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Federico Muller
Federico Muller
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18 Julio 2019 04:00:00
DEMOGRAFÍA Y POLÍTICA FISCAL
Es un hecho que la población en México está envejeciendo paulatinamente, de manera simplista se puede mostrar, mediante la lectura de los avisos de ocasión que aparecen en los periódicos diariamente, particularmente para determinado tipo de empleos del sector comercio o servicios, en los cuales se señala, que los empleadores pueden contratar hasta personas de 40 años; otra forma más técnica de visualizarlo es mediante las proyecciones estadísticas demográficas, que indican que a partir de 2020, la población mexicana cuyo rango de edad fluctúe entre los 15 y 64 años, comenzará a crecer menos que la de rango superior a los 65 años y aquella menor a los 15 años. En otros términos la población en edad de trabajar (15 a 64 años) disminuirá, lo que representará que el número de dependientes (jubilados y pensionados) aumente por cada trabajador. Se estima que por cada persona igual o mayor a los 65 años, existen siete individuos que potencialmente forman parte de la fuerza de trabajo. Esa relación a través del tiempo irá decreciendo. Otro factor que propicia esa desaceleración demográfica, ha sido la baja en la tasa de fecundidad de la mujer, que es inferior a la de 1970 –actualmente promedia dos hijos por mujer– y la edad promedio para embarazarse y concebir es de 27 años. Ello, sin duda influirá negativamente en el sostenimiento de los sistemas de pensiones y seguridad social, a menos que se disponga de mano de obra joven centroamericana, que esté dispuesta a sujetarse a las condiciones laborales del mercado nacional, que contrataría individuos con escasa preparación académica y salarios relativamente bajos en referencia a los del mercado estadunidense. Pero, México todavía tiene la oportunidad de aprovechar el bono demográfico (mayor población joven que adultos mayores), a través de formular políticas fiscales que coadyuven a la expansión de la economía y redistribución del ingreso. Es imprescindible generar desarrollo en este país, y una forma de llevarlo a cabo es mediante el pago de impuestos progresivos, además de la detección de aquellos sectores que sean susceptibles a una mayor tasación impositiva. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), que ya tiene varios años estudiando ese tema, recomienda a los países de la región, incrementar el espacio fiscal. No obstante lo anterior, romper los acotamientos impositivos en este país es una tarea difícil, especialmente por dos razones: la primera tiene que ver con la desconfianza de la sociedad en el uso indicado de los recursos provenientes de la recaudación fiscal, que de acuerdo con la evidencia, muchos de ellos se han desviado, destinándolos para fines personales o familiares de los políticos en el poder, y la otra se asocia con la proyección que busca el servidor público o el partido del mismo, para continuar en el poder en los próximos comicios electorales, cuya imagen se puede ver deteriorada al permitir un alza en los impuestos. Volviendo a la Cepal, esta argumenta gravar a las actividades económicas dedicadas al comercio o servicios electrónicos; en el área de salud y ambiental explorar que productos comerciales propician daños en el organismo humano, o que empresas con su producción contaminan el ambiente, y partiendo de ese diagnóstico considerar formular nuevos impuestos, o elevar los ya establecidos. Con el adelgazamiento burocrático y presupuestal del sector Gobierno implementado por la presente Administración federal (2018-2024), aun así sigue siendo débil, financieramente, incapaz de atender los requerimientos más sentidos del país. Es relevante pensar en nuevos esquemas fiscales, no solo con el propósito recaudatorio, sino que puedan promover la inversión.
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