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Gerardo Hernández
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20 Agosto 2019 04:00:00
Corrupción sanguínea
Morena procedió en Baja California en sentido contrario a como lo hizo el PAN en Puebla y Veracruz, en 2016, donde respetó los períodos de 20 meses y dos años para los cuales fueron electos José Antonio Gali y Miguel Ángel Yunes, respectivamente. El plazo se acortó como resultado de la reforma al Artículo 116 constitucional de 2014, para empatar las elecciones locales con las de presidente, diputados federales y senadores, y regresar a los gobiernos de seis años a partir de 2018.

Gali y Yunes también pudieron haber promovido en los congresos de sus estados una norma equivalente a la “Ley Bonilla” para prolongar sus mandatos a cinco años, o al menos intentarlo, como Morena pretende hacerlo en Baja California. No se atrevieron, pero tenían otras motivaciones. En el caso de Gali, allanarle la sucesión a Martha Érika Alonso –esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle– con quien colaboró como secretario de Infraestructura y alcalde de Puebla.

Alonso venció al candidato de Morena, Miguel Barbosa. Sin embargo, en el décimo día de su mandato murió con su esposo al desplomarse su helicóptero en un viaje entre Puebla y Ciudad de México. Barbosa triunfó en las elecciones extraordinarias, marcadas por la guerra sucia y un elevado abstencionismo, pero en distritos clave fue vencido. Moreno era la figura más destacada del PAN, pues encabezaba la bancada senatorial y ya había empezado a construir su candidatura para las presidenciales de 2024.

El incentivo de Yunes, en Veracruz, consistía en heredarle a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, la gubernatura de seis años pero el morenista Cuitláhuac García ganó en su segundo intento consecutivo. De esa manera, Acción Nacional perdió dos estados estratégicos, mientras que el PRI se desplomó. En Puebla, su candidato Alberto Jiménez captó el 18% de los votos; y en Veracruz, José Yunes Zorrilla obtuvo el 13 por ciento. El PAN es la segunda fuerza en ambas entidades.

Michoacán también tuvo una gubernatura corta con Fausto Vallejo (PRI), electo para un periodo de tres años siete meses en 2011, sin pretensiones reeleccionistas. Empero, su gestión se caracterizó por los escándalos de corrupción y sus nexos con Servando Gómez, “La Tuta”, jefe de Los Caballeros Templarios. Vallejo pidió licencia por problemas de salud; el gobernador interino, Jesús Reyna, fue detenido después por la PGR acusado de brindar protección al cártel de Gómez. El 29 de enero, la Fiscalía General de la República capturó a Rodrigo Vallejo –hijo del exgobernador– por delincuencia organizada. El PRI perdió el estado en 2015 con Silvano Aureoles (PRD).

Con leyes “Bonilla” o sin ellas, los estados están plagados de nepotismo –corrupción sanguínea– lo llama Ricardo Peralta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM (Excélsior, 31.07.17). Los gobernadores se las ingenian para conservar el poder a través de sus hijos, esposas, hermanos o peones, no en todos los casos con éxito.

La experiencia de Coahuila, con los Moreira, resultó funesta; y a pesar de la megadeuda, las masacres, las desapariciones forzadas y las empresas fantasma, nadie se ha atrevido a apretarles las clavijas. AMLO pude poner fin a la impunidad y forzar al Estado a actuar.

El caso de Baja California es grave, pues para forzar la ampliación del Gobierno de Morena se vulneran las constituciones federal y local. Jaime Bonilla fue electo para un periodo dos años y por lo tanto no debe ejercer el cargo ni un día más. El Presidente debe definirse, ya.
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