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Fausto Fernández Ponte
Fausto Fernández Ponte
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Don fausto fernández ponte es poseedor de un impresionante y sólido currículum: 50 años de periodista profesional. Su opinión y columnas periodísticas son respetadas en ese ámbito, por el prestigio que a pulso se ha ganado, es considerado una autoridad en su campo. Además de corresponsal de guerra, ha entrevistado a jefes de estado y de gobierno de la talla de Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Indira Gandhi y William Clinton.

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29 Abril 2010 04:00:26
Damocles redivivo
Aprobó el Senado de la República la primera fase del trámite legislativo que conduciría a la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional que reglamentaría la participación de las Fuerzas Armadas en la llamada narcoguerra.

Esa iniciativa de ley fue aprobada por 105 votos contra uno –del senador Ricardo Monreal, quien representa al Estado de Zacatecas y milita en el Partido del Trabajo— y, con arreglo a la técnica legislativa, turnada a la Cámara de Diputados.

Una lectura acuciosa y, obvio es, analítica de la citada ley en ciernes nos ofrece aspectos de indudable laya positiva pero, a la vez, también exhibe aspectos de potencial ominosidad, pues convierte a las Fuerzas Armadas en proverbial espada de Damocles.

La ley aprobada por el Senado y a debatirse en la Cámara de Diputados le arrebata al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un civil, el Presidente de la República, el control y uso caprichoso de éstas, pero no erradica el fuero militar.

Ese fuero militar continuará permitiendo que los casos de violaciones de los derechos humanos por los militares serán atendidos en juzgados del Ejército Mexicano y/o la Armada de México y/o la Fuerza Aérea Mexicana, y no en tribunales civiles.

En ese asunto específico, el lenguaje en la ley –que reglamentaría el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- es deliberadamente ambiguo e incluso contradictorio. No hay claridad en lo de agravios a civiles inocentes.

La experiencia histórica nos indica que el lenguaje ambiguo o deliberadamente anfibológico en nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias ha permitido e incluso propiciado abusos del Poder Ejecutivo en agravio del patrimonio de los mexicanos.

Caso en punto es el del saqueo y privatización de hecho del petróleo y la energía eléctrica y la implantación, en 1982 y ratificada en 1994 de la forma de organización económica prevaleciente hoy, que es francamente antisocial y opuesta al interés estratégico de México.

La omisión de mayor ominosidad en esa ley en trámite es que no prohíbe específicamente el uso de las Fuerzas Armadas en represión laboral, movimientos y conflictos de carácter político-electoral o de índole social. Omisión grave.

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