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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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31 Julio 2019 04:03:00
Delatores
Relevante para el país resulta el incentivar la denuncia y más, bajo mecanismos de protección para quienes se atreven a decir: “aquí las cosas andan mal”.

Y mucho más importante para revertir los índices de corrupción, abusos de autoridad o actos ilegales en oficinas públicas, compras fuera de lo que marca la reglamentación, nóminas ocultas en sindicatos, partidos políticos o municipios, actos que se han denunciado desde diferentes plataformas, incluyendo claro, a los medios de comunicación que sin duda han influido sobre casos reveladores como la Estafa Maestra o el escándalo de Odebrecht.

El Sistema de Alertadores de la Corrupción que ha dado a conocer la Secretaría de la Función Pública federal es un esquema completo y novedoso que se puede consultar en el sitio alertadores.funcionpublica.gob.mx

La plataforma ofrece un espacio para denunciar actos de corrupción, bajo una suerte que incluso, algunos expertos han calificado como whistleblowers o “delatores”. Sobre la propuesta, agrupaciones de la sociedad civil han señalado que si bien es un mecanismo detonante para aumentar la denuncia, no queda claro el acompañamiento legal o de protección jurídica para quien decida alertar sobre posibles hechos de corrupción en las oficinas públicas de los tres niveles de Gobierno.

La Ley Nacional de Alertadores es un tema que agrupaciones civiles están impulsando en un afán de aportar medidas de protección para quienes denuncien. Asunto que seguro estará en la agenda de legisladores federales de la fracción mayoritaria en el Congreso federal.

No obstante, en Coahuila los ciudadanos disponen de espacios para enviar reportes y quejas por la vía electrónica, telefónica y anónima. Como la que se promueve desde el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila junto con el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), en el programa de formación y canalización de reportes de posibles hechos de corrupción que puede seguir en este sitio: anticorrupcion.ccic.org.mx/

O también está la propuesta que surgió del Reto de los 100 Días, el mes pasado, impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción e instituciones como USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, que derivó en una campaña de promoción de denuncia de faltas administrativas contra servidores públicos y delitos graves por hechos de corrupción, que incluyó la divulgación de infografías con datos y detalles para denunciar, con la advertencia de que en Coahuila existen mecanismos de protección al denunciante.

El Código Penal de Coahuila, en su artículo 365, señala que: “Se impondrá de ocho a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, a quien: ejerza represalia mediante violencia física o de cualquier otro modo, contra una persona o contra otra persona vinculada con aquella, porque la primera formuló una denuncia o querella”.

Pero lo censurable aquí es que, aunque la Secretaría de la Función Pública federal tiene un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción, ni una señal de inclusión o aporte le hizo al resto de los que integran el SNA y ya no digamos a la parte ciudadana del Sistema para conocer, colaborar y replicar la interesante propuesta. En resumen: ni volteó a ver al SNA.
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