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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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08 Octubre 2019 04:09:00
Depredadores
El caso de los abusos sexuales cometidos contra al menos dos niños en el kínder Guadalupe Borja sacudió, literalmente, a la sociedad saltillense, por la naturaleza misma del delito, por la edad de las víctimas y por el hecho de que los agresores, los depredadores, resultaron finalmente adultos a los que se confió la responsabilidad de cuidar a menores.

El caso ejemplifica, además, la cuestionable visión de las autoridades respecto a agravios que, si bien no se consideran de alto impacto, como los cometidos por la delincuencia organizada, de hecho lo son por trastocar fibras tan sensibles como la salud física y emocional de niños.

La cuestión es que la Fiscalía decidió mantener hermetismo y ambigüedad, lo que abrió las puertas a la especulación y las versiones extraoficiales, indignas de una autoridad que debe asumir su responsabilidad de informar a la ciudadanía de manera puntual y específica, en un caso que se ventiló profusamente en los medios de comunicación.

Y el colmo: la Fiscalía llegó a afirmar que las víctimas ya estaban canalizadas y eran atendidas, cuando los propios padres desmintieron, tres días después de haber interpuesto la denuncia, que alguna autoridad les hubiera hecho caso.
De ese punto siguieron seis días más de un manejo torpe, desaseado, con las familias de las víctimas como rehenes de una administración de datos de la que ni siquiera fueron informados.

El caso es un drama, por cualquier arista que se quiera abordar. Es hasta ridículo agregar la ambigüedad de autoridades y mucho más grave el que pretendieran vender la especie de una pronta y eficaz respuesta, cuando en realidad tardaron, y varios días, en armar una estrategia para enfrentar el reclamo de los agraviados. Ojalá que las autoridades aprendan algo de este caso.
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