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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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23 Agosto 2010 03:00:21
Crisis en órgano de inteligencia de SHCP
» Renuncia responsable de lavado de dinero
» Acusan penalmente a seis funcionarios


La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

La UIF, como sus siglas se conocen en el mundo financiero, es similar en importancia a otro organismo de seguridad nacional conocido como el Cisen, sólo que la unidad de Hacienda desarrolla investigaciones e integra expedientes sustentados en documentos, cifras y datos veraces obtenidos de los circuitos financieros tanto en México como el extranjero, mientras que el Cisen se ha convertido en una sucursal de la Secretaría de Gobernación encargada del espionaje político y ha dejado de laso su importante labor de velar por la seguridad nacional.

Dice la Secretaría de Hacienda en su portal de internet que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el Gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

Corrupción en la UIF

Por la importancia que tiene la UIF para el país, sobre todo en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la “guerra” al crimen organizado y el fracaso de esa acción le ha significado que muchos mexicanos exijan su renuncia a dos años de que termine el sexenio, es de sorprender que un funcionario de esa unidad, responsable de la formulación y seguimiento de las denuncias penales que se presentan ante la Procuraduría General de la República, tuviera que renunciar por haber incurrido en desacato a una orden de inhabilitación emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Se trata del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Adrián Fajardo Castellanos, quien fue retirado del cargo el pasado 16 de agosto después de descubrir que violó una inhabilitación de seis meses por haber participado con otros funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) en una red de corrupción para la venta de bienes e inmuebles propiedad del Gobierno federal.

Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del Gobierno federal, de nombre Denosa.

Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, en donde permanecía “oculto” como responsable de firmar todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.

Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”, pero este directivo de la UIF decidió, con la anuencia de sus jefes, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, mantenerse en el cargo por mes y medio, hasta que una investigación periodística de lo obligó a renunciar el pasado lunes 16 de agosto.

Dicha sanción impedía al Sin embargo, Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo, por lo cual la SFP resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal, y podría abrirle nuevas acusaciones penales.

En esta nueva causa en contra del ex funcionario de Hacienda, también se investigará si el secretario Cordero y el director general de la UIF tienen alguna responsabilidad por permitir seguir laborando a un subalterno inhabilitado.

Para conocer el motivo por el que la Secretaría de Hacienda mantuvo laborando a un funcionario inhabilitado, se buscó al secretario Ernesto Cordero, pero como es costumbre de los panistas guardan silencio cuando se les descubre la corrupción donde participan.

En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) Fajardo Castellanos, durante los últimos 45 días, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas podrían aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.

No obstante, altos funcionarios de la SFP afirman que no hay problema con los expedientes que el servidor público rubricó: “Su contratación en la UIF no fue irregular; él ingresó antes de la inhabilitación”.

Los otros funcionarios del Sae sancionados y acusados penalmente ante la PGR son el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfán Bortolini, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hernández, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del Sae, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 días.

La acusación penal en contra de estos funcionarios podría derivar en una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión; misma condena podría dictarse en contra de los tres empresarios que fueron beneficiados con el fraude.

La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.

En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.

Para enajenar el bien, el Sae convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.

Al realizar dicha subasta, el Sae recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al Sae le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.

La banda del Sae atendió de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el Gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.

Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del Sae; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa; y José Rubén Romero, administrador único de Denosa).
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