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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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02 Agosto 2010 03:00:43
Corrupción e impunidad
Se trata de una situación de alerta

El gobierno de Ismael Hernández Deras tendría que dar cuentas a la población duranguense y al Gobierno federal de lo que sucede en el estado a su cargo. En menos de 40 días la región lagunera se ha convertido en el escenario de los más preocupantes acontecimientos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.

El arraigo de la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 2 de Gómez Palacio Durango, Margarita Rojas Rodríguez, a raíz de las denuncias que la involucran en la salida de peligrosos reos con armas y vehículos del penal para perpetrar ejecuciones, además del secuestro de cuatro periodistas que cubrían esos hechos en el penal, son claramente señales de alerta de la descomposición y corrupción que viven las instituciones de Gobierno en ese estado.

Nada más alejado de lo que sucede a nivel federal con los cuerpos policiales y militares en lo que Felipe Calderón llama su “guerra” contra el narcotráfico.

Hasta hace unos meses, a Margarita Rojas Rodríguez –nombrada en su cargo como funcionaria carcelaria precisamente por Hernández Deras–, era reconocida como la Mujer del Año allá en Durango por llevar “paz” a uno de los penales más peligrosos y violentos del país.

Pero los motines y la situación de alerta en el sistema judicial y carcelario no era una situación nueva para el Gobierno estatal. Su gobernador, el ex senador Hernández Deras, reconoció en varias entrevistas que la lucha contra el crimen organizado, tanto federal como local, se había trasladado a los penales que se habían construido para albergar a reos con perfiles criminales de hace más de cuatro décadas, por lo cual resultaban insuficientes para contener a los presos acusados de narcotráfico y vinculados con el crimen organizado que opera en la región.

El gobierno de Hernández Deras genera los problemas y pretende trasladar la responsabilidad a la federación, y asegura que son los reos del fuero federal los que están involucrados directamente en las fugas y motines, y pide que sean trasladados a penales de alta seguridad. Con cinismo, hace algunos días ese gobernador aseguró que es la Procuraduría General de la República la que tendría que investigar las versiones que involucran a agentes y ministerios públicos federales en el conflicto del Cereso Número 2 de Gómez Palacio.

Se trata de una situación de alerta. Durango, además, se encuentra en el famoso triángulo dorado de las rutas del trasiego de la droga que se vende en el mercado mexicano, pero sobre todo la que se dirige al mercado estadounidense.

Las vías hacia Mazatlán, Parral, Tepic, Zacatecas y Culiacán son ahora motivo de disputas entre las organizaciones de narcotraficantes que afectan a los municipios de la zona y que motivan la penetración del dinero del narcotráfico en las economías regionales.

Durango, además, ha sido señalado por el Gobierno de Estados Unidos como un destino en México que, junto con Ciudad Juárez o Tijuana, debe ser evitado por sus ciudadanos. Algo saben los gringos que no comparten con su homólogo mexicano.

La Laguna se encuentra en estado de sitio y si bien es responsabilidad de la fallida estrategia del Gobierno federal en su mal planeada “guerra” contra el narcotráfico, también existe responsabilidad de las autoridades estatales, sobre todo cuando los duranguenses saben que su estado es un santuario para la protección de capos de la droga, como el famoso “Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y la administración de Hernández Deras es cómplice. No podría ser de otra manera.
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