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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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04 Febrero 2020 04:01:00
Cultura de muerte
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El país está inmerso desde hace décadas en una profunda crisis de valores y en una cultura de muerte. La tragedia en el Colegio Cervantes de Torreón, donde un alumno de 11 años asesinó a una maestra, hirió a seis personas (cinco niños y un profesor de educación física) y después de suicidó, es resultado de esa descomposición en la familia, la sociedad y los gobiernos.

En la actualidad nadie se hace responsable de nada ni de nadie. La renuncia a la autoridad o su falta de ejercicio en todos los ámbitos ha generado caos y anarquía. En ese contexto, la delincuencia se enseñoreó.

El tiroteo del 10 de enero estremeció a la sociedad y atrajo la atención de la prensa nacional y extranjera por el escenario: una institución educativa, y porque pudo haber devenido en masacre, como las ocurridas en Estados Unidos, particularmente en la escuela secundaria Columbine (1999).

Si el saldo de víctimas fue menor, se debe en gran medida a la maestra María Assaff Medina, quien se interpuso en el camino de José Ángel –el niño agresor– y ofrendó su vida para salvar otras, estuvieran o no a su cuidado. El martirio cobra relevancia en el contexto de incuria, egoísmo y falta de solidaridad dominante.

La Laguna paga un alto costo por haberse olvidado de sus principios fundacionales y perdido la cohesión que en otro tiempo le permitió destacar entre las regiones más prósperas y desarrolladas del país. La atonía social y la preferencia del interés particular sobre el de la mayoría debilitaron las instituciones públicas y privadas.

En esas condiciones, los laguneros no pudieron afrontar a políticos sin escrúpulos y a organizaciones criminales. Quienes, por su posición de influencia, pudieron ser baluarte, optaron por rendirse ante el poder. Cuando reaccionaron ya era demasiado tarde: La Comarca se había convertido en una de las zonas más peligrosas y menos recomendables para la inversión.

El espíritu lagunero se apagó. Las marchas contra la corrupción y la inseguridad de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando no existía megadeuda malversada y los niveles delictivos eran mínimos comparados con los de ahora, fueron promovidas por figuras como Julio Rodríguez, cuyo compromiso era con la libertad, la justicia y la verdad. No se vendían por un plato de lentejas, por un contrato de Gobierno o por un cargo público.

Frente al vacío de liderazgo y el rezago regional, nuevos agentes y organizaciones cuestionan al Poder, exigen trasparencia y rendición de cuentas y castigo para los políticos venales. La escritora y ensayista Isabel Turrent advierte, al comentar el libro The Narrow Corridor (El Corredor Estrecho), de Daron Acemoglu y James A. Robinson:

“En cualquier momento de la historia, solo las sociedades participativas, que ayudan a diseñar el marco legal y lo respetan, y maniatan al Leviatán (poder del Estado) –que buscará ser siempre despótico–, y lo obligan a proteger a los ciudadanos, resolver los conflictos con justicia y proveer los bienes públicos

–educación, salud, infraestructura– progresan en democracia” (Reforma, 19.01.20).

Los laguneros tienen mucho camino por andar para recuperar la paz, la seguridad y la confianza. Mirar para otro lado mientras los políticos mentían e improvisaban fortunas y la delincuencia organizada, protegida por las autoridades, se apoderaba de su región y contaminaba las esferas pública y privada, se ha pagado con dolor, lágrimas y sangre. Romper ese círculo perverso es un deber inexcusable, sobre todo con los niños y los jóvenes, principales víctimas de la barbarie.



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