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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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24 Julio 2019 04:00:00
Corrupción en ministerios públicos
Hace unos días recibí algunos cuadernillos de la Guía Contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos, y uno por demás interesante: Guía Contra la Corrupción en los Ministerios Públicos, que advierte que cada Fiscalía cuenta –en Coahuila desde hace unas semanas luego de los acuerdos del Congreso local –con una contraloría para sancionar a los MP corruptos o negligentes.

Impunidad Cero y Estrategia contra la Impunidad TOJIL coordinaron la elaboración de la Guía Contra la Violencia que se puede descargar y leer en la liga http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/107/contenido/1554241183B93.pdf

En 28 páginas las coordinadoras del proyecto: Adriana Greaves, Estefanía Medina e Irene Tello Arista, describen las principales causas por las cuales las mujeres no denuncian agresiones físicas o sexuales de la actual pareja, novio, etcétera y entre los motivos están: por miedo a las consecuencias, por vergüenza, porque no saben ni dónde o cómo denunciar, por sus hijos, porque no querían que su familia se enterara, no confían en las autoridades, ni en el Gobierno y piensan que su pareja o cónyuge ya no va a cambiar.

De los principales delitos cometidos contra las mujeres del país y de Coahuila, Impunidad Cero y TOJIL mencionan en primer lugar la violencia familiar, las lesiones, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, homicidio y feminicidio.

Pero ¿cuándo se considera una muerte violenta por razones o condición de género?

Es cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan realizado lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito: el familiar, laboral o escolar entre el agresor y la víctima; que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, por citar algunas características que obligan a las autoridades a clasificar este tipo de hechos como feminicidios.

Aunque la percepción es que no siempre quieren cumplir con esta fase de la investigación, porque luego el Estado evita ser boletinado o señalado con alerta de género.

Sin embargo, y el propio cuadernillo lo dice, existen instancias y leyes que en teoría deben procurar la atención oportuna y ágil de las mujeres que denuncian violencia familiar o agresiones de cualquier tipo.

Pero como muchas veces ocurre –y no quiero generalizar –resulta que desde policías, hasta los legistas o Ministerios Públicos revictimizan a la afectada: “Usted se lo buscó”, “¿Está segura de que quiere denunciar?”, “Para qué quiere la orden de restricción si luego lo va a perdonar”, pregunta el MP viendo los moretones, raspones y sangre en la cara de quien pretende poner un hasta aquí y romper el vínculo con la pareja, esposo o novio.

Hay que recordar que cuando un servidor público –incluyendo a los o las agentes del MP –incurre en una mala práctica o negligencia en sus obligaciones, se puede acudir a la Contraloría Interna de la Fiscalía General, en el caso de Coahuila. Los trámites deben ser gratuitos y sin contratiempos o burocratismos que terminan por desanimar a cualquiera.
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