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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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28 Diciembre 2018 04:04:00
¡Con la venia del juzgador!
Quien esto escribe ya había advertido en otra columna, Léase http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/cuanta-razon-tenias-rousseau, sobre el extraño comportamiento que algunos jueces civiles y mercantiles de primera instancia tienen respecto a las demandas promovidas por los despachos que de manera habitual y desmedida adquieren cartera vencida de diversas instituciones dedicadas a la colocación de créditos con garantías hipotecarias, o dedicadas a la administración y recuperación de cartera vencida y al corriente de otras instituciones crediticias.

Y es que aunque no lo parezca, diariamente en los locales que ocupan los juzgados pertenecientes al Poder Judicial del Estado, se celebran remates de viviendas con atrasos en sus pagos. En dichas audiencias, invariablemente quien promueve el juicio logra adjudicarse o quedarse con la finca, lo anterior como pago de la deuda que reclama, la cual comúnmente es inferior al valor real de la vivienda, es decir, que se adjudican bienes con mayor valor al de la deuda. Por desgracia en dichos juicios los avalúos correctos o apegados a la realidad no existen, como tampoco existen en estos juicios, acciones encaminadas a procurar las garantías del deudor por parte de la autoridad, esto entre otras incongruencias.

Por acciones como estas, en días pasados, el Consejo de la Judicatura del estado suspendió de sus funciones a varios jueces y secretarios de Acuerdo y Trámite, a quienes acusó de actuar en complicidad con abogados y empleados del Infonavit, por validar procedimientos judiciales para lograr despojar a los derechohabientes de sus viviendas en procedimientos totalmente arbitrarios y amañados.

Y es que, en el 2017, diversos apoderados, gestores de cobranza o cesionarios de derechos litigiosos, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lograron adjudicarse ilegalmente cientos de viviendas de derechohabientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, a los cuales un juez civil del municipio de torreón les notificó ilegalmente las demandas a través de un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que evitó que pudieran defenderse e inevitablemente perdieron su patrimonio.

Sin duda, bastante buena es la acción emprendida por el órgano encargado de preservar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en nuestro estado.

Aunque a decir verdad, también sería bueno que su titular, quien además es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, se siguiera de largo revisando otros tantos expedientes, que se ventilan en estos juzgados civiles y mercantiles de la entidad, en la misma vía hipotecaria, y por las mismas causas, sólo que con distintos demandantes, como lo son las administradoras de cartera de nombres: “Sólida Banorte”, “Pendulum” y otras tantas que operan en la entidad, las cuales bastante en común tienen con el Infonavit, ya que al igual que este, negocian con la cartera de clientes, y se adjudican diariamente viviendas de coahuilenses en desgracia, al punto de vender los litigios desde antes de iniciarlos y a cualquier postor, lo que extrañamente ofrecen con la garantía de que serán recibidos y concluidos de manera satisfactoria, en juicios muy sumarios; desde luego todo esto, con la venia del juzgador.
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