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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Julio 2019 04:00:00
Crujir de dientes
Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme (Coahuila) y José Rosas Aispuro (Durango) no participaron en la instalación del Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, pero salieron bien librados de la reunión con el presidente López Obrador, el 12 de junio pasado en Palacio Nacional. De acuerdo con la versión de uno de los concurrentes, AMLO puso de relieve la estrategia aplicada en La Laguna para recuperar la paz, después de años de violencia entre cárteles por la disputa de territorios. El modelo podría seguirse a escala nacional.

Incluso antes de la guerra contra el narcotráfico, La Laguna ya era una de las zonas preferidas por la delincuencia para lavar dinero, según declaró el entonces procurador Rafael Macedo, en una visita a la comarca. En los 80 y los 90 del siglo pasado, la zona metropolitana también sirvió de residencia alterna para algunos de los mayores capos: Amado Carrillo –el Señor de los Cielos–, líder del cártel de Juárez, fue detenido en Torreón y liberado en Ciudad de México; Rafael Aguilar, del mismo cártel; Alfredo Ceja del Río, de la organización de Juan Manuel Salcido, “El Cochiloco” (Sinaloa); Vicente Carrillo Fuentes, aprehendido en Torreón en 2014, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Entonces la violencia era entre cárteles, no contra la población. En ese tiempo, el Gobierno federal “pactaba” con los capos las rutas de la droga, dijo el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en el marco de una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. El expresidente Carlos Salinas de Gortari lo reprendió. ¿Por faltar a la verdad o por revelar secretos? Si uno da crédito a las series sobre narcos, sería por lo segundo. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente Miguel de la Madrid sugirió que los Salinas –sobre todo Raúl– tenían tratos con organizaciones de ese tipo.

Cuando Calderón afrontó el problema, sin el apoyo de los estados –Humberto y Rubén Moreira controlaban Coahuila–, el equilibrio se rompió y los cárteles se multiplicaron. Algunos gobernadores pactaron con el narco protección a cambio de dinero. La violencia le allanó el camino al PRI para recuperar la presidencia. Peña Nieto trató de revertir el fenómeno, pero no pudo, pues el Gobierno federal y los locales habían perdido incluso el mando de las instituciones.

Los Zetas entraron a Coahuila, por La Laguna y se expandieron después por el resto del estado, donde radicaron sus principales líderes. Uno de sus operadores financieros, Juan Manuel Muñoz –“El Mono”–, supuesto protegido del moreirato, es clave para desentrañar las relaciones entre el cártel y el Gobierno. Sobre todo después de haberse declarado culpable de lavado de dinero en una corte de Texas y de llegar a un acuerdo de cooperación para enfrentar el proceso en libertad mientras recibe sentencia. “El Mono”, al parecer, fue entregado; ahora le toca a él jugar sus cartas.

La situación en Coahuila, tal como se planteó en la reunión del 12 de junio en Palacio Nacional, es distinta a la del periodo 2009-2014, pero el presidente López Obrador y el gobernador Riquelme cometerán un grave error si echan las campanas al vuelo. La demanda de la cúpula patronal de La Laguna, de no descuidar la seguridad, responde a nuevos síntomas de descomposición. El mensaje de las agresiones contra agentes e instalaciones de Fuerza Coahuila –herencia de Rubén Moreira– es irrefutable: la guerra no ha terminado... y las venganzas tampoco. Por eso la zozobra y el crujir de dientes entre la clase política.
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