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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación.

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04 Noviembre 2019 04:04:00
Divorciarse es crimen organizado
En México, lo que no se soluciona con dinero, se resuelve con mucho dinero. Aquí uno de los casos más increíbles en la historia de la injusticia mexicana: La narración comienza con una pareja que se separa, continúa con el pleito por la custodia de los hijos y el consecuente convenio de divorcio.

Pero de pronto un asunto banal, como los hay por montones, da un vuelco porque ella es encarcelada en el penal de Puente Grande, acusada de muchas cosas, pero sobre todo de haberse robado, de su propia casa, un par de botellas de vino cuyo valor supuesto rondaría los 40 mil pesos.

El nombre de ella es Ana Patricia Moller Vuilleumier. El de él es Juan Pablo González Cimadevilla. (A los hijos sería mejor dejarlos fuera de esta historia perversa). Antes de que la guerra diera inicio, la pareja frecuentaba los círculos más selectos de la sociedad en Guadalajara.

Ambos retrataban formidable porque la genética los había beneficiado, igual que el dinero, por ambos costados; sobre todo a Juan Pablo, cuya familia de origen colombiano hizo una fortuna importante en Bogotá gracias al Grupo Empresarial Cimadevilla.

Ese negocio, por cierto, en el año 2002 sufrió un fuerte desbarranco por culpa de un hombre “autoritario y propenso al conflicto:” Juan Pablo González Cimadevilla, quien, a pesar de todo, conservó suficiente capital como para reinventarse en México.

Una década después, para que procediera la demanda contra la madre de sus hijos (por el hurto infame de dos botellas de vino), el empresario contrató al joven abogado Javier Coello Zuarth, hijo del celebérrimo Javier Coello Trejo.

El viernes 26 de agosto de 2016 la reclusa Ana Patricia Moller recibió visita del representante legal de su marido. Este le propuso que firmara un convenio de divorcio en el que renunciaría a la custodia de sus hijos, (probablemente para que el padre los llevara a su país de origen), así como a los derechos de compensación y alimentos. A cambio, Coello Zuarth le habría garantizado perdón por sus delitos, y también que su familia sería respetada.

Ana Patricia Moller se negó en redondo a firmar ese convenio. En revancha, días después, a sus padres y a su hermano les cayó encima una montaña alucinante de basura. El señor González Cimadevilla arremetió primero contra sus suegros, a quienes acusó de abuso sexual sobre los hijos de la pareja, ante la Fiscalía de Menores en Jalisco.

En simultáneo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –cuyo titular era el jalisciense Omar García Harfush– emprendió una serie de escuchas telefónicas, seguimientos, espionaje y vigilancia sobre el hermano de la señora Moller Vuilleumier.

Producto de esa investigación, instruida por Gualberto Ramírez Gutiérrez –exfiscal antisecuestro de la FGR– José Armando fue procesado por tráfico de armas y drogas, así como por el delito de asociación delictuosa. El expediente permite presumir que el hermano de Ana Patricia fue torturado con el objeto de que se autoincriminara.

Hoy existen pruebas para presumir que esos funcionarios de la PGR habrían manipulado información, falsificado datos e informes con objeto de inculpar a Moller y así doblar la presión sobre su hermana.

Por estos hechos hoy existe una orden de aprehensión contra nueve agentes de la Fiscalía y también contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien, desde la época de Maricela Morales, y hasta el mes de julio pasado, fue responsable de perseguir el delito de secuestro en la FGR.

La red de complicidades que exhibe esta historia es muy extensa. Arranca con los vínculos mafiosos que el padre Coello Trejo y el hijo Coello Zuarth habrían llegado a operar con gran margen de impunidad.

Al mismo tiempo, este caso desnuda el uso faccioso que durante años hicieron de sus facultades la Siedo y la AIC; muy en concreto el desempeño presuntamente delictivo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, y cabe temer, también de sus colegas y superiores, que por dinero fueron capaces de hacer prácticamente cualquier cosa, incluido involucrarse en un pelito de divorcio donde terminó encarcelada esa madre que no quiso ceder la custodia de sus menores.

ZOOM: Los hampones se apellidan Coello y contaron con apoyo dentro de la PGR para fabricar delitos y culpables durante demasiado tiempo. Si se quiere conocer a sus cómplices, basta con seguir la pista de otros funcionarios, exfuncionarios, abogados y bufetes con los que los Coello han hecho negocios muy jugosos.
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