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08 Septiembre 2019 04:05:00
¿Cómo concentrar el poder?
Por: Gerardo Blanco

El domingo pasado escribí sobre la debilidad del sistema de partidos auspiciada por la elección presidencial del año anterior. Los resultados electorales, comentamos, propiciaron un plano partidista comandado, en esencia, por un partido hegemónico, fuerte y mayoritario, compartido con los partidos convencionales en condiciones de incertidumbre, reacomodo, debilidad interna y, por supuesto, con escasa confianza y credibilidad de los electores.

Lo anterior configuró un escenario que ha permitido a Morena emprender una carrera desenfrenada por cooptar todos los órganos políticos y jurisdiccionales del país, lo que presupone suprimir todo consenso, acuerdo, debate y control, elementos inherentes de las democracias contemporáneas.

Bajo este contexto, me referiré a tres acontecimientos recientes que hacen prueba de ello. La semana pasada, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la intromisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) en el procedimiento para designar a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado fue ilegal. Un órgano partidista no tiene por qué inmiscuirse en la vida de los poderes constituidos. ¿Qué le hizo pensar a Martí Batres que podía promover un recurso interpartidista para salvaguardar sus intereses como senador? ¿Qué le hizo pensar a los integrantes del órgano partidista que tenían la competencia para pronunciarse respecto a un procedimiento interno del Senado?

La sentencia (SUP-JDC-1212/2019 y acumulados) aduce que, derivado de la naturaleza orgánica del Senado de la República, los actos tendientes a la integración de tal Mesa Directiva no trascienden más allá de la organización interna del propio Senado, de forma que, los partidos políticos no pueden intervenir o tener injerencia en una determinación que tomen las y los senadores de un grupo parlamentario que tenga repercusiones al interior de ese órgano legislativo. Agrega que tales actos no revisten una naturaleza jurídico-electoral, sino que corresponden al ámbito del Derecho Parlamentario Administrativo, porque están referidos a la organización y funcionamiento interno del Senado; de forma que, los partidos políticos carecen de atribuciones para revisar y menos aún para modificar o revocar las actuaciones que al respecto realicen sus grupos parlamentarios. Considerar lo contrario, dice el Tribunal, implicaría la indebida injerencia de un partido político en asuntos y atribuciones que corresponden exclusivamente a un Poder del Estado, como lo es el Legislativo.

En otro de los acontecimientos, Morena presentó una iniciativa con el fin de disminuir el periodo del encargo de cuatro de los siete magistrados de la referida Sala Superior del TEPF –cuyo mandato fue ampliado en 2016 también mediante una cuestionada reforma promovida por PAN y PRI–. Más allá de la vulneración a los principios del quehacer jurisdiccional, esta jugarreta solo lleva a pensar que, lo antes posible, el partido en el poder pretende nombrar magistradas y magistrados a modo. Es curioso es que esta disyuntiva llega en pleno conflicto de los magistrados, quienes mediante pugnas internas se acusan del mal ejercicio de los recursos e incluso de recibir presiones y amenazas al interior del órgano.

El tercer y último acontecimiento fue en relación con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, a pregunta expresa, se refirió respecto a eliminar a los senadores y diputados de representación proporcional (pluris) de esta manera: “No lo veo mal, nada más que esa es una iniciativa que están presentando en el Poder Legislativo, pero yo creo que se deben de revisar todos los excesos que existen en el país…”

El problema del Presidente es que comprende como “exceso” una figura parlamentaria cuyo único objetivo es equilibrar las fuerzas políticas, representar a las minorías y reflejar fielmente el voto de los ciudadanos en los órganos legislativos. Sin embargo, en la narrativa pública se ha instalado la quimérica idea de que estos legisladores representan un dispendio para las arcas públicas, que no trabajan, que no aportan a las tareas legislativas (pospuesto que los hay, pero no está relacionado con el principio por el que accedieron al cargo).

Todos estos acontecimientos tienen el mismo fin: concentrar el poder, eliminar a la oposición, los controles y los contrapesos.
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