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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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29 Octubre 2020 04:00:00
Coyotes y gallinas
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Una vez más el presidente López Obrador ha utilizado la excusa de la corrupción para lanzarse contra una legislación que no le gusta o que quizá no entiende.

“No podemos ser cómplices de la corrupción, encubridores”, declaró al anunciar este 27 de octubre que propondrá una iniciativa de ley para prohibir la subcontratación de trabajadores, también conocida como outsourcing. Lo paradójico es que apenas el pasado mes de marzo el propio López Obrador detuvo la propuesta del senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia para prohibir el outsourcing. “No creo que sea el momento de atender esto -dijo el 27 de ese mes-. Hay tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos, hay un avance importante. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el Ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto”.

El país estaba entrando entonces en la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. El Presidente consideró que era un mal momento para impulsar una iniciativa que probablemente destruiría empleos. Tenía razón, pero parece que eso ya no importa.

El Mandatario se quejó ayer de que hay “coyotes” que aprovechan la práctica de manera indebida y por eso hay que prohibirla. “Son de esas en donde pagan justos por pecadores”, dijo. “Hay muchos empresarios responsables, pero otros -y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia- que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores y se afecta a los trabajadores”.

El daño al empleo por la prohibición del outsourcing podría ser muy importante. En la actualidad hay alrededor de 4.5 millones de trabajadores en régimen de subcontratación. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, estima que alrededor de un millón se incorporarían directamente a las empresas subcontratantes en caso de una prohibición. Los otros 3 millones tendrían que conformarse, si acaso, con empleos en la informalidad.

Hay otro costo más difícil de evaluar. La subcontratación permite a las empresas aumentar y disminuir su personal de conformidad con las fluctuaciones de la demanda por sus productos y servicios. Si las compañías no tienen esa flexibilidad, se abstendrán de contratar nuevos trabajadores en momentos de gran demanda, lo cual hará que pierdan oportunidades de mercado y volverá menos competitivas a las empresas mexicanas.

El Presidente, sin embargo, no parece entender las realidades del mercado laboral. Para cuestionar la subcontratación, señaló que en la segunda quincena de diciembre se registra una baja en el empleo formal, el cual repunta a partir del mes de enero. Para él esto es consecuencia de la acción de “grupos de intermediarios, de ‘coyotes’”, que manipulan las nóminas. La realidad es muy distinta. Muchos contratos de obras temporales terminan en diciembre. La actividad de la construcción se detiene casi totalmente. Quienes producen, importan, distribuyen o venden para la temporada navideña tienen en ese momento un receso.

La subcontratación está perfectamente regulada en nuestro país. Quizá es cierto que algunas empresas violan las reglas, pero también hay empresas que violan las leyes fiscales y nadie ha pedido prohibir los impuestos. Cuando las empresas quebrantan la ley, hay que castigarlas, pero prohibir el outsourcing, y acabar con millones de empleos, es la peor forma de hacerlo. Es como matar a las gallinas si hay coyotes en la comarca.



Controlar todo

El Gobierno sigue acabando con todos los guardaditos. Ayer su mayoría en la Cámara de Diputados aprobó tomar los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. El Presidente no quiere guardaditos, fideicomisos o fondos. Quiere controlar personalmente todo el gasto.
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