modo que no lo hubieran sabido Fox, Calderón y Peña Nieto, sostuvo el presidente de la República.

Este mismo lunes, López Obrador echó un tercer balón a la cancha del Congreso de la Unión, cuando dijo que está pendiente una reforma al artículo 35 constitucional, propuesta recientemente, en la que se plantea que la Constitución faculte a las instituciones del país puedan someter a juicio a los ex presidentes de la República en casos de corrupción.

Si ocurre la reforma constitucional de marras, dijo López Obrador, y si el pueblo se expresa en ese sentido en una consulta pública, podrían desde Salinas, dijo, ser sometidos a juicio los ex presidentes que le antecedieron, aunque él, insistió en su ya conocida posición, no es de la opinión de someter a juicio a sus antecesores, “sino mirar hacia adelante”.

Este asunto del hipotético enjuiciamiento de los expresidentes es un tema que debería debatirse con gran rigor estos días. Máxime cuando la gente, desde cualesquier ámbito, se pregunta por qué no hicieron nada contra los ladrones de combustible, incluso cuando conocían desde el primer minuto la succión de las gasolinas en los ductos.

Este lunes 14, en San Lázaro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los diputados que incluyan en su periodo extraordinario la revisión del artículo 19 constitucional, para determinar que el delito del robo de combustible sea considerado grave. Y quienes lo cometan no sean acogidos al derecho de libertad bajo fianza.

A propósito de la reunión que diputados sostuvieron con Olga Sánchez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo: “La secretaria de Gobernación nos manifestó la necesidad que tiene el país de tener una policía nacional, como es la propuesta de la Guardia, también de dar todas las garantías de que tenga la mayor profesionalización, los integrantes que van a integrar la Guardia, que tengan preparación en materia de derechos humanos, que además se apruebe una Ley de la Guardia Nacional para regular todos los requisitos y la operación de esta misma Guardia, que haya garantías para los ciudadanos.

“Y también nos manifestó la urgencia de las reformas al artículo 19 de la Constitución para hacer como delito grave con prisión preventiva la corrupción, el robo de combustible y los delitos electorales.

“Ahora, incluso el Presidente de la República, hoy en la mañana, comentó que confía que tanto corrupción como robo de combustibles sean considerados un delito grave.

“Y creo que la crisis que estamos viendo en esta materia, en el cómo se está atacando el robo de combustibles, nos hace coincidir que es urgente que esto se convierta en delito grave, es increíble que no sea un delito grave.

“Y ahora, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República, pues muchas de las personas que han sido detenidas o que pueden ser detenidas, pues tal vez puedan enfrentar su proceso en libertad.

“Entonces, esto urge cambiarlo, como ustedes saben, forma parte también de la agenda para el periodo extraordinario. La secretaria de Gobernación también nos manifestó la urgencia que tiene el Gobierno de que esto se apruebe en este periodo extraordinario”.

--¿Y las negociaciones sobre la Guardia Nacional?

“Van muy bien, yo sentí muy receptivos a los coordinadores parlamentarios, el hecho de que sea un mando civil genera mucho consenso, lo mismo de que se va a ser muy respetuoso de las competencias de estados y municipios, es una Guardia que no pretende sustituir a las policías estatales y municipales, y mucho menos vulnerar competencias de estados y municipio.

“Lo que se busca es una coordinación efectiva por parte de la Guardia Nacional para poder dar respuesta a la ola de inseguridad y de violencia”.
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